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AMPARO EN REVISIÓN 198/2016 QUEJOSA: LUFTHANSA CARGO
AKTIENGESELLSCHAFT RECURRENTE: PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
PONENTE: MINISTRO JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS
SECRETARIA: MAURA ANGÉLICA SANABRIA MARTÍNEZ
Vo. Bo.
Sr. Ministro.
Ciudad de México, la Segunda Sala de la Suprema Corte de
Justicia
de la Nación, después de haber deliberado en la sesión pública
del día
_______, emite la siguiente:
S E N T E N C I A
Mediante la que se resuelven los autos relativos al juicio
de
amparo en revisión 198/2016, interpuesto por el Presidente de
la
Republica contra la sentencia dictada el veintisiete de agosto
de dos
mil quince, por el Juez Cuarto de Distrito en Materia
Administrativa en
el Distrito Federal, en el juicio de amparo indirecto
287/2014.
PRIMERO. Circunstancias del caso. De la revisión efectuada a
las constancias de autos, destacan los siguientes hechos:
Lufthansa Cargo Aktiengesellschaft (en adelante, la quejosa)
es
una sociedad mercantil cuyo objeto social es, entre otros,
prestar el
servicio de transporte aéreo internacional de bienes y
carga,
constituida de conformidad con las leyes de la República Federal
de
Alemania, la cual cuenta con una sucursal en México.1
El once de diciembre de dos mil trece se publicó en el
Diario
Oficial de la Federación el Decreto por el que se reforman,
adicionan y
derogan diversas disposiciones de la Ley del Impuesto al
Valor
1 Personalidad que se tiene por reconocida a través de la copia
certificada del primer testimonio del instrumento notarial número
47709 de 1 de abril de 2008, pasado ante la fe del Notario Público
número 102 del Distrito Federal y con el acuse de recibo de
declaración provisional o definitiva de impuestos federales de 11
de enero de 2014, mensual del periodo de la declaración enero
ejercicio 2014. Amparo indirecto 287/2014, fojas 55 a 74, tomo
I.
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AMPARO EN REVISIÓN 198/2016
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Agregado, de la Ley del Impuesto Especial Sobre
Producción y Servicios, de la Ley Federal de
Derechos, se expide la Ley del Impuesto Sobre la
Renta, y se abrogan la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única
y
la Ley del Impuesto a los Depósitos en Efectivo; decreto que
compila
diversos beneficios fiscales y establece medidas de
simplificación
administrativa, que entró en vigor el uno de enero de dos mil
catorce y
en cuyo artículo 29, fracción VI, de la Ley del Impuesto al
Valor
Agregado se estableció que la transportación aérea de personas y
de
bienes, prestada por residentes en el país, por la parte del
servicio que
en los términos del penúltimo párrafo del diverso artículo 16 de
la ley
en cita, no se considera prestada en territorio nacional.
SEGUNDO. Procedimiento. Demanda de amparo. La quejosa
promovió juicio de amparo indirecto mediante escrito presentado
el
cuatro de marzo de dos mil catorce, ante la Oficina de
Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia
Administrativa en el Distrito Federal, en contra de las
siguientes
autoridades responsables y actos reclamados2:
a) De las Cámaras de Diputados y Senadores del Congreso de la
Unión,
reclamó en el ámbito de sus respectivas competencias la
discusión,
aprobación y expedición, del Decreto por el que se reforman,
adicionan y
derogan diversas disposiciones de la Ley del Impuesto al Valor
Agregado; de
la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios; de la
Ley Federal
de Derechos; de la Ley del Impuesto sobre la Renta, abrogación
de la Ley del
Impuesto Empresarial a Tasa Única y de la Ley del Impuesto a los
Depósitos
en Efectivo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el
once de
diciembre de dos mil trece, específicamente el artículo 29,
fracción VI, de la
Ley del Impuesto al Valor Agregado.
b) Del Presidente Constitucional de los Estados Unidos
Mexicanos, reclamó la
promulgación, sanción y orden de publicación del decreto
señalado en el inciso
a).
c) Del Secretario de Gobernación, reclamó el refrendo del
Decreto por el que
se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones, citado
en el inciso a).
2 Ibídem, fojas 4 a 54.
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AMPARO EN REVISIÓN 198/2016
3
d) Del Secretario de Hacienda y Crédito Público, reclamó el
refrendo del decreto que se estableció en el inciso a).
e) Del Director del Diario Oficial de la Federación, reclamó la
publicación en el
citado órgano oficial el once de diciembre de dos mil trece, del
decreto
establecido en el inciso a).
La quejosa señaló como derechos violados los contenidos en
los
artículos 1, 14, 16 y 31, fracción IV, de la Constitución
Federal; 25 de
la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 10 y 11 del
Pacto
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales;
narró
los antecedentes de los actos reclamados y expresó los conceptos
de
violación que estimó pertinentes.3
Trámite de la demanda de amparo. Conoció de la demanda el
Juez
Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito
Federal,
quien el cinco de marzo de dos mil catorce, la admitió a trámite
dentro
del juicio 287/2014 y ordenó a las autoridades responsables
que
rindieran sus informes justificados.4
Una vez obtenido los informes de las responsables y
desahogadas las pruebas ofrecidas por la parte quejosa, el
veintiocho
de mayo de dos mil quince, el juez del conocimiento inició la
audiencia
constitucional5.
Sentencia del juicio de amparo. El veintisiete de agosto de dos
mil
quince, se terminó de engrosar la sentencia que resolvió el
citado
juicio de amparo, en la que por una parte, sobreseyó en el
juicio y,
por otra, concedió el amparo solicitado.6
Interposición del recurso de revisión. Inconforme con la
sentencia
mencionada en el punto que precede, por escrito presentado
el
veintitrés de septiembre de dos mil quince, ante la oficina
de
correspondencia común de los Juzgados de Distrito en Materia
Administrativa en el Distrito Federal, mismo que fue remitido y
recibido
el veinticuatro del mes y año en comento por el Juzgado Cuarto
de
3 Ibídem, foja 15.
4 Ibídem, fojas 75 a 77.
5 Ibídem, foja 1043 Tomo II.
6 Ibídem, fojas 1044 a 1071.
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AMPARO EN REVISIÓN 198/2016
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Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal,
el Presidente de la Republica interpuso recurso de
revisión7. Posteriormente, el veinticinco de mes y año
citados, el titular del órgano mencionado lo tuvo por
interpuesto y
ordenó remitir los autos así como el escrito de expresión de
agravios
al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer
Circuito en
turno, para su resolución8.
Trámite del recurso ante el tribunal colegiado. El quince de
octubre
de dos mil quince, el Presidente del Primer Tribunal Colegiado
en
Materia Administrativa del Primer Circuito admitió a trámite el
recurso
de revisión dentro del toca número R.A. 423/2015-76159.
Sentencia del tribunal colegiado. En sesión del dieciocho de
febrero
de dos mil dieciséis, el tribunal colegiado del conocimiento
resolvió,
por una parte, dejar firmes los considerandos tercero, quinto y
sexto
de la sentencia de primera instancia y, por otra, dejar a salvo
la
jurisdicción de este Alto Tribunal para conocer del asunto,
al
declararse legalmente incompetente para conocer del recurso
de
revisión, pues al haberse impugnado leyes federales en la
demanda
de amparo y al subsistir el problema de constitucionalidad de
las
normas combatidas, es que ordenó su remisión10.
Trámite del amparo en revisión ante esta Suprema Corte de
Justicia de la Nación. El tres de marzo de dos mil dieciséis,
el
Presidente de este Alto Tribunal tuvo por recibidos los autos y
ordenó
el registro del toca bajo el número AR-198/2016 y determinó que
al
subsistir el problema de constitucionalidad planteado se
imponía
asumir la competencia originaria para conocer del asunto11.
Creación de nueva comisión. En sesión privada de ocho de
febrero
de dos mil dieciséis, el Tribunal Pleno aprobó la creación y
asignación
de 7 nuevas Comisiones de Secretarios de Estudio y Cuenta
derivadas de la diversa número 68, dentro de las cuales se
encuentra
la Comisión 80, el Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de
la
7 Toca del Amparo en Revisión 423/2015-7615, fojas 136 a
154.
8 Juicio de Amparo Indirecto 287/2014, foja 1080 Tomo II.
9 Recurso de Revisión 423/2015-7615, foja 51.
10 Ibídem, fojas 63 a 72.
11 Amparo en Revisión 198/2016, fojas 34 a 36.
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AMPARO EN REVISIÓN 198/2016
5
Nación designó a la Ministra Norma Lucía Piña
Hernández, como encargada de aprobar la
elaboración de los proyectos relacionados con los
amparos en revisión en los que subsista el problema de
constitucionalidad, entre otros, lo previsto en el artículo 29,
fracción VI,
de la Ley de Impuesto al Valor Agregado, la cual fue publicada
en el
Diario Oficial de la Federación el once de diciembre de dos mil
trece,
que guarda relación con el tema: Beneficios Tributarios en el
Impuesto
al Valor Agregado, pues dicho problema de constitucionalidad
se
relaciona con la temática abordada en los asuntos asignados a
la
referida comisión12.
Asignación y Órgano encargado de la resolución. Mediante
dictamen de dieciséis de junio de dos mil dieciséis, la Ministra
Norma
Lucia Piña Hernández solicitó al Presidente de este Alto
Tribunal que
este asunto correspondía a la Comisión 80, por lo que
solicitó
atentamente la remisión del mismo a la Primera Sala de su
adscripción, a fin de avocarse a la resolución del mismo13, por
lo que
por auto de veintiocho de junio de dos mil dieciséis, la Sala
en
cuestión tuvo por recibido los autos del mencionado amparo
en
revisión y se avocó al conocimiento del asunto14.
