volumen 11, número 2csh.izt.uam.mx › sistemadivisional › SDIP › proyectos › archivos... · 2017-05-09 · Segundo semestre 2015 volumen 11, número 2 Presentación 5 ARTÍCULO

Segundo semestre 2015volumen 11, número 2

Rector GeneralDr. Salvador Vega y LeónSecretario GeneralMtro. Norberto Manjarrez Álvarez

UNIDAD IZTAPALAPARectorDr. José Octavio Nateras DomínguezSecretarioDr. Miguel A. Gómez FonsecaDirectora de la División de Ciencias Sociales y HumanidadesDra. Juana Juárez RomeroJefe del Departamento de SociologíaDr. Juan Manuel Herrera CaballeroEditoraDra. Gloria Elizabeth García HernándezAsistente EditorialMtra. Erika Granados AguilarComité Editorial del Departamento de SociologíaDr. Juan Manuel Herrera Caballero, Dra. Gloria Elizabeth García Hernández, Mtra. Angélica Bautista López, Dr. Rafael Calderón Contreras, Dr. Miguel Rodrigo González Ibarra, Mtro. Servando Gutiérrez Ramírez, Mtro. Manuel Larrosa Haro, Dr. Josué Tinoco Amador, Mtro. José Joel Vázquez Ortega.Comité AsesorDr. Manuel Alcántara (U. de Salamanca), Dr. Guillermo Almeyra (UNAM), Dr. Marcelo Arnold Cathali-faud (U. de Chile), Dra. Ana Bock (CPF de Brasil), Dr. Víctor Manuel Durand Ponte (UNAM), Dr. Agris Galvanovskis (UDLA Puebla), Dra. Mireya Lozada Santeliz (U. Central de Venezuela), Dr. Carlos A. de Mattos (U. Católica de Chile), Dr. Ricardo Melgar Bao (INAH), Dr. Martín Mora (U. de G.), Dr. Marco Eduardo Murueta Reyes (UNAM).PortadaPolis 25 años. Patricia Reyes Fernández

Producción editorial y cuidado de la ediciónEdiciones del Lirio S.A. de C.V.

Polis, vol. 11, núm. 2, julio-diciembre de 2015, es una publicación semestral editada por la Universidad Autónoma Metropolitana a través de la Unidad Iztapalapa, División Ciencias Sociales y Humanidades, Departamento de Sociología. Prolongación Canal de Miramontes 3855, Col. Ex-Hacienda San Juan de Dios, Delegación Tlalpan, C.P. 14387, México, D. F., y Av. San Rafael Atlixco 186, edificio H, cubículo 101, Col. Vicentina, Delegación Iztapalapa, C.P. 09340, México, D. F.; teléfono 5804-4600, ext. 2766. Página electrónica de la revista: <http://148.206.53.230/revistasuam/polis/index.php>. Correo electrónico: <[email protected]>. Editora responsable: Gloria Elizabeth García Hernández. Certificado de Reserva de Derechos al Uso Exclusivo de Título No. 04-2011-061717205300-102, ISSN 1870-2333, ambos otorgados por el Instituto Nacional del Derecho de Autor. Certificado de Licitud de Título número 13177 y Certificado de Licitud de Contenido número 10750, ambos otorgados por la Comisión Califi-cadora de Publicaciones y Revistas Ilustradas de la Secretaría de Gobernación. Impresa por Ediciones del Lirio, Azucenas, número 10, Col. San Juan Xalpa, Delegación Iztapalapa, C.P. 09850, México, D. F. Este número se terminó de imprimir en México, D. F., en diciembre de 2015, con un tiraje de 500 ejemplares.Las opiniones expresadas por los autores no necesariamente reflejan la postura del editor de la publicación. Queda estrictamente prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos e imágenes de la publica-ción sin previa autorización de la Universidad.

UNIDAD IZTAPALAPA División de Ciencias Sociales y HumanidadesDepartamento de Sociología

Integrante del Índice de Revistas Mexicanas de Investigación Científica y Tecnológica del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología


Presentación 5

ARTÍCULO conmemorativo por el 25 aniversario

Mario Bassols Ricárdez Veinticinco años de Polis: un recorrido por sus páginas y autores 15

ARTÍCULOS

Steven Johansson Mondragón Convergencia partidaria y globalización. El caso de México (1982-2006) 23

María Eugenia Valdés Vega Comunicación política y propaganda electoral en México. Las reformas de 2007 y 2014 57

Hernán Fair Contribuciones para una operacionalización de la teoría de la hegemonía de Ernesto Laclau 89

Jaime Uribe Cortez Organizaciones indígenas, acción política y formas de representación evangélica en San Cristóbal de las Casas 119

María Cristina Fuentes Zurita Formación no convencional en los cibercafés: un andamiaje conceptual 151

RESEÑAS

Miguel Rodrigo González Ibarra El necesario rediseño institucional del Distrito Federal mexicano 189

Marco Alejandro Sifuentes Solís Ciudades poscoloniales en México. Transformaciones del espacio urbano 199

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Presentación

El presente número de la revista Polis no es uno más, sino con el que conmemoramos 25 años de su existencia, de manera que el número

2 del año 2015 representa los esfuerzos y la dedicación que el personal académico del Departamento de Sociología ha puesto en este proyecto editorial. En virtud de ello, Polis ha alcanzado amplio reconocimien-to como parte de las publicaciones universitarias en nuestro país. Este número, como los anteriores, incluye una pluralidad de artículos que exponen investigaciones y sus resultados sobre comunicación y propa-ganda político-electoral, convergencia partidaria, organización y acción política en indígenas evangélicos en San Cristóbal de las Casas, Chia-pas, así como desarrollos teóricos y conceptuales sobre la formación no convencional en cibercafés o respecto a la recuperación de la teoría de la hegemonía por Ernesto Laclau. La mayoría de los trabajos se ubican en el contexto de México y en cierta perspectiva de globalización, que ahora parece lejana. De igual manera, en la sección de Reseñas se incluyen dos colaboraciones, las cuales, aunque temática e históricamente diferentes, también se refieren a México, en particular, una de ellas trata sobre el rediseño institucional del Distrito Federal. Además, en este número con el que celebramos los 25 años de su publicación, Polis incluye una cola-boración que recorre las vicisitudes que la revista ha tenido en este lapso.

El primer artículo, cuya autoría es de Mario F. Bassols Ricárdez, titulado “Veinticinco años de Polis: un recorrido por sus páginas y au-tores”, constituye una colaboración de homenaje. En este trabajo se reseña que en un principio, la revista Polis se publicó como un anuario del Departamento de Sociología de la uam-i; dos números después, la publicación se transformó poco a poco en lo que ahora es, hasta llegar a su reciente nueva época. El autor también resalta que en todos estos años se ha distinguido por ser una publicación abierta a diferentes pers-pectivas teóricas, temáticas y formas de investigar problemas sociales, políticos, históricos y psicosociales, preponderantemente en su inicio,

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José Joel Vázquez Ortega

pero no únicamente. De manera que entre 1990 y 2000 se caracterizó por difundir los proyectos y líneas de investigación de los integrantes del Departamento: sociólogos, politólogos y psicólogos sociales. Las contri-buciones de autores externos, tanto nacionales como de otro país, poco a poco fueron integrándose, generando “nuevos espacios de discusión e interlocución”. Mario Bassols señala que a partir de 2002 comienza a publicarse con una periodicidad semestral y con ello se consolida su Comité Editorial, además del establecimiento de un Consejo Asesor Ex-terno con presencia internacional. Con esta colaboración, en el recorrido de la revista que hace el autor, podemos concluir que afortunadamente Polis llegó para quedarse, y en estos 25 años se ha consolidado, a la par de otras revistas en el ámbito de las ciencias sociales en la región (ahora con la inclusión de trabajos derivados del ámbito de la geografía humana) y seguro continuará con paso firme en el presente y para el futuro, tal como lo expresa el autor.

En el artículo “Convergencia partidaria y globalización. El Caso de México (1982-2006)”, Steven Johansson revisa y analiza las principales explicaciones sobre el proceso de “convergencia partidaria” entendida como la declinación de las cuestiones programáticas y de política eco-nómica formuladas para el país por parte de los principales partidos políticos (pri, pan y prd), debido a las presiones que ejercen los acto-res sociales externos, sobre todo los organismos económicos mundiales (Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, compañías trasnacio-nales, entre otros), así como los cambios en la economía a partir de la publicitada globalización. El autor señala que la clase política pertene-ciente a estos partidos ha formulado varios discursos para justificar los cambios y malabares en su ideología y plataformas políticas. En virtud de lo anterior, llama la atención que la convergencia partidaria entre el pri, pan y prd (que se concretó en que los tres aprobaron las denominadas reformas estructurales, mediante el Pacto por México), la justifique en función de “aprovechar las oportunidades que ofrece la globalización y evitar sus efectos negativos”, “buscar incidir en las reglas del orden económico mundial” y/o “aprovechar los márgenes de maniobra que per-mitan los mercados globales”. A partir de estos tres tipos de discursos en los que se apoyan, estos partidos establecen sus prioridades y ámbitos de acción; con ello, sus planteamientos ideológico-políticos y programas económicos terminan siendo uno solo, alineándose a los principios del “neoliberalismo”: proponiendo y promoviendo “privatización”, “libera-

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lización” y “desregulación”. Los efectos están a la vista y los padecemos todos.

Por su parte, siguiendo en el ámbito político, aunque en el terreno electoral, María Eugenia Valdés Vega, en “Comunicación política y pro-paganda electoral en México. Las reformas de 2007 y 2014”, analiza y compara el papel de los medios de comunicación y la propaganda políti-ca. En efecto, si bien las dos últimas reformas constitucionales de 2007 y 2014 han buscado regular el financiamiento público de las precampañas, campañas y la propaganda política de los partidos en radio y televisión, realmente no se han traducido en avances democráticos en los procesos político-electorales. Como lo señala la autora, desde 1997, los procesos electorales “se convirtieron en un gran negocio para los medios de co-municación electrónicos en México”; no existe garantía plena de equidad en las contiendas electorales, porque ambas reformas no han impedido que se siga con “el gasto descontrolado de propaganda por parte de los políticos en el ejercicio de sus funciones”. En síntesis, no obstante las dos reformas, los avances que se publicitan en la equidad para las con-tiendas electorales son controversiales, incluso cuestionables; más aún, se requiere, obligadamente, elaborar y aprobar las leyes reglamentarias a partir de la modificación del artículo 34 constitucional. De lo contrario “continuará el dispendio de los gobernantes en propaganda disfrazada de comunicación social en radio y televisión”, el bombardeo de spots (la “espotización”), las campañas negras (incluso anticipadas), la saturación o sobreexposición de candidatos (de facto o posibles), etc., en tanto que no hay leyes reglamentarias que estipulen algún tipo de sanción. La población seguirá entonces expuesta a más de lo mismo, mientras no se apruebe la respectiva reglamentación que efectivamente sancione los excesos ya conocidos por todos nosotros.

En contraste con los dos artículos anteriores, Hernán Fair, en “Con-tribuciones para una operacionalización de la teoría de la hegemonía de Ernesto Laclau”, recupera esta teoría para “el análisis sociopolítico y crítico” en las ciencias sociales. Dicho pensador argentino, en los años ochenta del siglo pasado, se propuso crear una nueva concepción de la política fundada en la noción de hegemonía. Ahora bien, de acuerdo con Hernán Fair, su valor reside en que es una “categoría nodal para el desa-rrollo del análisis político del discurso como un método útil y válido de investigación social”. Lo que pretende mostrar es que la reformulación que hace Laclau de este concepto central gramsciano puede aplicarse en

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estudios empíricos. Desde la teoría política posfundacional, que rompe con las concepciones objetivistas, deterministas, mecanicistas y esencia-listas de ciertas tradiciones marxistas y de la lingüística estructuralista, “la hegemonía corresponde a una forma de dominación política y social predominantemente ideológica o cultural, que busca imponer deter-minados valores, creencias, deseos, ideales y mandatos como legítimos, válidos y reconocidos como propios, sobre otros sectores políticos y so-ciales”, entre otros supuestos ontológicos subyacentes a dicho concepto. Sin embargo, a partir de esta dimensión transformativa de la hegemonía, junto con las demás dimensiones que la constituyen, se genera lo que Laclau denomina “la victoria hegemónica” o “la operación hegemónica”, lo que da lugar a un “determinado discurso dominante”, que es asumido sin que sean cuestionados sus ejes nodales por los sectores o agentes in-terpeladores centrales, de manera que lo internalizan y objetivan como válido y legítimo; todo esto da lugar a un “nuevo sentido común” en las “masas”. Obviamente, el análisis de las contribuciones de Laclau es mucho más complejo y extenso, solo basta decir, para que los lectores se interesen, que de acuerdo con Hernán Fair, a partir del “análisis de los discursos verbales y las formas de percepción subjetivas de los actores interpelados” se puede reconocer en determinadas circunstancias el éxi-to hegemónico o no, con ello la posibilidad de construir “hegemonías alternativas” o, incluso “resistencias sociales”; ambas pueden dar lugar a “contradiscursos”, los cuales, se distinguen en “antihegemónicos” y “no antihegemónicos”; en todo caso, los lectores deben valorar si, en efecto, la operacionalización que se propone del concepto de hegemonía puede aplicarse en el análisis empírico comparado de los discursos relativos a los procesos políticos contemporáneos.

Por su parte, Jaime Uribe Cortez, en “Organizaciones indígenas, ac-ción política y formas de representación evangélica en San Cristóbal de Las Casas”, elabora la genealogía de dos organizaciones con tales caracte-rísticas, la Organización de Pueblos Evangélicos de los Altos de Chiapas (opeach) y la Comisión Evangélica de Derechos Humanos (cedeh) que, a diferencia de muchas otras organizaciones, ambas surgen del cambio de adscripción religiosa de miles de indígenas del “catolicismo tradi-cional” hacia religiones “pentecostales, no pentecostales, presbiterianas renovadas y para cristianos o bíblicos no evangélicos, como los Testigos de Jehová y Adventistas del Séptimo Día”, entre otras. Su consolidación, señala el autor, obedeció a que dicho cambio en primer lugar afectó el

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sistema de fiestas y cargos comunales, posteriormente, por el desplaza-miento forzado de indígenas tsotsiles y tseltales hacia San Cristóbal de Las Casas por los brotes violentos debidos a las creencias religiosas que implicaron muertes, ultrajes, discriminación, persecución y, por ende, la expulsión y huida también a otros lugares de Chiapas y de Oaxaca. Estos desplazamientos provocaron que las poblaciones indígenas se establecie-ron en asentamientos carentes de infraestructura eléctrica, agua, drenaje, de salud, pavimentación, empleo, etc.; además, ante las agresiones, le-siones y constantes violaciones a sus derechos, estas dos organizaciones de carácter evangélico, a través de sus líderes preparados para ello, pre-sionaron y gestionaron ante las autoridades gubernamentales, locales y estatales, la dotación de servicios públicos, el respeto de las garantías y derechos indígenas, el reconocimiento de los derechos de las mujeres, la comercialización de productos artesanales y agrícolas, el transporte, la salud, incluso, cobertura de atención psicológica, así como el cese de las expulsiones y la exigencia de castigo a los responsables. Enfatizando en todo momento su carácter indígena y religioso, y encabezadas por los pastores, líderes de estas organizaciones, lograron convertirse en inter-locutores de las autoridades gubernamentales en San Cristóbal y, en general, en el estado de Chiapas. Para Jaime Uribe esto hizo posible que dichas organizaciones alcanzaran acción y representación política en las poblaciones indígenas. En este sentido, resulta interesante conocer el análisis sobre la dinámica en la vida política y religiosa de los indígenas en función de las organizaciones de corte evangélico. De ahí la impor-tancia de investigar estos procesos resultantes de la implicación de lo religioso con lo político.

En el último artículo, “Formación no convencional en los cibercafés: un andamiaje conceptual”, María Cristina Fuentes Zurita centra su aten-ción en la “comprensión de la experiencia educativa de los jóvenes con las tecnologías de la información y la comunicación (tic) en los cibercafés” en la Delegación Iztapalapa, lo que denomina como “formación no con-vencional”, esto es, “un proceso fuera de las aulas y de orden informal”. Por ello, la investigación inicia con el análisis de las diversas lógicas en el uso de las herramientas digitales y de internet por parte de los jóvenes y de los cibercafés en tanto “dispositivos de formación”. El andamiaje conceptual que propone resulta sugerente porque tratándose de temá-ticas hasta ahora poco investigadas, es bastante amplio y se caracteriza por ser “una aproximación multirreferencial”. En este sentido, aparte de

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las tres categorías centrales de análisis utilizadas: poder, subjetividad y saberes y aprendizajes, también emplea las de “dispositivo” (para el ci-bercafé), “lazo social”, “usos y significados de la tecnología”, “entre-dos” relativa al “espacio transicional” y algunas más. Esto le permitió realizar las observaciones en varios cibercafés de Iztapalapa, así como el análisis sobre las transformaciones de la subjetividad de los jóvenes usuarios, a partir de estos espacios de aprendizajes no formales, no académicos y no escolarizados. Es por ello que su publicación forma parte de los esfuerzos por estudiar la formación de la cultura digital.

En la sección de Reseñas de este número, en primer término aparece la de Miguel Rodrigo González Ibarra sobre la obra titulada El nece-sario rediseño institucional del Distrito Federal mexicano, publicada por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, cuyo autor es Armando Hernández Cruz. Como lo indica la reseña, el libro “constituye una aportación para comprender y explicar las bases y los fundamentos po-lítico-constitucionales del Distrito Federal y su forma de gobierno, así como […] una propuesta para la conformación de una nueva constitu-ción en la entidad”. En sus diferentes capítulos se contextualiza y define al Distrito Federal en el Sistema Federal Mexicano, para además precisar que en el actual régimen de gobierno, la Asamblea Legislativa puede pro-mover y expedir leyes cuya jurisdicción es territorial y, por ende, de orden local y sus implicaciones afectan a todos sus habitantes. Sin embargo, es importante retomar, analizar y debatir que las competencias siguen siendo residuales para varios órganos de gobierno del Distrito Federal, debido a que el artículo 124 constitucional las limita. Asimismo, es importante la referencia que hace el autor de la reseña sobre la cuestión de establecer al Distrito Federal como el estado número 32 del país; al respecto, su posición es un tanto desconcertante al afirmar “que no tiene ninguna razón de ser la discusión sobre el estado 32, porque México no tiene en su interior ningún estado sobre otro”, en tanto que el debate no es respecto de si la soberanía de un estado se impone o sobrepone a otro. De todas formas, de acuerdo con la reseña, la obra es relevante por-que plantea el proceso de reforma política, así como una nueva delimi-tación del territorio y otras políticas urbanas y públicas que incluyan su evaluación, así como mayor opinión y participación en las decisiones que afecten a la vida de los habitantes del Distrito Federal. En fin, como lo señala Miguel R. González, el rediseño institucional implica muchos re-tos, de manera que esta obra es una iniciativa para realizar un proceso de

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discusión que permita edificar, entre otras cuestiones, nuevas formas de gobierno, creación de instituciones, modificaciones en las relaciones po-líticas entre la clase política y los ciudadanos.

Adicionalmente, Alejandro Sifuentes Solís presenta la reseña de Ciudades poscoloniales en México. Transformaciones del espacio urbano, coordinado por Gerardo Martínez Delgado y Mario F. Bassols Ricár-dez bajo el sello de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Busca “aportar los gérmenes metodológicos para una historia urbana o una historia global de la ciudades mexicanas sin cancelar la riqueza de las microhistorias que las pueblan”. Comprende del siglo xix hasta los años transcurridos del actual siglo xxi. Por esta reseña conocemos que en la obra “se analizan 10 ciudades por dieciséis investigadores en once capítulos”, organizados en tres secciones denominadas: “El hilo econó-mico”, “Agentes, instituciones políticas y espacio urbano” e “Imaginarios y proyectos urbanos”. En dichas secciones, los investigadores analizan por separado ciudades como Orizaba, Querétaro, Oaxaca, Aguascalien-tes y México, entre otras. De acuerdo con Alejandro Sifuentes, todos los capítulos de esta obra proveen “estimulantes ideas, argumentos y pruebas que demuestran lo acertado de las tesis señaladas en la Introducción”, de manera que contribuye a la reflexión crítica sobre las ciudades estu-diadas, y lo considera un volumen de consulta obligada para quienes se interesen en la historia social de lo urbano. En virtud de ello, la obra se suma a la historiografía urbana de México, específicamente, como parte de los estudios históricos sobre el espacio habitado y el espacio habitable representado, relacionándose además con los trabajos sobre el espacio producido de corte marxista que aparecieron en la década de los setenta del siglo xx, de ahí su relevancia para quienes investigan “la realidad compleja del habitar a través del tiempo”.


Noviembre, 2015

Artículo conmemorativopor el 25 aniversario

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Veinticinco años de Polis:un recorrido por sus páginas y autores

Mario Bassols Ricárdez*

Al cumplir sus primeros cinco lustros de existencia, la revista Polis se sitúa favorablemente dentro del conjunto de publicaciones universitarias en México, tanto por su calidad editorial como por los contenidos temáticos tratados en sus números.

Visto como proyecto académico emergido de un sustancioso grupo de colegas adscritos al Departamento de Sociología de la uam-Iztapala-pa, los avatares de su vida institucional han sido parte consustancial de su desarrollo. Sin embargo, conforme avanza hacia su consolidación y logra mantener una periodicidad semestral, se posiciona en el mercado editorial de las ciencias sociales en México como una revista que mira al país y a sus regiones. No solo eso: desde sus inicios se planteó como una revista abierta a distintos enfoques y perspectivas teóricas, dominantes o subalternos, cuyas contribuciones privilegiaran la originalidad de sus escritos, la solidez de sus planteamientos y la profundidad de sus análisis. Primero fue un Anuario de Sociología, en los tiempos de Magda Fritscher Mundt como jefa del Departamento. En esa época predominaban las au-torías internas y escaseaban las externas. Visto ya a lo lejos, sus primeros diez años (1990-2000) expresan en buena medida los ritmos y cadencias de un nutrido cuerpo de sociólogos, politólogos y psicólogos sociales en el curso de sus proyectos y líneas de investigación, pero también de sus inquietudes profesionales en un país de honda historia y enraizados problemas sociales. Así lo reflejan muchas de sus páginas, cuyas plumas van a comenzar a enriquecerse con contribuciones externas de relevancia. De ello se da cuenta en el Anuario correspondiente a 1997, en el cual

* Profesor Titular en el Departamento de Sociología de la UAM-Iztapalapa. Primer editor de la revista POLIS. Profesor en el posgrado en Estudios Sociales, Línea de Procesos Políticos de la UAM-Iztapalapa. Ha sido investigador invitado por El Colegio de la Frontera Norte. Líneas de investigación: Ciudades postcoloniales en América Latina; Espacio, poder y políticas públicas; Representaciones del espacio en la novela latinoamericana del siglo XXI. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores-Conacyt, México. Contacto: <[email protected]>

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aparecen por primera vez tres colaboraciones externas, en torno a la teoría de la sociedad del riesgo. Un texto traducido al español de Ulrich Beck conformaba el núcleo temático en cuestión.

Desde ese momento la diversificación de perspectivas analíticas co-bra mayor fuerza con textos de Serge Moscovici y Raymond Boudon en 1998, así como de Niklas Luhman en el primer número de 2000. Huelga decir que la presencia de teóricos connotados en diversos núme-ros de la revista ha sido iniciativa de colegas del Departamento, quienes desde sus respectivos campos disciplinarios (y hasta transdisciplinarios) buscan generar nuevos espacios de discusión e interlocución. Acaso sea Moscovici el autor más traducido y de mayor difusión de su obra en las páginas de Polis.

El único número extraordinario que aparece por aquellos años (y que debió corresponder, en orden cronológico, al Anuario 2001, el cual brilló por su ausencia), estuvo dedicado casi exclusivamente a temas de alcance latinoamericano. Por primera vez en la entonces muy breve historia de Polis, la mayoría de los autores son externos a la institución. Un texto de Carlos Martínez Assad, del Instituto de Investigaciones Sociales de la unam, llama poderosamente la atención.

Cabe decir que por aquellos tiempos el Posgrado en Estudios Socia-les de la uam-Iztapalapa iniciaba su vida institucional. En tal sentido, y desde la plataforma construida por los profesores integrantes de las líneas de Procesos Políticos y Procesos Laborales, las contribuciones a la revista se fortalecen. Sobre todo de la primera de ellas, enfocada al análisis y la teoría política, los procesos de transición a la democracia y la alternancia en el poder. Con el tiempo, la bifurcación de caminos se abre y aparecen nuevos temas y nuevas orientaciones analíticas. Desde su plena periodicidad como revista semestral, en 2002 inicia una nueva etapa en la construcción de un proyecto que no cesará de reinventarse en el ámbito del diseño de la revista, de su Consejo Editorial y del Comité Asesor externo, que con el tiempo se creará y ampliará, ahora sí, inmerso de lleno en el ámbito internacional.

Desde entonces a la fecha, ha sido constante la publicación de textos de autoría externa al Departamento de Sociología. Las estancias de inves-tigación y posdoctorales apoyadas por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) en México, se vuelven una constante y comienzan a reflejarse en artículos como los escritos por Anna Ortiz Guillart, de la Universidad de Barcelona (2004), o Flavia Freidenberg, de la Universi-dad de Salamanca (2005-1).

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Veinticinco años de POLIS: un recorrido por sus páginas y autores

Cuando la revista cumplía 15 años, el entonces jefe del Departa-mento de Sociología, Víctor Alarcón Olguín, coordina el proyecto de digitalización de los 22 números publicados. Esto es, desde el Anuario correspondiente al año 2000, hasta el segundo semestre de 2005. Con-tó con el apoyo técnico del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la unam y de educein, s.c. La edición de un cd o disco compacto era para entonces, un indicador del esfuerzo conjunto que animaba a los miem-bros del Comité Editorial. Por esos años, otras instituciones realizaban tareas similares. Así, por ejemplo, la Revista Latinoamericana de Estudios Urbano Regionales (eure) compilaba en versión electrónica los artículos publicados en el periodo de octubre de 1970 a diciembre de 2006. Años atrás, la Revista Mexicana de Sociología había lanzado una colección de cuatro discos compactos que incluía todos sus artículos publicados hasta el año 2000. Ahora, al promediar la década de 2010, gran cantidad de revistas científicas se encuentran disponibles en su versión digital y sus artículos pueden bajarse a la computadora personal, bajo el formato pdf o similar. La nueva plataforma de acceso a la información a través de páginas web y sistemas de redes facilita la labor de investigación y consulta de un volumen inmenso de textos, humanamente imposible de explorar en toda su extensión, tan solo para un tema de investigación.

Polis es un espacio de encuentro y discusión académica en ciencias sociales, sobre temas nacionales, latinoamericanos, europeos y de proce-sos globales. Un examen que dista de ser riguroso, sobre los últimos diez años de la revista, exhibe a un conjunto cada vez más plural de autores de variada procedencia institucional. Sin agotar la lista figuran las colabo-raciones desde la península Ibérica (bien sea la Universidad de Valencia, de Alicante, de Granada, de Salamanca, la Complutense de Madrid o la Autónoma de Madrid); están también Argentina, Canadá, Brasil y Venezuela. La teoría sobre las representaciones sociales, desarrollada por Moscovici, autor polifacético de las ciencias sociales y de origen rumano, es motivo de una reflexión aparte, sobre todo por el interés suscitado a partir de la traducción al español de algunos de sus textos, mismos que van a aparecer en la revista. Ello refleja a su vez una constante interac-ción entre pares académicos, la realización de eventos especializados y el reconocimiento de trayectorias intelectuales de gran calibre. Francia es otra fuente donde en particular va a abrevar una corriente importante de la psicología social en México, anclada en la uam-Iztapalapa.

En las páginas de Polis se hace visible la colaboración de autores provenientes de las cinco Unidades de la uam: Iztapalapa, Azcapotzalco,

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Xochimilco, Lerma y Cuajimalpa, pero sobre todo de las tres primeras. También se distinguen investigadores del Instituto de Investigaciones Sociales, de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales o del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias de la unam; del Insti- tuto Politécnico Nacional, la Universidad Pedagógica Nacional, El Cole-gio de la Frontera Norte, El Colegio de Jalisco, El Colegio de San Luis, la Universidad Autónoma de Baja California, la Universidad Autónoma de Querétaro, o bien de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Esta lista es incompleta y solo a título enunciativo, para argumentar a favor del carácter plural e interdisciplinario de Polis en su segunda época.

El énfasis puesto en las normas técnicas de elaboración de una revista universitaria moderna llega a un nuevo momento cuando se consti-tuye la figura del editor. El Comité Editorial de la segunda época se encontraba en un reajuste importante del Reglamento de publicacio-nes del Departamento y sesionaba mensualmente, como hasta ahora lo hace. Después de un arduo trabajo editorial, que siguió de cerca las normas estrictas bajo las cuales se rige Conacyt para definir su Índice de Revistas Mexicanas de Investigación Científica y Tecnológica, Polis aparece en su lista desde el año 2011, cuando era jefa del Departamento Juana Juárez Romero. Entre otras características, observa un sistema de arbitraje, con evaluadores externos dentro del modo de “doble ciego”; un componente sustantivo y constante de autores externos; una significativa apertura editorial en materia de temas y enfoques abordados por sus autores; servicios de información y acceso digital gratuito; cumplimien-to de la periodicidad semestral; eficiencia en los procesos de recepción, dictamen y publicación de los trabajos evaluados positivamente. Estos y otros componentes han hecho de la revista una publicación reconocida en el ámbito nacional e internacional. Es menester reconocer el des-empeño profesional y la decidida entrega al proyecto de Mario Alberto Zaragoza Ramírez como Asistente Editorial (hasta 2014).