Exclusión de la Comisión. Por dictamen de catorce de febrero
de
dos mil diecisiete, la Ministra Norma Lucía Piña Hernández
señaló que
el presente asunto inicialmente fue turnado a la Comisión 80
de
Secretarios de Estudio y Cuenta, pero en razón de que a la misma
no
le corresponde la resolución de los amparos en revisión en los
que
subsistía el problema de constitucionalidad referente al
artículo 29,
fracción VI, de la Ley de Impuesto al Valor Agregado, por ello
ordenó
su devolución a la Secretaría General de Acuerdos de este
Máximo
Tribunal para que se procediera a turnar en forma ordinaria
dicho
asunto15.
Returno y avocamiento. Por acuerdo de veintidós de febrero de
dos
mil diecisiete, la Secretaría General de Acuerdos tuvo por
recibidos los
autos del amparo en revisión en cuestión y como se ordenó en
el
12 Ibídem, foja 35 y 36.
13 Ibídem, foja 71.
14 Ibídem, foja 73.
15 Ibídem, foja 101.
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AMPARO EN REVISIÓN 198/2016
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dictamen señalado en el párrafo que antecede, se
procedió a su turno ordinario, por lo que el Presidente
de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación
ordenó que el presente asunto se turnara al Ministro Alberto
Pérez
Dayan16; y esta Segunda Sala se avocó al conocimiento del mismo
por
acuerdo de treinta de marzo de dos mil diecisiete dictado por
el
Presidente de la citada Sala17.
Publicación del proyecto de resolución. De conformidad con
lo
dispuesto en los artículos 73 y 184 de la Ley de Amparo, el
proyecto
de resolución se publicó en la misma fecha en que se listó para
verse
en sesión.
Nuevo Returno. En sesión de veintiocho de junio de dos mil
diecisiete, la Segunda Sala sometió a aprobación el proyecto
de
resolución, el cual tuvo 2 votos a favor18 y 3 en contra19;
motivo por el
cual se ordenó su returno, correspondiéndole al señor Ministro
José
Fernando Franco González Salas.
TERCERO. Aspectos procesales. Competencia. Esta
Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es
competente para conocer y resolver el recurso de revisión
interpuesto
por la autoridad responsable20.
CUARTO. Oportunidad. No será necesario analizar la
oportunidad de la interposición del recurso de revisión, en
virtud de
que el tribunal colegiado del conocimiento ya se ocupó de
este
punto21.
16 Ibídem, fojas 104 y 105.
17 Ibídem, foja 155.
18 Ministra Beatriz Margarita Luna Ramos y Ministro Alberto
Pérez Dayán.
19 Ministros Eduardo Medina Mora, Javier Láynez Potisek y José
Fernando Franco Franco González Salas.
20 De conformidad con lo dispuesto en los artículos 107,
fracción VIII, inciso a), de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos; 83, párrafo primero, de la Ley de Amparo;
y 21, fracción II, inciso a), de la Ley Orgánica del Poder Judicial
de la Federación, con relación a lo previsto en los puntos Primero
y Segundo, fracción III, del Acuerdo General 5/2013, del Pleno de
este Alto Tribunal, publicado en el Diario Oficial de la Federación
el 21 de mayo de 2013, toda vez que se interpone contra una
sentencia dictada por un Juez de Distrito en un juicio de amparo
indirecto en materia administrativa, en el que se reclamó la
inconstitucionalidad del Decreto por el que se expide la Ley del
Impuesto al Valor Agregado, específicamente la fracción VI del
artículo 29 de dicha ley.
21 El Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del
Primer Circuito, en auto de 15 de octubre de 2015, estableció que
el recurso de revisión en cuestión se presentó oportunamente
(Amparo en Revisión 423/2015-7615, foja 51 vuelta).
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AMPARO EN REVISIÓN 198/2016
7
QUINTO. Legitimación. El recurso de revisión
se interpuso por parte legítima22.
SEXTO. Procedencia. El recurso de revisión interpuesto es
procedente23.
SÉPTIMO. Cuestiones necesarias para resolver el asunto. A
continuación se hace referencia a los conceptos de violación,
la
sentencia recurrida y los agravios hechos valer en el recurso
de
revisión.
Demanda de amparo. La quejosa formuló tres conceptos de
violación
en los que planteó la inconstitucionalidad del artículo 29,
fracción VI,
de la Ley de Impuesto al Valor Agregado vigente en 2014, por
violación a los derechos de equidad tributaria, igualdad,
libertad de
comercio y legalidad en su vertiente de motivación legislativa.
Los
argumentos respectivos se sintetizarán en el apartado del
estudio
correspondiente cuando sea necesario.
Sentencia recurrida. En las consideraciones el Juez de
Distrito
determinó, en lo que interesa para la resolución del presente
asunto, lo
que a continuación se señala.
En el considerando segundo fijó como actos reclamados por la
quejosa, los consistentes en la discusión, aprobación,
expedición,
promulgación, sanción, refrendo, orden de publicación y
publicación
del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan
diversas
disposiciones de la Ley del Impuesto al Valor Agregado; de la
Ley del
Impuesto Especial sobre Producción y Servicios; de la Ley
Federal de
Derechos; de la Ley del Impuesto sobre la Renta, la abrogación
de la
Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única y de la Ley del
Impuesto a
los Depósitos en Efectivo, publicado en el Diario Oficial de
la
Federación el once de diciembre de dos mil trece,
específicamente el
artículo 29, fracción VI, de la Ley del Impuesto al Valor
Agregado.
22 El Presidente de la Republica, se encuentra legitimado para
interponer el recurso de revisión, al habérsele reconocido el
carácter correspondiente en el juicio de amparo de origen, en
proveído de 3 de abril de 2014 (Amparo Indirecto 287/2014, foja
105).
23 Es procedente el recurso de revisión interpuesto por el
Presidente de la República en su calidad de autoridad responsable,
de conformidad con lo establecido en el artículo 81, fracción II,
de la ley de la materia.
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AMPARO EN REVISIÓN 198/2016
8
En el considerando tercero tuvo por no cierto el
acto reclamado al Secretario de Hacienda y Crédito
Público, consistente en el refrendo del decreto
reclamado, pues así lo manifestó dicha autoridad al momento de
rendir
su informe justificado. Además, la inexistencia de dicho acto
se
corroboró con la publicación del citado decreto en el Diario
Oficial de la
Federación el once de diciembre de dos mil trece, del que no
se
advierte la participación de la referida autoridad.
En el considerando cuarto tuvo por ciertos los actos
reclamados
a la autoridades Cámara de Diputados, Cámara de Senadores,
Presidente de la República, Secretario de Gobernación y
Director
Adjunto del Diario Oficial de la Federación, consistentes en
el
respectivo ámbito de su competencia, en la discusión,
votación,
aprobación, expedición, promulgación, sanción, refrendo, orden
de
publicación y publicación, del decreto reclamado publicado en el
once
de diciembre de dos mil trece, de manera concreta el artículo
29,
fracción VI, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado.
Lo anterior, dado que así lo manifestaron las referidas
autoridades responsables al rendir sus informes
justificados.
En el considerando quinto estimó actualizada la causal de
improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la
Ley de
Amparo, en relación con los numerales 108, fracciones III y
VIII, de
dicho ordenamiento, ya que la quejosa no impugnó por vicios
propios
el refrendo y publicación del decreto reclamado.
En el considerando sexto desestimó la causal de
improcedencia
prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de
Amparo,
consistente en que la quejosa carece de interés jurídico para
impugnar
el artículo 29, fracción VI, de la Ley del Impuesto al Valor
Agregado,
formulada por el Presidente de la República.
Ello porque el hecho imponible previsto en el artículo
reclamado,
implica la transportación aérea internacional de bienes
efectuada por
residentes en el país, por lo que la quejosa, a fin de acreditar
la
afectación en su esfera de derecho, debía demostrar que se trata
de
una persona moral residente en México que se dedica a dicha
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AMPARO EN REVISIÓN 198/2016
9
actividad y que las operaciones derivadas de la misma
se encuentran gravadas por el Impuesto al Valor
Agregado.
Así, de las documentales ofrecidas (testimonio con el que se
acreditó que es una persona moral extranjera con una sucursal
en
México y que presentó su declaración mensual de enero de dos
mil
catorce) y de la prueba pericial que ofreció la quejosa,
concluyó que
fueron suficientes para acreditar su interés jurídico para
impugnar el
artículo 29, fracción VI, de la Ley del Impuesto al Valor
Agregado, en
estrecha relación con el artículo 16 del mismo ordenamiento, por
lo
que no se actualizaba la causal de improcedencia propuesta.
En el considerando séptimo analizó el primer concepto de
violación de la quejosa, relativo a que el artículo 29, fracción
VI, de la
Ley del Impuesto al Valor Agregado, viola el principio de
equidad
tributaria previsto en el artículo 31, fracción IV,
constitucional, al
otorgar un trato desigual a contribuyentes que se ubican en la
misma
situación de hecho frente a la norma impositiva, sin que
exista
justificación objetiva para ello, pues en la fracción V, del
citado
precepto se grava a la tasa del 0% el servicio de transportación
de
bienes prestados por residentes en el país, mientras que
conforme al
precepto reclamado la prestación del servicio de transportación
aérea
de personas y bienes se grava en un 25% por considerarse
prestado
en territorio nacional, al cual debe aplicársele la tasa del 16%
y solo el
otro 75% del servicios se grava al 0%, lo que antes de la
entrada en
vigor de la norma impugnada no sucedía.
Estimó infundado dicho argumento señalando que los artículos
1,
14, fracción II, y 16 de la Ley del Impuesto al Valor
Agregado
establece que están obligadas al pago del impuesto al valor
agregado,
las personas físicas y morales que en territorio nacional
realicen la
prestación de servicios independientes, ya que así se considera
al
transporte de personas o bienes.
Así, la actividad de transportación de bienes es un elemento
objetivo del hecho imponible al considerarse prestación de
servicios
independientes, la cual debe entenderse aludida tanto en el
ámbito
nacional como en el internacional.
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AMPARO EN REVISIÓN 198/2016
10
La Ley del Impuesto al Valor Agregado hace
referencia al transporte internacional, con
independencia de la residencia del porteador, cuando
en territorio nacional se inicie el viaje, en tanto que señala
que cuando
cumpla con tales características, se entenderá que tal
transportación
(internacional) se presta dentro del territorio nacional.
Además, el 25%
del servicio prestado, tratándose de transportación aérea
internacional,
se considera prestado dentro de territorio nacional.
Sin embargo, precisó que la transportación internacional,
por
definición, es aquélla cuya función consiste en trasladar
una
mercancía o personas de un punto X en un país, a punto Y en
otro
país de destino. Lo que implica que el legislador en el artículo
16 de la
Ley del Impuesto al Valor Agregado, de manera ficticia
consideró
como prestada dentro del territorio nacional a una
transportación que
no se ubica en su totalidad en él, siempre que se inicie el
viaje en
territorio nacional.
Y de la misma manera previó que tratándose de transportación
internacional aérea se considerará que sólo el 25% es prestado
en
territorio nacional, lo cual también es una ficción, en tanto
que no es
un porcentaje que se cumpla en todos los casos en la realidad
(sino
que lo estableció el legislador como parámetro).
Las anteriores consideraciones las sustentó en la ejecutoria
de
quince de mayo de dos mil quince, emitida por la Segunda Sala
al
resolver la contradicción de tesis 127/2013, en la cual se
señaló lo
siguiente:
Antes de la reforma publicada en el Diario Oficial de la
Federación, el treinta de diciembre de mil novecientos ochenta y
uno,
el párrafo primero, del artículo 29 se refería a que las
empresas
residentes en el país, no pagarían el impuesto por enajenación
de
bienes o prestación de servicios, cuando unos u otros se
exportaran,
es decir, se preveía un supuesto de no sujeción.
Sin embargo, en el proceso legislativo que derivó en la reforma
a
la que se hizo alusión, se propusieron diversas modificaciones a
la Ley
del Impuesto al Valor Agregado con el propósito de que el
contribuyente pudiera acreditar el impuesto que correspondía a
las
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AMPARO EN REVISIÓN 198/2016
11
actividades por las que estaba obligado a su pago,
entre las que se consideró la relativa a los artículos 2-
A y 29 de la ley impositiva.
La iniciativa del Ejecutivo Federal de mil novecientos ochenta
y
uno dio por resultado que en lugar de prevenir el supuesto de
no
sujeción, éste se modificó para que se aplicara la tasa del 0% a
la
enajenación de bienes o prestación de servicios cuando unos u
otros
se exporten, y de esta manera el contribuyente pudiera acreditar
el
impuesto relativo.
Y si el legislador se refiere a la transportación internacional
de
manera genérica, es porque fue su voluntad considerar como
exportación tanto la parte que se presta en territorio nacional
como la
que se realiza en territorio extranjero. Por ello, respecto a
la
transportación aérea de bienes, se afirma que el legislador
quiso
gravarla a la tasa de 0%.
Finalmente, hizo alusión a que en la ejecutoria de la
Segunda
Sala aludida, se determinó que la transportación internacional
es
aquélla actividad consistente en trasladar una mercancía o
persona
desde un punto X en un país, a un punto Y en otro destino. Sin
que al
efecto hiciera distinción alguna del medio de transporte a
utilizar, es
decir, el hecho imponible lo constituye justamente la
transportación de
bienes de este país a uno diverso, sin que deba hacerse
distinción
alguna con motivo del medio de transporte a utilizar.
De esa forma, el Juez de Distrito señaló que en el texto
vigente
del artículo 29, fracción VI, de la Ley del Impuesto al Valor
Agregado,
se apartó de la causación de la tasa del 0% de la totalidad de
sus
operaciones a los residentes en México que se dediquen a la
transportación internacional de bienes en vía aérea, pues de
conformidad con el artículo 16 de esa Ley, tal actividad
debe
considerarse que únicamente se presta en territorio nacional el
25%
de ese servicio, lo que significa que en tal porcentaje debe
gravarse a
la tasa del 16% y, solo el restante 75% de esa actividad se
grava a la
tasa del 0%, lo que no ocurre con los demás residentes en el
país que
se dediquen también a la transportación internacional de
mercancías,
a saber, mediante vía terrestre y marítima.
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AMPARO EN REVISIÓN 198/2016
12
Señaló que no se advertía que dicha distinción
se encontrara debidamente justificada, pues de la
exposición de motivos del decreto reclamado, se
observa que el Ejecutivo Federal consideró que el servicio
de
transportación internacional aérea de personas prestado por
residentes en el país se encuentra gravado en un 25% a la
tasa
general y un 75% a la tasa del 0% como exportación y, partiendo
de
esa consideración, se precisó de manera genérica que todo el
transporte aéreo internacional solo se encuentra prestado en
un
25% en territorio nacional, por lo que solo a ese porcentaje se
le aplica
a la tasa del 0% y el 75% restante no es objeto del impuesto,
para
concluir que era procedente homologar el tratamiento aplicable
al
transporte de carga y de pasajeros, siendo que sobre el tópico,
la
Suprema Corte determinó que se trata de una ficción considerar
que
solo el 25% de ese servicio es prestado en territorio nacional,
dado
que no es un porcentaje que se cumpla en todos los casos en
la
realidad.
Agregó que si el hecho imponible del precepto tildado de
inconstitucional lo es la transportación internacional de
bienes, en la
exposición de motivos no se justifica el trato diferenciado
entre el
prestado vía aérea con los que se prestan vías marítima y
terrestre.
Y añadió que si bien es cierto que en la exposición de motivos
se
razona la reforma en cuestión, al señalar que la misma resulta
acorde
con el tratamiento fiscal que se establece en diversos
convenios
bilaterales sobre transporte aéreo que el Estado Mexicano ha
suscrito
con diversos países, también es cierto que no se precisa cuáles
son
esos convenios.
Por tanto, concluyó que no existe una razón objetiva que
justifique el trato desigual advertido, ni tampoco del propio
texto de la
ley ni de la exposición de motivos se advierte el fin
extrafiscal que se
pretende alcanzar con el trato diferenciado.
Así, el Juez de Distrito concedió el amparo para el efecto de
que
no se le aplique a la quejosa ni en el presente ni el futuro el
artículo
29, fracción VI, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado
vigente en
dos mil catorce y, en consecuencia, se le permita gravar a la
tasa del
0% la totalidad de sus actividades en materia de transportación
aérea
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AMPARO EN REVISIÓN 198/2016
13
internacional de bienes y se le permita acreditar el
100% del impuesto que le trasladen sus proveedores
en la adquisición de bienes y servicios necesario para
la prestación del servicio.
OCTAVO. Estudio de fondo. Previo al análisis de fondo del
asunto, es necesario sintetizar los agravios que hace valer
el
recurrente.
En el agravio primero la autoridad recurrente aduce, en
esencia,
que la sentencia impugnada resulta ilegal, dado que el juez de
amparo
fundamentó su resolución en consideraciones que no resultan
aplicables al caso concreto.
Lo anterior porque para determinar si el artículo 29, fracción
VI,
de la Ley del Impuesto al Valor Agregado viola o no el principio
de
equidad tributaria contenido en el artículo 31, fracción IV,
constitucional, basó totalmente su fallo en las consideraciones
que
manifestó la Segunda Sala de la Suprema Corte al resolver la
contradicción de tesis 127/2013, en la que se resolvió un
problema de
mera legalidad y no de constitucionalidad.
En efecto, la citada contradicción de tesis consistió en
determinar
cuál es el porcentaje que resulta acreditable del impuesto al
valor
agregado por la prestación del servicio de transportación
internacional
de bienes, de conformidad con las disposiciones vigentes en dos
mil
siete; consideraciones que no resultan complementarias,
equiparables
o análogas para resolver la constitucionalidad del precepto
impugnado.
En el agravio segundo la autoridad recurrente esgrime, en lo
fundamental, que la sentencia recurrida es ilegal al resolver
que el
artículo 29, fracción VI, de la Ley del Impuesto al Valor
Agregado, viola
el principio de equidad tributaria, pues se arribó a tal
conclusión a
partir de un incorrecto análisis.
Ello es así, ya que el precepto impugnado no otorga un trato
inequitativo entre contribuyentes que se encuentran en una
misma
hipótesis de causación, pues el juez de amparo parte de la
errónea
consideración que la transportación internacional vía aérea debe
ser
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AMPARO EN REVISIÓN 198/2016
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tratada de la misma forma que la transportación
internacional a la que se refiere el artículo 29, fracción
V, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, pues no
son supuesto análogos.
Ello porque la finalidad de cualquier transportación es el
traslado
de personas y mercancías de un lugar a otro, sin embargo,
los
vehículos utilizados para su traslado hacen que el servicio
cuente con
características específicas y distintas unas de otras, por lo
que la
forma de transportación será connaturalmente diferente
dependiendo
del medio utilizado.
En ese sentido, resulta necesario que cada tipo de
transporte
sea tratado de manera particular, pues su regulación jurídica no
puede
ser genérica, ya que se trata de servicios, que si bien tienen
como
finalidad el traslado de un punto a otro, su prestación no se
realiza de
manera similar, lo que conlleva a que dichos servicios sean
diferentes
unos de otros y, por ende, también su tratamiento fiscal.