Con el primer editor de la revista se publicaron siete números (2007- 2 al 2010-2). En la Presentación del primero se reiteraba el propósito de establecer una reflexión comprometida en torno a “los paradigmas teó-ricos en sus distintas facetas de análisis, las políticas públicas, los actores sociales y los procesos que subyacen en las mentalidades colectivas de los grupos en los ámbitos territoriales del campo y la ciudad, así como sus transformaciones espaciales, políticas y culturales”.

Tres años más tarde, la ilustración de Umberto Boccioni, Visiones simultáneas, que sirvió como portada del número correspondiente al

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Veinticinco años de POLIS: un recorrido por sus páginas y autores

segundo semestre de 2010, iba muy de cerca con nuestras aspiraciones de hacer confluir esas visiones del mundo, de la naturaleza humana, su accionar político y sus inflexiones socioculturales, dentro de un espacio editorial, abierto también al tiempo. Con dicho número se cumplían 20 años de Polis. Por supuesto, lejos de constituirse como un proyecto teóricamente unitario, o peor aún, ecléctico y carente de sustancia crítica frente a otros planteamientos, otras visiones, se ha orientado sobre otros ejes: el del análisis reflexivo en el campo de las ciencias sociales, sobre los diversos objetos de estudio examinados en las páginas de la revista. El reconocimiento en torno a la pluralidad de saberes bien podría con-cebirse como uno de los valores sustantivos de la presente publicación. O dicho de otra manera, la plataforma bajo la cual se construye su tra-bajo editorial.

Pero la conmemoración de los cuatro lustros de la revista vendría más tarde. En tres números consecutivos (2011-2; 2012-1 y 2012-2) se publicaron cinco artículos expresamente solicitados a autores internos y externos al Departamento, para tal efecto. La colaboración final fue el texto de Cristina Puga titulado: “Las ciencias sociales mexicanas en la primera década del siglo xxi”, que invitaba a la reflexión sobre el quehacer universitario en las ciencias sociales, sus problemas y desafíos.

Un año después, el número del segundo semestre de 2013 estaría dedicado a la memoria de Gustavo Emmerich. Fallecido en ese año, el distinguido politólogo y colega de nuestro Departamento fue un líder académico latinoamericano que formó parte del primer Comité Edito-rial de la revista y escribió profusamente durante los 15 años iniciales de Polis. En este número se constataba la importancia alcanzada por las ciencias de la política en nuestro país. La retroalimentación que se ha tenido con egresados del posgrado en Estudios Sociales ha sido otro as-pecto a considerar dentro de los rasgos novedosos de Polis en sus últimos diez años. Varios de ellos han publicado en nuestra revista en esos diez años, bien como autores únicos del artículo o en coautoría con algún profesor del posgrado.

Desde el primer número del 2015 se anunciaba el 25 aniversario de Polis. De nuevo se mantiene la composición mixta entre autores internos y externos. Los temas abordados en torno a México son: historia política del siglo xx, la propiedad social agraria, campañas electorales y marketing político. Destaca, además, un análisis sobre la construcción social del conocimiento, desde una perspectiva de psicología social. Por último, en el número que el lector tiene a su alcance visual se inscribe un conjunto

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de trabajos que bordea sobre diferentes temas como las últimas reformas políticas en materia de campañas electorales, el andamiaje conceptual para el estudio de jóvenes en espacios de cibercafés, la operatividad la-clausiana en torno al concepto de hegemonía en estudios empíricos, así como un texto sobre convergencia partidaria y otro más que aborda la presencia de organizaciones indígenas evangélicas en San Cristóbal de Las Casas, Chiapas. Es así como concluye esta etapa de desarrollo de la revista, a la que seguramente le esperan nuevos retos a partir de su in-minente conversión total a revista digital.

¿Llegó Polis para quedarse? Bien, ese es su propósito, y en la ruta zigzagueante seguida ha dejado una huella con tinta indeleble en la insti-tución de origen. Desde nuestra propia perspectiva, las revistas científicas de largo aliento tienen su propia historia, que entrelaza vida institucio-nal, culturas académicas y creatividad intelectual. En nuestro país, la Revista Mexicana de Sociología se publica desde 1939. Es la más antigua en materia de ciencias sociales en la región de América Latina y el Caribe. Tiempo atrás, en los albores de la institucionalización de la sociología en el mundo occidental, figuran dos revistas de gran trascendencia y bien posicionadas en el mercado editorial de hoy: en Estados Unidos y desde la Universidad de Chicago, a instancias de Albion Small, se crea en 1895 la American Journal of Sociology, la cual ya cumple 120 años. Por su parte, baste recordar que el sociólogo Emilio Durkheim va a impulsar decididamente un Anuario, LÁnnée Sociologique, en 1898 y aunque en algunos momentos dejó de aparecer en Francia (visiblemente durante los años amargos de la segunda guerra), resurge con mayor vigor poco después y continúa hasta el presente.

Si la comparamos con estos gigantes, Polis es joven y de fresca sem-blanza frente a las revistas longevas antes señaladas. Sin lugar a dudas, tiene la oportunidad de consolidarse como revista latinoamericana, en el cada vez más amplio campo de estudio de las ciencias sociales y en un contexto internacional globalizado, provisto de tecnologías de la información altamente sofisticadas. No es el futuro, es el presente. Y en ello habrá que seguir con el paso firme. Quienes formamos parte de este proyecto somos pasajeros en tránsito. Con esta imagen en mente podremos, acaso, mirar hacia afuera.

Octubre de 2015

Artículos

POLI

S 201

5, vo

l. 11

, núm

. 2, p

p. 2

3-56

Convergencia partidaria y globalización. El caso de México (1982-2006)*

Steven Johansson Mondragón**

ResumenEl presente trabajo busca poner a prueba una de las principales ex-plicaciones de la convergencia partidaria: la explicación por los cam-bios en la economía internacional. Aun cuando ofrecen argumentos sólidos, ni la teoría de la dependencia estructural ni la tesis de la globalización resultan fáciles de validar en el caso mexicano. Esto conduce al autor a analizar las justificaciones que los políticos del Partido Revolucionario Institucional, del Partido Acción Nacional y del Partido de la Revolución Democrática han dado de los cam-bios experimentados por sus partidos. Estas justificaciones giran en torno a la globalización, lo que parece confirmar la idea de que las presiones que esta ejerce sobre la ideología y los programas de los partidos son fuertes.Palabras clave: convergencia partidaria, globalización económica, políticos, partidos políticos mexicanos

AbstractThis paper seeks to test one of de main explanations of policy con-vergence: one that stresses on changes in international economy. Though providing strong arguments, both structural dependence theory and globalization thesis are difficult to validate in the case of Mexico. This leads the author to analyse the justifications that

* El presente trabajo fue elaborado en el marco de una estancia posdoctoral en la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa, bajo los auspicios del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología

** Doctor en Ciencias Políticas y Sociales por la unam. Profesor del Departamento de Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad Iberoamericana. Ha publicado varios artículos y capítulos de libros, entre los que destacan “¿Están convergiendo los partidos políticos en México?” (2011) y “Convergencia partidaria y cambio Social” (2012), ambos en la Revista Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales. Sus principales líneas de investigación son: los partidos políticos en México y las ideologías partidarias. Contacto: <[email protected]>

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Steven Johansson Mondragón

politicians from the Revolucionary Institutional Party, National Ac-tion Party and Democratic Revolution Party provide about changes in their parties. These justifications hinge on globalization, which seemsto confirm that the pression the latter exerts on parties ideology and programs is a strong one.Keywords: policy convergence, globalization, politicians, mexican political parties

Introducción

Algunos autores sostienen que la integración internacional de los mercados de bienes, servicios y, sobre todo, de capitales ha ero-

sionado la capacidad de los gobiernos para instrumentar medidas de política económica en forma autónoma y que, por lo tanto, ha vuelto difícil, por no decir imposible, formular alternativas a las políticas de libre mercado.3 Esta ausencia de alternativas solo puede conducir a la “convergencia” ideológica de los partidos de izquierda y de derecha. Así, para Donald Sassoon, la globalización, “real o percibida”, ha sido la “gran fuerza que ha empujado hacia la convergencia entre la izquierda y la derecha” (1997:10). Para este autor, la actual convergencia en materia de políticas públicas es el “resultado inevitable” de la “mayor interde-pendencia”: “si la política nacional –afirma– se encuentra cada vez más constreñida por una economía globalizada, entonces no es sorprendente que estas presiones empujen a los dos bandos [izquierda y derecha] hacia políticas similares” (1997:14).

Otros, sin embargo, difieren de este análisis. Garrett y Lange, por ejemplo, consideran que, si bien la creciente integración económica y la

3 La literatura sobre convergencia partidaria, y particularmente aquella que busca explicar el fenómeno a partir de los cambios en la economía mundial, ha privilegiado el análisis de la política económica. Esto puede deberse a que, en la economía globalizada, como observa Ignacio Ramonet, los gobiernos pueden “modificar aspectos importantes de la vida societal, por ejemplo, el aborto, el matrimonio homosexual, la procreación asistida, derechos de voto a los extranjeros, eutanasia, etcétera”, pero si desean reformar la economía, los márgenes de maniobra son “prácticamente inexistentes” (Ramonet, 2015). El hecho de que la creciente integración de los mercados propicie convergencia en materia económica entre los partidos no implica, sin embargo, que ocurra lo mismo en otras áreas de las políticas públicas.

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Convergencia partidaria y globalización. El caso de México (1982-2006)

mayor competencia han alterado los “instrumentos” de política econó-mica a través de los cuales los gobiernos pueden alcanzar sus “objetivos partidarios”, no han vuelto estos objetivos inalcanzables (1991:541). Aunque el nuevo entorno económico internacional ha reducido la efi-cacia de las estrategias económicas tradicionales de la izquierda y de la derecha, basadas en políticas fiscales y monetarias “keynesianas” y “monetaristas” (respectivamente), los gobiernos aún pueden “moldear” las “políticas orientadas hacia la oferta”, y aún existen “instrumentos” de política económica que les permiten alcanzar sus objetivos partida-rios, al tiempo que promueven la competitividad y el “ajuste flexible” (1991:541).

En el mismo sentido, Carles Boix argumenta que, si bien los gobier-nos “de todas las tendencias políticas” han tenido que recurrir a “políticas orientadas hacia la oferta”, los partidos de diferente signo ideológico aún pueden optar por “estrategias económicas” diferenciadas, que afectan de manera distinta a los distintos estratos sociales (1998: 10-11, 3). Para el autor, existen así “dos principales estrategias económicas” a disposición de los gobiernos: una que consiste en reducir los impuestos para alentar el ahorro privado, dinamizar la inversión privada y acelerar la tasa de crecimiento; y otra que busca aumentar el gasto público en capital hu-mano y fijo para incrementar la tasa de productividad del trabajo y del capital, lo que alienta a los agentes privados a seguir invirtiendo a pesar de los altos niveles impositivos, necesarios para financiar las transferen-cias sociales y los programas de inversión pública (1998:3).

Con todo, tanto Garrett como Boix reconocen que la globalización ha llevado a un cierto nivel de convergencia. Para el primero, “las im-plicaciones de la interdependencia para las políticas fiscal y monetaria son claras: los gobiernos ya no gozan de autonomía para llevar a cabo estrategias macroeconómicas independientes”, por lo que “las políticas fiscal y monetaria de los gobiernos de izquierda y de derecha deberían convergir” (Garrett y Lange, 1991:543). Boix, por su parte, ilustra con el ejemplo del gobierno de Baldwin en Gran Bretaña que los gobiernos (y los partidos) dependen de los modelos e instrumentos económicos considerados “correctos”, los cuales determinan las soluciones “realistas” a ciertos problemas (1998:6-7). Ahora bien, a finales de la década de los sesenta, las “soluciones basadas en la demanda (es decir, las políticas de corte keynesiano) dejaron de ser eficaces, por lo que los partidos de dife-

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rente signo ideológico ya solo pueden perseguir sus objetivos partidarios por medio de estrategias “orientadas hacia la oferta” (Boix, 1998:10-11).

El caso del Partido Socialista francés constituye, sin duda, uno de los que mejor ilustran las presiones del entorno económico interna-cional sobre los programas y las políticas de los partidos. En 1981, los socialistas, en efecto, llegan al poder con la propuesta de “romper con el capitalismo” (Ross, 1988:13). En palabras de George Ross, el manifiesto electoral de 1981 de los socialistas franceses, “uno de los documentos más radicales apoyados por un candidato serio al poder en los anales recientes de la política occidental”, propone “iniciar una transición hacia el socialismo” a través de una “tercera vía” entre el socialismo real del Este y la socialdemocracia clásica de Europa del Norte (1988:23).

Sin embargo, el “reformismo radical” dura menos de un año. Los problemas económicos llevan a los socialistas a efectuar, en el otoño de 1982, un “cambio brusco de rumbo” (Ross, 1988:23). Para revertir la degradación de la balanza de pagos y detener la inflación, el gobierno socialista opta por la “austeridad”: bloquea precios y salarios,4 reduce el gasto público, aumenta los impuestos a las personas físicas y a los consumidores, al tiempo que reduce los de las empresas (Hall, 1988:81-83). A partir de 1985-1986, emulando las políticas de Ronald Reagan en Estados Unidos (Halimi, 2000:610), el gobierno lleva a cabo una reactivación “neoliberal” de la economía, basada, no en el aumento del gasto público (que, por el contrario, es reducido con el propósito de mantener el déficit del sector público por debajo de 3 % del Producto Interno Bruto), sino en la reducción de los impuestos (Hall, 1988: 83).

Para George Ross, el cambio de rumbo de los socialistas franceses ofrece un buen ejemplo de la manera en que los “factores internacionales limitan seriamente, para todos los Estados nacionales, la posibilidad de tomar decisiones políticas originales”, al tiempo que refleja una “nueva realidad”: el hecho de que, a partir de la década de 1980, los gobiernos, tanto de izquierda como de derecha, deben dar prioridad a la inserción competitiva de sus economías nacionales en una división internacional del trabajo que los constriñe (Ross, 1988:26). Peter Hall, por su parte, destaca que los socialistas, en cinco años, aprendieron mucho acerca de

4 En materia de salarios, el gobierno socialista llega incluso a adoptar una serie de medidas que los gobiernos anteriores, de centro-derecha, se habían negado a tomar: desindexar los salarios de la inflación y reducir la parte de los salarios en el ingreso nacional (Ross, 1988:23).

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los “límites que se imponen a aquellos que administran una economía mixta en un marco de interdependencia internacional” (Hall, 1988:78).

El caso de Grecia, más reciente, constituye otra ilustración de cómo “los gobiernos, en cualquier parte, son forzados a hacer arreglos en su tra-to con el resto del mundo” (Wallerstein, 2015). En 2015, una coalición que reúne a una variedad de pequeños partidos que van de la extrema izquierda hasta el centro-izquierda (Syriza) llega al poder, en alianza con un pequeño partido de derecha nacionalista, con el propósito de poner fin a las políticas de austeridad impuestas desde la década de 1970, y que gobiernos tanto de centro-derecha como de centro-izquierda habían aceptado. En un referéndum convocado el 5 de julio de ese año por el gobierno, en el marco de las negociaciones con la llamada “troika” (Co-misión Europea, Banco Central Europeo y Fondo Monetario Internacio-nal), una mayoría de 61.3 % se pronuncia en contra de las condiciones ofrecidas a Grecia. Aun así, el gobierno griego es obligado a renunciar a uno de sus principales compromisos de campaña y a “aceptar una serie aún más dura de reformas que las que habría enfrentado al inicio de las negociaciones” (Wallerstein, 2015).

En América Latina también hay ejemplos de cambios de rumbo pa-recidos. Susan Stokes (2001) encuentra que, en una serie de casos, los políticos de diferentes países de América Latina se pronuncian, durante la campaña electoral, por la creación de empleos, crecimiento, aumento de los salarios reales, política industrial, una estabilización gradual de la inflación y por limitar el pago de la deuda, para luego imponer, una vez en el gobierno, la austeridad y las reformas estructurales.5

El caso de la primera campaña de Alberto Fujimori, en Perú, es alta-mente revelador de la influencia de los actores económicos externos. Fu-jimori había manifestado, a lo largo de la campaña electoral, su oposición a un ajuste draconiano (el shock) y a las medidas de austeridad y proponía mantener las principales empresas estatales bajo dominio público. Sin embargo, diez días después de haber tomado el poder, anuncia un pa-

5 La autora se enfocó, en particular, en los casos de Argentina (Menem), Perú (Fujimori) y Venezuela (Carlos Andrés Pérez). Pero, más allá de estos casos, en los últimos 30 años América Latina en su conjunto ha experimentado, en palabras de Jaime Ros, una “gran transformación”: una “revisión mayor” de las políticas e instituciones económicas que ha llevado a un mayor papel al sector privado en la distribución de recursos y a un mayor alcance de las fuerzas del mercado y de la competencia internacional (Ros, 2012:7).

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quete de aumento de precios (el shock) que llevó a una fuerte caída de los salarios reales del sector privado y al aumento de la pobreza extrema.

Las políticas de largo plazo de Fujimori resultaron ser, de hecho, muy parecidas a las que proponía su principal adversario, Mario Vargas Llo-sa: liberalización comercial y de los mercados de capital, reforma fiscal, adelgazamiento del Estado, privatizaciones, eliminación de las leyes de protección laboral y liberalización de las relaciones laborales, elimina-ción de la indexación de los salarios, privatización de la seguridad social (Stokes, 2001:53).6

En México, la globalización económica parece haber tenido una in-fluencia importante sobre la ideología y los planteamientos programá-ticos de los tres principales partidos políticos –Partido Revolucionario Institucional (pri), Partido Acción Nacional (pan) y Partido de la Re-volución Democrática (prd)–. Un análisis de los documentos básicos de estos partidos muestra, en efecto, una tendencia, durante el periodo 1982-2009, a la convergencia ideológico-programática en torno a las políticas neoliberales. Así, hacia el final de siglo, los tres partidos de-fienden sin reservas la economía de mercado, una intervención limitada del Estado en la economía, una economía mixta con un sector estatal reducido, un modelo de desarrollo orientado hacia el mercado externo, basado en la diversificación de las exportaciones, la apertura comercial, la liberalización financiera y la promoción de la inversión extranjera directa (Johansson, 2011:103-104).

¿Cómo evaluar, en el caso mexicano, el alcance (y el carácter determi-nante o no) de las llamadas “presiones” de la globalización? Es factible,

6 Los tres casos descritos por Stokes ocurren durante la década de 1990, periodo durante el cual el modelo neoliberal se impone “en diversos grados en prácticamente todo el continente” (Sader, 2008:5). Cabe resaltar que en la década siguiente, una serie de gobiernos progresistas llegan al poder en América Latina, lo que impulsa a Emir Sader a afirmar que la región se transforma de “territorio privilegiado para el neoliberalismo” en “área privilegiada de resistencia” (Sader, 2008). Aunque la expresión parece un tanto exagerada (el propio Sader reconoce que varios de los gobiernos “progresistas” que alcanzan el poder en la década de 2000 mantienen el modelo económico neoliberal, distinguiéndose del “bloque neoliberal” por “políticas sociales más flexibles” y una política exterior de integración regional), no cabe duda que algunos gobiernos (como los de Venezuela, Bolivia y Ecuador), aprovechando el “relativo debilitamiento económico y político del liderazgo estadounidense”, han ido “más allá”, buscando romper con el modelo dominante y construir una “alternativa posliberal” (Sader, 2008:18, 27).

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sin duda, comparar las políticas públicas de los gobiernos del pri y del pan. Pero, además de que la comparación excluiría al tercer gran parti-do político mexicano (el prd), que nunca ha ejercido el poder a nivel federal,7 el método presenta el inconveniente, destacado por Przeworski y Wallerstein (1988:13-14), de arrojar poca luz sobre los límites estruc-turales que se imponen a todos los partidos. No tenemos, por otro lado, el caso de un partido que haya llegado al poder con un programa de cambios radicales y que, una vez en el poder, haya tenido que renunciar a dicho programa.

Las “presiones” de la globalización pueden ser, ciertamente, obser-vadas en la interacción entre los mercados financieros y los candidatos durante las campañas electorales. Sin embargo, las señales mandadas por los candidatos (promesas de políticas públicas) y las reacciones de los mercados (expresiones de confianza o de desconfianza), aun cuando constituyen, sin duda, indicios de una presión fuerte de los segundos sobre los primeros, nos dicen poco acerca de la intensidad y del carácter determinante (o no) de estas presiones para la evolución ideológica y programática de los partidos y de los políticos. El discurso de los políti-cos, y particularmente la manera en que estos justifican los cambios en los programas y las ideologías de sus partidos (o en sus propias posicio-nes) puede ayudar a evaluar el alcance de estas presiones.

Dedicaré, por consiguiente, una primera sección de este trabajo a la búsqueda de indicios de la presión ejercida por los actores económicos externos (particularmente los “mercados”) sobre los políticos, centrán-dome en la campaña de Andrés Manuel López Obrador de 2006, y una segunda sección al análisis de las “creencias” de los políticos, tomando

7 No es posible comparar las políticas públicas de los gobiernos emanados de los tres principales partidos políticos mexicanos (al menos a nivel del gobierno federal), pero sí, en cambio, comparar las iniciativas de ley que estos partidos han presentado ante el Congreso. Un estudio que analiza la posición de los partidos en torno a dos de las llamadas “reformas estructurales” (la reforma laboral y la reforma fiscal) entre 2001 y 2012 permite, así, apreciar coincidencias en torno a “puntos fundamentales” (como la necesidad de adecuar las normas laborales a los imperativos de productividad de la economía del país, o la de fijar las tasas del Impuesto sobre la Renta a “niveles internacionalmente competitivos”), a la vez que arroja luz sobre los efectos que han tenido los “cambios en la economía internacional” ocurridos durante las últimas tres décadas “sobre las propuestas ideológico-programáticas de los partidos políticos mexicanos” (Johansson, 2013:60).

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como base un corpus de discursos de actores políticos pertenecientes a los tres principales partidos mexicanos.8

Las presiones de los actores económicos externos

En México, la presión de los actores económicos externos se ha ejercido indirectamente, a través de la fuga de capitales, pero también por medios más coercitivos, como el de los “préstamos condicionados”, por medio de los cuales los organismos financieros han supeditado el apoyo econó-mico a la adopción de un cierto número de medidas (reducción del dé-ficit, recorte al gasto público, apertura a la competencia externa) (Babb, 2001:10). Al condicionar su apoyo financiero –explica el economista Héctor Guillén Romo–, el Fondo Monetario Internacional (fmi) tiene un “poder de control sobre la política económica, financiera y monetaria” de los países endeudados. Los montos de los préstamos que otorga son, de hecho, bastante débiles, pero la aplicación de los planes de austeridad convenidos con el organismo vuelve al país digno de crédito, por lo que los acuerdos de préstamo del fmi constituyen para los banqueros un “certificado de buena conducta” (Guillén Romo, 1984:35, 41).

A mediados de la década de 1970, la influencia del fmi, que había sido hasta entonces marginal, empieza a hacerse sentir con fuerza. En 1976, para tener acceso a los fondos del organismo, el gobierno mexi-cano se ve obligado a firmar un “acuerdo de estabilización” en el que se compromete a llevar a cabo un programa de austeridad (reducción del déficit del sector público, aumento de los precios de los bienes y servicios del sector público, contención de los aumentos salariales) y a realizar reformas estructurales (apertura de la economía hacia el exterior). El des-cubrimiento de importantes yacimientos petroleros permite, de hecho,

8 El corpus se compone principalmente de textos (artículos y libros) escritos por políticos mexicanos desde 1982, pero también de discursos, ponencias y entrevistas. Aunque la revisión abarcó de 1982 hasta 2014, la mayoría de los textos retenidos fueron producidos entre 1988 y 2006. En lo que hace a la metodología, me limito a buscar en los textos del corpus las justificaciones que los actores dan a sus acciones o a sus eventuales cambios de postura (lo que llamo, siguiendo a Susan Stokes, “creencias” de los políticos). No recurro, por consiguiente, ni al análisis del discurso ni al análisis de contenido, herramientas sin duda valiosas para establecer un control de validez de los discursos, pero que no tienen mucho que aportar cuando se trata de constatar (y no de juzgar) las justificaciones de los actores.

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al gobierno llevar a cabo una política económica diferente a la que fue concebida por el acuerdo (Guillén Romo, 1984:54-55).

Tras la crisis de 1982, el gobierno firma una nueva “carta de inten-ción” con el fmi. A cambio de ayuda financiera y del aval del organismo para solicitar un nuevo plazo para el reembolso de la deuda externa a los principales acreedores, el gobierno mexicano se compromete a aplicar un severo programa de austeridad “de corte típicamente monetarista”. En 1986, una nueva carta de intención plantea un nuevo programa económico “orientado al crecimiento y a reformas estructurales”, po-niendo “particular énfasis en la privatización de la economía, la apertura comercial, la libertad cambiaria y la promoción de la inversión extran-jera” (Guillén Romo, 1990:88). El Plan Brady (1989), que permite a los países endeudados reducir el monto total de sus deudas, favorece “decisivamente” la alineación de México (y de la mayoría de los países de América Latina) al llamado “consenso de Washington”. El gobierno mexicano recurre nuevamente, en febrero de 1995 y en julio de 1999, a dos préstamos condicionados.

Como se puede apreciar, la presión de los actores externos durante las décadas de 1980 y 1990 es fuerte y directa. Sin embargo, no es posible establecer si esta presión hubiera tenido los mismos efectos (es decir, la adopción de las medidas de ajuste y de cambio estructural) si el gobierno hubiera estado encabezado por políticos menos proclives a la ideología neoliberal. Por otro lado, la presión directa de los organismos financie-ros multilaterales se ejerce únicamente sobre los partidos y los políticos que se encuentran en el poder (el fmi no firma cartas de intención con los candidatos) o, como en el caso de Fujimori, que están a punto de acceder a él.

La presión ejercida por “los mercados” sí puede ser, en cambio, obser-vada en la interacción entre estos y los candidatos durante las campañas electorales.9 Layna Mosley (2003) establece un modelo de interacción entre mercados y gobiernos nacionales con el que busca determinar el tipo de presión que genera la internacionalización de los mercados finan-

9 Layna Mosley ofrece algunos ejemplos de esa interacción en el caso de países europeos. En 1998, tras la elección en Alemania, el gobierno socialdemócrata destacó la necesidad de disciplina presupuestal. Ese mismo año, durante la campaña electoral, los líderes del partido socialdemócrata sueco aseguraron que no incrementarían la inflación ni el déficit fiscal, y prometieron que no harían “ningún cambio importante en la política económica” (Mosley, 2003:64-65).

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cieros. Para esta autora, la presión que ejercen los mercados financieros sobre las políticas públicas proviene de la manera en que estos evalúan el riesgo de invertir en los diferentes países, evaluación que se refleja en las primas sobre las tasas de interés de cada nación (a mayor riesgo, primas más altas).

Para realizar esta evaluación, los inversionistas usan las políticas pú-blicas como “señales”. Para ahorrar costos de información, buscan menos información de los países que perciben como creíbles (las democracias desarrolladas), mientras que invierten más en los países de los que no saben si son o no creíbles. Esto hace, de acuerdo con Mosley, que los inversionistas se enfoquen, en el caso de las democracias desarrolladas, en un número limitado de indicadores (inflación, déficit público), mientras que deben utilizar, en el caso de las economías emergentes, además de los indicadores macroeconómicos, una amplia gama de indicadores de nivel micro: estructura del gasto público, estructura de los sistemas fiscales. El resultado es que las presiones son más fuertes, y abarcan un mayor número de áreas, para los países en vías de desarrollo que para los países industrializados (Mosley, 2003:30-40).

Los inversionistas suelen destacar su interés único en que los países respeten los grandes equilibrios macroeconómicos. Mosley sugiere, sin embargo, que en el caso de los mercados emergentes la influencia de los mercados financieros podría ser tan grande que presionaría a estos para que emprendieran una serie de “reformas neoliberales”. La autora, en efec-to, observa una preferencia de los inversionistas por las políticas neolibera-les. Un manual destinado a los inversionistas de los mercados emergentes describe, por ejemplo, como “buenos” mercados aquellos que tienen no solamente un equilibrio fiscal, una deuda decreciente y baja inflación, sino también un mercado libre y abierto, un programa de privatización en curso y un alto nivel de libertad económica (Mosley, 2003:124).

Durante las campañas electorales, las señales consisten en promesas de políticas públicas y, tras estas, en la conformación del gabinete,10 en la que cobra particular relevancia la designación del secretario de Hacienda, el cual debe contar con la “confianza” de los mercados. Así, para Víctor Manuel Herrera, director general de la calificadora Standard and Poor’s, un buen secretario de Hacienda es aquel que mantiene la estabilidad ma-

10 Así lo ha afirmado Joydeep Mukherji, director del grupo de calificaciones soberanas de Standard and Poor’s (González Amador, 2005a).

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croeconómica y que tiene el “reconocimiento” de los mercados nacional e internacional (Castellanos, 2006a).

No cabe duda que las designaciones de Francisco Gil Díaz (por Vi-cente Fox) y de Agustín Carstens (por Felipe Calderón) representan señales enviadas a los “mercados”. Tanto Fox como Calderón tuvieron que recurrir a economistas vinculados al pri, no solo porque su partido carecía de personalidades que gozaran de la confianza de los mercados, sino para dejar clara la intención de los nuevos gobiernos de garantizar la continuidad de la política económica.

Durante la campaña para las elecciones presidenciales de 2006 fueron particularmente notables tanto el empeño de Andrés Manuel López Obrador, candidato de la Alianza por el Bien de Todos, por ofrecer garantías a los mercados, como la respuesta de los mercados a estas se-ñales.11 Un año antes de la elección, en una entrevista con el Financial Times, López Obrador se presentó como un político pragmático en el terreno económico, ofreció a la comunidad de inversionistas mantener una política fiscal cautelosa y la independencia del banco central, y dijo que no buscaría renegociar el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá. Para ese diario, los comentarios de López Obrador sugerían que si ganaba la elección, sus políticas podrían ser más cercanas a aquellas que impulsa el presidente de Brasil, Luiz Inacio Lula da Silva, que a las instrumentadas por el “radical” presidente venezolano Hugo Chávez (Hernández Navarro, 2005).

Meses antes, en septiembre de 2004, Andrés Oppenheimer había es-crito en el Miami Herald, tras encontrarse con el entonces jefe de Go-bierno del Distrito Federal, que el gobernante se había presentado en la entrevista “como un modelo de moderación y responsabilidad econó-mica”. Concluía convencido de que la “neutralidad positiva de Estados Unidos… ayudó a convencer a Lula de moverse hacia el centro en Brasil y podría tener el mismo efecto en México si López Obrador llegara a vencer sus líos legales para ganar la Presidencia” (Hernández Navarro, 2005).12

11 Durante la campaña presidencial de 2012, López Obrador llamó menos la atención de los mercados, probablemente por estar ubicado lejos del candidato puntero en las encuestas, Enrique Peña Nieto.

12 En un artículo para Bloomberg News, Nacha Cattan destaca que, en su segunda campaña presidencial, López Obrador buscó emular al ex presidente de Brasil Luiz Inacio Lula da Silva, cercano a los inversionistas, y que la estrategia tuvo “algo de éxito”, particularmente entre los empresarios del norte industrial. La periodista subraya el

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Rogelio Ramírez de la O, principal asesor en materia económica de López Obrador, se reunió en varias ocasiones con representantes de JP-Morgan, Crédit Suisse First Boston y Goldman Sachs Group Inc., para asegurarles que López Obrador mantendría el control del gasto público para garantizar que el déficit presupuestal permaneciera dentro de los objetivos fijados por la administración de Fox (Black, 2005).

La propia elección de Rogelio Ramírez de la O como principal asesor en materia económica constituye, sin duda, una importante señal en-viada a los mercados: egresado de la universidad de Cambridge, cuenta con importantes vínculos en círculos empresariales y financieros y goza de gran “credibilidad” en los sectores financieros y empresariales (Black, 2005). Como lo advierte Thomas Black, López Obrador buscó, con esa decisión, “ganar credibilidad” en los círculos financieros y mandar un mensaje a los inversionistas extranjeros similar al que envió el presidente brasileño Lula da Silva con el nombramiento de Henrique Meirelles, ex banquero de la Fleet Boston Financial Corp, como presidente del Banco Central.

Los representantes de instituciones financieras y de sociedades de inversión dieron acuse de recibo a las garantías ofrecidas por López Obra-dor. En un reporte difundido a principios de diciembre de 2005, Stan-dard and Poor’s señaló que un triunfo de López Obrador no incidiría en la calificación crediticia de México. La calificadora descartó un regreso al “viejo modelo económico” y desestimó las comparaciones que se han llegado a hacer entre López Obrador y Hugo Chávez (González Amador, 2005a). También a principios de diciembre, Guillermo Prieto Treviño, entonces presidente de la Bolsa Mexicana de Valores, indicó que los in-versionistas no temían un triunfo del candidato del prd y que ninguno de los tres candidatos pondría en riesgo el avance macroeconómico regis-trado por el país (González Amador, 2005b). El 7 de diciembre, el grupo soberano Fitch elevó las calificaciones de deuda de México, argumentan-do que el país mantendría la estabilidad macroeconómica sin importar el resultado de los comicios presidenciales (González Amador, 2005b).

Las expresiones de confianza se mantuvieron durante el primer se-mestre de 2006. En marzo, Eduardo Cepeda, presidente de JP Morgan

caso del empresario regiomontano Alfonso Romo Sada, que en 2006 consideraba a López Obrador como un “ogro”, y que en 2012 acabó incorporándose a la campaña del candidato de la izquierda (Cattan, 2012).

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en México, manifestó que cualquier gobierno, si mantiene el orden ma-croeconómico y las finanzas públicas sanas, va a tener el apoyo “no solo de los banqueros en México, sino de todos los capitales internacionales, los fondos de pensiones y de las empresas” (González Amador y Caste-llanos, 2006). Ernesto O’Farrill Santoscoy, presidente de la consultora Bursamétrica, señaló que, de ganar López Obrador, habría de inmediato un ambiente favorable para los negocios y las inversiones (Castellanos, 2006b).

Unos días antes de la elección, al tiempo que dos influyentes dia-rios extranjeros manifestaban su confianza en que López Obrador no alteraría el rumbo económico del país,13 Pamela Starr, autora de un informe del Council on Foreign Relations dedicado al escenario elec-toral mexicano, afirmó que los inversionistas extranjeros y Washington no estaban preocupados por un posible triunfo de López Obrador ya que lo consideraban un político pragmático de “izquierda moderada”, no de “izquierda radical”, enfocado sobre todo en la política interna y en mantener la estabilidad macroeconómica”. Starr rechazó su caracte-rización como un político que pudiera sumarse a la corriente de Hugo Chávez y representar una opción peligrosa para México y causar alarmas en Washington (Brooks, 2006b).14

13 En su editorial del 19 de junio, el New York Times señalaba que los dos candidatos con más posibilidades de triunfar, Felipe Calderón y Andrés Manuel López Obrador, ofrecían dos caminos diferentes, pero “completamente legítimos”, para mantener la estabilidad y generar empleo. El Times de ese mismo día, también en su editorial, rechazaba el intento de convertir a López Obrador en una figura preocupante para Estados Unidos: “Ha sido injustamente comparado, por la campaña de Calderón y muchos otros, con el presidente Hugo Chávez de Venezuela […] Es un izquierdista, pero no una amenaza para Estados Unidos o México. No tiene ninguna ambición de fomentar la revolución y enfatiza la importancia de las buenas relaciones con Washington. Acepta una economía de mercado, pero intentaría hacerla más justa para los pobres de México”. El Business Week, por el contrario, describía a López Obrador como un “populista de tendencia izquierdista”, que ha prometido distanciar a México de su “devoción durante dos décadas a la economía de mercado, renegociar partes del tlc” e imponer más control a la élite empresarial (Brooks, 2006a).

14 Starr añadió que, de ser electo, López Obrador mantendría a Chávez lo más lejos posible. “En verdad, no le interesa el mundo, solo la economía [nacional], y sabe que debe tener buenas relaciones con Estados Unidos por el bien de la economía nacional”. La investigadora precisó que solo los conservadores y neoconservadores de Washington han expresado alarma ante un eventual triunfo del entonces abanderado del prd.

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Es posible, pues, establecer, a través de la observación de la inte-racción entre mercados y candidatos, indicios de una presión de los primeros sobre los segundos. Pero resulta más difícil evaluar el alcance de esta presión y, sobre todo, si es o no determinante en la evolución ideológica y programática de los políticos y de sus respectivos partidos. Para ello, parece indispensable recurrir al análisis de las “creencias”15 de los políticos.

Las creencias de los políticos

¿Cómo perciben los políticos las presiones de los mercados? De manera más general, ¿cómo justifican los cambios programáticos ocurridos en sus partidos, o el cambio de sus propias posturas? Existe un obstáculo para responder a esta última pregunta: los políticos del pri son los únicos que asumen el cambio programático de su partido y, por lo tanto, son los únicos que han elaborado una justificación explícita de este cambio. Ni los políticos del pan, ni los del prd aceptan abiertamente que sus partidos hayan experimentado tal cambio. Así, mientras que Miguel de la Madrid reconoce que la nueva estrategia “de modernización” im-pulsada por su gobierno representa un “cambio de ruta” (1988:78, 74), tanto Vicente Fox como Cuauhtémoc Cárdenas niegan, con diferentes argumentos, que sus respectivos partidos hayan experimentado un cam-bio programático.

El primero afirma que el pan “lleva setenta años luchando, y no está inventando una propuesta de desarrollo económico a estas alturas. Acertado o equivocado, el pan ha pregonado desde siempre por la pri-vatización de las empresas paraestatales, la disminución del Estado y del aparato burocrático, así como el fortalecimiento de la sociedad” (Fox, 1999:76).16

15 Retomo la expresión de Susan Stokes (2001), que sirve a la autora para referirse a las opiniones de los políticos sobre determinados temas.

16 Es lo que, de hecho, viene afirmando el pan desde la campaña de 1982. Ese año, Manuel Clouthier sostenía en tono de burla que el candidato del pri le había copiado su programa (Reveles, 2003). En la campaña por la Presidencia de 1994, Diego Fernández de Cevallos señalaba que las principales reformas económicas del presidente saliente, Carlos Salinas de Gortari, tales como el adelgazamiento del Estado

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Cárdenas, por su parte, niega que haya habido “cambios de posición respecto de alguna cuestión fundamental” (Gallegos, 2000:6-7). Para respaldar su dicho, remite, durante una entrevista concedida en enero de 2000, a “documentos públicos” en los que ha expuesto sus puntos de vis-ta sobre cuestiones económicas: el programa económico para la elección de 1994, expuesto durante una reunión de la Coparmex de 1994 y el discurso leído en Davos, Suiza, en enero de 1999. En cierto modo tiene razón. El cambio de posición no ocurrió durante la campaña de 2000, sino que inició por lo menos seis años atrás, durante la campaña de 1994.

¿Cómo ocurrió este cambio en las creencias de los políticos mexica-nos? Tanto en el pri como en el pan, parece ser esencialmente el resulta-do de la renovación de las élites al interior de estos partidos. Los nuevos políticos llegan con un discurso muy diferente, si no es que opuesto, al de los viejos. Existen abundantes caracterizaciones de la oposición, en el caso del pri, entre “tecnócratas” y “políticos”, o “renovadores” y “dinosaurios” y, en el caso del pan, entre “neopanistas” (o “bárbaros del norte”) y “doctrinarios”.

En el pri, una nueva generación de políticos, educados en univer-sidades de Estados Unidos, llega a ocupar, tras la crisis económica, los puestos más altos de decisión. La crisis de 1982 hace que se recurra a “aquellos que [hablan] el mismo lenguaje que los banqueros [extranje-ros]”. Los miembros de la nueva élite eran los candidatos idóneos del más importante actor externo para el Estado mexicano: los acreedores y las instituciones financieras internacionales (Centeno, 1997:71).

En el transcurso de la década de 1980, el pan empieza a recibir a nuevos militantes (muchos de ellos empresarios originarios del norte del país), con un discurso que critica fuertemente la intervención del Estado en la economía (Reveles, 2003:138). El ascenso electoral que el partido experimenta entre 1983 y 1986 (sobre todo en el norte del país) fortalece a la nueva fracción, que Francisco Reveles identifica como “pragmático radical” (2003:136). Soledad Loaeza ve en estos nuevos militantes del pan a los representantes de una “derecha moderna”, que acepta la des-igualdad y está convencida de que el Estado tiene una responsabilidad social muy limitada (Loaeza, 1989:232-233).

y la autonomía del Banco de México, habían sido “propuestas originarias de [su] partido” (Fernández, 1994:32).

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En el prd, el cambio parece ser el resultado de la conversión de las élites, que pasan de una crítica frontal a la política del gobierno a la acep-tación de los principales elementos de la nueva estrategia (privatización, liberalización, desregulación).

En 1987, Cuauhtémoc Cárdenas manifiesta un claro rechazo a estos elementos:

Hay quienes dicen ver el camino en la apertura casi indiscriminada en la ley, que sería indiscriminada en la práctica de acuerdo a experien-cias ya vividas, a la inversión extrajera, cuyos efectos, demostrados históricamente, son obligadamente descapitalizadores; en la mayor privatización relativa de la economía, reclamo por cierto tanto de los intereses trasnacionales, como de las agrupaciones políticas más conservadoras; en el fomento de las exportaciones, desentendiéndose de los mercados internos; en la modernización de la planta industrial, sin tomar oportunamente las medidas que eviten la desocupación que acarrea y los efectos negativos sobre las empresas medianas y pequeñas, de escasa capacidad financiera, disminuida aun más por la prolongada duración de la crisis (Cárdenas, 1990:65-66).

Cárdenas califica el proyecto del gobierno resultado, según él, de “dicta-dos del exterior”, como “frontalmente opuesto al proyecto de la Revolu-ción Mexicana” (Cárdenas, 1987:40-41) y llama a retomar este último camino, que es el de “una nación plenamente soberana e independiente, cuyo desarrollo no tenga ataduras económicas ni políticas y en el que exista una equitativa distribución de la riqueza” (Cárdenas, 1990:68, 57). En sentido opuesto a la política del gobierno, llama a fortalecer la participación del Estado en la economía, de manera que este “conduzca” su desenvolvimiento (1990:59, 67-68).

Aunque no hay un rechazo explícito a la apertura comercial ni a la inversión extranjera como tal, sino a la manera “indiscriminada” como esta ha sido realizada, el rechazo de Cuauhtémoc Cárdenas a los principales elementos de la nueva estrategia económica del gobierno (como la privatización y el fomento a las exportaciones en detrimento del mercado interno) no deja lugar a dudas. Percibe esta nueva estra-tegia como una imposición del exterior, que busca garantizar el pago de la deuda a costa del “desplome en los niveles de vida populares” y que limita la autonomía del Estado mexicano (Cárdenas, 1987:40). Es

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particularmente crítico de las “frecuentes intromisiones” del gobierno “prepotente y agresivo” de Estados Unidos, por medio de las cuales “pre-tende imponer sumisión y mayor dependencia” (Cárdenas, 1990:62).

Un texto de 1991 sobre el Tratado de Libre Comercio marca el ini-cio de un proceso de revisión de las posiciones en materia económica de Cuauhtémoc Cárdenas. Este documento, en efecto, no deja dudas acerca de la posición del ingeniero respecto de la “liberalización econó-mica”. Esta –dice– debe ser vista como una “herramienta” y no como un “objetivo” (1991:51). Cárdenas da a entender, por primera vez, que no está en contra de la “privatización y liberalización de la economía mexicana” como tales, sino de la manera en que estas han sido y están siendo llevadas a cabo, es decir, con “falta de visión, ausencia de toda credibilidad democrática, corrupción, mala administración y demago-gia” (1991:51). Para Cárdenas, dadas las disparidades entre México y sus dos socios comerciales, la apertura comercial debe ser, del lado mexicano, gradual y selectiva, y el país debe tener “más tiempo” que sus vecinos para eliminar subsidios, remover restricciones y cancelar la protección a ciertas industrias (1991:53). Pero no hay una oposición de principio a ese elemento clave del nuevo modelo económico.

Para 1999, la adhesión al principio de la liberalización comercial y financiera es notablemente más entusiasta. En un discurso pronunciado en el Foro Económico Mundial de Davos, Suiza, Cárdenas afirma que las fuerzas de la globalización “que abarcan” (que el autor opone a las “fuerzas que desintegran”) “se asocian sobre todo al funcionamiento de los mercados, bajo la forma del libre comercio y de las corrientes trans-fronterizas de capitales” (Cárdenas, 1999:9). El tlc es otra expresión de las fuerzas abarcadoras, aunque ha tenido efectos desintegradores “sobre algunas ramas y sectores” (1999:15).

Si bien el discurso lanza una serie de críticas al “consenso de Washing-ton”, estas no se dirigen, en esencia, a los elementos básicos del “consenso” (“privatización, desregulación y apertura”), sino a las condiciones de su aplicación:

Si privatización, desregulación y apertura, los tres pilares del con-senso de Washington, se aplican sin tener en cuenta las condiciones nacionales específicas, los riesgos desintegradores crecen sobre las promesas de integración. Si además se implantan como se hizo en México en la década precedente, en medio de graves síntomas de

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deterioro del régimen político y del sistema financiero y bancario a él amarrado, entonces se convierten, como así sucedió, en una aventura en el marco nacional y una estafa en el internacional. En la aplicación del consenso de Washington por el gobierno de Carlos Salinas de Gortari […] lo que privó fue la fuga hacia adelante: la ilegalidad, la corrupción y la improvisación (Cárdenas, 1999:18).

Durante la presentación de su propuesta económica en el Instituto Tec-nológico Autónomo de México, el 27 de octubre de 1999, Cárdenas atenúa, por cierto, estas duras críticas a la instrumentación de las refor-mas, al tiempo que deja claro su respaldo a la reforma de la economía emprendida a partir de 1982:

En México ha habido, sin duda, importantes reformas económicas en los últimos años: apertura comercial, privatización de empresas públicas, operación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, son algunas de ellas. Estas, al mismo tiempo que abrieron nuevos caminos, en una economía que requería reformarse, presenta-ron también limitaciones de tipo operativo e institucional, las cuales es necesario complementar con medidas que fortalezcan la actividad de las empresas y mejoren las condiciones de empleo e ingreso de los trabajadores.17

Rogelio Ramírez de la O, principal asesor económico de Andrés Manuel López Obrador, va más lejos al aceptar, en una entrevista con El Semana-rio, que la propuesta económica del candidato del prd, que Ramírez de la O caracteriza como “de libre mercado con responsabilidad social”, se parece a la de Carlos Salinas de Gortari. Para el economista, “las reformas estructurales de Salinas no estaban mal excepto porque se comprometie-ron con corrupción. El programa de carreteras hubiera salido bien si no hubieran calculado mal el aforo y lo calcularon mal porque necesitaban sacar más dinero. Es el mismo caso de los bancos, si los hubieran vendido menos caros a verdaderos banqueros”.18

Las críticas a la manera en que fueron instrumentadas las reformas no provienen solamente de políticos del prd. Así, Vicente Fox afirma, por

17 Presentación de la plataforma económica en el itam, reseñada por La Jornada del 28 de octubre de 1999. El subrayado es mío.

18 Milenio Diario, 2 de junio de 2006, p. 18.

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ejemplo, que la apertura económica que emprendió Carlos Salinas de Gortari “no fue planeada” y no tomó medidas para proteger a la pequeña y mediana industrias, las cuales “sufrieron graves pérdidas, al grado que están a punto de desaparecer, ante la imposibilidad de competir con capitales extranjeros”. Por otro lado, “hizo a un lado la reforma política, lo que a la larga afectó su proyecto económico”, provocando que este se desmoronara (Fox, 1999:75).

En el transcurso de la década de 1990, los políticos de los tres prin-cipales partidos llegan a compartir, en resumen, la creencia si no en las bondades, por lo menos en la necesidad, de la reforma económica emprendida desde 1982.

Para justificar los cambios en sus creencias (como resultado de la reno-vación de las élites o de su conversión), los políticos invocan los ocurridos en el entorno, incluso aquellos que niegan que haya habido “cambios en su posición”. Cuauhtémoc Cárdenas, por ejemplo, afirma que tuvo que adecuar sus “propuestas políticas” a los “cambios en el país”:19

En estos doce años, lo que hemos visto es cambiar al país, y cuando cambia el país necesariamente se tiene que poner énfasis en lo que hace a las propuestas políticas o a las tomas de posición sobre las cuestiones políticas que están resaltando, sobre aquello que resulta más importante o se vuelve prioritario, lo cual no significa que las posiciones se modificaron[…]. Insisto: hay cambios en el país y al cambiar las condiciones de un problema social y económico uno tiene que hacer referencia a ello. En 1988, por ejemplo, en el terreno económico, el problema principal era el tamaño en cifras absolutas de la deuda externa y lo que representaba del producto interno bruto del país. Hoy, la deuda sigue siendo un problema, pero tiene otras dimensiones en el con-junto de la economía (Gallegos, 2000).

Los políticos hacen referencia a cambios ocurridos en la sociedad. Salinas invoca, por ejemplo, la “acelerada dinámica demográfica” y el “vastísimo proceso de urbanización” (Salinas, 1990:27). Para Vicente Fox, es la

19 Esta justificación hace inevitablemente pensar en Michels, quien observa que el líder no suele ver en su propia transformación más que el reflejo de la transformación del mundo que lo rodea.

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sociedad la que obliga a los partidos a correrse al centro: “quien quiere gobernar tiene que colocarse en el centro”, porque “los extremos ya no son aceptados por la sociedad” (Fox, 1999:146).

Pero hacen, sobre todo, referencia a los cambios en el entorno eco-nómico internacional y a los límites que estos les imponen. Para Salinas, una “gran transformación mundial” está en marcha: la “globalización de la economía, una revolución de la ciencia y la tecnología de alcan-ces inimaginables, la formación de nuevos centros de financiamiento mundial y de nuevos bloques económicos, imponen una competencia más intensa por los mercados” y ninguna nación puede aislarse de esta transformación sin “graves consecuencias” (Salinas, 1990:29). Para Fran-cisco Labastida, candidato presidencial del pri en la elección de 2000, la globalización es “una realidad ineludible de nuestros días” que surge de “fuerzas irreversibles”, por lo que “el dilema no es si participamos o no en la nueva dinámica del mundo”, sino cómo aprovechar sus beneficios y evitar sus riesgos (Labastida, 2000:177-178).

Para Fox, no podemos, hoy, “renunciar al enorme potencial que re-presenta la cercanía con el mercado más grande del mundo, ni encerrar-nos en un nacionalismo a ultranza, sino salir a competir en el exterior y hacerlo con la seguridad de que podemos triunfar en estas aventuras inevitables que impone la modernidad” (Fox, 2000:97). Para Felipe Cal-derón, la “economía global” impone a México una competencia contra países en donde la energía es más barata, los impuestos más bajos y el sistema fiscal más simple, por lo que el reto es simple: aligerar los costos de las empresas para hacerlas competitivas (Calderón, 2006:67).

Cuauhtémoc Cárdenas, por su parte, observa desde 1994 que “las economías que avanzan, en cualquier país de cualquier continente, se mueven hacia la globalización”. El reto, frente a “estas realidades, que son realidades de fuerza”, es “buscar la inserción de nuestro país en la economía mundial en condiciones de equidad, no de subordinación, y a partir de decisiones y negociaciones soberanas, no de la imposición de dependencias y de actitudes entreguistas” (Cárdenas, 1994:158). Cinco años más tarde, Cárdenas concibe la globalización, al igual que el can-didato del pri, como una “fuerza irreversible” (1999:7).

Los políticos del pri, del pan y del prd parecen coincidir en la per-cepción de la globalización como una fuerza irreversible que constriñe a los países, y que no deja otra alternativa que la inserción en el proceso.

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Esta percepción no es, desde luego, privativa de los políticos mexi-canos. Como observa Chantal Mouffe (1999:61), la globalización es la justificación que los políticos suelen dar al dogma según el cual “no exis-ten soluciones alternativas”. Así, para Anthony Blair, el “nuevo mercado económico mundial”, los cambios tecnológicos y las transformaciones en el mercado del trabajo obligan a hacer a un lado las “viejas políticas” (Crowley, 1999:26), para enfrentar los desafíos de un “mundo llevado cada vez más lejos por el movimiento irresistible de la historia y la in-ventiva humana”:

Un mundo tan rápido, tan competitivo que 90 % de los nuevos productos desparecen del mercado dos años después de haber sido lanzados. Mercados en los que las transacciones efectuadas en un día –1 300 billones de dólares– rebasan las reservas acumuladas de todos los países. Un mundo en el que, hoy, 40 de las 100 primeras poten-cias económicas son empresas, y no países. Un mundo en el que el espectro de la crisis –la recesión golpea a 25 % del planeta– no hace sino precipitar el cambio y acelerar el curso de los acontecimientos (Crowley, 1999:38).20

Esta percepción es, sin duda, reforzada por el carácter generalizado de la convergencia en torno a las políticas neoliberales. Como afirma Sarah Babb (2001:2), las “transiciones neoliberales” han ocurrido en casi todas partes, independientemente del nivel de desarrollo, del tipo de régimen o del contexto cultural. A propósito del caso chileno, James Petras observa que la constatación de que el modelo neoliberal estaba siendo aplicado en todos los países aceleró la “conversión ideológica” de los economistas socialistas y demócrata cristianos. Al percatarse de que la “moderniza-ción” experimentada por Chile entre 1983 y 1989 correspondía de cerca a las “tendencias modernizadoras a nivel internacional”,21 estos empeza-

20 Para Giddens, el éxito de los laboristas británicos (que “lograron mantenerse en el poder durante más tiempo” que los demócratas en Estados Unidos, los socialistas franceses y el spd alemán) radica en que fueron capaces de adaptarse a los cambios en el entorno, a la vez que mantenían “intactos” (de acuerdo con el autor) los valores de izquierda (Giddens, 2010).

21 El “ideólogo socialista” chileno Eugenio Tirono observaba, así, que la reducción del papel del Estado, los esfuerzos por generar flexibilidad, la internacionalización de las estructuras productivas, la privatización de las empresas y servicios públicos, el abandono

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ron a ver bajo una luz diferente el modelo aplicado por Pinochet y los Chicago Boys (Petras, 1994:63).

La afirmación de Cárdenas de que “las economías que avanzan se mueven hacia la globalización” parece confirmar, en el caso mexicano, la importancia acordada a las experiencias de otros países. Las políticas neoliberales parecen estar, así, cada vez menos ligadas a intereses o par-tidos específicos y haberse vuelto una suerte de “sentido común”, de saber convencional retomado por políticos de derecha y de izquierda (Babb, 2001:5).22

En Un México para todos, propuesta programática de Cárdenas elabo-rada con miras a la elección de 2006,23 este se aleja de esta percepción que tiende a ver la globalización como una fuerza de la naturaleza. Deja de verla solamente como el resultado del avance tecnológico y de “fuerzas” impersonales, para tomar en cuenta a los actores que mueven los hilos. En la globalización, dice:

Un puñado de países con el más alto grado de desarrollo capitalis-ta definen e imponen al resto del mundo las políticas económicas, sociales y culturales y de relación internacional según sus intereses. A nombre del libre mercado y el flujo sin restricciones de mercancías y capitales […] se arrogan el derecho a intervenir política o militar-mente en cualquier país del mundo […] y a fijar la orientación de su política económica (Cárdenas, 2005:13).

de los objetivos de pleno empleo, habían sido la constante “en todos los procesos de modernización en todo el mundo contemporáneo, tanto en países desarrollados como subdesarrollados, tanto capitalistas como socialistas” (Petras, 1994:63).

22 A ello han contribuido, por un lado, los “think-tanks” neoliberales, que por varias décadas realizaron la crítica radical del consenso keynesiano, del Estado de bienestar y de la economía mixta (Dixon, 1998:35) y, por otro lado, los centros de investigación y de enseñanza de la economía. Harvard, Yale, mit, la Universidad de Chicago, se han convertido en los principales centros de difusión del pensamiento neoliberal, en los que se forman no solamente los “tecnócratas” que han ocupado en años recientes puestos de control de la economía en varios países de América Latina, sino también economistas que encuentran fácilmente, en sus países de origen, plazas de académicos en centros de investigación cada vez más “americanizados” (Babb, 2001:19). En México, El Colegio de México y, sobre todo, el itam se han convertido en bastiones del pensamiento neoliberal.

23 Se trata, de hecho, de una obra colectiva, coordinada por Cuauhtémoc Cárdenas.

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Esta presión se ejerce por medio de una serie de “instrumentos” de las “grandes potencias”: Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, Organización Mundial del Comercio, “empresas trasnacionales cada vez más concentradas” que ejercen un “creciente control” sobre la economía mundial (Cárdenas, 2005:14).

La sugestiva descripción que Andrés Manuel López Obrador hace, en los meses previos a la campaña de 2006, de las presiones de la globa-lización combina fuerzas impersonales y actores concretos:

Es obvio que la lógica de la economía global hoy tiende a desplazar a la lógica de la economía y de las políticas nacionales. Las nuevas tecnologías y los nuevos modos de producción globalizan tendencias al desempleo y acentúan las desigualdades. Todo se inclina a favo-recer a los grandes actores económicos trasnacionales y a debilitar a los medianos y pequeños actores internos. El libre flujo de capitales, productos, ganancias, información y servicios erosiona las sobera-nías nacionales. Las instancias supranacionales, las corporaciones y el mercado financiero global ejercen fuertes presiones sobre los go-biernos (López Obrador, 2004:29-30).

Años más tarde, rumbo a la elección de 2012, López Obrador afirma que un “grupo internacional de potentados, que se sienten dueños del planeta”, fue el que ordenó “a sus técnicos y políticos diseñar y aplicar un nuevo modelo que les permitiera dominar a los Estados nacionales y apoderarse de los recursos naturales y de los bienes de la inmensa mayoría de los seres humanos”. Este grupo y sus ideólogos “divulga-ron y convirtieron en dogma criterios tan absurdos como la supremacía del mercado”, proclamando que “la privatización era la panacea” y que “el nacionalismo económico era anacrónico y la soberanía nacional un concepto caduco frente a la globalidad” (López Obrador, 2010:15).

El discurso sobre el carácter inevitable de la inserción en la globaliza-ción y las presiones que conlleva se acompaña, en algunos casos, de otra justificación, expresada en forma velada: el temor a provocar inestabili-dad o de comprometer el futuro. Para Salinas, este argumento adquiere una lógica darwiniana. En la gran transformación en curso, “nadie tiene asegurado el futuro”, y las naciones que no muestren la suficiente capa-cidad de adaptación (el cambio mundial –dice– “pone en tela de juicio a toda rigidez y a los dogmas que no permitan ajustes en la escala y a la

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velocidad requeridos”) corren el riesgo de comprometer la viabilidad de su proyecto nacional (1992:29).