Así existen diferencias entre el trasporte aéreo, marítimo,
ferroviario y terrestre (en general) e incluso cada uno tiene
una
regulación legal distinta –Ley de Aeropuertos, Ley de Aviación
Civil,
Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, Ley de
Vías
Generales de Comunicación, Ley de Navegación y Comercio
Marítimos, Ley de Vías Generales de Comunicación y Ley de
Puertos,
entre otros–.
Por lo tanto, ante la naturaleza del servicio y el objeto con el
que
se presta, el legislador evidenció características diversas
entre cada
uno de los medios de transporte, resultando apegado a derecho y,
por
ende, equitativo que se establezcan categorías a fin de contar
con
regulaciones específicas que abarquen de manera particular
los
elementos que resulten necesarios para cada tipo de transporte,
con la
finalidad de atender a la actividad económica, de modo que no
debe
tratarse igual a situaciones que no son iguales y que deben
regularse
de manera distinta. Por ello no son comparables ni se encuentran
en
el mismo plano de igualdad.
En tal virtud, el juez de amparo solo podría estudiar la
posible
inequidad del precepto impugnado si compara a los
contribuyentes
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AMPARO EN REVISIÓN 198/2016
15
que prestan el mismo servicio de transporte
internacional aéreo, ya que en ese supuesto sí es
dable tal comparación, pero no así comparar a los
contribuyentes que prestan el mismo servicio por vía terrestre
o
marítima.
En ese sentido, los supuestos previstos en las fracciones V y
VI
del artículo 29, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado,
se
encuentran gravados, sin embargo, la diferenciación otorgada por
el
legislador atiende al tipo de vehículo por el que se preste el
servicio
como un elemento objetivo, lo que permite no incurrir en
tratamientos
iguales a situaciones que no lo son.
Lo anterior fue pasado por alto por el juez de amparo al dictar
el
fallo recurrido, pues erróneamente concluye que el precepto
impugnado viola el principio de equidad tributaria, al
considerar que
todo tipo de transportación es igual, dado que la prevista en
las
referidas fracciones únicamente tiene como finalidad el traslado
de un
punto a otro, dejando de observar que dichas fracciones
regulan
situaciones completamente diferentes.
Además, el precepto reclamado persigue una finalidad
legítima,
consistente en homologar el cálculo del impuesto al valor
agregado del
servicio de transportación internacional de bienes y personas,
con la
finalidad de que en ambos supuestos se acredite el 100% del
impuesto, situación que representa un régimen de beneficio, tal
y
como se concluye de la exposición de motivos origen del
precepto
impugnado, ya que con anterioridad a la reforma la
transportación de
bienes vía aérea solo podría acreditar el 25% mientras que los
que
transportaban personas acreditaban el 100%, por ello, el
legislador
creó un régimen de beneficio para diversas categorías de
contribuyentes.
Asimismo, no debe dejar de considerarse que uno de los
objetivos prioritarios de la reforma fiscal es ampliar el
potencial
recaudatorio del impuesto al valor agregado, pues a nivel
internacional
su recaudación resulta ser una de las más bajas.
En el agravio tercero la autoridad recurrente alega, en lo
que
importa, que la sentencia recurrida es ilegal, dado que el juez
de
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AMPARO EN REVISIÓN 198/2016
16
amparo estimó que el artículo reclamado viola el
principio de equidad tributaria, con independencia del
medio de transporte, lo que resulta una premisa falsa.
Lo anterior, porque el juez de amparo consideró que todos
los
residentes en el país que se dediquen a la transportación
internacional
de mercancías mediante la vía terrestre y marítima,
encuentran
gravada la totalidad del servicio con la tasa del 0%, lo que
resulta
incorrecto en la medida en que dejó de apreciar que la fracción
V se
refiere a la transportación internacional de bienes prestada
por
residentes en el país, siempre que se presten maniobras para
la
explotación de mercancías.
Ello, ya que la Segunda Sala de la Suprema Corte al resolver
contradicción de tesis 127/2013, estableció que la finalidad de
la
norma consistió en promover la exportación del servicio de
transportación internacional de bienes, generando divisas al
país, tal y
como se advierte del dictamen de la Cámara de Diputados de
diecisiete de diciembre de mil novecientos noventa y tres.
Situación que no coincide con lo previsto en la fracción VI,
del
artículo 29, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, toda vez
que en
esta porción normativa se establece la transportación aérea de
bienes
y personas independiente de la finalidad que tenga la misma
y
únicamente atendiendo al medio de transporte. Por lo que las
finalidades de las fracciones V y VI de dicho numeral no son
las
mismas, de manera que al regular aspectos diversos no es
válido
acudir a la analogía, sino a su aplicación estricta.
Por tanto, es incorrecta la apreciación del juez de amparo
al
considerar que existe una inequidad al comparar hechos
imponibles
que no resultan iguales, tomando en cuenta que la fracción V
establece la regla aplicable al género de la prestación de
servicios
independientes de transportación internacional de bienes,
siempre y
cuando se preste en maniobras para su exportación, y la fracción
VI se
refiere a la transportación internacional aérea de bienes y
personas.
Incluso ambos servicios están gravados, por lo que no existe
tratamiento desigual alguno.
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AMPARO EN REVISIÓN 198/2016
17
Ahora, suponiendo sin conceder que se estime que las
fracciones V y VI, del artículo 29, de la Ley del
Impuesto al Valor Agregado persiguen las mismas
finalidades, no debe dejarse de observar que ante la existencia
de dos
normas, una general y otra especial, debe preferirse esta
última, que
es la que debe prevalecer.
Así, toda la transportación aérea internacional de bienes
debe
entenderse comprendida dentro la fracción VI, ya que en ella se
prevé
la regla especial de transportación aérea, independientemente si
es de
personas o bienes, y de la finalidad perseguida.
En el agravio cuarto la autoridad recurrente sostiene, en
esencia, que los efectos de la concesión de amparo no se
pueden
concretar, porque la quejosa debió impugnar simultáneamente con
el
artículo 29, fracción VI, de la Ley del Impuesto al Valor
Agregado, las
demás disposiciones que establezcan los elementos esenciales
del
sistema tributario, ya que de lo contrario sería imposible que
se
concreticen los efectos del amparo, como sucede en el caso.
Lo anterior, porque no se lograría la liberación del pago
del
tributo en la medida que la obligación no proviene del
artículo
reclamado, sino del sistema tributario particular y propio
creado por la
ley relativa, es decir, el artículo 16 del citado ordenamiento,
en razón
de que dicha norma es la que realmente establece el gravamen a
la
tasa general y la fracción VI, del artículo 29 únicamente
dispone la
parte que se considera gravada con la tasa del 0%.
En el agravio quinto la autoridad recurrente aduce, de
manera
destacada, que la sentencia recurrida resulta ilegal, dado que
el juez
de amparo resolvió que el precepto impugnado no se encuentra
debidamente motivado al no señalar expresamente los
convenios
bilaterales en materia de transportación aérea.
Sin embargo, lo anterior resulta incorrecto en razón de que
la
exposición de motivos únicamente sirve como un elemento
coadyuvante en el ejercicio de reconstrucción de la voluntad
del
legislador, y no es por sí sola parámetro para determinar la
constitucionalidad de una ley.
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18
Por ello, el hecho de que el legislador no haya descrito
pormenorizadamente los tratados internacionales en
los que se basó el tratamiento previsto en la fracción
VI, del artículo 29, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado,
no
conlleva una falta de motivación de la reforma impugnada, ni
mucho
menos su inconstitucionalidad.
Previo al estudio de los agravios, se estima necesario delimitar
lo
siguiente:
El hecho imponible del Impuesto al Valor Agregado grava
manifestaciones indirectas de capacidad contributiva atendiendo
al
patrimonio del consumidor final24, siendo su objeto el valor que
se
añade al realizar los actos o actividades gravadas por dicho
tributo; el
sujeto pasivo de la obligación se encuentra obligado a
trasladarlo25
–con los requisitos de Ley–, se convierte para estos efectos en
el
contribuyente formal (sujeto pasivo formal o contribuyente
de
derecho), siendo el contribuyente material (sujeto pasivo
material o
contribuyente de facto),26 quien soporta el traslado definitivo
del
tributo, esto es, el consumidor final.
Por otro lado, el artículo 1-A, fracción III27, de la propia
norma
prevé la obligación de retención prevista para las personas
físicas y
24 Al respecto es aplicable la tesis aislada P. IX/2005, Novena
Época, Semanario Judicial de la Federación y
su Gaceta, tomo XXI, marzo de 2005, página 7, de rubro:
“PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA. ALCANCE
DE DICHO PRINCIPIO EN RELACIÓN CON LOS IMPUESTOS
INDIRECTOS”.
25 Obligación de traslado cuya constitucionalidad se ha validado
en la tesis aislada P. XI/97, Novena Época,
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo V, febrero
de 1997, página 191, de rubro: “VALOR
AGREGADO, IMPUESTO AL. LAS HIPÓTESIS DE SU TRASLACIÓN REFLEJAN
EXACTAMENTE LA
MISMA CAPACIDAD CONTRIBUTIVA, INDEPENDIENTEMENTE DE LA SITUACIÓN
ECONÓMICA DE
LOS CONSUMIDORES FINALES”.