Cárdenas, por su parte, justifica así, en 1994, su rechazo a los “cam-bios traumáticos”:

No se trata de plantearnos cambios traumáticos. Graves son ya los deterioros de los niveles de vida, el creciente desempleo y la destruc-ción de nuestras capacidades de producción ocasionadas por este gobierno como para someter a más sobresaltos y a más restricciones a la población. Es necesario, sí, decidirse a resolver los problemas del país, [pero] con los pies en el suelo, reconociendo las realidades existentes, nuestras potencialidades y posibilidades (Cárdenas, 1994:184).

De la misma manera, en su discurso de Davos (1999), Cárdenas ofrece “un cambio de rumbo y de política que dé garantías a todos”, no una “nue-va aventura” (Cárdenas, 1999:21). En un ensayo sobre los “caminos de la izquierda” en los tiempos actuales, Cárdenas reitera, en términos muy parecidos, que la izquierda no puede “caer en planteamientos o adoptar posiciones fuera de la realidad”. Esta –afirma– debe impulsar sus proyec-tos políticos “con los pies en la tierra y sin desconocer realidades” (Cárde-nas, 2003:47).24 Para no generar inestabilidad económica (“sobresaltos”), que a su vez sometería a la población a “más restricciones”, la izquierda debe, pues, proponer soluciones realistas a los problemas del país.

El reconocimiento de las presiones del entorno económico, ya sea que estas provengan de la intensificación de los intercambios económicos y comerciales, o de actores externos concretos (las instituciones financieras multilaterales, las empresas trasnacionales, los mercados financieros), no lleva, sin embargo, a los políticos a admitir que no hay alternativa y que tienen las manos atadas, como sí lo hacen otros actores. Rogelio Ramírez de la O, asesor en temas económicos de López Obrador, por ejemplo,

24 Estas afirmaciones recuerdan la crítica que Ulrich Beck dirige a lo que llama la “izquierda proteccionista”, una izquierda que niega la realidad, y a la que el autor opone, por un lado, una izquierda “neoliberal”, que se toma en serio el desafío de la globalización pero sin lograr proponer una alternativa creíble al neoliberalismo y, por otro lado, una izquierda “cosmopolita”, que parte de una idea distinta de la política, no nacional, pero sin hacerse dependiente (como la izquierda neoliberal) de “presuntas leyes del mercado” (Beck, 2006).

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admite que no hay, en la globalización, una alternativa al modelo de “mercado con responsabilidad social” propuesto por Carlos Salinas: “Es que no hay otro que pueda darte crecimiento sostenido en la globaliza-ción. No hay otro” (Milenio, 2006).

De los discursos parecen desprenderse tres ámbitos para la acción de los políticos: propiciar que se aprovechen las oportunidades que ofrece la globalización y que se eviten sus efectos más negativos; buscar incidir en las reglas del orden económico internacional; aprovechar los márgenes de maniobra que permiten los mercados globales.

Francisco Labastida identifica, al lado de las “oportunidades” que ofrece la globalización, una serie de “riesgos” asociados a este proceso, “entre los que destacan la globalización del hambre, la pobreza, la vola-tilidad financiera” que constituyen la “cara oscura de la globalización”. El “reto” (para los políticos) es “aprovechar al máximo sus beneficios”, pero conciliando “la eficacia económica con las demandas sociales” (La-bastida, 2000:177-178).

Cuauhtémoc Cárdenas, por su parte, identifica en la globalización “dos fuerzas o tendencias antagónicas: una de ellas tiende a abarcar e integrar, la otra a desplazar y desintegrar”. Esta última se manifiesta en los “sectores y actividades menos dinámicos” que, al quedar fuera de la competencia, generan “zonas muy vastas de desintegración, geográficas y poblacionales”:

Segmentos enteros de la población tienden a quedar desempleados e incluso a marginarse del mercado de trabajo sin posibilidades de reintegración. Porciones enteras de los distintos territorios nacionales son desplazadas o relegadas y hasta países enteros dejan de participar en las corrientes dinámicas y dominantes de la economía mundial (Cárdenas, 1999:9).

Corresponde a los políticos proponer políticas que “se hagan cargo” de estos efectos. Cárdenas plantea, así, articular una estrategia de desarro-llo nacional “que se haga cargo” de la “exacerbación de las desigualda-des geográficas y sectoriales que el proceso de liberalización económica ha generado hacia adentro del país” (Cárdenas, 2005:18).

Los políticos pueden también buscar influir en las reglas del orden económico internacional. Para “contrarrestar los efectos negativos del intercambio desigual en las relaciones económicas”, Miguel de la Madrid

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se pronuncia por “promover la acción concertada de la comunidad in-ternacional” (De la Madrid, 1988:171). Para Cárdenas, una “condición necesaria” para la construcción de un “proyecto de nación diferente al que las fuerzas de la derecha y el neoliberalismo impulsan en la actua-lidad” es “reivindicar una integración mundial equitativa, distributiva, incluyente y democrática” y promover una “reestructuración global que forje condiciones de igualdad en el funcionamiento de los organismos económicos multilaterales […] y regule con equidad los flujos mundiales de capital, mercancías e información” (Cárdenas, 2005:15-16).25

¿No es este un reconocimiento implícito de que no es posible, en el orden económico internacional actual, promover un “proyecto de na-ción” diferente al neoliberal?, ¿de que los políticos que quisieran cambiar el orden establecido no pueden hacer gran cosa a nivel nacional si no cambian primero las reglas del juego económico mundial?

Los políticos pueden, por último, aprovechar los márgenes de manio-bra que permiten los mercados globales. Así, López Obrador afirma que, no obstante las fuertes presiones que las instancias supranacionales, las corporaciones el mercado financiero global ejercen sobre los gobiernos, “hay márgenes para emprender un modelo de desarrollo propio” (López Obrador, 2004: 29-30).

Los márgenes consisten a menudo en aumentar los recursos para el desarrollo sin incrementar el déficit presupuestario. Vicente Fox, por ejemplo, menciona, entre los ocho principales “compromisos” que con-templa su “nuevo proyecto de nación”, el incremento de los “recursos para el desarrollo”, lo que implica llevar a cabo la “reforma fiscal integral” (Fox, 1999:165). Para Cárdenas, se debe incrementar el presupuesto necesario para que el Estado cumpla con su responsabilidad social. “Los recursos que el Estado necesita […] pueden obtenerse a través de una reforma fiscal equitativa” (Cárdenas, 2005:21-22).

La descripción que Rogelio Ramírez de la O hace del origen del programa económico de López Obrador pone en evidencia los límites presupuestales a los que se enfrentan los políticos:

25 Una vez más, las palabras del ingeniero recuerdan a Beck, para quien la izquierda “cosmopolita” debe pugnar por limitar los “riesgos desenfrenados” del flujo de capital mundial, mejorar la coordinación internacional de las políticas nacionales y alentar una colaboración más estrecha entre las organizaciones trasnacionales, cuya democratización constituye también un tema pendiente (Beck, 2006).

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[…] Definimos [los temas fundamentales del programa económico] cuando comenzamos a ver cuáles eran los posibles márgenes de ma-niobra para el manejo presupuestal. Entonces allí, viendo el presupuesto como porcentaje del pro-ducto interno bruto, gasto-ingreso y la composición del gasto, él [López Obrador] comenzó a generar ideas de cuánto podría tener adicionalmente de gasto social y cuánto se podría reducir de gasto corriente. Esa fue la piedra angular del programa económico en lo macro (Milenio, 2006).

De acuerdo con Ramírez de la O, se consideró que al aumentar la recau-dación tributaria en un punto del pib se podrían quitar dos puntos al gas-to corriente para destinarlos a gasto de inversión (un punto a inversión en energía y otro a infraestructura). “Entonces son tres puntos con los que empezamos a imaginarnos la estructura presupuestal, y de allí salió el programa de recortes de 100 mil millones de pesos” (Milenio, 2006). Un punto del pib a gasto social y dos a gasto de inversión: tales parecen ser, del lado de las limitaciones presupuestales, los “márgenes para em-prender un modelo de desarrollo propio” (López Obrador, 2004:30).

Conclusiones

Las presiones de la globalización y de los actores económicos externos sobre el conjunto de los partidos políticos no son, en el caso mexicano, fáciles de comprobar. Sin duda es posible establecer la influencia cre-ciente que actores como el Fondo Monetario Internacional empiezan a tener sobre las políticas públicas a partir de mediados de la década de 1970, y sobre todo de 1982. Pero, como ya he argumentado, no es posible determinar si esa presión habría tenido los mismos efectos si el gobierno hubiera estado encabezado por políticos menos proclives a la ideología neoliberal. En efecto, la presión directa de los organismos financieros multilaterales se ejerce fundamentalmente sobre los partidos y los políticos que se encuentran en el poder.

En cuanto a la presión indirecta que ejercen los mercados financie-ros, esta resulta, por razones similares, igualmente difícil de constatar. Hemos visto, sin embargo, que puede ser observada en su interacción con los candidatos durante las campañas electorales. Estos últimos man-

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dan “señales” (promesas de políticas públicas) y ofrecen garantías a los mercados, que a su vez reaccionan con expresiones de confianza o de desconfianza. Pero si los mensajes cruzados constituyen, sin duda, indi-cios de una presión de los primeros sobre los segundos, resulta difícil, por no decir imposible, evaluar el alcance de esta presión y, sobre todo, si es o no determinante en la evolución ideológica y programática de los partidos y de los políticos.

La manera en que los políticos justifican los cambios en los programas e ideologías de sus partidos (o en sus propias posiciones) sugiere que esta presión es fuerte. Los políticos de los tres principales partidos políticos mexicanos (pri, pan y prd) ven, en efecto, estos cambios como una ne-cesaria adaptación a los ocurridos en el entorno internacional durante las últimas décadas. Todos coinciden en la percepción de la globalización como una fuerza irreversible que constriñe a los países y a la cual hay que sumarse.

En estas percepciones hay, sin embargo, algunos matices. Mientras que los políticos del pri y del pan tienden a ver el proceso de globaliza-ción como resultado de fuerzas esencialmente impersonales y de cambios tecnológicos, los políticos perredistas, sin negar estas fuerzas, también toman en cuenta a los actores externos involucrados: países más avanza-dos, instituciones financieras multilaterales, empresas multinacionales, mercados financieros globales.

A la justificación por las presiones del entorno se añade, en el caso de algunos políticos, otra que pone por delante el temor a generar ines-tabilidad o a comprometer el futuro. Para Cuauhtémoc Cárdenas, por ejemplo, la izquierda debe abstenerse, para no generar “sobresaltos” que puedan someter a la población a mayores sacrificios, de proponer cam-bios “traumáticos”, y proponer soluciones realistas a los problemas del país.

El reconocimiento de las presiones del entorno económico, ya sea que provengan de la intensificación de los intercambios económicos y comerciales, o de actores externos concretos (las instituciones financieras multilaterales, las empresas trasnacionales, los mercados financieros), no lleva, sin embargo, a los políticos a admitir que no hay alternativa y que tienen las manos atadas. Tres ámbitos para la acción de los políticos se desprenden de los discursos: propiciar que se aprovechen las oportunida-des que ofrece la globalización y que se eviten sus efectos más negativos;

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buscar incidir en las reglas del orden económico internacional; apro-vechar los márgenes de maniobra que permiten los mercados globales.

La creencia, compartida por los políticos de los tres principales parti-dos, de que la globalización y los cambios asociados a esta en el terreno de las políticas públicas (que pueden resumirse en privatización, libera-lización, desregulación) son inevitables, permite entender que estos (y sus respectivas organizaciones partidarias) se muevan hacia programas y planteamientos ideológicos cada vez más parecidos, alineados sobre los principios del neoliberalismo.

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Artículo recibido el 29 de abril de 2015y aceptado el 23 de octubre de 2015

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, núm

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Comunicación política y propaganda electoral en México.

Las reformas de 2007 y 2014

María Eugenia Valdés Vega*

ResumenEl artículo analiza los cambios al marco legal en materia político electoral relacionados con los medios de comunicación masiva. A partir de una reflexión acerca del papel de estos medios en el compor-tamiento electoral y como vínculo entre políticos y ciudadanos –que explica la fuerte polémica que suscitan las reformas en la materia– se describen, analizan y comparan las reformas constitucionales de los años 2007 y 2014 para regular el financiamiento público de los par-tidos, las precampañas para postular candidatos en los procesos inter-nos de los partidos políticos, las campañas electorales y la propaganda política en radio y televisión. Aunque se reconocen algunos avances democráticos, las principales conclusiones señalan la continuación del negativo fenómeno de la “espotización” (mensajes mínimos) en las campañas electorales y la ausencia de las leyes secundarias que impidan el uso de los recursos públicos para la promoción de la imagen de los políticos en el ejercicio de sus funciones.Palabras clave: Comunicación política, medios de comunicación, reformas constitucionales, leyes secundarias.

AbstractThis article analyzes the changes to the political-electoral legal framework related to mass media communication. Starting with a

* Doctora en Sociología por la unam y maestra en Ciencias Sociales por la flacso. Profesora titular de tiempo completo en el Departamento de Sociología de la Universidad Autónoma Metropolitana-Iztapalapa, en la licenciatura en Ciencia Política y el Posgrado en Estudios Sociales, línea de Procesos Políticos. Su especialidad en investigación es el análisis de los procesos políticos y electorales, así como el estudio de la relación de los medios de comunicación y la política en México. Contacto: <[email protected]>

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María Eugenia Valdés Vega

reflection on the role of these media in electoral behavior and as a touchstone between politicians and citizens--which explains the heated polemics sparked by reforms on this subject--, it describes, analyzes, and compares the 2007 and 2014 constitutional reforms to regulate public funding to parties, pre-campaigns for postulating candidates in the political parties’ inner affairs, electoral campaigns, and political advertising on radio and television. Although some democratic advance is acknowledged, the main conclusions point out the negative phenomenon of “spotization” (minimal messages) in electoral campaigns and the absence of secondary laws that could impede the use of public resources to promote the image of politi-cians in service. Keywords: political communication, mass media, constitutional reforms, secondary laws.

Presentación

A partir de 1997, las elecciones se convirtieron en un gran nego-cio para los medios de comunicación electrónica en México. Los

resultados obtenidos por la oposición anunciaban el fin del régimen autoritario encabezado por el Partido Revolucionario Institucional (pri) y parecía que el largo proceso de transición democrática iniciado vein-te años antes concluiría exitosamente. Ese año, en el que se renovó la Cámara de Diputados y se eligió por primera vez al jefe de gobierno de la Ciudad de México, el pri perdió el control político de la capital del país y la mayoría absoluta que había obtenido siempre en las elecciones legislativas federales. En la contienda presidencial del año 2000, cuando fue derrotado ese partido, ya era evidente la poderosa función de la radio y la televisión como vehículos de comunicación y propaganda política, que aumentaría en los dos sexenios posteriores encabezados por presidentes provenientes del Partido Acción Nacional (pan).

El creciente peso de la radio y la televisión en todo lo que concierne a la política mexicana, pero particularmente en las campañas electorales, moti-vó el principal objetivo de este trabajo: describir, analizar y comparar las reformas constitucionales de los años 2007 y 2014 en lo que atañe a las normas que inciden directamente en la relación entre el poder políti-co y los medios de comunicación masiva, es decir, aquellas que regulan el

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Comunicación política y propaganda electoral en México…

financiamiento público a los partidos, su fiscalización, las precampañas donde se decide la postulación de candidatos en los procesos internos de los partidos políticos, así como las campañas electorales y la propaganda política por radio y televisión. En ambos casos, las reformas fueron una respuesta a las denuncias presentadas por los partidos perdedores en los comicios presidenciales de 2006 y 2012 acerca del negativo papel jugado por esos medios en los procesos electorales.

De manera tangencial, se estudiaron algunas de las atribuciones del Instituto Nacional Electoral (ine) –el nuevo organismo que en sustitu-ción de Instituto Federal Electoral (ife) se encarga a partir de 2014 de la organización y vigilancia de las elecciones federales y locales en todo el país– relacionadas con los temas de interés del trabajo para cumplir dos objetivos específicos: 1) analizar los cambios normativos acerca de la propaganda electoral y la comunicación política acordados por el poder Legislativo y publicados en 2014, y 2) dilucidar si tales cambios imposibilitan la repetición de las evidentes trasgresiones cometidas por la llamada clase política a lo largo de los siete años entre ambas refor-mas. Este cuestionamiento es de la mayor relevancia para la democracia mexicana porque Enrique Peña Nieto, el presidente de la República para el sexenio 2012-2018, hizo uso de la televisión (en los llamados “informerciales”) para construir su candidatura presidencial desde que fue gobernador del Estado de México entre 2005 y 2011.1

El presente trabajo, cuyas principales fuentes de información empí-rica (decretos y leyes) fueron obtenidas en las páginas electrónicas del Diario Oficial de la Federación, la Cámara de Diputados federal y el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autó-noma de México, se divide en tres apartados. En el primero se plantea una breve reflexión cuyo propósito es explicar la particular influencia de los medios de comunicación masiva como la radio y la televisión en el comportamiento electoral, así como en la relación entre los políticos y los ciudadanos fuera de los procesos electorales. Este tema es fundamental para comprender las razones por las cuales las reformas en la materia han

1 Infomercial es un vocablo que está formado por las palabras “información” y “comercial”, y se refiere a una forma de publicidad cuyo “el contenido es un mensaje comercial diseñado para representar los puntos de vista del anunciante […] muchas veces preparados para que se parezcan a un programa de televisión normal […]. La teleaudiencia suele recibir poca o nula información del hecho de que el programa es en realidad un comercial <https://es.wikipedia.org/wiki/Infomercial>.

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sido motivo de disputa política en México durante los últimos años, ya que la comunicación es imprescindible en las campañas donde se com-pite por el poder, pero igualmente para mantenerlo.

Por su parte, el segundo y tercer apartados se dedican a la descripción, el análisis y la comparación de las reformas político-electorales de 2007 y 2014, respectivamente, los cuales culminan con la conclusión de que si bien hay algunos avances democráticos, desafortunadamente todavía no se logró erradicar dos prácticas nocivas para la democracia en México: el fenómeno de “espotización” (mensajes mínimos) en las campañas elec-torales y el uso de los recursos públicos para la promoción de la imagen de los políticos en el ejercicio de sus funciones, práctica que introduce inequidad en la competencia democrática por el poder que es posible todavía a causa de que no se han creado las leyes secundarias para aplicar la reforma constitucional que ya se hizo desde 2007.

Radio y televisión en la formación de opiniones políticas

Probablemente sea en la política, más que en otras áreas de la vida social, donde juegan un papel fundamental los medios que transmiten masiva-mente datos y opiniones que van dirigidos a los ciudadanos por parte de gobernantes, legisladores, magistrados y líderes partidarios. Esto se debe a que la política es básicamente una actividad de comunicación, esto es, un proceso en el cual se expresan, reciben y comprenden significados a través de las diversas formas del lenguaje, por lo cual los medios –especialmente la televisión, dado el número de personas que tienen acceso a ella– son muy importantes para realizarla.2 Los políticos tienen que comunicarse con los ciudadanos ya que requieren su aceptación (activa o pasiva) tanto para llegar al poder como para ejercerlo. Los medios de comunicación son vitales para que la opinión pública esté de acuerdo con las acciones y los intereses de quienes se dedican a la política.

Es en la búsqueda del poder político donde la influencia de la ra-dio y la televisión se torna significativamente poderosa. En los procesos electorales puede ser decisiva a causa de que, por ligeras que sean las

2 En México, por ejemplo, la televisión abierta es el principal medio masivo ya que llega a 96 % de los hogares, en tanto que 44 % tienen acceso a la tv de paga y solo 37 % a internet. (Claudia Juárez Escalona, “Benjamín Salinas asume dirección de tv Azteca”, El Economista, 2 de octubre de 2015, p. 19).

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fluctuaciones en el comportamiento ciudadano ante las urnas, puede alterarse el resultado final de una elección por un solo voto de diferencia entre los contendientes. En múltiples investigaciones empíricas se ha descubierto que aunque “las intenciones de voto no giran como veletas en una tormenta, sino que poseen una considerable estabilidad”, el clima de opinión –un proceso en espiral en el cual un punto de vista llega a do-minar la escena pública– tiene un efecto de “vuelco en el último minuto” en la dirección de la presión del clima que puede desplazar entre tres y cuatro por ciento de los votos.3 En realidad, bastaría con convencer a un solo ciudadano más para que votara conforme al interés de un partido y en contra de otro, para obtener el triunfo en una contienda electoral con un único voto de diferencia.

En los regímenes democráticos, los partidos políticos compiten en las elecciones para la obtención del poder y los medios de comunicación masiva se convierten en instrumentos fundamentales para crear el clima de opinión que les sea propicio, en primer lugar para ganar la mayoría de los votos y después para ejercer el poder obtenido. Esa es la razón por la cual se invierte mucho dinero en comunicación política y no solamente durante los procesos electorales –en los cuales ciertamente se incrementa la cantidad de dinero destinada a ese fin– sino siempre.4 Esto significa que el clima de opinión se crea día a día por la comunicación entre gobernan-tes y gobernados, la que se da entre los diferentes partidos políticos ya sea en el gobierno o en la oposición, y la que debe darse entre los distintos sectores sociales para que sus informaciones y opiniones se conozcan y discutan; en suma, los medios como la radio y la televisión son básicos

3 Estas investigaciones descubrieron que quienes con mayor probabilidad cambian su voto en el último minuto son las personas que se sienten aisladas, tienen menos confianza en sí mismas o se interesan menos por la política (Elisabeth Noelle Neumann, La espiral del silencio. Opinión pública: nuestra piel social, Paidós, España, 1995, pp. 22 y 23).

4 Tal vez sea más importante tener una buena comunicación política en el ejercicio del gobierno que en las campañas electorales. De hecho, Paul Lazarsfeld señaló que los resultados de las contiendas para obtener el poder dependen más de los acontecimientos que tienen lugar a lo largo del periodo comprendido entre dos elecciones que del efecto de las campañas (Paul Lazarsfeld, “La campaña electoral ha terminado”, en M. de Moragas (ed.), Sociología de la comunicación de masas. III. Propaganda política y opinión pública, Gustavo Gili, Barcelona, 1985, p. 38).

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para el debate público.5 En ese sentido, “la vida pública está organizada en gran medida en torno a las agendas establecidas por los medios. La política […] no existe, al menos como actividad que requiere del consenso social, sin el concurso de los medios de comunicación”.6

Así que más allá del ámbito puramente electoral, la radio y la tele-visión intervienen en la producción de costumbres, signos de identi-dad, valores y tradiciones a través de sus mensajes.7 De esta manera, no solamente contribuyen a crear el “clima de opinión” que puede hacer girar los resultados de una elección, sino que su influencia es de mayor alcance, ya que producen cultura política, esto es, la “dimensión subjetiva de la vida política” que no se circunscribe al ámbito de las instituciones estatales sino que considera “una serie de comportamientos, sentimien-tos, ideas y valores referidos al ejercicio y la estructuración del poder” en todos los aspectos de una sociedad.8

El corolario de esta breve reflexión sobre el papel de la radio y la televisión en la cultura política es que la vida democrática de cualquier país depende en gran medida de la normatividad que se haya dado para el uso de estos instrumentos de comunicación, ya que las leyes pueden ampliar o restringir sus márgenes. Cualquier reforma legal que se realice a este tipo de medios puede llevar a una redefinición del marco que, de acuerdo con Maurice Duverger, rodea las contiendas políticas en una determinada sociedad y está compuesto por la cultura y por el tipo

5 Con el término debate público se “intenta describir una masa de gente que se organiza en público; […] personas que reconocen un problema, que producen ideas en conflicto sobre lo que hay que hacer, considerando tales alternativas, e intentando resolver el asunto a través de la creación de un consenso sobre una línea de acción”. (Vincent Price, La opinión pública. Esfera pública y comunicación, Paidós Comunicación, núm. 63, España, 1994, p. 100).

6 Raúl Trejo Delarbre, Mediocracia sin mediaciones. Prensa, televisión y elecciones, Cal y Arena, México, 2001, p. 54.

7 Los antropólogos sitúan a los medios de comunicación junto a la escuela, las fiestas, las prácticas religiosas o cualquier otro proceso u organismo especializado en la producción simbólica (Luis Reygadas, “Producción simbólica y producción material. Metáforas y conceptos en torno a la cultura del trabajo”, Nueva Antropología, núm. 60, México, febrero de 2002, pp. 108-109).

8 Esteban Krotz, “Aproximaciones a la cultura política mexicana como fenómeno y como tema de estudio”, en Esteban Krotz (coord.), El estudio de la cultura política en México, cnca-ciesas, México, 1996, pp. 26-27.

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de régimen político.9 Aun cuando sea a largo plazo, las normas legales pueden transformar la cultura, es decir, el conjunto de instituciones de hecho que dan lugar a costumbres, tradiciones, mentalidades, creencias, representaciones colectivas y sistemas de valores de la sociedad en la que se desarrollan las contiendas políticas. En cuanto al régimen político, es posible transformarlo inmediatamente cuando se modifican las institucio-nes formales de carácter oficial establecidas en las constituciones, las leyes y los textos jurídicos en general.

Así pues, el análisis y la comparación de las reformas legales sobre comunicación política y propaganda electoral en los años 2007 y 2014 es imprescindible para evaluar los avances y retrocesos en torno a la relación entre los medios masivos y la política en México una vez que el Partido Revolucionario Institucional (pri) regresó al poder ejecutivo federal. Este ejercicio analítico es un requisito para medir una porción significativa de lo que tiene que ver con la equidad en la competencia democrática por el poder.

La reforma de 2007

Específicamente en lo que concierne a la propaganda en medios de co-municación masiva como la televisión y la radio, tanto en 2007 como en 2014 las reformas político-electorales intentaron resolver los cues-tionamientos de las fuerzas políticas derrotadas en la contienda por la Presidencia de la República inmediatamente anterior.

En 2006, el incumplimiento de la oferta democrática de Vicente Fox tuvo su clímax con el papel que jugó en el proceso electoral para suce-derlo en la Presidencia. En ese proceso, Vicente Fox no quiso arriesgar la paz que esperaba al terminar su mandato si el izquierdista Andrés Ma-nuel López Obrador ganaba la contienda. Carlos Tello, quien sostiene lo anterior, señala que actuó “con imprudencia y con impudicia, como dirigente de campaña, no como jefe de Estado” y que gastó una fortuna en anuncios de televisión para ostentar los éxitos de su gobierno porque

9 Maurice Duverger, Introducción a la política, Ariel, Barcelona, 10a. ed., 1990, p. 117.

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no existía “una sola ley en el país que prohibiera a los gobernantes ma-nifestar sus opiniones políticas, ni siquiera en tiempos de elecciones”.10

En esa coyuntura de la política mexicana, la idea de prohibir a los gobernantes la manifestación de sus opiniones durante los procesos elec-torales debe interpretarse como lo que era: el tácito reconocimiento de que ellos, y especialmente el presidente de la República, tendrían que haber estado impedidos por la ley para utilizar los abundantes recursos públicos a su alcance en la promoción de candidatos convenientes a sus intereses personales o hacer propaganda en contra de otros que no lo fueran.

En 2006, el entonces presidente de la República usó todo su poder y dispuso del erario para intervenir en la contienda por su sucesión. Fue de tal magnitud la utilización de su cargo que la magistrada Alfonsina Berta Navarro, integrante de la comisión que elaboró el dictamen final de la elección presidencial en la sesión del 5 de septiembre de ese año en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, afirmó que las declaraciones de Vicente Fox durante el desarrollo del proceso electoral constituyeron “un riesgo para la validez de los comicios” y que “podrían haber representado un elemento mayor para considerarlas determinantes para el resultado final”.11 Ella también señaló que Vicente Fox “llegó a hacer comentarios indirectos o metafóricos que incidían sobre las posi-ciones políticas que competían”.12

La conducta de Vicente Fox fue acompañada –en violación flagran-te de la ley– por varias empresas mercantiles, asociaciones o grupos y personas físicas en favor de Felipe Calderón Hinojosa, postulado por el pan, a costa de “denostar, calumniar, infamar, difamar y/o denigrar” en la radio y la televisión a Andrés Manuel López Obrador, candidato de la Coalición por el Bien de Todos con el Partido de la Revolución Democrática (prd) a la cabeza.13 En medio de una cerrada contienda, la

10 Carlos Tello Díaz, 2 de julio. La crónica minuto a minuto del día más importante de nuestra historia contemporánea, Planeta, México, 2007, pp. 22-23.

11 Ibíd., p. 183. Véase también Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Dictamen relativo al cómputo final de la elección de presidente de los Estados Unidos Mexicanos, México, 5 de septiembre de 2006, pp. 202 y 222.

12 Guadalupe Irízar y Érika Hernández, “No hay elección perfecta”, en Reforma, 6 de septiembre de 2006.

13 Julio Scherer Ibarra, “Mediático y jurídico: terrorismo en 2006”, en Jenaro Villamil y Julio Scherer Ibarra, Los medios y los jueces. La guerra sucia de 2006, Random

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radio y la televisión contribuyeron a crear el ambiente de polarización política que caracterizó ese proceso electoral debido a su intervención en la campaña presidencial.14

Roger Bartra, analista de la sucesión presidencial en 2006, planteó que era urgente bloquear la propaganda descontrolada en los medios de comunicación masiva y en las calles, así como acortar el tiempo de las campañas electorales. A este respecto, sugirió que serían suficientes “uno o dos meses de campaña y publicidad en radio y tv constreñida a tiem-pos oficiales acotados por la autoridad electoral [que tendría como con-secuencia] reducir drásticamente el dinero que reciben los partidos”.15

De este modo, la reforma de 2007 fue pactada debido a que se volvió imperativo el cambio de la normativa para la siguiente elección presiden-cial por dos razones principales: 1) para establecer límites a la propagan-da electoral con mayor precisión y abaratar el costo de las campañas, y 2) para distender la polarización política surgida durante la campaña y el posterior conflicto poselectoral.

Las nuevas normas constitucionales aprobadas en noviembre de 2007 fueron muy mal recibidas por algunos sectores de la sociedad, particular-mente los empresarios y trabajadores de medios de comunicación, aun cuando en realidad solo reafirmaron algunas medidas que ya estaban establecidas en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electo-rales (Cofipe), vigente hasta los comicios del año anterior. No obstante, sí es cierto que se afectaron intereses económicos de los empresarios de la radio y la televisión, y por ello la enfrentaron vigorosamente.16

House Mondadori, México, 2007, p. 101.14 La empresa Televisa actuó abiertamente: uno de los actores de la telenovela “La

fea más bella” –de muy alto rating– dijo dentro de los diálogos de la historia que votaría por el candidato panista y mencionó su nombre y sus propuestas de campaña (ibíd., p. 103).

15 Roger Bartra, Fango sobre la democracia. Textos polémicos sobre la transición mexicana, Planeta Mexicana, México, 2007, p. 78.

16 Según expertos, el modelo de comunicación política generado por la reforma electoral de 2007 nunca fue del agrado de los empresarios de la radio y la televisión dado que por “mandato de ley dejaron de recibir cientos de millones de pesos en el proceso electoral de 2009”, en el cual “no pudieron vender spots y/o entrevistas a los partidos políticos –o a cualquier persona física o moral–, para incidir en las preferencias electorales”. Manifestaron su oposición activamente obstaculizando su aprobación, en primer lugar, y “después emprendieron campañas de desprestigio contra los legisladores que la impulsaron y luego violaron la ley al rechazar la transmisión de los spots durante

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Puntualmente, las reformas de 2007 en la base II del artículo 41 constitucional incluían lo siguiente:

• El cálculo de los costos del financiamiento público para el sosteni-miento de las actividades ordinarias permanentes de los partidos políticos se fijaría anualmente, multiplicando el número total de ciudadanos inscritos en el padrón electoral por 65 % del salario mínimo diario vigente para el Distrito Federal. Continuaba vigen-te el reparto de 30 % de la cantidad que resultara entre los partidos políticos en forma igualitaria y el 70 % restante de acuerdo con el porcentaje de votos que hubieren obtenido en la elección de diputados inmediata anterior.17

• Antes establecía que el financiamiento público para las actividades tendientes a la obtención del voto durante los procesos electora-les equivaldría a una cantidad igual al monto del financiamiento público que le correspondiera a cada partido político por acti-vidades ordinarias en ese año. En 2007 se diferenciaron los dos tipos de elecciones federales: cuando se eligieran presidente de la República, senadores y diputados federales, equivaldría a 50 % del financiamiento de cada partido; cuando se eligieran solamente diputados federales, equivaldría a 30 %.

• Anteriormente se reintegraba un porcentaje de los gastos anuales que erogaban los partidos políticos por concepto de las actividades relativas a la educación, capacitación, investigación socioeconómi-ca y política, así como a las tareas editoriales. La reforma de 2007 precisó que equivaldría a 3 % del monto total del financiamiento público anual y se repartiría 30 % en forma igualitaria y 70 % de acuerdo con el porcentaje de votos obtenido en la anterior elección de diputados.

• El monto máximo que tendrían las aportaciones de los simpati-zantes de cada partido no podría exceder a 10 % del tope de gastos establecido para la última campaña presidencial. Se tendrían que

el proceso electoral” (Jaime Hernández Gómez, “Salinas Pliego contra el ife”, en Zócalo, comunicación, política y sociedad, año IX, núm. 118, diciembre de 2009, p. 18).

17 “decreto que reforma los artículos 6o., 41, 85, 99, 108, 116 y 122; adiciona el artículo 134 y deroga un párrafo al artículo 97 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”, Diario Oficial de la Federación, 13 de noviembre de 2007.

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liquidar las obligaciones de los partidos que perdieran su registro, y sus bienes y remanentes serían adjudicados a la Federación.18

En la base III, las reformas al artículo 41 constitucional de 2007 introdu-jeron cambios fundamentales en cuanto a los medios de comunicación y la propaganda electoral. Se reformuló completamente su contenido, pero se mantuvo la garantía del derecho de los partidos políticos nacionales al uso de los medios de comunicación social de manera permanente (que anteriormente se encontraba en la base II), y se incorporaron cuatro apartados.

En el apartado A se dieron facultades al Instituto Federal Electoral (ife) como autoridad única para la administración del tiempo correspon-diente al Estado en radio y televisión, con la consecuente exclusión de cualquier otra persona física o moral. Aquí también hubo otros cambios: a) tomó en cuenta e hizo la distinción entre precampañas y campañas electorales; b) fijó con precisión los tiempos que corresponderían a los partidos políticos y al propio ife durante las precampañas, campañas y los periodos intermedios; c) distribuyó los tiempos de acuerdo con un piso igualitario de 30 % y del restante 70 % sobre la base de los resultados de la elección para diputados federales inmediata anterior; d) estableció horarios de programación en las transmisiones en cada estación de radio y canal de televisión que garantizaran mayor cobertura. En ese apartado quedó asentado constitucionalmente lo que sigue:

1) Desde el inicio de las precampañas y hasta el día de la jornada electoral, quedaron a disposición del ife 48 minutos diarios que se distri-buirían en dos y hasta tres minutos por cada hora de transmisión en cada estación de radio y canal de televisión, en el horario de programación comprendido entre las 6:00 y las 24:00 horas.

2) En conjunto, los partidos políticos dispondrían de un minuto por cada hora de transmisión en cada estación de radio y canal de televisión durante sus precampañas; el tiempo restante se utilizaría de conformidad con la ley.

3) Para cubrir el derecho de los partidos políticos, durante las cam-pañas electorales deberían destinarse al menos 85 % del tiempo total disponible de 48 minutos diarios en cada estación de radio y canal de televisión. De ese tiempo (al menos 40.8 minutos), 30 % se repartiría

18 Ídem.

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en forma igualitaria y el restante 70 % de acuerdo con los resultados de la elección para diputados federales inmediata anterior. 19

4) Fuera de los periodos de precampañas y campañas electorales fe-derales, se asignaría al ife hasta 12 % del tiempo total a disposición del Estado en radio y televisión, la mitad para distribuirse en forma igua-litaria entre los partidos políticos nacionales y el tiempo restante para uso del Instituto o de otras autoridades electorales, tanto federales como de las entidades federativas.20 Los partidos debían utilizar ese tiempo en programas mensuales de cinco minutos y el restante en mensajes con duración de 20 segundos cada uno. Cuando así se justificara y en situa-ciones especiales, el ife podría disponer de los tiempos correspondientes a mensajes a favor de un partido político.21

En lo que se refiere al apartado B, se señalaron las siguientes normas: 1) En las entidades federativas y para fines electorales, el ife admi-

nistraría los tiempos correspondientes al Estado en radio y televisión en las estaciones y los canales de cobertura en la entidad de que se tratara.

2) Cuando los procesos electorales locales coincidieran con elecciones federales, el tiempo asignado en cada entidad federativa sería conforme a lo estipulado a nivel nacional, lo mismo que para la distribución de los tiempos entre los partidos políticos, incluyendo a los de registro local.

3) Si a juicio del ife fuera insuficiente el tiempo total en radio y tele-visión a que se refieren este apartado y el anterior para sus propios fines o los de otras autoridades electorales, determinaría lo conducente para cubrir el tiempo faltante conforme a sus facultades legales.22

En el apartado C se recogió lo señalado en el segundo párrafo del artículo 186 del Cofipe, vigente hasta 2007, acerca de que los partidos debían abstenerse de expresiones que denigraran a las instituciones y a los propios partidos, o que calumniaran a las personas en la propaganda política o electoral que difundieran. Lo nuevo fue que, adicionalmente, en ese apartado se introdujo una disposición que realmente buscaba

19 El apartado A precisó que a cada partido político nacional sin representación en el Congreso de la Unión se le asignaría para radio y televisión solamente la parte correspondiente al porcentaje igualitario (ídem).

20 12 % de 48 equivale a 5.76 minutos, de tal modo que fuera de los periodos electorales, los partidos contarían con la mitad de ese tiempo (2.88 minutos diarios) para repartirse igualitariamente entre todos.

21 Ídem.22 Ídem.

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mayor equidad en las contiendas electorales: la obligación de suspender la difusión en los medios de comunicación social de toda propaganda gubernamental, tanto de los poderes federales y estatales, como de los municipios, órganos de gobierno del Distrito Federal, sus delegaciones y cualquier otro ente público durante el tiempo que comprendieran las campañas electorales federales y locales, y hasta la conclusión de la respectiva jornada comicial. Las únicas excepciones a lo anterior serían las campañas de información de las autoridades electorales, las relativas a servicios educativos y de salud, o las necesarias para la protección civil en casos de emergencia.

Finalmente, el apartado D se adicionó para establecer que las in-fracciones violatorias de la ley serían sancionadas por el ife mediante procedimientos expeditos, que podrían incluir la orden de cancelación inmediata de las transmisiones por radio y televisión de concesionarios y permisionarios.23

Por cuanto a la base IV del artículo 41, la reforma cambió totalmente su contenido e indicó que la ley establecería plazos para la realización de los procesos partidistas de selección y postulación de candidatos a cargos de elección popular, así como las reglas para precampañas y campañas electorales. Asimismo, fijó en 90 días la duración de las campañas en el año de elecciones para presidente de la República, senadores y diputados federales, y 60 días en el año en que solo se eligieran diputados federales. En ningún caso las precampañas excederían las dos terceras partes del tiempo previsto para las campañas electorales.24

La base V fue dedicada a la organización y funciones del ife, y en sus tres últimos párrafos se refería a la fiscalización de las finanzas de los par-tidos políticos nacionales, tarea que estaría a cargo de un órgano técnico del Consejo General del ife con autonomía de gestión y cuyo titular sería designado por el voto de las dos terceras partes del propio Consejo a propuesta del consejero presidente. El órgano técnico no estaría limi-tado por los secretos bancario, fiduciario y fiscal en el cumplimiento de sus atribuciones. Al final de esa base se estableció que el órgano técnico sería el conducto para que las autoridades competentes en materia de fiscalización partidista en el ámbito de las entidades federativas pudieran superar la limitación de esos secretos y que en los términos dispuestos

23 Ídem.24 Ídem.

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por la legislación aplicable, el ife asumiría la organización de procesos electorales locales mediante convenio con las autoridades competentes de las entidades federativas que lo solicitaran.25

Por otra parte, el artículo 116, en su fracción IV, tuvo reformas muy importantes en 2007 porque se estableció que las constituciones y leyes de los estados en materia electoral garantizarían en todas las entidades de la República que:

• La jornada para elegir gobernadores, legisladores locales e inte-grantes de los ayuntamientos se realizara el primer domingo de julio del año que correspondiera, sin obligar a ello a los estados cuyos comicios se celebraran en el año de elecciones federales y no coincidieran las fechas.

• Los partidos políticos recibieran, en forma equitativa, financia-miento público para sus actividades. Del mismo modo, ordenó que se estableciera “el procedimiento para la liquidación de los partidos que pierdan su registro y el destino de sus bienes y re-manentes”.

• Se fijaran los criterios para: 1) establecer límites a las erogaciones de los partidos políticos no únicamente en sus campañas elec-torales, sino también en sus precampañas, así como los montos máximos que debían tener las aportaciones de sus simpatizantes, cuya suma total no excedería 10 % del tope de gastos de campaña que se determinara para la elección de gobernador; 2) los proce-dimientos para el control y la vigilancia del origen y uso de todos los recursos de los partidos políticos; y 3) establecer las sanciones por el incumplimiento a las disposiciones que se expidieran en estas materias.

• El acceso a la radio y la televisión a los partidos políticos según lo establecido a nivel federal.

• Se fijaran reglas para las precampañas y campañas electorales de los partidos políticos, su duración y las sanciones cuando se in-fringieran. Las campañas no excederían 90 días para la elección de gobernador y 60 días cuando solo se eligieran diputados locales o ayuntamientos. Las precampañas no podrían durar más de las dos terceras partes de las respectivas campañas electorales.

25 Ídem.

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• La institución de las bases obligatorias para la coordinación entre el ife y las autoridades electorales locales en materia de fiscaliza-ción de las finanzas de los partidos políticos.

En 2007 se realizaron dos reformas fundamentales para la normatividad de la competencia partidaria en los procesos electorales. Una fue la adi-ción al artículo 6o constitucional para garantizar el derecho de réplica a los candidatos que quisieran defenderse de acusaciones o denuncias difundidas por los medios de comunicación durante las precampañas y campañas electorales. La otra reforma se encaminó a acotar el evidente dispendio de recursos materiales que utilizaban muchos servidores pú-blicos desde sus puestos para influir en los procesos electorales a favor de sus intereses políticos. Ese fue el sentido de las adiciones al artículo 134 de la Constitución, ya que por una parte se estableció que todos los servidores públicos del país estaban obligados a aplicar con impar-cialidad los recursos bajo su responsabilidad, sin influir en la equidad de la competencia entre los partidos políticos, y por otra parte ordenó que la propaganda que difundieran debería tener carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación social, y en ningún caso incluiría nombres, imágenes, voces o símbolos que implicaran la promoción personalizada de cualquier servidor público.26

A pesar de la profundidad de la reforma político-electoral de 2007, después de la elección presidencial de 2012 hubo que plantear y aprobar otra en la misma materia.

La reforma de 2014

La reforma electoral de 2007 fue incapaz de contener el poderío de los dueños de las empresas de radio y televisión, quienes aprovecharon su influencia en la política para obtener prebendas que se tradujeron en enormes ganancias económicas.27 Y si bien se asume que la mayoría

26 Ídem.27 Durante el sexenio del presidente Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012), los

empresarios de medios electrónicos pudieron imponer medidas en su favor debido a que contaban con un conjunto de legisladores como sus representantes directos, en lo que se conoció como la telebancada, que se sumaron a políticos de prácticamente todos los partidos para beneficiarlos. Según documentos de la Secretaría de Hacienda, en

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de los partidos y los principales actores políticos establecen buenas re-laciones con los dueños de las televisoras para obtener buen trato a su imagen, Enrique Peña Nieto fue uno de los casos más notorio desde que era gobernador del Estado de México y aspirante a la candidatura presidencial por el pri para las elecciones de 2012. La mayor parte del presupuesto aprobado por el Legislativo mexiquense al gobernador Peña Nieto para el año 2010 –mil 500 millones de pesos destinados a gastos de imagen y promoción, y 179 millones más al rubro de “Comunicación pública y fortalecimiento informativo”–28 se destinó a pagar la cobertura de sus actividades, entre ellas, de manera sobresaliente, su romance con una actriz de telenovelas de la empresa Televisa que a la postre sería su esposa. Esa fue la semilla de la siguiente reforma en este tema.

De este modo, aun cuando Enrique Peña Nieto ganó holgadamente a sus contendientes Andrés Manuel López Obrador, candidato de la iz-quierda encabezada por el prd, y a Josefina Vázquez Mota, la candidata oficialista del pan, su elección como presidente de la República en julio de 2012 suscitó protestas de sus opositores y de sectores sociales que cuestionaron la campaña que lo llevó al triunfo; en concreto, se criticó su exposición continua en la televisión abierta durante el tiempo en que fue gobernador de su estado entre septiembre de 2005 y septiembre de 2011, lo que le habría valido para resultar candidato presidencial de la coalición entre el pri y el Partido Verde Ecologista de México (pvem).

Desde que era gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nie-to había aparecido constantemente en Televisa y eso interesó a algunos periodistas como Jenaro Villamil, quien desde octubre de 2005 investi-

esa etapa Televisa fue beneficiada con la aprobación de reformas legislativas que la exentaron del pago de derechos durante dos años, alrededor de 5 600 millones de pesos. Adicionalmente, el Grupo Televisa se convirtió en el principal competidor en cuádruple play (televisión de paga, internet, telefonía fija y móvil) porque la Comisión Federal de Competencia (cfc) le autorizó la compra de entre 30 y 40 % de las acciones de Nextel con un pago de entre 1 200 y 1 500 millones de dólares. (Claudia Guerrero, “Identifica IP a 24 diputados que son ‘afines’”, Reforma, 21 de septiembre de 2009. Jaime Hernández Gómez, “Servilismo ante concesionarios de telecomunicaciones”, Zócalo, comunicación, política y sociedad, año IX, núm. 118, diciembre de 2009, p. 14. Jenaro Villamil, “La banda Televisa”, Zócalo, comunicación, política y sociedad, año IX, núm. 118, diciembre de 2009, p. 8. Rafael Aceves, “Avalan a Televisa invertir en Nextel”, Reforma, sección Negocios, 12 de febrero de 2009, p. 1).

28 Luis Ángel Hurtado Razo, “Peña Nieto desde El Vaticano”, Zócalo, comunicación, política y sociedad, año X, núm. 119, enero de 2010, p. 4.

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gó y denunció en la prensa escrita los supuestos tratos comerciales que tenía con la empresa para promover su candidatura presidencial. Este periodista hizo público un plan de comunicación política que abarcaba los años 2005-2011 y habría sido firmado por Emilio Azcárraga Jean conjuntamente con el entonces gobernador por 742 millones de pesos anuales. Presuntamente, la mayor parte de ese dinero (691 millones) sería para publicidad televisiva en la forma de notas informativas, repor-tajes, entrevistas y programas de debate, pero también había un compro-miso de la empresa para asesoría en comunicación política a través de tv Promo, propiedad de Alejandro Quintero Íñiguez, ejecutivo de Televisa responsable de la comercialización de los espacios televisivos.29 Según Villamil, el plan consistía en “transformar al gobernante en una marca vendible, y a su gestión pública en un continuo escaparate mediático”.30 Aunque nunca hubo una aclaración al respecto, en junio de 2012 Javier Corral, legislador panista, declaró que la cobertura diaria sobre el político mexiquense que desde hacía años había hecho la televisora, era “la mayor prueba del arreglo entre Televisa y Peña Nieto”.31

En plena campaña electoral, la aparente colaboración entre Televi-sa y Enrique Peña Nieto que podía inferirse de la constante presencia de este en las pantallas fue uno de los motivos para la emergencia del movimiento juvenil #YoSoy132 y de una amplia protesta social por la participación de las televisoras en la elección presidencial.32

29 Jenaro Villamil, Si yo fuera presidente. El reality show de Peña Nieto, Grijalbo, México, 2009, p. 69 y Jenaro Villamil, “Manipulación informativa, negocio publicitario”, en revista Proceso, núm. 1512, 23 de octubre de 2006.

30 Jenaro Villamil, “Manipulación informativa, negocio publicitario”, ibíd., p. 88.31 Claudia Salazar, Osvaldo Robles e Ixtaro Arteta, “Exigen al ife indagar intromisión

de la tv”, Reforma, 9 de junio de 2012).32 #YoSoy132 fue un amplio movimiento de estudiantes universitarios que

participaron en la campaña electoral de 2012 con demandas muy específicas para que la televisión abierta fuera equitativa en el manejo informativo y se evitara la influencia de Televisa en la elección presidencial. Se plantearon también demandas menos precisas y a largo plazo para atacar el problema estructural de concentración en los medios de comunicación masiva, las cuales requerían más conocimientos técnicos y legales, y que incidieron para que la acción de los jóvenes universitarios confluyera con otros sectores de la sociedad especializados en el tema. Más adelante, en agosto de 2012, el movimiento #YoSoy132 presentó una agenda sobre democratización y transformación de los medios de comunicación, información y difusión en la cual proponían avanzar en una iniciativa de ley con los siguientes temas: legislación de radio, televisión y telecomunicaciones; fusión Iusacell-Televisa y apagón analógico; radios

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Una vez elegido presidente de la República, Enrique Peña Nieto en-frentó esas críticas de sus opositores en una situación caracterizada por cambios en la vida política nacional que eran nuevos (y adversos) para él y su partido, ante lo cual era imperativo establecer acuerdos de go-bernabilidad. Con esa finalidad se firmó el llamado Pacto por México el 2 de diciembre de 2012: fueron 95 compromisos que comenzarían a implementarse en el primer año de gobierno y abordaban los temas de sociedad de derechos y libertades; crecimiento económico, empleo y competitividad; seguridad y justicia; transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción, así como gobernabilidad democrática. Para el nuevo gobierno federal, uno de los principales propósitos era impulsar un conjunto de reformas y acciones que permitieran combatir la cre-ciente influencia de poderes fácticos que con frecuencia retaban la vida institucional del país y constituían un obstáculo para el cumplimiento de las funciones del Estado.33

Para impulsar reformas que hicieran más funcional el régimen político, entre los acuerdos para la gobernabilidad democrática que se firmaron en el Pacto por México se consideró que era necesario realizar las siguientes acciones: a) reformar la Constitución para que el presidente de la Repú-blica tuviera las opciones de gobernar con minoría política o a través de una coalición legislativa y de gobierno; b) pasar la toma de protesta presi-dencial al 15 de septiembre; c) crear una ley general de partidos; d) lograr una reforma para el Distrito Federal; e) revisar los fueros; f) reglamentar la reforma política aprobada en 2011 sobre candidaturas independientes, iniciativa ciudadana, iniciativa preferente y consulta popular; y g) revisar la reelección de legisladores.

En cuanto a los temas alrededor de la comunicación política y la propaganda electoral, el Pacto por México propuso una reforma electoral para reducir y transparentar el gasto de partidos; disminuir los topes a gastos de campaña; incorporar como causal de nulidad el rebase de los

comunitarias; derecho universal a internet y brecha digital; ataques contra periodistas; mercado negro de propaganda gubernamental y arte y cultura (María Eugenia Valdés y Josefina Maldonado, “El reclamo democrático del movimiento #YoSoy132”, en Héctor Tejera, Pablo Castro y Emmanuel Rodríguez, Continuidades, rupturas y regresiones: contradicciones y paradojas de la democracia mexicana, uam-Iztapalapa/Conacyt/Juan Pablos, México, 2014).

33 Claudia Guerrero y Érika Hernández, “Ya hay Pacto”, Reforma, 3 de diciembre de 2014.

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topes, el uso de recursos ilegales y la compra de cobertura informativa; revisar los tiempos oficiales de radio y televisión; prohibir la entrega de utilitarios, evitar el uso de esquemas financieros para inducir y coaccio-nar el voto; y crear una sola ley y una sola autoridad nacional para las elecciones federales, estatales y municipales.34

En un breve resumen, las reformas político-electorales más destacadas de 2014 son las siguientes:

1. Creación del Instituto Nacional Electoral (ine).2. Aumento del umbral al 3 % para mantener el registro como par-

tido político nacional o estatal.3. Reelección de legisladores. Los senadores podrían ser electos hasta

por dos periodos consecutivos y los diputados al Congreso de la Unión hasta por cuatro periodos consecutivos.

4. Acceso a prerrogativas para las campañas electorales para los can-didatos independientes.

5. Rebase de tope de gastos de campaña como causal de nulidad de una elección, cuando sea determinante en el resultado de la contienda.

6. Gobiernos de coalición: el presidente de la República electo en 2018 podrá gobernar en alianza con otras fuerzas políticas y el Se-nado participará en la ratificación de los integrantes del gabinete, a excepción de los titulares de Defensa y Marina.

7. Establecimiento de nuevas fechas políticas: inicio del sexenio presidencial del 1 de diciembre del 2018 y conclusión el 30 de septiembre del 2024. En adelante, el presidente de la República iniciará su mandato el 1 de octubre de 2024.

8. Autonomía a la Procuraduría General de la República (pgr).35

Al igual que siete años antes, las reformas constitucionales en materia político-electoral de 2014 que inciden directamente en la relación entre el poder político y los medios de comunicación masiva son aquellas que regulan el financiamiento público a los partidos, la fiscalización, las pre-campañas donde se decide la postulación de candidatos en los procesos

34 Ernesto Núñez, Jésica Zermeño y Martha Martínez, “El pacto y sus asegunes”, Reforma, suplemento Enfoque, 9 de diciembre de 2012.

35 “decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia política-electoral”, Diario Oficial de la Federación, lunes 10 de febrero de 2014.

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internos de los partidos políticos y, de manera especial, las campañas electorales y la propaganda política por radio y televisión. Así, el análisis se centra en las reformas y adiciones de los artículos constitucionales que abordan esos temas.

Si bien hubo reformas o adiciones en los artículos 41 y 116 de la Constitución, para el tema de esta reflexión el más importante es el pri-mero de ellos, debido a que de él depende gran parte del funcionamiento democrático en los procesos electorales y la vida política del país.36 En la reforma de 2014 los cambios más relevantes fueron:

• Para que los partidos políticos nacionales conserven su registro se fijó 3 % del total de la votación válida emitida en cualquiera de las elecciones que se celebren para renovar el poder Ejecutivo o las cámaras del Congreso de la Unión.37

• Aunque se sostiene lo establecido en cuanto al financiamiento público para los partidos políticos, en la base II del artículo 41 se eliminó la disposición acerca del monto máximo de las aportacio-nes de los simpatizantes de cada partido, el cual no debía exceder anualmente de 10 % del tope de gastos establecido para la última campaña presidencial.38

36 Los artículos 41 y 116 fueron reformados y tuvieron adiciones. Del artículo 41 se reformaron: la base I en sus párrafos inicial y segundo; el tercer párrafo de la base II; la base III en su párrafo inicial, el apartado A en su párrafo inicial e incisos a), c), e) y g) y en su segundo párrafo, el apartado B en su primer párrafo e inciso c) y su segundo párrafo, el apartado C en su primer párrafo y el apartado D; la base IV en su párrafo inicial y la base V. A ese mismo artículo se le adicionó un cuarto párrafo a la base I y un tercer, cuarto y quinto párrafos a la base VI. En cuanto al artículo 116, se reformaron los párrafos segundo y tercero de la fracción II, el primer párrafo y los incisos a), b), c), d), h), j) y k) de la fracción IV. Además, se adicionó un segundo párrafo al inciso f) y un inciso n), recorriéndose los subsecuentes en su orden a la fracción IV, así como una fracción IX. (ibíd., artículo único).

37 “decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia política-electoral”, artículo 41, base I, cuarto párrafo adicionado, Diario Oficial de la Federación, lunes 10 de febrero de 2014.

38 Textualmente, ese párrafo señalaba: “La ley fijará los límites a las erogaciones en los procesos internos de selección de candidatos y las campañas electorales de los partidos políticos. La propia ley establecerá el monto máximo que tendrán las aportaciones de sus simpatizantes, cuya suma total no podrá exceder anualmente, para cada partido, al diez por ciento del tope de gastos establecido para la última campaña presidencial; asimismo ordenará los procedimientos para el control y vigilancia del origen y uso de

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• En el primer párrafo de su base III, en el artículo 41 se introduce el derecho de los candidatos independientes a acceder a las pre-rrogativas para las campañas electorales, pero se entiende que no tendrán derecho –como sí lo tienen los partidos políticos naciona-les– al uso de manera permanente de los medios de comunicación social.

• Se sustituye al ife por el ine como autoridad única para la admi-nistración del tiempo que corresponda al Estado en radio y televi-sión (48 minutos diarios), y se precisan los tiempos para cada fase del proceso electoral: 1) a partir del inicio de las precampañas y hasta el día de la jornada electoral esos 48 minutos se distribuirán en dos y hasta tres minutos por cada hora de transmisión en cada estación de radio y canal de televisión entre las 6:00 y las 24:00 horas; 2) durante sus precampañas los partidos políticos dispon-drán en conjunto de un minuto por cada hora de transmisión; 3) en el periodo comprendido entre el fin de las precampañas y el inicio de las campañas, 50 % de los tiempos radiales y televisi-vos serán utilizados por las autoridades electorales para sus fines propios y el resto se destinarán a la difusión de mensajes genéri-cos de los partidos políticos; 4) durante las campañas electorales se destinará al menos 85 % del tiempo total para cubrir el derecho de los partidos políticos y los candidatos.39 Así que con esta re-forma persiste el fenómeno de “espotización” (o emisión excesiva de mensajes muy breves) que ha sido duramente criticado, en lugar de asignar lapsos que permitan la emisión de mensajes más elaborados y con mayor contenido que propicien mayor calidad al debate político.

todos los recursos con que cuenten y dispondrá las sanciones que deban imponerse por el incumplimiento de estas disposiciones.” (“decreto que reforma los artículos 6o., 41, 85, 99, 108, 116 y 122; adiciona el artículo 134 y deroga un párrafo al artículo 97 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”, artículo 41, base II, inciso c), Diario Oficial de la Federación, martes 13 de noviembre de 2007. Se agregaron las negritas).

39 “decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia política-electoral”, artículo 41, base III, primer párrafo del apartado A, incisos a), b), c), d), e), Diario Oficial de la Federación, lunes 10 de febrero de 2014.

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• Una de las novedades en este rubro es que se toman en cuenta las candidaturas independientes porque a pesar de que continúa el reparto de 70 % del tiempo entre los partidos políticos de acuerdo con los resultados de la elección para diputados federales inme-diata anterior, el restante 30 % se dividirá en partes iguales y una de ellas podrá ser asignada a los candidatos independientes en su conjunto; adicionalmente, a cada partido sin representación en el Congreso de la Unión se le asignará solamente la parte correspon-diente al porcentaje igualitario.