26 La terminología de “sujeto pasivo material” y “sujeto pasivo
formal” ha sido utilizada por esta Suprema Corte
en la jurisprudencia P./J. 52/2002, Novena Época, Semanario
Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo
XVII, enero de 2003, página 5, de rubro: “BIENES Y SERVICIOS
SUNTUARIOS, EFECTOS DE LA
SENTENCIA QUE OTORGA EL AMPARO CONTRA EL ARTÍCULO OCTAVO
TRANSITORIO DE LA LEY
DE INGRESOS DE LA FEDERACIÓN, QUE ESTABLECE UN IMPUESTO A LA
ENAJENACIÓN
CORRESPONDIENTE (DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DEL PRIMERO DE
ENERO DE DOS MIL
DOS)”. En cuanto al término contribuyente de derecho y
contribuyente de facto, véase la tesis aislada P.
IX/2005, citada supra.
27 ARTICULO 1o.-A.- Están obligados a efectuar la retención del
impuesto que se les traslade, los
contribuyentes que se ubiquen en alguno de los siguientes
supuestos:
I. Sean instituciones de crédito que adquieran bienes mediante
dación en pago o adjudicación judicial o
fiduciaria.
II. Sean personas morales que:
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morales a quienes se les traslade el impuesto, cuando,
entre otros supuestos, adquieran bienes tangibles28,
los usen o gocen temporalmente29, enajenen30 u
otorguen residentes en el extranjero sin establecimiento
permanente
en el país.
En la jurisprudencia de esta Suprema Corte la retención de
impuestos se ha fundamentado en la facultad que tiene la
autoridad
hacendaria para controlar el impuesto y hacer más expedita
su
recaudación, pues no es una relación simple la que se entabla
entre el
a) Reciban servicios personales independientes, o usen o gocen
temporalmente bienes, prestados u
otorgados por personas físicas, respectivamente.
b) Adquieran desperdicios para ser utilizados como insumo de su
actividad industrial o para su
comercialización.
(ADICIONADO, D.O.F. 31 DE DICIEMBRE DE 1999)
c) Reciban servicios de autotransporte terrestre de bienes,
prestados por personas físicas o morales.
(ADICIONADO, D.O.F. 31 DE DICIEMBRE DE 1999)
d) Reciban servicios prestados por comisionistas, cuando éstos
sean personas físicas.
(REFORMADA, D.O.F. 30 DE DICIEMBRE DE 2002)
III. Sean personas físicas o morales que adquieran bienes
tangibles, o los usen o gocen temporalmente, que
enajenen u otorguen residentes en el extranjero sin
establecimiento permanente en el país.
IV. (DEROGADA, D.O.F. 11 DE DICIEMBRE DE 2013)
No efectuarán la retención a que se refiere este artículo las
personas físicas o morales que estén obligadas al
pago del impuesto exclusivamente por la importación de
bienes.
Quienes efectúen la retención a que se refiere este artículo
sustituirán al enajenante, prestador de servicio u
otorgante del uso o goce temporal de bienes en la obligación de
pago y entero del impuesto.
El retenedor efectuará la retención del impuesto en el momento
en el que pague el precio o la
contraprestación y sobre el monto de lo efectivamente pagado y
lo enterará mediante declaración en las
oficinas autorizadas, conjuntamente con el pago del impuesto
correspondiente al mes en el cual se efectúe la
retención o, en su defecto, a más tardar el día 17 del mes
siguiente a aquél en el que hubiese efectuado la
retención, sin que contra el entero de la retención pueda
realizarse acreditamiento, compensación o
disminución alguna.
El Ejecutivo Federal, en el reglamento de esta ley, podrá
autorizar una retención menor al total del impuesto
causado, tomando en consideración las características del sector
o de la cadena productiva de que se trate, el
control del cumplimiento de obligaciones fiscales, así como la
necesidad demostrada de recuperar con mayor
oportunidad el impuesto acreditable.
28 De conformidad con lo dispuesto en el artículo 5, párrafo
cuarto, de LIVA, “[…] son bienes intangibles los
que se pueden tocar, pesar o medir; […]”
29 Los dos primeros párrafos del artículo 19 de LIVA establecen
el concepto de uso o goce de bienes,
entendiéndose por tal, “[…] el arrendamiento, el usufructo y
cualquier otro acto, independientemente de la
forma jurídica que al efecto se utilice, por el que una persona
permita a otra usar o gozar temporalmente
bienes tangibles, a cambio de una contraprestación.
[…]”
30 En cuanto al concepto de enajenación el artículo 8 de la LIVA
establece una remisión normativa a lo
dispuesto al respecto en el artículo 14 del CFF.
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AMPARO EN REVISIÓN 198/2016
20
Estado y el contribuyente que sólo implica la
obligación de pago, sino por el contrario, es una
relación compleja que trae aparejada un conjunto de
derechos y obligaciones tributarias, entre las que se halla la
de
controlar el tributo mediante la imposición de la obligación de
retención
a terceros31.
Así, la obligación de retención respecto de la adquisición
de
bienes intangibles, uso o goce temporal de los mismos,
enajenados y
otorgados por residentes en el extranjero sin
establecimiento
permanente, se genera por la diversa obligación de traslación
que
impone el artículo 1°, párrafo tercero, del ordenamiento
jurídico que se
analiza.
Otra institución importante a considerar en esta
contribución
indirecta, es la relativa al acreditamiento del tributo32.
En esta materia, el legislador estableció entre otros
requisitos,
que, cuando se esté obligado al pago del impuesto al valor
agregado o
cuando sea aplicable la tasa del 0% sólo por una parte de los
actos o
actividades, únicamente se acreditará el impuesto
correspondiente a
dicha parte. Dicho acreditamiento se determinará aplicando al
total del
impuesto acreditable, conforme a la Ley, el porcentaje que el
valor de
los actos o actividades por los que sí deba pagarse el impuesto
o se
aplique la tasa del 0% represente en el valor total de los que
el
contribuyente realice en su ejercicio; y que tratándose de
la
exportación, el contribuyente podrá acreditar exclusivamente
el
impuesto identificado con dicho acto o actividad.
31 En esencia, ése fue el criterio que se sustentó por el Pleno
en la tesis aislada correspondiente a la Séptima
Época, Semanario Judicial de la Federación 6, primera parte,
página 144, de rubro: “IMPUESTOS,
RETENCIÓN DE, CON CARGO A TERCEROS (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE
CHIHUAHUA)”.
32 ARTICULO 4o.- El acreditamiento consiste en restar el
impuesto acreditable, de la cantidad que resulte de
aplicar a los valores señalados en esta Ley la tasa que
corresponda según sea el caso.
Para los efectos del párrafo anterior, se entiende por impuesto
acreditable el impuesto al valor agregado que
haya sido trasladado al contribuyente y el propio impuesto que
él hubiese pagado con motivo de la
importación de bienes o servicios, en el mes de que se
trate.
El derecho al acreditamiento es personal para los contribuyentes
del impuesto al valor agregado y no podrá
ser trasmitido por acto entre vivos, excepto tratándose de
fusión. En el caso de escisión, el acreditamiento del
impuesto pendiente de acreditar a la fecha de la escisión sólo
lo podrá efectuar la sociedad escindente.
Cuando desaparezca la sociedad escindente, se estará a lo
dispuesto en el antepenúltimo párrafo del artículo
14-B del Código Fiscal de la Federación.
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AMPARO EN REVISIÓN 198/2016
21
De ello se sigue que:
I.- Son sujetos pasivos directos del impuesto al
valor agregado, el enajenador de bienes, el prestador de
servicios
independientes, el importador de bienes o servicios y el que
otorga el
uso o goce temporal de bienes.
II. Los sujetos pasivos del impuesto se encuentran obligados
a
trasladarlo, entendiéndose por dicha operación, el cobro o cargo
que
el contribuyente debe hacer de una cantidad a las personas
que
adquieran los bienes, los usen o gocen temporalmente o reciban
los
servicios.
III.- El impuesto se calcula aplicando a los valores a que
se
refiere el artículo 1º atendiendo a criterios de territorialidad
y a las
características de las actividades que se describen.
IV.- Los actos o actividades a los que se les aplica la tasa del
0%
producen los mismos efectos legales que aquellos por los que se
deba
pagar el impuesto, entre ellos, el acreditamiento del
tributo.
V.- El acreditamiento consiste en restar el impuesto acreditable
a
la cantidad que resulte de aplicar a los valores señalados en la
ley, la
tasa que corresponda.
VI.- Para poder efectuar el acreditamiento deben cumplirse
diversos requisitos, entre ellos cabe destacar:
a).- Cuando se esté obligado al pago del impuesto al valor
agregado o cuando sea aplicable la tasa del 0% sólo por una
parte de
los actos o actividades, únicamente podrá acreditarse el
impuesto
correspondiente a dicha parte, para lo cual debe aplicarse al
total del
impuesto acreditable el porcentaje que el valor de los actos
o
actividades por los que sí deba pagarse el impuesto o se aplique
la
tasa del 0% represente en el valor total de los que el
contribuyente
realice en su ejercicio.
b).- Tratándose de la exportación, el contribuyente podrá
acreditar exclusivamente el impuesto identificado con dicho acto
o
actividad.
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AMPARO EN REVISIÓN 198/2016
22
En la materia de transportación de bienes, es
preciso acotar que la ley la cataloga como prestación
de servicios. En el artículo 14, fracción II, se precisa
que encuadra dentro de este concepto, el transporte de personas
o
bienes y en el penúltimo párrafo, además, se excluyen como
servicio
independiente, las actividades que se realizan de manera
subordinada
mediante el pago de una remuneración.
Tratándose de este tipo de prestación de servicios y
atendiendo
a la mecánica del tributo que ha sido explicitada, los sujetos
pasivos
del impuesto en comento en la hipótesis que se plantea, se fijan
en
función de criterios de residencia y de ubicación del servicio
de
transportación de bienes, independientemente de la nacionalidad
del
porteador.