• Permanece la disposición acerca de que fuera de los tiempos elec-torales se le asignará al Instituto 12 % de los 48 minutos de tiempo del Estado en radio y televisión; la mitad de ese total se distribuirá igualitariamente entre los partidos políticos nacionales, mientras que el resto lo usará para fines propios o de otras autoridades electorales tanto federales como de las entidades federativas. Pero desaparece la norma acerca de que cada partido utilizaría ese tiem-po “en un programa mensual de cinco minutos y el restante en mensajes con duración de veinte segundos cada uno [entre las 6:00 y las 24:00 horas]”.40

• Como sucedía ya con el ife, para fines electorales en las entidades federativas será el ine el que administre los tiempos que corres-ponden al Estado en radio y televisión en las estaciones y canales de cobertura en la entidad de que se trate.41

• Hubo un ligero cambio en la disposición sobre la propaganda política o electoral que difundan los partidos y candidatos, ya que solamente deberán abstenerse de expresiones que calumnien

40 Véase el artículo 41, base III, apartado A, inciso g) en los decretos de reforma de 2007 y 2014.

41 Conforme a lo siguiente: 1) para los casos de los procesos electorales locales con jornadas comiciales coincidentes con la federal, el tiempo asignado en cada entidad federativa estará comprendido dentro del total disponible; 2) para los demás procesos electorales, la asignación se hará en los términos de la ley conforme a los criterios de esta base constitucional; y 3) la distribución de los tiempos entre los partidos políticos, incluyendo los de registro local, y a los candidatos independientes se realizará de acuerdo con los criterios señalados en el apartado A de la base III y lo que determine la legislación aplicable. (“decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia política-electoral”, artículo 41, base III, apartado B, Diario Oficial de la Federación, lunes 10 de febrero de 2014).

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a las personas y ya no, como en la reforma anterior, que también debían “abstenerse de expresiones que denigren a las instituciones y a los propios partidos”.42

• Se faculta al ine para investigar las infracciones a estas disposi-ciones e integrar expedientes que someterán al conocimiento y resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federa-ción (tepjf ). En el procedimiento, el Instituto podrá imponer, entre otras medidas cautelares, la orden de suspender o cancelar de manera inmediata las transmisiones en radio y televisión. Lo sobresaliente en esta reforma es que el ine solo se encargará de investigar y queda en manos del tepjf la facultad de sancionar.43

A causa del cuestionamiento inicial que se planteó en este trabajo sobre si la reforma político electoral de 2014 garantiza la eliminación de la propaganda simulada de personajes de la política en radio y televisión, merece un análisis especial lo ocurrido directamente con ese tema. Se

42 En 2014 no se tocó el segundo párrafo de ese mismo apartado que desde 2007 ordena lo siguiente: “Durante el tiempo que comprendan las campañas electorales federales y locales y hasta la conclusión de la respectiva jornada comicial, deberá suspenderse la difusión en los medios de comunicación social de toda propaganda gubernamental, tanto de los poderes federales y estatales, como de los municipios, órganos de gobierno del Distrito Federal, sus delegaciones y cualquier otro ente público. Las únicas excepciones a lo anterior serán las campañas de información de las autoridades electorales, las relativas a servicios educativos y de salud, o las necesarias para la protección civil en casos de emergencia.” (“decreto que reforma los artículos 6o., 41, 85, 99, 108, 116 y 122; adiciona el artículo 134 y deroga un párrafo al artículo 97 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”, artículo 41, base III, apartado C, Diario Oficial de la Federación, martes 13 de noviembre de 2007).

43 El artículo 99 de la Constitución fue reformado para que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resolviera de forma definitiva e inatacable: a) los conflictos o diferencias laborales entre el ine y sus servidores; b) la determinación e imposición de sanciones por parte del ine a partidos o agrupaciones políticas o personas físicas o morales, nacionales o extranjeras, que infrinjan las disposiciones constitucionales y las leyes en la materia; c) los asuntos que el ine le envíe acerca de violaciones “a las normas sobre propaganda política y electoral, así como por la realización de actos anticipados de precampaña o de campaña, e imponer las sanciones que correspondan”; y d) las demás “que señale la ley” (“decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia política-electoral”, Diario Oficial de la Federación, lunes 10 de febrero de 2014).

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trata de asuntos que inciden profundamente en la equidad del juego democrático por el poder, porque crean el clima político que determina los resultados de las contiendas electorales, como sucedió en el caso de Enrique Peña Nieto en su lucha por la Presidencia de la República en 2012.

Aunque tardíamente, ya que había concluido el proceso electoral de 2012 en México, se presentaron los resultados obtenidos por los observa-dores autorizados institucionalmente donde, entre otras irregularidades, se señalaba que la prohibición a candidatos y partidos para la compra de tiempos en los medios de comunicación, que según reforma de 2007 era solo facultad del ife, había ocasionado la generación de un mercado negro.44 En su informe como observador, el investigador César Astudi-llo, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la unam, se refirió a la instrumentación de otras vías para que los candidatos pudieran tener visibilidad pública en los medios, sobre todo “la compra de entrevistas y también una modalidad camuflada de propaganda electoral que son los infomerciales y la propaganda integrada”. Su conclusión fue que era necesaria una nueva ley de medios de comunicación ya que estaban insuficientemente regulados y por eso, tras la elección presidencial de 2012, “ha quedado la percepción de que los medios pueden construir fácilmente candidaturas”.45 Así que una de las razones para la reforma de 2014 era garantizar que esto no volvería a ocurrir.

¿Qué cambios se hicieron al respecto? Uno de los aspectos más con-trovertidos de la reforma de 2007 fue un párrafo en el artículo 41 cons-titucional que se refería a que, además del entonces ife, ninguna otra persona física o moral, “a título propio o por cuenta de terceros”, podría contratar propaganda en radio y televisión “dirigida a influir en las prefe-rencias electorales de los ciudadanos, ni a favor o en contra de partidos políticos o de candidatos a cargos de elección popular”.46 Que no se

44 La observación del proceso electoral 2012 estuvo a cargo de 44 organizaciones y once centros académicos con el apoyo institucional del Instituto Federal Electoral y la Secretaría de Gobernación. Su presupuesto fue de 73.6 millones de pesos a través de un fondo especial para ese fin que administró el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (pnud) (Carole Simonnet, “Reportaje Elecciones 2012”, suplemento Enfoque, en Reforma, 11 de noviembre de 2012).

45 Ídem.46 “decreto que reforma los artículos 6o., 41, 85, 99, 108, 116 y 122; adiciona

el artículo 134 y deroga un párrafo al artículo 97 de la Constitución Política de los

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hubiera utilizado el término adquirir provocó un debate pues en caso de denuncia de una transgresión a este ordenamiento debía probarse la exis-tencia de un contrato, cuando se sabe que puede adquirirse propaganda en radio y televisión a través de vías informales, es decir, sin contrato.

La reforma de 2014 eliminó el párrafo polémico de ese lugar pero lo incluyó en la base VI del mismo artículo 41, donde se indicó que la ley de la materia establecería la anulación de las elecciones federales o locales por violaciones graves, dolosas y determinantes en los casos si-guientes: a) cuando se excediera el gasto de campaña en 5 % del monto total autorizado; b) cuando se comprara cobertura informativa o tiempos en radio y televisión; y c) cuando se recibieran o utilizaran recursos de procedencia ilícita o recursos públicos en las campañas.47

Las protestas de los partidos de oposición y de grupos de la sociedad interesados en este aspecto de la vida democrática del país se extendieron contra la reforma porque, dado que no se usó el término adquirir, sería prácticamente imposible acreditar “de manera objetiva y material” que las violaciones realmente fueran “graves, dolosas y determinantes”, como exige esa norma constitucional. Esas condiciones hacían muy probable la repetición de impunidad ante la posible connivencia –confabulación, según el diccionario– entre políticos y empresarios de radio y televisión.

Sin embargo, el enorme descontento social ante ese aspecto de la reforma logró una modificación posterior en la cual se señala que las elec-ciones podrán anularse en el caso de que se compre o adquiera cobertura informativa o tiempos en radio y televisión.48 De este modo, aumentó la posibilidad de que la reforma pudiera cumplir con la expectativa de garantizar la supresión de propaganda simulada en radio y televisión.

Estados Unidos Mexicanos”, artículo 41, base III, apartado A, Diario Oficial de la Federación, martes 13 de noviembre de 2007.

47 Agregaba también que tales violaciones deberían acreditarse de manera objetiva y material, y que se presumiría “que las violaciones son determinantes cuando la diferencia entre la votación obtenida entre el primero y el segundo lugar sea menor al cinco por ciento”. Preveía asimismo que en caso de nulidad de la elección, se convocaría a una elección extraordinaria en la que no podría participar la persona sancionada. (“decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia política-electoral”, Diario Oficial de la Federación, lunes 10 de febrero de 2014).

48 “decreto por el que se reforma el inciso b) del tercer párrafo de la base VI del artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”, Diario Oficial de la Federación, 7 de julio de 2014.

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Pero la garantía plena no existe todavía dado que no se corrigió un as-pecto clave para la equidad en la competencia por el poder político en México: el gasto descontrolado de propaganda por parte de los políticos en el ejercicio de sus funciones.

Una señal muy negativa alrededor de esta preocupación sobre la equi-dad de las contiendas electorales en México –dimensión relevante de la calidad de la democracia en el país– es que desde 2007 y hasta la opor-tunidad que hubo para hacerlo en la reforma político-electoral de 2014, no se reglamentó el artículo 134 constitucional. Ese artículo ordena que todos los servidores públicos del país están obligados a aplicar con im-parcialidad los recursos bajo su responsabilidad, sin influir en la equidad de la competencia entre los partidos políticos, y que la propaganda di-fundida por ellos deberá tener carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación social, y en ningún caso “incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público”.49 Como no se han hecho las leyes reglamen-tarias de este artículo, esta norma constitucional no se aplica cabalmente en la práctica debido a que no hay sanciones estipuladas y por eso es fácil prever que continuará el dispendio de los gobernantes en propaganda política disfrazada de comunicación social en radio y televisión.50

Algunas reflexiones finales

La equidad en la lucha por el poder es uno de los requisitos de las de-mocracias modernas y por ese motivo el acceso a los medios de comu-

49 Estas normas fueron adicionadas en la reforma de 2007. 50 Al menos durante la primera mitad de su sexenio, Enrique Peña Nieto fue ejemplo

del gasto excesivo y discrecional de dinero público en propaganda oficial. Sin cumplir con el compromiso que hizo como candidato de crear un órgano ciudadano para supervisar la contratación de publicidad oficial, durante ese lapso su administración usó discrecionalmente más de 13 000 millones de pesos en propaganda y comunicación social. En 2013, único año del cual se tienen datos precisos sobre el gasto ejercido en este rubro, el gobierno encabezado por Peña Nieto gastó un promedio de 19 millones de pesos diarios. Según especialistas en comunicación y derecho a la información, ese gasto fue utilizado por el gobierno como “una herramienta para influir en líneas editoriales y construir una imagen positiva de un Presidente al que, desde su campaña, se le acusaba de ser el candidato de las televisoras” (Andro Aguilar, “Publicidad oficial: exceso y discrecionalidad”, Reforma, suplemento Revista R, núm. 184, 12 de julio de 2015, p. 6).

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nicación tales como la radio y la televisión, de amplia cobertura y con posibilidad real de influencia entre amplios sectores del electorado, es central durante los procesos electorales y en general en el desarrollo de la vida política para cualquier sociedad. A causa de la magnitud de los territorios y las poblaciones a las que pretendan gobernar o representar, los políticos requieren los espacios de esos medios para ser primero cono-cidos, después elegidos y posteriormente obedecidos por los ciudadanos. Sin vínculos de comunicación no hay ejercicio político que pueda darse.

Tal vez en un futuro próximo puedan ser sustituidos por otros medios de comunicación de masas basados en el uso de redes cibernéticas de telecomunicación –como ya ha empezado a ser visible con Facebook y Twitter–, pero desde que comenzó el siglo xxi, y especialmente durante las campañas electorales por la presidencia de la República, los tiempos en radio y televisión han sido materia de disputa entre los partidos po-líticos en México. Tanto en 2007 como en 2014 tuvieron que discutirse y aprobarse reformas constitucionales para enfrentar el descontento de los candidatos y partidos vencidos en las contiendas presidenciales por razones muy precisas: la campaña negra emprendida por los propios dueños de las concesiones contra Andrés Manuel López Obrador en 2006 y –haya habido acuerdo firmado o no– el ostensible y prematu-ro impulso de la figura del gobernador Enrique Peña Nieto para que consiguiera la candidatura priista y luego ganara la Presidencia de la República en 2012.

El producto de estas dos reformas fue distinto. Con sus fallas, la de 2007 fue más trascendente porque, sin dejar lugar a dudas, eliminó la intervención de cualquier otro actor en la adquisición de tiempos en la radio y televisión, ya fuera del sector privado o del espectro político. Además, con el uso de los tiempos oficiales, esa reforma quitó a los empresarios el negocio tan redituable en que se había convertido para ellos el acaparamiento casi exclusivo de la conexión entre los candidatos y los ciudadanos en las campañas electorales. Y sin demeritar los avances que se han logrado –algunos de los cuales se consiguieron después de muchas protestas, como fue el caso del cambio en las causales de nuli-dad de las elecciones para que se especificara la adquisición y no solo la compra de tiempos en radio y tv–, la reforma de 2014 no logró revertir el deficiente modelo de comunicación asentado en mensajes mínimos (la “espotización”) que fue aprobado siete años antes.

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Hay varias consecuencias negativas en el fenómeno de proliferación excesiva de spots que vale la pena resaltar porque afectan la vida demo-crática en México. En primer lugar, se empobrece el debate público debido a que la difusión de mensajes tan cortos elimina la posibilidad de exponer datos y argumentos más amplios y sólidos para la presentación de las propuestas de los candidatos y la discusión de sus diferencias. En segundo lugar, este fenómeno disminuye el interés de los ciudadanos por las contiendas electorales porque en el mejor de los casos se torna en una sucesión aburrida de mensajes sin mucho sentido para ellos. Por último, la “espotización” juega un papel antipedagógico al no elevar los conocimientos de la ciudadanía sobre los temas públicos, pero asimismo propicia que los políticos no elaboren sus ideas con la precisión requerida para que después rindan cuentas, precisas también, ante los electores.

Finalmente, hay razones válidas para el escepticismo sobre si la refor-ma de 2014 garantiza equidad en la competencia por el poder político en México debido a que no produjo un marco normativo para sancio-nar a los políticos que utilicen sus cargos para promocionar su imagen y neutralizar a sus opositores. Aun cuando en 2014 permanecieron las adiciones hechas en 2007 al artículo 134 constitucional que ordena impedir el uso de recursos públicos en la promoción personalizada de aquellos políticos que ya están en el poder y aspiren a otros cargos vía la difusión de sus nombres, imágenes, voces o símbolos, no se realizó la ley reglamentaria que sancione a quien no cumpla con esta norma. Como “delito sin pena, no es delito”, esta es una asignatura pendiente en la democracia mexicana.

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Artículo recibido el 29 de abril de 2015y aceptado el 13 de noviembre de 2015

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Contribuciones para una operacionalización de la teoría de la

hegemonía de Ernesto Laclau*

Hernán Fair**

ResumenEl concepto gramsciano de hegemonía constituye una de las catego-rías más importantes para el análisis sociopolítico y crítico. En ese marco, la teoría política del discurso de Ernesto Laclau ha hecho un uso novedoso, rearticulándolo a una concepción posestructuralista, en clave posfundacional. Sin embargo, no ha operacionalizado esta categoría nodal para el desarrollo del análisis político del discurso como un método riguroso, útil y válido de investigación en ciencias sociales. El presente trabajo elabora una propuesta original frente a este problema, brindando herramientas para el empleo del concepto de hegemonía en análisis empíricos. Palabras clave: hegemonía, teoría política contemporánea, análisis sociopolítico del discurso, metodología, Ernesto Laclau.

AbstractThe gramscian concept of hegemony is one of the most important categories for socio-political and critical analysis. In this context, Laclau´s political theory of discourse has made a novel use, re-artic-ulating to post-structuralist conception, in post-foundational key. However, it has not operationalized this nodal category for the devel-opment of political discourse analysis as a rigorous, useful and valid method of social science research. This paper elaborates an original

* El presente artículo se inscribe en el marco de mis temas actuales de investigación en el Centro iesac (Universidad Nacional de Quilmes), financiado por el conicet. Una versión anterior fue presentada en el XI Congreso Nacional y IV Congreso Internacional sobre Democracia, Rosario, Santa Fe, 8 al 11 de septiembre de 2014. Agradezco particularmente a Javier Balsa, Ana Aymá, Evangelina Máspoli y Pehuén Romaní por la atenta lectura y los valiosos comentarios, críticas y sugerencias a una versión preliminar.

** Doctor en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires (uba). Investigador del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (conicet), con sede en la Universidad Nacional de Quilmes (unq). Docente e investigador en la unq y en la uba. Correo electrónico: <[email protected]>

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Hernán Fair

proposal address this problem by providing tools for the application of the concept of hegemony in empirical analysis Keywords: Hegemony Theory contemporary political, socio-polit-ical discourse analysis, Methodology, Ernesto Laclau.

Introducción

El concepto gramsciano de hegemonía constituye una de las categorías más relevantes y fructíferas para el análisis sociopolítico y crítico en ciencias sociales. En el marco de una reformulación más amplia de la obra de Gramsci, en la primera mitad de los años ochenta Ernesto La-clau ha hecho un uso novedoso de este significante, rearticulándolo al posestructuralismo, desde una perspectiva teórica y ontológica posfun-dacional, autodefinida inicialmente como “posmarxista” (Laclau, 1985, 1993:107, Laclau y Mouffe, 1987). Desde la perspectiva de Laclau, la hegemonía ha sido definida, con justeza, como la “categoría central para una teorización de la política” y para el “análisis político” (Laclau, 2002:2, 2005:97, 2006:60, 2008:51). En ese marco, el pensador argenti-no tempranamente se propuso crear “una nueva concepción de la política fundada en la noción de hegemonía” (Laclau, 1985:34). Sin embargo, pese a ser considerada su categoría central, la obra del pensador argentino carece de referencias operativas para aplicar sus herramientas teóricas al análisis de la dinámica política concreta. En ese contexto, Laclau no ha brindado una definición rigurosa acerca de la hegemonía, ni ha opera-cionalizado esta categoría nodal para el desarrollo del análisis político del discurso como un método útil y válido de investigación social. Sur-gen, en ese sentido, algunas preguntas clave que han sido escasamente problematizadas, hasta el momento, por la bibliografía especializada, pese a su indudable importancia.1 En primer lugar, ¿qué entendemos por hegemonía, desde la teoría de Laclau? En segundo término, ¿ existe hegemonía en todos los procesos políticos? En ese sentido, ¿qué ele-mentos distinguirían a la hegemonía de la mera dominación política,

1 Entre los análisis que han avanzado en el desarrollo de estos problemas metodológicos desde la teoría de Laclau, véanse Buenfil Burgos, 1994; Philips, 1998; Aboy Carlés, 2001, 2013; Howarth, 2005, 2010; Retamozo, 2006, 2009; Howarth, Norval y Stavrakakis, 2010; Jorgensen y Philips, 2010; Stavrakakis, 2010; Balsa, 2011 2013.

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Contribuciones para una operacionalización de la teoría de la hegemonía...

o de presuntas formas no hegemónicas? En tercer lugar, ¿cómo se pue-de analizar de forma rigurosa el modo de funcionamiento efectivo de determinada hegemonía? En ese marco, ¿qué indicadores permitirían afirmar y justificar que determinado orden social es o no hegemónico? En cuarto lugar, ¿cómo se puede analizar la eficacia interpelativa de la hegemonía en los procesos políticos contemporáneos? Por último, ¿de qué modo se pueden examinar los límites históricos que presenta toda formación hegemónica? En ese sentido, ¿qué indicadores permiten ana-lizar las formas de resistencia social a las operaciones hegemónicas en la dinámica política? El presente trabajo se propone brindar una respuesta posible a estos ejes problemáticos. En ese contexto, aporta una serie de herramientas teórico-metodológicas originales tendientes a fortalecer la operatividad de la perspectiva laclausiana, de modo tal de contribuir al empleo del concepto de hegemonía en estudios empíricos.

El concepto de hegemonía en la teoría política posfundacional de Ernesto Laclau

A partir de sus trabajos de mediados de los años ochenta, Ernesto Laclau rompe con los reductos esencialistas de su anterior neomarxismo estruc-turalista y asume una perspectiva de construccionismo social posfunda-cional. Sintéticamente, plantea una crítica teórica y ontoepistemológica a las concepciones objetivistas, deterministas, mecanicistas y esencialistas de las tradiciones marxistas y de la lingüística estructuralista, sosteniendo que el orden significante “construye”, “articula” y “organiza” lo social. Al mismo tiempo, afirma que la sociedad es “imposible” de ser “suturada” como totalidad plena, al constituirse mediante un “exterior discursivo” que la “deforma” y al estar penetrada por una multiplicidad de anta-gonismos sociales (Laclau, 1985; Laclau y Mouffe, 1987:150). En las últimas décadas se asiste, a su vez, a una “complejización” creciente de la estructura social y a una mayor “fragmentación” y “heterogeneización” de las identidades políticas y culturales, potenciadas por el proceso de globalización (Laclau, 1985:26-31, 1993:96, 1996:147, 2003; Laclau y Mouffe, 1987:181-183). En ese marco, el concepto de hegemonía asume un papel central, actuando como una especie de fundamento “parcial” que permite “articular” y “universalizar”, de forma “precaria” y “relativa”, el “orden comunitario” ausente, sin dejar de representar una “particu-

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laridad”. Según Laclau, “esta operación por la que una particularidad asume una significación universal inconmensurable consigo misma, es lo que denominamos hegemonía”2 (Laclau, 1996, 2002:2, 2005a:95, 2005c:122, 2006b:85, 2008:79-80).

Laclau, sin embargo, presenta diferentes expresiones del concepto de hegemonía en el transcurso de su obra, que superponen aspectos ónticos y ontológicos (Arditi, 2010; Retamozo, 2012). Desde el plano ontológico, el que más ampliamente desarrolla, podemos identificar tres etapas. En una primera etapa, la hegemonía se vincula a la existencia de determinados “puntos nodales”, que detienen el “deslizamiento” ince-sante de significados y fijan un determinado “centro” parcial (Laclau y Mouffe, 1987:142-143). En una segunda, Laclau se refiere al rol político que adquieren los “significantes vacíos” en la universalidad “relativa” del “orden comunitario” (Laclau, 1996:69 y ss.). En su última etapa, que coincide con un creciente énfasis en la formalización teórica, la hegemo-nía expresa una forma de universalización de lo particular que es similar al “objeto a” de Lacan, “elevado” a la “dignidad” de la “cosa”. Laclau también se refiere a la lógica de la hegemonía como una “metonimia” que se desplaza para asumir la forma de una “metáfora”, una “catacresis” o una “sinécdoque” de la totalidad ausente3 (Laclau, 2003:63, 2005:148-149, 2008, 2014). Sin embargo, deja siempre en claro que todo orden establecido es necesariamente “contingente” y “precario”, al construirse mediante un “exterior discursivo” que “le impide suturarse plenamente” (Laclau y Mouffe, 1987:150), y al estar penetrado por una “dislocación estructural”, asimilable a lo Real lacaniano (Laclau, 1993, 2005:152) y que muestra los límites históricos de toda formación hegemónica (La-clau, 2003).

Desde el plano óntico-empírico, Laclau solo menciona algunos ele-mentos secundarios. Así, en sus textos de mediados de los años ochenta, cuando inicia la ruptura con los resabios esencialistas, sostiene que la hegemonía “supone la desarticulación y rearticulación de posicionali-dades”, con base en la existencia de ciertas “formas consensuales”, que

2 No desarrollaremos aquí las características que asume la teoría política del discurso de Laclau, ni los antecedentes y debates en torno al concepto de hegemonía, concentrándonos en el plano operativo.

3 También incorpora en esta etapa una teoría posfundacional del populismo, pero que entendemos que puede ser parcialmente autonomizada de su teoría discursiva de las identidades sociales.

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permiten, desde el “terreno del discurso”, la “constitución de nuevos sujetos” (Laclau, 1985:21-23). En “Hegemonía y estrategia socialista”, donde sistematiza (con Mouffe) su teoría posfundacional, Laclau señala que la hegemonía genera una “transformación cultural” que “modifica” las “identidades” de los agentes, construyendo un nuevo “sentido co-mún”.4 En textos posteriores también se refiere a la forma empírica que adquiere la historización y simbolización del espacio dislocado, vincu-lando el registro de lo Real lacaniano con su construcción desde el orden simbólico (Laclau, 2003). Sin embargo, en ningún momento profundiza en la conceptualización y en las estrategias para el análisis operativo de la hegemonía, de modo tal que, más allá de referirse al desplazamiento de los significantes desde lo particular a lo universal, sin abandonar el resi-duo ontológico de particularidad, no analiza los indicadores específicos para poder atribuir éxito hegemónico (o analizar los límites históricos) de la hegemonía desde la dinámica política.

Contribuciones para una definición operativa de la hegemonía

Tomando como base los textos posfundacionales de Laclau, proponemos definir la hegemonía como:

La construcción discursiva de una forma de dominación política y so-cial que interpela y logra articular una amplia cadena equivalencial de significados y una pluralidad de demandas sociales, universalizando (tendencialmente) determinadas ideas y valores particulares, de un modo atribuido como legítimo por los sectores interpelados, de ma-nera tal que logra objetivar con éxito un nuevo sentido común y encarnar, imaginariamente, el orden comunitario como ausencia.

4 En palabras de Laclau, “la hegemonía supone la construcción de la propia identidad de los agentes sociales” (Laclau y Mouffe, 1987:90). En ese marco, para que una hegemonía sea exitosa, se debe “construir una relación estructuralmente nueva”, y no solo un “simple acuerdo coyuntural o momentáneo” (p. 97). De modo tal que, si toda articulación modifica a las fuerzas intervinientes, entonces “la equivalencia es siempre hegemónica, en la medida en que no establece simplemente una alianza entre intereses dados, sino que modifica la propia identidad de las fuerzas intervinientes en dicha alianza” (pp. 229-230).

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Esta definición implica asumir una serie de premisas: 1) La hegemonía corresponde a una forma de dominación política y

social predominantemente ideológica o cultural, que busca imponer determinados valores, creencias, deseos, ideales y mandatos como legítimos, válidos y reconocidos como propios, sobre otros sectores políticos y sociales.

2) Toda construcción hegemónica se basa en un juego complejo de desarticulación, rearticulación, universalización y exclusión sim-bólica de determinadas cadenas equivalenciales de significados y de determinadas demandas sociales de los sectores interpelados.

3) La lógica hegemónica permite encarnar, de forma imaginaria, el fundamento del orden comunitario ausente.5

4) Toda hegemonía asume una forma universal y objetivada, que reprime ideológicamente su aspecto particular, contingente y po-lisémico (construido, precario, temporalmente modificable) para edificar un nuevo y exitoso sentido común.

5) Toda hegemonía implica y presupone la existencia de un orden colectivo plural, en el que las disidencias ideológicas de los sec-tores subalternos pueden expresarse públicamente, con relativa autonomía de las directrices e imposiciones arbitrarias del orden dominante.6

5 El aspecto “parcial” de la lógica hegemónica ha sido destacado en varias oportunidades por la teoría de Laclau. Ya desde su texto fundacional, Laclau se refiere al concepto de “articulación hegemónica” señalando que se trata de un tipo de articulación que se encuentra entre “el deseo de plenitud” y la “dispersión de las posiciones de sujeto” (Laclau y Mouffe, 1987:164). En ese marco, reconoce que “hay meramente grados relativos de institucionalización de lo social, que penetran y definen la subjetividad de los propios agentes” (Laclau, 1993:233).

6 Como señala Laclau, solo existe hegemonía en el marco de determinadas condiciones que hacen posible la expresión de las diferencias. En ese contexto, la “apertura de lo social” es entendida como “la precondición de toda práctica hegemónica” (Laclau y Mouffe, 1987:186). La hegemonía, entonces, no puede ser analizada en regímenes dictatoriales o totalitarios. Aunque este punto distingue a la teoría de la hegemonía de Laclau de la perspectiva gramsciana, ello no implica asumir que la hegemonía sea puro consenso, ya que en todo consenso existe una cuota de violencia, que reprime la expresión de decisiones alternativas y la contingencia de lo social (Laclau, 1993, 1996). Además, el aspecto represivo forma parte de los modos de dominación hegemónicos, aunque no constituye su aspecto primordial.

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Las dimensiones de la hegemonía

Con base en la definición y las premisas que hemos desarrollado, pode-mos decir que, desde la perspectiva posfundacional de Laclau, la hege-monía presenta las siguientes dimensiones:

1) La dimensión relacional: toda hegemonía vincula de una ma-nera relacional los discursos dominantes con los discursos de los sectores dominados o subalternos, con el objeto de garantizar la dominación social.

2) La dimensión interpelativa: en el marco de la disputa cultural por imponer el sentido legítimo atribuido a lo social, toda hegemonía presenta una dimensión interpelativa (Laclau, 1993), lo que im-plica la existencia de determinados actores políticos encargados de construir, a través de las prácticas discursivas, el sentido legítimo del orden social.

3) La dimensión performativa: en el marco de la dimensión interpe-lativa, toda hegemonía presenta una dimensión performativa, que es capaz de transformar y/o reforzar determinadas ideas, prácticas, creencias, tradiciones e imaginarios sociales sedimentados, modi-ficando, en diferente grado e intensidad, las identidades políticas y las tradiciones culturales que asumen como propios y válidos los sectores interpelados.7

4) La dimensión articulatoria: toda hegemonía presenta una dimen-sión “articulatoria” (Laclau, 1985:20; Laclau y Mouffe, 1987:133) o “asociativa” (Marchart, 2009:59), que permite conformar un campo de “solidaridades”, instituyendo una “homogeneidad in-terna” (Aboy Carlés, 2001).

5) La dimensión antagónica: junto a la dimensión articulatoria, toda hegemonía presenta una dimensión “antagónica” (Laclau, 1985:24) o “disociativa” (Marchart, 2009:59), que tiende a ser reprimida ideológicamente cuando la operación hegemónica logra ser exitosa.

7 Desde sus textos de los ochenta, Laclau señala que la “práctica discursiva” permite “modificar” las “identidades” como producto de dicha práctica articulatoria (Laclau, 1985:22; Laclau y Mouffe, 1987:142-143) y que “la fuerza articulatoria transforma su identidad en el proceso de articulación” (Laclau, 1993:251).

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6) La dimensión contextual: como señala Laclau, existen determi-nadas “condiciones discursivas de posibilidad” (Laclau, 1993:53, 230 y 236; Laclau y Mouffe, 1987:156) que condicionan el éxito performativo de la hegemonía.8

7) La dimensión afectiva: en el marco de los condicionamientos no estrictamente lingüísticos del discurso, toda hegemonía presenta una dimensión afectiva, que genera “ligazones catexiales” y una “investidura radical” (Laclau, 2005:71), estableciendo identifi-caciones inconscientes en torno a determinadas figuras o idea-les, que tienen adherido un componente de “goce superyoico”9 (Stavrakakis, 2010).

8) La dimensión contingente y precaria: debido a que no existe un orden “plenamente suturado”, toda hegemonía presenta una di-mensión “contingente”, que muestra su condición de “indecidi-bilidad” (Laclau, 2005b:99) y de “historicidad” (Laclau, 1993) y, por lo tanto, su inherente “relatividad”, “particularidad”, “arbitra-riedad” y “precariedad”. En ese marco, junto a la existencia de an-tagonismos constitutivos, existe una subdimensión “incompleta” (Real) de lo social, vinculada al carácter “dislocado” (Laclau, 1993) y estructuralmente “desnivelado de lo social” (Laclau, 1996:81), que expresa su precariedad ontológica10 (Laclau, 2003).

8 Como señala Laclau, la construcción de hegemonías “tampoco puede consistir en meros fenómenos lingüísticos, sino que debe atravesar todo el espesor material de instituciones, rituales, prácticas de diverso orden, a través de las cuales una formación discursiva se estructura (Laclau y Mouffe, 1987:146, 148). No obstante, “si todo discurso tiene condiciones de producción específicas, estas condiciones, incluso cuando tienen carácter de fijeza institucional, deben ser concebidas como otros discursos” (Laclau, 1985:39).

9 En palabras de Laclau, “los complejos que denominamos formaciones discursivas o hegemónicas, que articulan las lógicas de la diferencia y de la equivalencia, serían inteligibles sin el componente afectivo […]. De esta manera, podemos concluir que cualquier totalidad social es resultado de una articulación indisociable entre la dimensión de significación y la dimensión afectiva” (Laclau, 2005:143).

10 Como destacaba tempranamente Laclau, a partir de los aportes de Heidegger, Wittgenstein y Derrida, “la lógica relacional es una lógica incompleta y penetrada por la contingencia” (Laclau y Mouffe, 1987:151). El abordaje de esta subdimensión incompleta de la hegemonía, vinculado a sus formas históricas de sintomatización, no será motivo de análisis de este trabajo. Sobre el particular, véase Stavrakakis, 2010.

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Herramientas para analizar la construcción de hegemonías desde la dinámica histórico-política

La operación hegemónica en los procesos políticos concretos

Como señalamos, los textos de Laclau enfatizan en demasía en el plano ontológico, relegando el análisis de la hegemonía en la dinámica política concreta. Desde el plano óntico, Laclau solo destaca que toda hegemonía genera una transformación “intelectual y moral” que construye un “nue-vo sentido común” en las “masas” (Laclau, 1985: 30). Profundizando estos aportes, tomando en cuenta la dimensión transformativa de la he-gemonía, sostenemos que el éxito hegemónico, lo que Laclau denomina la “victoria hegemónica” (Laclau, 1996:64) o la “operación hegemónica” (Laclau, 1996:83, 2003:60, 2005:124), se produce cuando determinado discurso dominante logra:

La transformación ideológica de al menos una porción de las iden-tidades y tradiciones político-culturales de los sectores interpelados, quienes asumen explícitamente, o bien no cuestionan de forma di-recta, los ejes nodales del discurso dominante que presenta el o los agente/s interpelador/es central/es, de modo tal que lo internalizan y objetivan como válido y legítimo.

Veamos más en detalle los presupuestos y premisas que asumimos:1) La operación hegemónica, desde el análisis de la dinámica políti-

ca, implica una efectiva transformación cultural o ideológica que modifica, al menos parcialmente, las identidades políticas de los actores interpelados.

2) Como consecuencia del punto anterior, la hegemonía se vincula a una forma de dominación básicamente consensual (ideológica o político-cultural).

3) Existen determinados actores políticos que actúan como interpe-ladores privilegiados, asumiendo un rol central en la construcción de la hegemonía.11

11 No podemos desarrollar en este trabajo el presente punto. Sólo diremos que asumimos la capacidad privilegiada de determinados agentes (desde la figura del presidente, hasta ciertos intelectuales orgánicos) de construir hegemonía, ya sea

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4) El éxito de la hegemonía se puede inteligir, en el momento en que los sujetos interpelados asumen públicamente los ejes noda-les del discurso dominante, o bien no los cuestionan de forma explícita, señal de que han internalizado el discurso dominante como legítimo.

De los aspectos señalados se desprenden tres elementos centrales de la construcción de hegemonías:

a) Su triple lógica de desarticulación, rearticulación y universaliza-ción tendencial de determinadas cadenas equivalenciales.

b) La existencia de determinados agentes políticos cuyas interpela-ciones contribuyen performativamente a construir una hegemo-nía exitosa.

c) El proceso óntico de transformación cultural de al menos una porción de las identidades y tradiciones políticas parcialmente sedimentadas de los sectores interpelados.

El análisis de la eficacia hegemónica

La hipótesis de este trabajo sostiene que toda formación hegemónica es exitosa políticamente cuando realiza una (re)construcción ideológica que logra transformar, en diverso grado y magnitud, el sentido común preva-lente en los actores interpelados.12 Básicamente, nos interesa destacar el efecto de objetivación y naturalización de lo social, que genera la opera-ción hegemónica. Ello implica, en los términos de Laclau, un fenómeno de relativa “sedimentación” (Laclau, 1993) de lo social, que contribu-ye al “olvido” del “momento político” y a reprimir tendencialmente el

por motivos identitarios o de tradición, por su posición política e institucional, por razones de carisma y/o por su elevada capacidad dialógica. Los aportes de Weber resultan valiosos en ese sentido, aunque deben ser analizados en clave posfundacional, y complementados con la dimensión afectiva de la hegemonía.

12 La importancia clave de la transformación del “sentido común” de los sectores subalternos fue tempranamente destacada por Gramsci (1984), quien oponía a ello la construcción de los “núcleos de buen sentido”. Laclau, en cambio, ha relegado este aspecto central para el análisis del éxito hegemónico, aunque fue recuperado por algunos trabajos posicionados desde su perspectiva (Philips, 1998; Retamozo, 2006:116; Balsa, 2011; Laguado Duca, 2011:37).

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cuestionamiento público de los ejes nodales del discurso dominante.13 Ahora bien, ¿cómo se puede examinar esta transformación político-cul-tural en las identidades de los sectores interpelados? A continuación, propondremos algunos indicadores que podrían contribuir a analizar esta dimensión vinculada a la eficacia interpelativa de la hegemonía. Antes, sin embargo, debemos hacer una distinción metodológica entre tres dimensiones básicas para el estudio de la hegemonía.

Tres dimensiones para el análisis operativo de la hegemonía

Proponemos realizar una distinción analítica entre tres dimensiones cen-trales para estudiar empíricamente la hegemonía:

1) La dimensión de la producción o la construcción de la hegemo-nía: corresponde al análisis del discurso de la/s figura/s política/s clave/s que es/son situada/s estratégicamente por el analista en el rol de productor/es de la hegemonía.

2) La dimensión de la recepción de la hegemonía: corresponde al análisis de los discursos de los sujetos que son posicionados por el analista como actores interpelados por la discursividad dominante.

3) La dimensión de la eficacia interpelativa: corresponde al análisis del impacto interpelativo de la hegemonía, con base en la compa-ración del discurso dominante posicionado en el rol de interpela-dor sobre los discursos situados como interpelados.

Esta distinción, que no niega la capacidad activa y relativamente autóno-ma del conjunto de los actores políticos para construir interpelaciones, se vincula a una decisión inicial del analista del discurso, quien debe decidir qué actor o actores son posicionados estratégicamente en el rol de productores (por ejemplo, el discurso del presidente), y quienes son situados estratégicamente como receptores de la hegemonía (por ejem-plo, los discursos de los dirigentes sindicales). De este modo, se abre la posibilidad de examinar cómo son significadas (recibidas) las interpe-laciones dominantes desde los discursos interpelados, comparándolas

13 Como señala Laclau, “la sedimentación puede ser tan completa, el privilegio de uno de los polos de la relación dicotómica tan logrado, que el carácter contingente de este privilegio, su dimensión originaria de poder, no resulta inmediatamente visible” (Laclau, 1993:51).

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con los discursos de los actores que se ubican en el rol de interpelado-res clave. Así, los discursos dominantes hegemonizan el espacio social cuando logran transformar, al menos parcialmente, las ideas y creencias de los sectores interpelados, (re)construyendo un nuevo sentido común objetivado.

Indicadores del éxito interpelativo de la hegemonía

Desde la perspectiva de Laclau el orden significante, como elemento ma-terial, construye las identidades políticas y el lazo social. En ese marco, el análisis de la eficacia de la hegemonía se vincula a aspectos ónticos ligados centralmente al plano simbólico. Tomando como base los aportes de De Ípola (2001), sostenemos que el éxito hegemónico se vincula a la construcción de un discurso de sentido común, cuyo eje radica en que se dan por sentadas ciertas cuestiones, convirtiéndolas tendencialmente en “objetivas”. De este modo, podemos decir que, al no ser problematizada ni cuestionada, la realidad social tiende a percibirse de forma natura-lizada, de manera tal que se internaliza y sedimenta, imaginariamente, como una verdad objetiva.

Siguiendo a Balsa (2011), afirmamos que la (re)construcción exitosa del sentido común de las operaciones hegemónicas se materializa en el no cuestionamiento público de determinados significantes, cadenas equivalenciales y tópicos centrales de la discursividad dominante, que los actores interpelados (dominados) asumen como válidos y legítimos. Desde el plano discursivo-lingüístico, podemos decir, entonces, que:

Un discurso dominante ha logrado hegemonizar el espacio social, convirtiéndose en un nuevo sentido común, cuando sus ejes nodales son aceptados como válidos, o al menos no son cuestionados públi-camente, por los principales sectores interpelados, internalizándose y sedimentándose como una realidad objetiva que, por lo tanto, deja de ser discutida.

Ello genera algunas implicancias centrales para el análisis del proceso hegemónico:

1) Por un lado, como existe una serie de elementos clave que se aceptan como válidos, o bien no se cuestionan públicamente, los

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núcleos del debate político pasan a concentrarse en otros elemen-tos, externos a los ejes nodales del discurso dominante.

2) Debido a que se comparte al menos un mínimo común denomi-nador objetivado, los contradiscursos (discursos críticos) asumen una forma de estructuración mayoritariamente defensiva, cons-truyéndose por la negativa al orden vigente.

3) Como consecuencia del punto anterior, ideológicamente se repri-men, tendencialmente, los discursos políticos alternativos (con-trahegemónicos). Es decir, que, al compartir un núcleo básico, se dificulta la expresión pública de ciertos significantes y articula-ciones equivalenciales antagónicos a los ejes nodales del discurso hegemónico.

En síntesis, el discurso dominante logra asumir una forma hegemónica, cuando consigue que:

a) Dejen de cuestionarse públicamente los significantes y articu-laciones equivalenciales clave que estructuran su discursividad, objetivándose como verdaderos.

b) Determinados significantes, articulaciones equivalenciales y tópicos antagónicos a la discursividad dominante se repriman (tendencialmente) de su enunciación pública, convirtiéndose en significantes prohibidos o “tabú” (Foucault, 1973).

c) De este modo, los discursos críticos se estructuran mediante una lógica “defensiva” de predominio de la negatividad, por sobre la construcción positiva y “ofensiva” de alternativas antagónicas a los ejes centrales de la discursividad hegemónica.

En los términos de Balsa (2011), este proceso de objetivación social se traduce en que la pluricentualidad ontológica de los discursos tien-da a transformarse en monoacentual. Desde la perspectiva de Laclau, podemos decir que el éxito hegemónico se observa en el momento en que determinado(s) significante(s) clave(s) que actúa(n) como “punto(s) nodal(es)” logra(n) “vaciarse” en un grado considerable, restringiendo la doble dimensión polémica y polisémica del orden significante. De este modo, al compartir explícita o implícitamente los aspectos centrales

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del discurso hegemónico, los discursos críticos no pueden edificar una hegemonía alternativa.14

Afirmamos, entonces, que, desde el plano de análisis textual del discurso, toda dominación es hegemónica en el momento en que lo-gra (re) construir un nuevo y exitoso sentido común, edificando: Un discurso dominante que ha logrado un grado tal de sedimentación de lo social, que sus significantes, articulaciones y tópicos nodales no son cuestionados públicamente, asumiendo, de este modo, una forma obje-tiva y transparente, que parece ser aceptada y compartida como válida y legítima por el conjunto de la sociedad.

La consecuencia inmediata de este efecto sentido común es que:a) Los ejes del debate público se concentran en otros elementos,

externos a los puntos nodales del discurso hegemónico.b) Prevalece la construcción ideológica defensiva y por la negativa.c) Como consecuencia del punto anterior, se desvanecen los dis-

cursos contrahegemónicos que permitan articular una alternativa antagónica al orden dominante.

d) A su vez, determinados significantes, articulaciones y tópicos an-tagónicos a la discursividad hegemónica tienden a ser reprimidos de su enunciación pública, convirtiéndose en significantes tabú.

Finalmente, incorporando algunos elementos de Bajtín (1982:279), re-feridos a la “palabra ajena”, sostenemos que:

Toda formación hegemónica es exitosa, cuando logra penetrar en el discurso ajeno y edificar un nuevo sentido común, sedimentando los valores centrales del discurso dominante y restringiendo la expresión pública de los discursos alternativos.

Estos cambios tienen implicancias en la dinámica política, ya que pene-tran en las mentes de los sujetos, naturalizan y objetivan determinados significados (valores, deseos, mandatos) y logran restringir la capacidad

14 Por ejemplo, en los años noventa, la estabilidad (y su relación con la paridad fija y las reformas neoliberales) se estructuró como eje central de la discursividad menemista, sin ser cuestionada como tal. En ese marco, los discursos alternativos se edificaban mediante una lógica defensiva y diferencial frente al modelo económico, sin construir una contrahegemonía (Fair, 2013).

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de pensar, argumentar y construir alternativas válidas al orden domi-nante.

La eficacia indirecta de la hegemonía

El análisis del grado de replique, en los discursos posicionados como interpelados, de ciertos giros y articulaciones típicos del discurso interpe-lador, permite examinar la eficacia directa de determinada discursividad. Sin embargo, también es posible inferir la eficacia interpelativa de una forma indirecta. Para ello, se debe partir desde un análisis comparado del discurso (ya sea verbal o textual) a escala temporal, examinando si se replican, y en qué grado, los cambios en las articulaciones, fronteras políticas, tópicos de debate y los aspectos enunciativos de los discursos interpeladores e interpelados, en una etapa previa y posterior a la emer-gencia y sedimentación del discurso dominante. En ese marco, se deben considerar, de un modo comparado:

1) Los giros, significantes, cadenas equivalenciales, fronteras políti-cas y estilos enunciativos del discurso dominante, que aumentan notablemente su grado de replique a nivel diacrónico.

2) Los giros, significantes, cadenas equivalenciales, fronteras políti-cas y estilos enunciativos antagónicos al discurso dominante, que reducen notablemente su grado de replique a nivel diacrónico, o bien dejan de mencionarse públicamente.

3) Los significantes y cadenas equivalenciales clave (o más replicados) del discurso dominante que dejan de ser cuestionados pública-mente, valorándose como positivos y deseables.

4) Los giros, significantes y cadenas equivalenciales de los sectores interpelados, cuya expresión social se dificulta, debido a la des-legitimación que adquiere su enunciación pública. Definimos como “significantes tabú” a estos significantes reprimidos ideo-lógicamente del orden del discurso, en determinada coyuntura o momento histórico-político.

Siguiendo los aportes gramscianos, sostenemos que, desde el plano no estrictamente lingüístico del discurso, el análisis de la eficacia interpela-tiva se vincula a determinadas transformaciones en las prácticas políticas y sociales de los agentes situados como interpelados. En ese sentido, los cambios en los modos de vida y el grado de disciplinamiento social

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de los actores interpelados constituyen indicadores indirectos del éxito interpelativo, que se pueden observar comparativamente a través de:

1) La restricción del uso de las formas habituales de expresión de la desconfianza, el rechazo político y los antagonismos socia-les, materializado en la disminución cuantitativa de los paros, protestas y movilizaciones sociales y del grado de combatividad política contra las figuras y los ejes centrales de la discursividad dominante.

2) El incremento de las movilizaciones sociales y otras expresiones públicas de apoyo a los ejes centrales y a las figuras políticas que representan la discursividad dominante.

3) La restricción del uso de los poderes de veto por parte de los acto-res de poder organizados, expresado en la ausencia o la reducción notable del grado de combatividad y de la cantidad de protestas, movilizaciones y paros sindicales opositores, la restricción al incre-mento de los precios por parte de los empresarios, la aprobación de préstamos financieros desde los organismos multilaterales de crédito, el disciplinamiento de las Fuerzas Armadas y policiales al orden institucional y el incremento de las decisiones de produc-ción, empleo, inversión interna y externa, depósitos financieros y consumo, materializados en los cambios en los indicadores macro-económicos (nivel de crecimiento del pib y las tasas de consumo, producción e inversión, nivel de reservas monetarias, nivel de de-pósitos financieros en el mercado local, calificaciones de organis-mos multilaterales, aumento de la bolsa y restricción de la fuga de capitales e inversiones al exterior).

4) El incremento en el grado de apoyo electoral al sujeto interpelador clave o a los referentes que simbolizan el orden dominante, expre-sado en el resultado de las elecciones presidenciales y/o legislativas, o en otros comicios vinculantes (plebiscitos, referendos, consultas populares).

5) La reducción en el grado de apoyo electoral a los referentes po-líticos que expresan ideas antagónicas al discurso dominante, materializado en las elecciones presidenciales y/o legislativas, o en otros comicios vinculantes (plebiscitos, referendos, consultas populares).

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6) La aprobación formal y la aceptación social de determinadas nor-mas y/o políticas públicas promovidas por el discurso dominante, que previamente eran resistidas o combatidas.

El apoyo o la desaprobación electoral hacia determinados candidatos o figuras políticas, la aprobación y sanción parlamentaria o la reprobación de determinadas normas, así como la movilización social en respaldo o el rechazo a determinadas políticas públicas o decisiones promovi-das por la discursividad dominante, no implican necesariamente una transformación cultural efectiva de los sectores interpelados. Sin em-bargo, pueden actuar como indicadores indirectos del éxito hegemónico en determinadas circunstancias, que deben ser contrastadas y confirma-das desde el análisis de los discursos verbales y las formas de percepción subjetivas de los actores interpelados.15

El análisis de la eficacia interpelativa desde la dinámica histórico-política

Para analizar operativamente la eficacia interpelativa, debemos conside-rar cómo se combinan estos planos y niveles del discurso en la dinámica política “realmente existente”. Complejizando a la teoría de la hegemo-nía con algunos aportes pragmáticos de la teoría de la estructuración de Giddens (1995), sostenemos dos tesis centrales:

1) En todo proceso político se presenta una dinámica de interacción compleja entre los factores lingüísticos y extralingüísticos, inclu-yendo sus diferentes niveles.

2) Esta relación dialéctica, aprehendida desde el orden significante, permite relegitimar y fortalecer, o bien deslegitimar y poner en cuestión determinado orden hegemónico, o con pretensiones de hegemonizar el espacio social.

3) De este modo, el análisis discursivo de la dinámica de interacción compleja entre los planos y niveles de lo social permite examinar

15 Aunque excede el marco de este trabajo, un análisis de los discursos en sentido estricto, ya sea con base en encuestas, entrevistas, focus groups o documentos de prensa gráfica o audiovisual, junto al análisis de las restricciones estructurales en determinada coyuntura, permiten confirmar o rechazar la existencia de cambios efectivos que internalicen las transformaciones no estrictamente lingüísticas.

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la eficacia interpelativa, así como los límites históricos de los dis-cursos dominantes con pretensiones hegemónicas.

Para examinar el impacto hegemónico se debe partir desde el orden significante para analizar la interacción compleja que se establece entre las interpelaciones y argumentaciones verbales y las prácticas sociales e institucionales del discurso dominante, los factores estructurales y agen-ciales que los restringen y condicionan, en un sentido amplio, y las dis-cursividades y condicionantes de los actores interpelados. De este modo, la eficacia interpelativa se obtiene a partir del análisis de:

La interacción compleja entre las interpelaciones y argumentaciones ideológicas, los condicionantes provenientes de las políticas públicas, el marco institucional, la estructura económica y las prácticas sociales e institucionales de los discursos dominantes, junto con las creencias, tradiciones, valores, imaginarios y prácticas sociales e institucionales parcialmente sedimentadas en los actores interpelados.

Mediante el análisis de los discursos públicos de los actores interpelados se puede acceder a aspectos concernientes a la eficacia interpelativa de determinado discurso dominante.16

La dinámica de interacción compleja entre los planos y niveles del discurso

A continuación, desarrollaremos una propuesta exploratoria que tiene por objeto contribuir a analizar el grado de eficacia interpelativa de la hegemonía, en base a la dialéctica entre los planos y niveles del discurso.

16 Excede el marco de este trabajo el análisis de la cuestión de los grados de hegemonización. Sólo diremos que las interpelaciones pueden ser replicadas (o resistidas) de forma completa o parcial, lo que habilita al análisis por grados de hegemonización. El propio Laclau reconoce que existen “grados relativos de institucionalización de lo social, que penetran y definen la subjetividad de los propios agentes” (Laclau y Mouffe, 1987:233). En efecto, “entre la encarnación total y la vacuidad total existe una gradación de situaciones que involucran encarnaciones parciales”. Según Laclau, “estas son, precisamente, las formas que toman las prácticas hegemónicas” (Laclau, 2005:210).

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Para ello, tomaremos en cuenta lo que atribuimos como la doble dimen-sión racional e irracional de este proceso.

La dimensión racional de la hegemonía

Aunque la teoría posfundacional de Laclau critica el racionalismo, no niega la capacidad de racionalidad relativa de los agentes.17 Además, presupone la existencia de un principio de mínima “coherencia” y “cre-dibilidad” de los discursos.18 Tomando como base estas contribuciones, asumimos tres premisas para analizar esta dimensión:

1) Para ser exitoso, el discurso dominante debe ser atribuido bajo cierta concordancia, coherencia, sinceridad y adecuación norma-tiva, por parte los sectores interpelados.

2) Esta atribución de concordancia y coherencia se relaciona direc-tamente con la interacción compleja que se establece entre las interpelaciones verbales del discurso dominante y los niveles ex-tralingüísticos del discurso (tanto estructurales como agenciales), incluyendo los hechos físicos, las normas, las políticas públicas, las tradiciones, creencias, valores, costumbres, imaginarios, vivencias y prácticas sociales de la vida cotidiana.

3) Entre las relaciones de concordancia y coherencia adquiere parti-cular importancia la creencia en la legitimidad del agente interpe-lador clave, cuyo discurso debe ser atribuido mínimamente como sincero, lógicamente estructurado, normativamente adecuado, política y socialmente deseable y éticamente valioso.19

17 En ese sentido, afirma que “las formas de cálculo a través de las cuales un interés se construye no son automáticas y transparentes, sino que se forman a través de una complicada serie de procesos discursivos, ideológicos e institucionales, que les da una racionalidad que solo puede ser relativa” (Laclau, 1993:227).

18 Valga como ejemplo el siguiente fragmento de la obra laclausiana: “en la confusa situación italiana de comienzos de los años 1920, muchos liberales aceptaron el fascismo, no porque a ellos les gustara particularmente, sino porque existía una situación social explosiva que era, a la vez, impensable e imposible de controlar en el marco del sistema político tradicional, y el fascismo aparecía como el único discurso coherente (Laclau, 1996:206, cursivas mías).

19 Como lo ha destacado Laclau, “la aceptación de un orden depende de su credibilidad, y esta credibilidad no le será acordada si sus propuestas chocan con principios básicos que informan la organización de un grupo” (Laclau, 1993:82). En efecto, en el momento en que un discurso dominante “entra en conflicto” con

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De este modo, partimos de la base de que: 1) Los actores sociales son seres complejos y relativamente reflexivos,

racionales y estratégicos, capaces de reflexionar y explicar los mo-tivos de sus actos, decisiones u omisiones.20

2) Como consecuencia del punto anterior, los actores interpelados son capaces de aceptar, pero también de resistir y rechazar, en diverso grado, las interpelaciones, argumentando, decidiendo y/o actuando de un modo diferente u opuesto a las interpelaciones recibidas.

Desde esta línea, proponemos complejizar y radicalizar la propuesta de Laclau, asumiendo las siguientes premisas operativas para el análisis de la dinámica política:

1) Los actores interpelados contrastan el nivel atributivo de con-cordancia, coherencia, adecuación normativa y sinceridad, obser-vando si existe o no una adecuación, de acuerdo con los valores, creencias, tradiciones y percepciones parcialmente sedimentadas.

2) En caso de atribuir concordancia, coherencia, sinceridad y ade-cuación normativa, y luego de ser contrastado con las prácticas sociales de la vida cotidiana, el discurso interpelado es capaz de confirmar e internalizar las interpelaciones dominantes, relegiti-mándolas como válidas e incorporándolas al orden psíquico.

3) Si el o los actor/es interpelado/s considera/n o percibe/n que el discurso recibido no es coherente, adecuado y/o sincero, o bien “choca” con sus valores, creencias, tradiciones, mandatos y percep-ciones de sentido común, con base en sus prácticas parcialmente

“creencias importantes e inconmovibles”, deja de tener “ninguna efectividad” (Laclau, 2003:90).

20 La capacidad racional de los agentes ha sido destacada por Laclau (1993), cuando afirma que “las formas de cálculo a través de las cuales un interés se construye no son automáticas y transparentes, sino que se forman a través de una complicada serie de procesos discursivos, ideológicos e institucionales, que les da una racionalidad que solo puede ser relativa” (Laclau, 1993:227). y es presupuesta en los ejemplos que brinda sobre la coherencia y credibilidad del discurso. Valga como ejemplo el siguiente fragmento de la obra laclausiana: “en la confusa situación italiana de comienzos de los años 1920, muchos liberales aceptaron el fascismo, no porque a ellos les gustara particularmente, sino porque existía una situación social explosiva que era, a la vez, impensable e imposible de controlar en el marco del sistema político tradicional, y el fascismo aparecía como el único discurso coherente (Laclau, 1996:206).

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sedimentadas, el discurso dominante puede generar resistencias y ser desestimado o rechazado, ya sea parcial o totalmente.

La dimensión afectiva de la hegemonía

La construcción de hegemonías y su eficacia performativa no puede ser reducida a vínculos puramente racionales, lógicos o reflexivos. En efecto, desde la teoría de Laclau (2005a) existen factores inconscientes, irracio-nales y emotivos vinculados a las formas de identificación y ligazón afec-tivas que instituye el discurso. Como señala Stavrakakis (2010:41 y ss.), la teoría de Laclau no ha profundizado en la relevancia de esta dimen-sión afectiva en la dinámica política, más allá de resaltar su importancia central en las formaciones hegemónicas. Nuestra tesis sostiene que esta dimensión imaginaria puede reforzar, o bien limitar, el éxito performa-tivo de los discursos dominantes. En ese marco, retomamos algunos aportes de Žižek (1992) para vincular las prácticas sociales (el hacer práctico) con la aceptación inconsciente de los mandatos imperativos (superyoicos) de los discursos dominantes, investidos de goce. Con base en estas contribuciones, sostenemos que:

Los aspectos extralingüísticos más subjetivos, en particular las prác-ticas sociales, los valores y creencias y los mandatos interiorizados, tienen adherido un núcleo inconsciente de goce, que permite ex-plicar la conformación, el fortalecimiento y extensión temporal del orden hegemónico.