En efecto, de lo dispuesto en los artículos 133, 10, 16 y 2134
de la
Ley del Impuesto al Valor Agregado, se advierte que los
hechos
33 ARTICULO 1o.- Están obligadas al pago del impuesto al valor
agregado establecido en esta Ley, las personas físicas y las
morales que, en territorio nacional, realicen los actos o
actividades siguientes:
I.- Enajenen bienes.
II.- Presten servicios independientes.
III.- Otorguen el uso o goce temporal de bienes.
IV.- Importen bienes o servicios.
N. DE E. EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE
PÁRRAFO, VÉASE TRANSITORIO ÚNICO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA
LEY.
(REFORMADO, D.O.F. 7 DE DICIEMBRE DE 2009)
El impuesto se calculará aplicando a los valores que señala esta
Ley, la tasa del 16%. El impuesto al valor agregado en ningún caso
se considerará que forma parte de dichos valores.
(REFORMADO, D.O.F. 31 DE DICIEMBRE DE 1998)
El contribuyente trasladará dicho impuesto, en forma expresa y
por separado, a las personas que adquieran los bienes, los usen o
gocen temporalmente, o reciban los servicios. Se entenderá por
traslado del impuesto el cobro o cargo que el contribuyente debe
hacer a dichas personas de un monto equivalente al impuesto
establecido en esta Ley, inclusive cuando se retenga en los
términos de los artículos 1o.-A o 3o., tercer párrafo de la
misma.
(REFORMADO, D.O.F. 31 DE DICIEMBRE DE 1998)
El contribuyente pagará en las oficinas autorizadas la
diferencia entre el impuesto a su cargo y el que le hubieran
trasladado o el que él hubiese pagado en la importación de bienes o
servicios, siempre que sean acreditables en los términos de esta
Ley. En su caso, el contribuyente disminuirá del impuesto a su
cargo, el impuesto que se le hubiere retenido.
El traslado del impuesto a que se refiere este artículo no se
considerará violatorio de precios o tarifas, incluyendo los
oficiales. 34 ARTICULO 21.- Para los efectos de esta Ley, se
entiende que se concede el uso o goce temporal de un bien tangible
en territorio nacional, cuando en éste se encuentre el bien en el
momento de su entrega material a quien va a realizar su uso o
goce.
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AMPARO EN REVISIÓN 198/2016
23
imponibles se actualizan cuando la enajenación,
prestación o concesión del uso o goce temporal de
bienes se efectúe en territorio nacional.
Este principio de territorialidad se encuentra contenido en
el
propio artículo 1º de la Ley que dispone que para que los actos
o
actividades que realicen los sujetos pasivos sean objeto del
gravamen,
es menester que los mismos se efectúen en territorio nacional.
Por
tanto, para establecer la aplicación territorial respecto de
las
operaciones sujetas al impuesto al valor agregado, debe
atenderse
entonces, a dos circunstancias relevantes, esto es, al lugar
donde se
origina la actividad y el de destino de los bienes o
servicios.
Por tal motivo, en la materia de análisis destaca lo previsto en
el
artículo 16 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado que dispone
lo
siguiente: ARTICULO 16.- Para los efectos de esta Ley, se
entiende que se presta el servicio en territorio nacional cuando en
el mismo se lleva a cabo, total o parcialmente, por un residente en
el país. En el caso de transporte internacional, se considera que
el servicio se presta en territorio nacional independientemente de
la residencia del porteador, cuando en el mismo se inicie el viaje,
incluso si éste es de ida y vuelta. (REFORMADO, D.O.F. 30 DE
DICIEMBRE DE 1996) Tratándose de transportación aérea
internacional, se considera que únicamente se presta el 25% del
servicio en territorio nacional. La transportación aérea a las
poblaciones mexicanas ubicadas en la franja fronteriza de 20
kilómetros paralela a las líneas divisorias internacionales del
norte y sur del país, gozará del mismo tratamiento. (ADICIONADO,
D.O.F. 26 DE DICIEMBRE DE 1990) En el caso de intereses y demás
contraprestaciones que paguen residentes en México a los residentes
en el extranjero que otorguen crédito a través de tarjetas, se
entiende que se presta el servicio en territorio nacional cuando en
el mismo se utilice la tarjeta.
De la previsión contenida en el párrafo tercero del precepto
citado, destaca la relativa a que en el caso de transporte
internacional,
se considera que el servicio se presta en territorio nacional
cuando en
el mismo se inicie el viaje, incluso si éste es de ida y vuelta;
y, que
tratándose de transportación aérea internacional, se considera
que
únicamente se presta el 25% del servicio en territorio
nacional.
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AMPARO EN REVISIÓN 198/2016
24
Dicha porción normativa data de mil novecientos
setenta y ocho, de cuyos trabajos legislativos se
observan las razones que motivaron el tratamiento
específico que en materia de exportaciones adoptó el
legislador
ordinario al crear este tributo en sustitución del diverso sobre
ingresos
mercantiles, a saber:
DICTAMEN/ORIGEN DICTAMEN MEXICO D.F., A 8 DE DICIEMBRE DE 1978
[…]Otros efectos negativos del impuesto federal sobre ingresos
mercantiles son los siguientes: […] 5. No permite desgravar las
exportaciones de aquellos impuestos destinados al consumo interno.
Por tanto coloca al país en una situación de desventaja en el
mercado internacional, en relación con aquellos otros países que
pueden liberarse de todos los impuestos internos gracias a la
mecánica del impuesto al valor agregado. México ha querido
sustituir y superar esta desventaja estableciendo los certificados
de devolución de impuestos (CEDIS), pero su administración ha
resultado sumamente complicada. Posteriormente será posible
eliminar los decretos que tratan de fomentar las exportaciones
cuando entre en vigor esta Ley. […]Por los motivos anteriormente
expuestos, y en virtud del avance que en materia de técnica
tributaria y de adecuación a los objetivos del desarrollo de la
economía nacional significa el establecimiento de este impuesto, en
especial por el trato favorable que otorga a los programas de
inversión, a las exportaciones y al sector agropecuario, y dado que
estos sectores son prioritarios dentro del programa de desarrollo
del actual gobierno, las Comisiones Unidas estiman conveniente
someter a la consideración de la H. Asamblea el siguiente […]
En sentido similar, en la discusión que tuvo lugar en la
Cámara
de origen, se dijo lo siguiente: DISCUSION/ORIGEN MEXICO D.F., A
14 DE DICIEMBRE DE 1978 El ciudadano diputado Víctor Manuel
Carrasco. - El C. Víctor Manuel Carrasco: Con su permiso, señor
[…]Otros artículos que van a estar sujetos a crédito y devolución
al mes siguiente, son las exportaciones. Este es muy importante,
porque hay un acuerdo prácticamente internacional, de que las
exportaciones no deben estar gravadas. Entonces, los países que son
más importantes en el comercio mundial, como son los países de la
Comunidad Europea, que han hecho además una gran incursión en los
mercados mundiales, todos tienen desgravadas las exportaciones,
porque hay también, como digo, esta especie de acuerdo tácito entre
los países, en cuanto a que los impuestos al consumo sean sobre lo
que se consume internamente, sobre los artículos importados, no en
los artículos exportados. Entonces, es ilógico que un artículo
destinado a la exportación, vaya gravado como si fuera un artículo
de consumo.
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AMPARO EN REVISIÓN 198/2016
25
Es también para evitar este efecto, pues Ingresos Mercantiles sí
gravaba las exportaciones, que en parte se dieron los CEDIS, los
Certificados de Devolución de Impuestos, pero estos no tienen
contento a nadie y han operado muy mal; en cambio, con este
impuesto al valor agregado hay más nitidez y es más claro el que se
devuelvan los impuestos que se han causado sobre bienes que no van
a ser consumidos internamente, sino que van a ser consumidos en
otros países. Esta es otra ventaja de este impuesto, las
exportaciones quedan desgravadas, y al revés, las importaciones sí
habrá que gravarlas con el impuesto al valor agregado, porque las
importaciones son para nuestro consumo, para consumo nacional.
Posteriormente, en mil novecientos noventa y seis, se
estableció
una previsión específica sobre el porcentaje que debía
considerarse
en las zonas fronterizas. Sobre el particular se razonó lo
siguiente: EXPOSICION DE MOTIVOS CAMARA DE ORIGEN: DIPUTADOS
EXPOSICION DE MOTIVOS MEXICO D.F., A 7 DE NOVIEMBRE DE 1996
INICIATIVA DEL EJECUTIVO LEY QUE ESTABLECE Y MODIFICA DIVERSAS
LEYES FISCALES Ley del Impuesto al Valor Agregado A fin de evitar
que el régimen que tiene la transportación aérea en región
fronteriza en el impuesto al valor agregado que considera que
únicamente se presta el 25% del servicio en territorio nacional, se
siga aplicando en algunas poblaciones en las cuales no se
justifica, se propone limitarlo sólo a las ubicadas en la franja
fronteriza de 20 kilómetros del país. Las empresas con Programas
para la Importación de Bienes Destinados a la Exportación (Pitex) y
las maquiladoras, pueden destinar parte de su producción al mercado
nacional. Con el propósito de adecuar el impuesto al valor agregado
a esta facilidad, se propone establecer que tratándose de ventas de
proveedores a estas empresas, sólo se podrá trasladar el impuesto
al valor agregado a tasa cero en la proporción que hayan
representado las exportaciones de la empresa exportadora en el
total de sus ventas. En los casos en que se pueda identificar el
porcentaje de los insumos que se incorporarán a productos de
exportación, el traslado a tasa cero se hará por el porcentaje
correspondiente, siempre que no exceda la proporción señalada.
PROCESOS LEGISLATIVOS DICTAMEN/ORIGEN CAMARA DE DIPUTADOS DICTAMEN
MÉXICO D.F., A 26 DE NOVIEMBRE DE 1996 […] Se aprobaron
modificaciones para que la transportación aérea que se proporciona
en la región fronteriza y que se considera que se presta en un 25%
en territorio nacional, solamente sea aplicable a las poblaciones
ubicadas en la franja fronteriza de 20 kilómetros del país, lo que
resuelve un problema de competencia de trato
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desleal que se estaba presentando entre distintas ciudades de
diferentes entidades (articulo 16 párrafo tercero). Por otra parte,
se aprobó la propuesta de que, tratándose de ventas
de proveedores nacionales a empresas que cuenten con programas
de importación temporal para producir artículos de exportación
(Pitex) o a maquiladoras que destinen parte de su producción al
mercado nacional, sólo podrán trasladar el impuesto a tasa cero en
la proporción que representen las exportaciones de la empresas
exportadoras en el total de sus ventas. Esta medida permite acotar
la aplicación de la tasa cero sólo a la producción que se destina a
la exportación (artículo 31). PROCESOS LEGISLATIVOS
DICTAMEN/REVISORA CAMARA DE SENADORES DICTAMEN MÉXICO D.F., A 3 DE
DICIEMBRE DE 1996 Al igual que la Colegisladora, se ve adecuado que
la disposición respecto a que la transportación aérea que se
proporciona en la región fronteriza se considera que se presta en
un 25 por ciento en territorio nacional, por lo que solamente debe
ser aplicable a las poblaciones ubicadas en la franja fronteriza de
veinte kilómetros del país, lo que resuelve un problema de
competencia desleal que se estaba presentando entre distintas
ciudades de diferentes entidades, por lo que se modifica el
articulo 16, tercer párrafo.
Como se advierte de las porciones destacadas de las reformas
al
artículo 16, párrafo tercero, de la Ley del Impuesto al Valor
Agregado,
desde la creación del tributo se estimó necesario, por razones
de
índole económica, conferir un tratamiento de estímulo en materia
de
exportaciones, previendo para este tipo de prestación de
servicios, la
tasa 0%.
Cabe destacar que si bien el Legislador no expuso las
razones
por las cuales determinó que tratándose de la transportación,
se
considerará que únicamente el 25% del servicio es prestado
en
territorio nacional; también lo es que ello es producto de dos
factores,
el primero, el de la libertad configurativa de los tributos que
deriva del
texto constitucional a favor del órgano legislativo; y, el
segundo, de la
posibilidad que tiene éste para acudir a la ponderación de
factores
económicos que se traducen en fines extrafiscales y que, como se
ha
visto, rigen en materia de exportaciones.
Respecto del primer factor, el artículo 73, fracción VII, de
la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,35
determina 35 “Artículo. 73.- El Congreso tiene facultad:
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que es el Congreso de la Unión quien deberá imponer
las contribuciones necesarias para cubrir el gasto
público.
En esa medida, el Poder Legislativo es el encargado de
diseñar
el sistema impositivo del país. Por tanto, es imprescindible
reconocerle
un aspecto legítimo para definir el modelo y las políticas
tributarias
que, en cada momento histórico, se consideren compatibles y
convenientes para lograr de la mejor manera las finalidades que
se
pretendan, sin soslayar que esa libertad de configuración
encuentra
límites frente al respeto de principios constitucionales.
Esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha precisado que
el
hecho de que en cierto momento los supuestos que tome en
consideración el legislador para sustentar las hipótesis
normativas que
se contemplen en los tributos no queden explicitados en los
trabajos
legislativos, no torna inconstitucional la norma36.
La facultad de que el legislador establezca la carga tributaria
que
soportarán los contribuyentes, no implica que se conceda una
libertad
absoluta sobre el tema, ello dado que se requiere que exprese
las
razones que justifican la configuración del sistema impositivo;
de esa
(…)
VII.- Para imponer las contribuciones necesarias a cubrir el
Presupuesto.
(…)”
36 Apoya lo anterior la jurisprudencia 1ª./J. 159/2007, emitida
por la Primera Sala de este Tribunal
Constitucional, de rubro y contenido siguientes:
“SISTEMA TRIBUTARIO. SU DISEÑO SE ENCUENTRA DENTRO DEL ÁMBITO DE
LIBRE
CONFIGURACIÓN LEGISLATIVA, RESPETANDO LAS EXIGENCIAS
CONSTITUCIONALES. El texto
constitucional establece que el objetivo del sistema tributario
es cubrir los gastos públicos de la Federación,
del Distrito Federal y de los Estados y Municipios, dentro de un
marco legal que sea proporcional y equitativo,
por ello se afirma que dicho sistema se integra por diversas
normas, a través de las cuales se cumple con el
mencionado objetivo asignado constitucionalmente. Ahora bien, la
creación del citado sistema, por disposición
de la Constitución Federal, está a cargo del Poder Legislativo
de la Unión, al que debe reconocérsele un
aspecto legítimo para definir el modelo y las políticas
tributarias que en cada momento histórico cumplan con
sus propósitos de la mejor manera, sin pasar por alto que
existen ciertos límites que no pueden rebasarse sin
violentar los principios constitucionales, la vigencia del
principio democrático y la reserva de ley en materia
impositiva. En tal virtud, debe señalarse que el diseño del
sistema tributario, a nivel de leyes, pertenece al
ámbito de facultades legislativas y que, como tal, lleva
aparejado un margen de configuración política -amplio,
mas no ilimitado-, reconocido a los representantes de los
ciudadanos para establecer el régimen legal del
tributo, por lo que el hecho de que en un determinado momento
los supuestos a los que recurra el legislador
para fundamentar las hipótesis normativas no sean aquellos
vinculados con anterioridad a las hipótesis
contempladas legalmente, no resulta inconstitucional, siempre y
cuando con ello no se vulneren otros
principios constitucionales.”
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manera, el Poder Legislativo debe expresar los
motivos que conllevan a la decisión de crear, modificar
o eliminar aspectos relativos a los impuestos que se
fijan para la sufragación del gasto público.
El acatamiento a esa exigencia constitucional, no debe
entenderse en el sentido que requiere de un máximo de
justificación,
sino por el contrario, se cumple al esbozarse un mínimo.37
Conforme a estas directrices y atento a los principios de
democracia y de separación de poderes, es patente que el resto
de los
Poderes de la Unión, incluido el juez constitucional, debe
respetar esa
libertad de configuración, en el marco de sus
correspondientes
competencias.
Dentro de ese marco de amplitud configurativa, es
indispensable
que el legislador defina la relativa a la política fiscal, por
virtud de la
cual se razona el diseño del sistema tributario.
La política tributaria debe ser entendida como todos
aquellos
postulados, directrices, criterios o lineamientos que delimita
el Estado,
con la que busca la distribución de la carga tributaria que se
vincula y
recae en el sistema económico, todo ello dirigido a la finalidad
de
financiar el gasto público mediante la los ingresos que obtenga
la
hacienda pública.
Es decir, se constituye con base a diversos factores que el
legislador, en un momento determinado, considera más
convenientes
para alcanzar los fines que el Estado se ha trazado,
contextualizado al
entorno económico, social, entre otros elementos.
Sirve de apoyo a lo anterior, por su idea jurídica, la tesis
P.XXXIX/2011, de rubro y contenido del tenor siguiente:
37 Jurisprudencia 1a. LIII/2012 (10a.) de la Primera Sala,
Décima Época, Registro: 2000683, Materia(s): Administrativa,
Constitucional, consultable en el Semanario Judicial de la
Federación y su Gaceta, Tomo I, Libro VII, correspondiente a abril
de 2012, página 882, cuyo rubro es el siguiente: “TEST DE
PROPORCIONALIDAD DE LAS LEYES FISCALES. EN ATENCIÓN A LA INTENSIDAD
DEL CONTROL CONSTITUCIONAL DE LAS MISMAS, SU APLICACIÓN POR PARTE
DE LA SUPREMA CORTE REQUIERE DE UN MÍNIMO Y NO DE UN MÁXIMO DE
JUSTIFICACIÓN DE LOS ELEMENTOS QUE LO CONFORMAN”.
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“POLÍTICA TRIBUTARIA. LAS RAZONES Y CONSIDERACIONES EXPRESADAS
EN EL PROCESO DE CREACIÓN DE UN TRIBUTO, SE ENCUENTRAN INMERSAS EN
EL CAMPO DE AQUÉLLA, POR LO QUE NO ESTÁN SUJETAS AL ESCRUTINIO
CONSTITUCIONAL
EN SEDE JURISDICCIONAL. El diseño del sistema tributario a nivel
de leyes pertenece al ámbito competencial del Poder Legislativo y,
para configurar los tributos desde el punto de vista normativo,
debe definir la política tributaria, entendida como todos aquellos
postulados, directrices, criterios o lineamientos fijados por el
Estado para distribuir la carga impositiva que recaerá en el
sistema económico con el objetivo de financiar los gastos públicos
a través de la percepción de ingresos tributarios. En ese ámbito de
facultades constitucionales, el legislador considerará aspectos
tales como: a) La estructura formal y funcional del sistema
impositivo; b) La distribución social, sectorial y espacial de la
carga impositiva; c) Los efectos paramétricos de los tributos sobre
el comportamiento de los agentes económicos; y, d) La utilización
de dichos efectos como herramientas dinámicas de acción del Estado
sobre el sistema económico, con miras a influir en el ritmo y
dirección del proceso de desarrollo. En ese tenor, si la
configuración del sistema impositivo atiende a la política
tributaria que el legislador estima idónea en un momento
determinado y el desarrollo de dicha actividad en un entorno
democrático corresponde de manera exclusiva al Poder Legislativo,
ello implica que las razones o consideraciones que hubiese tenido
en cuenta para crear un tributo y, en particular, para determinar
el correspondiente objeto gravado que en su concepto manifieste
idoneidad para contribuir al gasto público, escapan al escrutinio
constitucional que pudiera emprenderse en sede jurisdiccional,
habida cuenta que la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos no establece parámetro alguno al que deba ceñirse la
política tributaria que decida emplear el legislador con tal
finalidad, lo que no implica la inobservancia de otros principios
constitucionales, la vigencia del principio democrático y la
reserva de ley en materia impositiva.”38
Aunado a lo anterior, debe considerarse que la configuración
impositiva y amplitud de diseño, derivan de la premisa que este
Alto
Tribunal ha sostenido reiteradamente, consistente en que el
Estado
detenta la rectoría económica y el desarrollo nacional, el cual
deberá
ser integral y sustentable, que uno de los instrumentos de la
política
financiera, económica y social, lo constituye el conjunto de
disposiciones que definen la política fiscal en una época
determinada,
las cuales pueden modificar cualquiera de los elementos del
diseño
impositivo, o bien, en la extinción de la obligación
tributaria.39
38 Instancia: Pleno; Fuente: Semanario Judicial de la Federación
y su Gaceta; libro I, octubre de 2011, tomo 1,
página 595.
39 Sirve de sustento, la tesis 1ª.CCCLXXXIX/2014 emitida por la
Primera Sala de este Alto Tribunal, que a
continuación se transcribe: “CONDONACIÓN DE DEUDAS TRIBUTARIAS.
CONSTITUYE UN BENEFICIO
OTORGADO VOLUNTARIAMENTE POR EL LEGISLADOR, POR LO QUE NO ES
EXIGIBLE AL ESTADO
DESDE EL PUNTO DE VISTA DEL PRINCIPIO DE GENERALIDAD TRIBUTARIA.
Esta Primera Sala de la
Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que el
Estado tiene a su cargo la rectoría económica y
el desarrollo nacional, el cual deberá ser integral y
sustentable, y que uno de los instrumentos de política
financiera, económica y social lo constituyen las disposiciones
que plasman la política fiscal en una época
determinada, las cuales podrán hacerse patentes en cualquiera de
los elementos del diseño impositivo, o
bien, en la extinción de la obligación tributaria; en este
último supuesto se tiene el establecimiento de
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Por otra parte, este Tribunal ha precisado que el
análisis constitucional que al efecto se haga en torno a
la facultad del legislador de definir los tributos,
considerando la política fiscal que se estime conveniente, debe
partir,
entre otros elementos de la obligación de todos de contribuir a
los
gastos del Estado, de manera proporcional y equitativa, tal como
lo
prevé el artículo 31, fracción IV, de la Constitución
Federal.
El precepto citado constituye un mandamiento jurídico, del
cual
se desprenden los derechos y obligaciones, ya que, por una
parte, se
encuentra el deber para los ciudadanos de contribuir para el
sostenimiento del gasto público y, por el otro, un límite a ese
ejercicio
del poder público.
En este tenor y como segundo factor determinante del régimen
que opera en materia de exportaciones y el régimen que respecto
de
éstas priva en la Ley del Impuesto al Valor Agregado, se
encuentra,
como ya se anticipó, los fines de naturaleza extrafiscal, como
parte de
la política tributaria.
En efecto, el artículo 31, fracción IV40 constitucional, no
impide
desvincular por completo a los tributos del fin recaudatorio, en
tanto
que dicho numeral puede ser interpretado en relación con lo
dispuesto
en los artículos 2541, 2842 y 13143 de la misma Carta
Fundamental, beneficios como la condonación, la cual implica el
perdón o la remisión de una deuda, esto es, una renuncia
al cobro por parte del acreedor. Ahora bien, dicha figura se
identifica como un beneficio fiscal concedido por el
Estado a través de un acto voluntario, esencialmente unilateral,
excepcional y discrecional, por virtud del cual
se exime al deudor del pago de la carga tributaria, lo que
necesariamente debe responder a criterios de
conveniencia o política económica, conforme a los artículos 25 y
73, fracciones VII y XXX, de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos. De ahí que no sea
dable exigir su establecimiento coactivamente
por los sujetos pasivos de la carga tributaria pues, por regla
general, responde a cuestiones de política fiscal;
en otras palabras, los contribuyentes no tienen un derecho a
recibir condonaciones, en razón del lugar que la
Constitución otorga al principio de generalidad tributaria. Lo
anterior obliga a enfatizar que no existe un
derecho constitucionalmente tutelado a la condonación, en tanto
que todos están obligados a contribuir al
sostenimiento del gasto público.” (Instancia: Primera Sala;
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la
Federación, libro 12, noviembre de 2014, tomo I, página
709.)
40 Art. 31.- Son obligaciones de los mexicanos:
[…]
(REFORMADA, D.O.F. 29 DE ENERO DE 2016)
IV.- Contribuir para los gastos públicos, así de la Federación,
como de los Estados, de la Ciudad de México y
del Municipio en que residan, de la manera proporcional y
equitativa que dispongan las leyes.
41 Art. 25.- Corresponde al Estado la rectoría del desarrollo
nacional para garantizar que éste sea integral y
sustentable, que fortalezca la Soberanía de la Nación y su
régimen democrático y que, mediante la
competitividad, el fomento del crecimiento económico y el empleo
y una más justa distribución del ingreso y la
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riqueza, permita el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad
de los individuos, grupos y clases sociales, cuya
seguridad protege esta Constitución. La competitividad se
entenderá como el conjunto de condiciones
necesarias para generar un mayor crecimiento económico,
promoviendo la inversión y la generación de
empleo.
(ADICIONADO, D.O.F. 26 DE MAYO DE 2015)
El Estado velará por la estabilidad de las finanzas públicas y
del sistema financiero para coadyuvar a generar
condiciones favorables para el crecimiento económico y el
empleo. El Plan Nacional de Desarrollo y los
planes estatales y municipales deberán observar dicho
principio.
(REFORMADO, D.O.F. 3 DE FEBRERO DE 1983)
El Estado planeará, conducirá, coordinará y orientará la
actividad económica nacional, y llevará al cabo la
regulación y fomento de las actividades que demande el interés
general en el marco de libertades que otorga
esta Constitución.
(REFORMADO, D.O.F. 3 DE FEBRERO DE 1983)
Al desarrollo económico nacional concurrirán, con
responsabilidad social, el sector público, el sector social y
el sector privado, sin menoscabo de otras formas de actividad
económica que contribuyan al desarrollo de la
Nación.
(REFORMADO, D.O.F. 20 DE DICIEMBRE DE 2013)
El sector público tendrá a su cargo, de manera exclusiva, las
áreas estratégicas que se señalan en el artículo
28, párrafo cuarto de la Constitución, manteniendo siempre el
Gobierno Federal la propiedad y el control
sobre los organismos y empresas productivas del Estado que en su
caso se establezcan. Tratándose de la
planeación y el control del sistema eléctrico nacional, y del
servicio público de transmisión y distribución de
energía eléctrica, así como de la exploración y extracción de
petróleo y demás hidrocarburos, la Nación
llevará a cabo dichas actividades en términos de lo dispuesto
por los párrafos sexto y séptimo del artículo 27
de esta Constitución. En las actividades citadas la ley
establecerá las normas relativas a la administración,
organización, funcionamiento, procedimientos de contratación y
demás actos jurídicos que celebren las
empresas productivas del Estado, así como el régimen de
remuneraciones de su personal, para garantizar su
eficacia, eficiencia, honestidad, productividad, transparencia y
rendición de cuentas, con base en las mejores
prácticas, y determinará las demás actividades que podrán
realizar.
(REFORMADO, D.O.F. 3 DE FEBRERO DE 1983)
Asimismo podrá participar por sí o con los sectores social y
privado, de acuerdo con la ley, para impulsar y
organizar las áreas prioritarias del desarrollo.
(REFORMADO, D.O.F. 20 DE DICIEMBRE DE 2013)
Bajo criterios de equidad social, productividad y
sustentabilidad se apoyará e impulsará a las empresas de los
sectores social y privado de la economía, sujetándolos a las
modalidades que dicte el interés público y al uso,
en beneficio general, de los recursos productivos, cuidando su
conservación y el medio ambiente.
(REFORMADO, D.O.F. 3 DE FEBRERO DE 1983)
La ley establecerá los mecanismos que faciliten la organización
y la expansión de la actividad económica del
sector social: de los ejidos, organizaciones de trabajadores,
cooperativas, comunidades, empresas que
pertenezcan mayoritaria o exclusivamente a los trabajadores y,
en general, de todas las formas de
organización social para la producción, distribución y consumo
de bienes y servicios socialmente necesarios.
(REFORMADO, D.O.F. 20 DE DICIEMBRE DE 2013)
La ley alentará y protegerá la actividad económica que realicen
los particulares y proveerá las condiciones
para que el desenvolvimiento del sector privado contribuya al
desarrollo económico nacional, promoviendo la
competitividad e implementando una política nacional para el
desarrollo industrial sustentable que incluya
vertientes sectoriales y regionales, en los términos que
establece esta Constitución.
(ADICIONADO, D.O.F. 5 DE FEBRERO DE 2017)
A fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos señalados
en los párrafos primero, sexto y noveno de este
artículo, las autoridades de todos los órdenes de gobierno, en
el ámbito de su competencia, deberán
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implementar políticas públicas de mejora regulatoria para la
simplificación de regulaciones, trámites, servicios
y demás objetivos que establezca la ley general en la
materia.
42 Art. 28.- En los Estados Unidos Mexicanos quedan prohibidos
los monopolios, la (sic) prácticas
monopólicas, los estancos y las exenciones de impuestos en los
térmi