En ese contexto:

La adopción práctica de los mandatos, las prácticas sociales e ins-titucionales y los modos de vida promovidos como valiosos por el discurso dominante, por parte de los sectores interpelados (pautas de consumo y socialización), tienden a generar una internalización que acepta y legitima, de un modo inconsciente, los valores políti-co-culturales promovidos por el orden vigente.21

21 Por razones espaciales no podemos extendernos sobre las formas de goce inconscientes, relacionadas con el deseo de reconocimiento del sujeto, con las metáforas unarias que simbolizan el deseo de unidad ausente y con la ligazón afectiva en torno

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Sin embargo, como señalaba Gramsci (2008), las propias prácticas so-ciales de la vida cotidiana y los modos de vida que conforman el sentido común pueden generar resistencias a los mandatos promovidos por el discurso dominante, siempre y cuando se confronten o “choquen” con otras tradiciones, ideas, creencias, imaginarios y mandatos sociales fuer-temente arraigados en los sujetos interpelados, o que contradicen sus percepciones sedimentadas de sentido común. En ese marco, podemos señalar que:

El discurso de sentido común que se construye desde las prácti-cas de la vida cotidiana, así como los valores, creencias, tradiciones, vivencias y deseos fuertemente sedimentados, pueden generar una resistencia a los mandatos del discurso dominante, mostrando el fracaso o los límites de las interpelaciones ideológicas.

Los límites performativos de la hegemonía pueden extenderse, a su vez, hacia las interpelaciones y los mandatos superyoicos promovidos por los agentes interpeladores clave, en el momento en que:

a) Chocan con las prácticas sociales de la vida cotidiana internali-zadas como verdades no cuestionables ni cuestionadas (lo que Gramsci definía como los núcleos de “buen sentido”).

b) Chocan con determinados valores, creencias, mandatos, tradi-ciones y vivencias antagónicas, o que se encuentran fuertemente sedimentadas y objetivadas, en los sectores interpelados.

Pero los límites interpelativos no solo provienen de ideas, valores, creen-cias, tradiciones y mandatos culturales interiorizados como valiosos y no cuestionados, sino también de factores inconscientes individuales. Estos aspectos inconscientes pueden contribuir a explicar las resistencias políticas al discurso dominante, en el momento en que:

c) Generan sensaciones subjetivas de odio, asco, incorrección o re-chazo moral.

d) Antagonizan con otros mandatos superyoicos fuertemente in-vestidos de goce.

Podemos afirmar, entonces, la siguiente hipótesis:

a ciertos ideales y valores investidos de un mandato superyoico para los actores interpelados.

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Los elementos inconscientes y emotivos condicionan el éxito o fraca-so de determinado discurso interpelador o de determinado mandato superyoico, en estrecha relación con las prácticas sociales cotidianas que se objetivan de forma corporal y/o con los sentimientos y sensa-ciones de amor-odio-deseo-rechazo-admiración hacia determinadas figuras, objetos o ideales. La eficacia potencial se vincula, a su vez, a los valores y a las tradiciones introyectadas en los sujetos inter-pelados, al contenido de los enunciados y a las formas y estilos de enunciación. En ese marco, los elementos afectivos pueden contri-buir a generar, solidificar, o bien a impedir, en diverso grado, las identificaciones en torno a determinadas figuras, objetos o ideales, por lo que pueden permitir o limitar el éxito performativo del dis-curso dominante.

Sólo analizando e interpretando estas múltiples interacciones raciona-les e irracionales entre las interpelaciones ideológicas, las restricciones estructurales y las prácticas sociales e institucionales, el analista del dis-curso puede acceder a una comprensión más acabada del proceso de construcción y a la eficacia de las hegemonías, elucidando el éxito o los límites históricos y las alternativas políticas que emergen frente a los discursos dominantes. En ese marco, el éxito de la operación hegemó-nica debe ser estudiado desde las complejas formas significantes de inte-racción dialéctica que se establecen entre las interpelaciones dominantes y aquellas reflexiones, percepciones, sensaciones, prácticas, creencias y formas de identificación que los actores piensan, dicen, sienten y hacen en su vida cotidiana.

El momento de sedimentación de la hegemonía

A continuación, proponemos incorporar un último elemento operativo que se vincula a la determinación del paso o la transición desde la etapa de construcción de determinado discurso que ha logrado hegemonizar el espacio social, a su momento histórico-político de sedimentación y con-solidación. Integrando las definiciones de hegemonía, sentido común y sedimentación que mencionamos con anterioridad, nos referimos al momento de sedimentación de la hegemonía, como:

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El momento histórico-político en el que el discurso dominante logra reformular con éxito al menos una parte del sentido común preva-lente en los actores interpelados, lo que se materializa en la existencia de determinados significantes, cadenas equivalenciales y tópicos clave que son aceptados como válidos y legítimos, y dejan de ser debatidos y cuestionados públicamente, sedimentando y objetivando los valo-res del orden dominante y reprimiendo la construcción de discursos antagónicos.

Un análisis detenido de las discursividades públicas de los actores in-terpelados (ya sea mediante el abordaje de documentos, prensa gráfica, medios audiovisuales, entrevistas, encuestas o técnicas de observación participante), en interacción con los factores contextuales del proceso político “realmente existente”, permiten examinar el impacto de estos cambios ideológicos a nivel diacrónico. En ese marco, el análisis espe-cífico de las significaciones sociales en torno al/los punto/s nodal/es que estructura/n el discurso dominante permiten al analista reforzar la atribución de éxito interpelativo (o bien elucidar los límites histórico-po-líticos) de determinada discursividad.

Las formas de resistencia políticaa la formación hegemónica

Como vimos, toda formación hegemónica es exitosa cuando logra (re) construir y objetivar un nuevo sentido común incuestionado en los sectores interpelados, reprimiendo, tendencialmente, la construcción de hegemonías alternativas. Sin embargo, sabemos también que las opera-ciones hegemónicas generan, en toda dinámica política, ciertas resisten-cias sociales. Definimos como “contradiscursos” a estos discursos críticos, de relativa estructuralidad, que rechazan las interpelaciones provenientes de los discursos hegemónicos, criticando al menos una parte de los discursos dominantes22. Ahora bien, en todo proceso político se presentan niveles diferenciales de colonización ideológica, de modo tal que determi-

22 Tanto la forma de estructuración como la resistencia a la hegemonía pueden ser analizadas desde los discursos de los actores individualizados y colectivos (ya sea institucionalizados o no), aunque el análisis específico de estos actores sociopolíticos rebasa el marco del presente trabajo.

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nados actores construyen sus identidades criticando la totalidad del discurso hegemónico, y otros solo internalizan determinados aspectos parciales del orden hegemónico, rechazando otras características. Con base en esta particularidad, observable a partir de un análisis comparado de los discursos públicos, proponemos distinguir entre contradiscursos antihegemónicos y contradiscursos no antihegemónicos:

1) Contradiscursos no anti-hegemónicos: corresponde a aquellos dis-cursos críticos que presentan las siguientes características:

a) Expresan crítica o rechazo, con diverso grado de estructuralidad, hacia aspectos parciales del discurso hegemónico, pero sin criti-car sus significantes y cadenas equivalenciales clave, incluyendo el punto nodal que actúa como significante estructurador de lo social.

b) Al aceptar, o al menos no cuestionar públicamente los ejes cen-trales de la discursividad hegemónica, construyen un contradis-curso que no antagoniza con los núcleos centrales del discurso hegemónico.

c) Como consecuencia del punto anterior, predomina en estos dis-cursos disidentes una estrategia de negatividad, que puede presen-tar un fuerte antagonismo a determinados aspectos del discurso hegemónico, pero no logra construir una alternativa antagónica.

2) Contra-discursos anti-hegemónicos: se relaciona a aquellos contra-discursos que presentan las siguientes características:

a) Expresan un rechazo a los significantes y cadenas equivalenciales clave que estructuran el orden dominante, incluyendo el núcleo nodal del discurso hegemónico.

b) Expresan un antagonismo que se opone a la totalidad del discurso interpelador, asumiendo un fuerte grado de radicalidad en los posicionamientos antagónicos.

c) No solo se oponen radicalmente, sino que construyen una alter-nativa política al discurso dominante desde el plano de la posi-tividad.

A partir de lo expuesto, se desprende para la dinámica política una importante diferenciación entre contradiscursos defensivos y ofensivos.

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1) Contradiscursos defensivos: representan a aquellos discursos que se estructuran mediante un predominio de significantes y cadenas equivalenciales construidas por la negativa, es decir, mediante lo que Laclau denomina una “estrategia de negatividad” (Laclau y Mouffe, 1987:235). De este modo, mantienen una estructuración política centrada en el rechazo, en diverso grado, a los discursos hegemónicos, relegando la construcción de alternativas políticas efectivas.

2) Contra-discursos ofensivos: representan a aquellos discursos que se estructuran mediante un predominio de significantes y cadenas equivalenciales construidas por la positiva, es decir, mediante lo que Laclau denomina una “estrategia de positividad” (Laclau y Mouffe, 1987:235). De este modo, mantienen una estructuración política en clave de ofensiva, construyendo discursos alternativos, en diverso grado, a los significantes y cadenas equivalenciales cen-trales del discurso dominante. Esta distinción analítica permite diferenciar a los contradiscursos que no son antihegemónicos, de aquellos que sí lo son. A los primeros los denominamos discursos poshegemónicos y a los segundos, contrahegemónicos.

3) Discursos poshegemónicos: corresponde a los contradiscursos que critican, en diverso grado, al discurso hegemónico, pero des-de un posicionamiento defensivo, que no construye alternativas concretas a los ejes centrales del discurso dominante. Predomina la negatividad hacia aspectos particulares del orden dominante y una lógica de mera diferencialidad hacia sus ejes centrales, en des-medro de la estrategia de positividad y el antagonismo irrestricto y sin concesiones. De este modo, se presenta desde una crítica política meramente parcial, que no logra construir una alternativa contrahegemónica.

4) Discursos contrahegemónicos: corresponde a los contradiscur-sos que critican fuertemente al discurso hegemónico, desde un posicionamiento ofensivo, y que a su vez construyen alternati-vas concretas a los ejes centrales del orden dominante. Predomi-na la estrategia de positividad y el antagonismo irrestricto, y sin concesiones, al orden dominante en su conjunto. De este modo, construyen un discurso que trasciende la negatividad y la crítica parcial, para edificar una hegemonía alternativa.

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Con base en el análisis empírico de las discursividades se pueden esta-blecer las distintas formas políticas que adquiere la estructuración de los contradiscursos, contribuyendo a explicar el grado de eficacia de las formaciones hegemónicas en la dinámica política.

A modo de conclusión

La teoría discursiva de la hegemonía de Ernesto Laclau carece de referen-cias metodológicas para emplear sus múltiples categorías conceptuales en estudios empíricos. De este modo, quienes pretendemos aplicar sus valiosas herramientas teóricas al análisis de los procesos políticos contem-poráneos, no disponemos de una hoja de ruta, ni de una estrategia ope-rativa. Sin pretender resolver este déficit y clausurar el debate, el presente trabajo procuró contribuir con algunos recursos a la construcción de un método riguroso, útil y válido para el análisis empírico del discurso desde la dinámica política. Para ello, nos concentramos en el análisis de la hegemonía, la categoría clave de la teoría laclauniana. Quedará pen-diente para futuros trabajos, además de un mayor desarrollo del aspecto normativo, la tarea de profundizar en los postulados teórico-metodoló-gicos, epistémicos y ontológicos para analizar de forma rigurosa el modo de funcionamiento de la hegemonía, sus condiciones de posibilidad, la dimensión de la eficacia interpelativa y sus límites estructurales.

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Organizaciones indígenas, acción política y formas de representación

evangélica en San Cristóbal de las Casas

Jaime Uribe Cortez*

ResumenEl objetivo de este manuscrito es presentar los aspectos más relevan-tes que caracterizan y explican la genealogía de las organizaciones indígenas de corte evangélico e indagar las formas de representación que las constituyen; la acción política como una de las formas más importantes. Por medio del método cualitativo se analizan los fundamentos heurísticos mediante las cuales se comprende la importancia de la representación de los ministros de culto en la inserción a la vida citadina de población indígena, de San Cristóbal de las Casas, con lo cual, logran los medios necesarios para subsistir. Las conclusiones que se obtuvieron consisten en una visión pano-rámica inédita basada en la obtención de nuevas categorías de análisis y la explicación de los principales hallazgos empíricos, además de las referencias literarias necesarias que abonan y dan luz al conocimiento sobre las formas de representación civil desplegadas por las organi-zaciones evangélicas.Palabras Clave. Feligresía regional, población indígena, estrategias de inserción a la ciudad, bienes municipales, empoderamiento in-dígena.

* Profesor-investigador titular C en El Colegio del Estado de Hidalgo. Licenciado en sociología por la Universidad Autónoma Metropolitana (uam). Maestro en ciencias sociales por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (flacso). Doctor en Ciencias en Ecología y Desarrollo Sustentable, con orientación en Población, ambiente y desarrollo rural, El Colegio de la Frontera Sur (ecosur). Líneas generales de investigación: organizaciones y movimientos religiosos, políticas publicas y desarrollo urbano. Contacto: <[email protected]>

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Jaime Uribe Cortez

AbstractThe objective of this manuscript is to present those elements most important that structure and explain the genealogy of the organiza-tions indigenous of court evangelistic and study the forms of repre-sentations that they building it. Using qualitative methods analyses the heuristics conditions that has allowed understand how theirs members have been inserted inside the life city of the above men-tioned locality, managing with this to acquire the necessary means to survive. The conclusions and results they refer a new represen-tative panoramic vision about the analyses categorical obtains and the empirical findings identify that given knowledge on the kinds of representation realized by the evangelical organizations.Keywords: Region membership, indigenous population, integration strategies to the city municipal property, indigenous empowerment.

Introducción

Es difícil abordar el tema de la acción política en las organizaciones indí-genas, y las formas de representación de tinte evangélico. Se diría que en los Altos de Chiapas surge a partir de 1950, se extiende a 1970 y hasta hoy continúa con el asentamiento de credos pentecostales y neopente-costales, presbiterianos renovados y paracristianos o bíblicos no evan-gélicos, como los Testigos de Jehová y los Adventistas del Séptimo Día.

Esto implicó la apertura de templos pertenecientes a cada una de las denominaciones que se asentaron en las respectivas localidades de la re-gión. La intensa actividad de evangelización fue un aspecto esencial para que miles de personas cambiaran su adscripción religiosa específicamente del catolicismo tradicional hacia credos no católicos. El cambio religioso significó que según Martínez (2005) y Pérez Enríquez (1994, 1998), cerca de 30 000 personas abandonaran el ritualismo religioso tradicional vinculado con la costumbre, cuyas bases de existencia dependen de la venta de alcohol, concesiones para la venta de refrescos y de velas para las fiestas patronales, para afiliarse a los credos no católicos.

Con esto devino la expulsión o el exilio masivo de la población indí-gena que se desafilió del catolicismo de la costumbre. Las continuas agre-siones, así como las muestras de violencia que cada día iban en aumento, palabras hirientes, amenazas y homicidios, fueron constantemente una

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Organizaciones indígenas, acción política y formas de representación…

realidad para la población convertida que no tuvo más remedio que huir a otros territorios como Las Chimalapas, en Oaxaca, y Teopisca y San Cristóbal de Las Casas, en Chiapas.

Una vez asentados, especialmente en San Cristóbal, llegó otra com-plicación, un dilema que fue difícil de solucionar, pues nunca habían tenido el problema de buscar un lugar para edificar viviendas, conseguir servicios públicos, interactuar con la población residente que, en mu-chos casos, y según algunos testimonios, reaccionó con discriminación y comentarios hirientes.1

Ante esta realidad, la disyuntiva fue grande. El objetivo de la pobla-ción exiliada era asentarse en la periferia urbana del municipio, prove-yéndose de los bienes básicos para existir dignamente, por lo menos, para subsistir. Para esto, emergieron ministros de culto, presbiterianos y pentecostales, con sus congregaciones y con organizaciones civiles, que pretendieron ser una ayuda, un apoyo y casi intercesores en la gestión de los satisfactores básicos para conseguir los elementos suntuarios.

Dos en especial se analizan en este manuscrito: la Organización de Pueblos Evangélicos de Los Altos de Chiapas (opeach) y la Comisión Evangélica de Derechos Humanos (cedeh). Sus líderes: Manuel Collazo y Abdías Tovilla, respectivamente, son fundadores y ministros de cultos principales, paradigmáticos en la organización civil de la feligresía no católica.

La razón principal y elemento primario para escoger estos organismos como unidad de análisis radica en que después de un periodo en que la población indígena no tenía el mismo grado de influencia en su comu-nidad que hoy posee en la ciudad, con la participación de los organismos y líderes, los ministros de culto han escalado importantes escaños que los han colocado como actores con voz, voto y mucho poder de decisión en el municipio.

La aparición de estos órganos derivó en un importante proceso de reconfiguración del municipio y de la dinámica vital de la población. Los ministros de culto mencionados se fueron poco a poco insertando en actividades políticas, culturales, económicas, entre otras. Fue ocasión para hacerse de propiedades, concesiones, amistades, comercios, entre

1 Limbert Pérez, chol pentecostal, estudiante de sociología de la Universidad Autónoma de Chiapas, conocedor de la labor y la personalidad de Collazo y López Ángel, entrevistado en San Cristóbal de las Casas, noviembre de 2011.

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otros recursos. Y no solamente ellos, sus propios ministros, feligreses y amigos también se insertaron en los campos de su interés.

Con importantes espacios municipales ganados y un conocimiento perfeccionado del contexto social, los ministros lograron establecerse con sus organizaciones y consolidar sus estructura, así como sus objetivos que al inicio –década de los ochenta a la fecha– pretendían ser la defensa de los derechos humanos y la reivindicación de las garantías individuales, y luego evolucionar en busca de bienes municipales.

El nacimiento de líderes religiosos con funciones civiles y sus organi-zaciones transformó la dinámica urbana de San Cristóbal y la realidad de la población indígena. Por tal motivo, en este manuscrito se estable-cen como objeto de estudio las pautas que dan forma, que transmiten vida a organismos indígenas de raigambre evangélica, las formas de representación que han creado y la acción política como una estrategia de representación muy útil para la inserción de la población indígena a la urbe.

Para lograr tal propósito, la pregunta aquí se refiere a las característi-cas de las organizaciones indígenas de cuño evangélico, a las formas de representación que estas han construido, y a la acción política que han estatuido. Tentativamente, se reflexiona que tanto las organizaciones, la estrategia de acción política y otras maneras de representación civil, que ellos mismos crean, tienen una característica en común que se re-sume en la construcción de las condiciones políticas y económicas, las cuales se traducen en bienes municipales que, en forma de dinero o de inmuebles, posibilitan el empoderamiento de la población evangélica.

Con su inserción en las actividades del campo social, del campo po-lítico y del campo económico, como lo son el empleo, el comercio, las concesiones diversas, entre otras, los ministros de culto con sus orga-nismos han escalado importantes escaños que los han colocado en un lugar privilegiado, de suma influencia y decisión política y económica en el municipio.

Para dar cuenta del objeto de estudio, la exposición inicia con la his-toria de las organizaciones indígenas en Chiapas y su trayectoria, a fin de darle contexto. En seguida se presenta la selección de la unidad de análisis, donde se justifica la elección de las dos organizaciones mencio-nadas, para dar cuerpo a la construcción del objeto de estudio.

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Por último, en lo tocante a la estructura teórica y metodológica, se revisa el armazón analítico para dar sustento al tema del nacimiento de las organizaciones indígenas de índole religiosa.

Con tales antecedentes se pueden comprender los conceptos de actor social, actor indígena religioso y la dinámica de las organizaciones indí-genas evangélicas, como parte de la explicación teórica que requiere la temática, como núcleo del escrito y oportunidad para compartir algunas categorías que permiten exponer la realidad de los organismos evangé-licos y sus funciones como actores sociales.

Se concluye con las reflexiones en donde brevemente se explica la consecución de objetivos, la demostración de la hipótesis y los aportes en categorías a la realidad del objeto de estudio, para que finalmente, se exponga la formación de organizaciones evangélicas en términos de actores sociales.

Asimismo, el análisis de este tema arroja una tripleta de contribu-ciones de la temática abordada al conocimiento de la conformación y dinámica citadina de organismos indígenas dentro de espacios urbanos análogos a la ciudad de San Cristóbal.

Las tres contribuciones son: a) Lo que aporta la unidad de análisis al conocimiento sobre la es-

tructura de las organizaciones religiosas, sus funciones civiles al exterior de la congregación y al interior del campo social.

b) La comprensión de las estrategias que los ministros de culto em-plean para la inserción en espacios municipales.

c) El análisis que la investigación genera con base en testimonios orales y literatura de textos especializados.

En la siguiente sección se hace un recuento algo descriptivo de los orga-nismos indígenas que han aparecido en los territorios de San Cristóbal y Chiapas. Esto, con el fin de conocer un poco la historia y los órganos que son parte de nuestra unidad de análisis.

Historia de las organizaciones indígenas en Chiapas

La emergencia de organizaciones indígenas, en general, sin mirar ne-cesariamente la adscripción religiosa o política, tiene su correlato en el proceso de cambio religioso y crisis de las estructuras políticas que

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empezó en la década de los cincuenta del siglo pasado, en los Altos de Chiapas, que generó expulsiones o exilios de personas indígenas tsotsiles y teseltales hacia otros territorios del estado de Oaxaca y Chiapas, con el fin de poblarlos y edificar ahí casas y comercios.

La década de los setenta fue el parteaguas que vio el nacimiento de una violencia generalizada en las comunidades de los Altos, en especial, San Juan Chamula y Zinacantán. Constantes amenazas e insultos que después, en poco tiempo, en cuestión de meses, se convirtieron en agre-siones físicas y muertes.

La situación empeoró. Debido a esto, la población indígena conver-tida decidió huir de sus comunidades para salvarse de las muestras de encono. Se vislumbraba una crisis del sistema de organización y ordena-miento comunitario, que incluye la religión, la política, la cultura, y por supuesto la sociedad. Esa crisis provocó en cierta forma las expulsiones, los brotes de violencia y un nuevo panorama de vida para la población expulsada.

En la ciudad, en específico, de San Cristóbal de las Casas, surgieron necesidades provocadas por el asentamiento en la periferia del munici-pio. Ante la inminente demanda de servicios públicos, empleos y otros recursos, se percataron de la urgencia de ser representados y comandados para conseguir los bienes que requerían.

Una vez asentada en la ciudad, la población indígena se encontró con distintos problemas, desde el rechazo de los habitantes locales y la falta de empleo hasta el abastecimiento de servicios públicos. ¿Quién o quiénes serían los elegidos para ejercer dicha representación? En este marco de responsabilidad social, una serie de otrora jóvenes líderes eclesiásticos tomarían, como parte de sus objetivos, la organización de la feligresía regional para demandar a las autoridades servicios públicos básicos.

En este marco, emergieron líderes y organizaciones que, en efecto, pretendieron representar los intereses de la población indígena y reli-giosa en la ciudad. Unos organismos tenían la estafeta de religiosos, no católicos, es decir, evangélicos, pentecostales, presbiterianos, entre otros, mientras que otros enarbolaban principios no religiosos, como parte de su estructura constituida.

La mayoría de los organismos aparecen a partir de la década de los ochenta. Sobresale el año de 1982, cuando nace el Comité de Defensa de Amenazados, Perseguidos y Expulsados de Chamula (cdapeech), pentecostal, fundado por Domingo López Ángel y miembros de la dió-

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cesis de San Cristóbal de Las Casas, quienes un año después, en 1983, lo convertirían en el Consejo de Representantes Indígenas de los Altos de Chiapas (criach).

El Comité de Amenazados fue uno de los primeros órganos de defen-sa de poblaciones indígenas agredidas por cambio religioso. Posterior-mente ampliaría sus actividades hacia el comercio y los negocios. Según el testimonio de tres personajes,2 con sus intereses puestos en la venta de productos: frutas y verduras, los líderes principales optaron por cambiar el nombre de su organización por el de Consejo Regional Independiente de los Altos de Chiapas (también criach).

Otras de índole secular o no religiosa trabajaron por varias garan-tías, tales como: el derecho a la pertenencia de tierras y propiedades comunales, la garantía al respeto y el reconocimiento de los derechos de las mujeres, con su inclusión en la vida económica y política de las comunidades, así como la reivindicación de las tradiciones de los pueblos indígenas, entre otros aspectos.

En esta línea, nacen en las décadas de los ochenta y noventa organi-zaciones como la Sociedad Cooperativa Pro Mejoramiento de la Raza (sconpnur), la Unión Lucha Campesina, la Unión de Mujeres “Nuevo Sol”, la Confederación “Dos Lagunas”, la Organización de “Esfuerzo Campesino” y la Organización Campesina Emiliano Zapata, mejor co-nocida por sus siglas ocez (Zárate, 2001; Rodríguez Castillo, 2004).

En 1984 se constituyó la Organización de Médicos Indígenas del Estado de Chiapas (omiech, no religiosa) (Morquecho, 1992; Centro de Derechos Humanos “Fray Bartolomé de Las Casas, 2001), a fin de brindar atención médica a la población indígena que había sido agredida por cambio religioso. En este sentido, apoyarían la labor de organiza-ciones como la Comisión Evangélica de Derechos Humanos (cedeh), –la cual nace en 1994, en la línea presbiteriana–, en lo que concierne a

2 El autor Gaspar Morquecho, experto en el estudio de organizaciones indígenas en Chiapas, denomina al criach como el Consejo Regional de Indígenas de los Altos de Chiapas. El frayba lo denomina Consejo de Representantes Indígenas de los Altos de Chiapas antes de fusionarse con el organismo creado por Domingo López Ángel. Por su parte, Abdiel Torres, Rafael Ruiz y Mario Corrales coinciden en nombrarlo como el Consejo Regional Independiente de los Altos de Chiapas. Esta última denominación es la que utilizaremos en este manuscrito.

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ampliar la cobertura de atención psicológica en el tema de salud física, mental y emocional.3

Ahora bien, organismos con tintes religiosos, se tiene, de acuerdo con Rivera (2007), en 1984 emergente en San Cristóbal, la Alianza Minis-terial Evangélica de los Altos de Chiapas (almeach), que se dedicaría a vigilar las actividades de los organismos evangélicos en la región Altos, y que coordinaría a nivel estatal la labor de defensa de la población agredida.

Tendría la consigna de vigilar y evaluar la condición de las personas lastimadas con el fin de tomar decisiones que en teoría propulsarían la salud de la población indígena.4 En comunión con esto, trabajarían con otros órganos no religiosos nacientes en la década de los noventa, com-prometidos con la detención de actos violentos y con el castigo hacia los responsables: la Academia Mexicana de Derechos Humanos (amdh) y el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro, los cuales pos-teriormente tendrían funciones muy relevantes –de manera similar a la cedeh y a la Alianza Ministerial–, de mediación política en conflictos no religiosos de carácter político como el zapatista en 1994 (Rebón, 2001).

De cuños religiosos encontramos la Coordinación de Organizaciones Evangélicas No Gubernamentales de Los Altos de Chiapas (coengcho) y cofratenice creada en 1992 a nivel nacional y abocada a la defensa legal de grupos protestantes violentados en sus comunidades (inaremac, 1982). Esta organización tendría un importante papel en la defensoría legal, ingreso a empleos o venta de productos artesanales, así como en la creación de asentamientos en centros urbanos, como se decía párrafos atrás, en Teopisca, Tuxtla Gutiérrez y San Cristóbal.

Cabe decir que en 1984 se constituyó el Comité de Defensa Evan-gélica de Chiapas (cedech), que a su vez, en 1994, se transformaría en la Comisión Evangélica de Derechos Humanos (cedeh), cuya labor, análoga por cierto, consistiría en la defensa legal y protección jurídica de la población indígena, tanto en las comunidades como en la ciudad. Por su puesto, su carácter es religioso, presbiteriano.

Finalmente, como producto de una división con el criach, a finales de la década de los ochenta, aparecerían la Organización de Pueblos

3 Abdiel Torres, varón no indígena presbiteriano, entrevistado en San Cristóbal de las Casas, julio de 2011.

4 Cristian López, tsotsil presbiteriano, pastor entrevistado en San Cristóbal de las Casas, julio de 2011.

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Evangélicos de los Altos de Chiapas (opeach), religiosa, pentecostal, así como la Organización de Transportistas Emiliano Zapata (otez), de naturaleza secular, fundada por los transportistas organizados en San Cristóbal y toda la región Altos (inaremac, 1982).

La primera mencionada fundaría sus actividades con base en preten-siones comerciales y la colocación de sus productos: abarrotes, frutas, verduras y otros, en los mercados municipales. La segunda lo haría para establecer toda una estructura de transporte público que dotase a su po-blación, adscrita o afiliada, de vehículos para operar taxis y microbuses.

Después del año 2000, otros movimientos fueron creados con el objetivo de reivindicar los derechos de la mujer y pedir su inclusión en actividades remuneradas, especialmente en el sector público. Este es el caso del grupo de mujeres de San Cristóbal, que no tienen una religión en sí, sino que son ciudadanas con funciones de representantes. Las organizaciones son: el Colectivo Antzetijk, el Centro de Investigación y Acción para la Mujer (ciam) y el grupo Fortaleza de la Mujer Maya (Rodríguez Castillo, 2004).

La defensa de los derechos humanos y las garantías individuales son aspectos que otros organismos defenderían a nivel estatal. Serían el apoyo desde la capital chiapaneca para paliar los procesos de violencia hacia la población evangélica. Por su parte, el Consejo Estatal de Iglesias Evan-gélicas de Chiapas (ceiech), fundado en 1990, aglutina asociaciones religiosas y civiles evangélicas debida y oficialmente acreditadas.5 Su líder es Cléver Salazar Mendiguchía, hermano del exgobernador Pablo Salazar. Esta institución trabaja en conjunto con la Alianza Pastoral de los Altos de Chiapas (apach) floreciente en 1996 y dirigida por el pastor Salomón Molina López. Ambas instituciones se dedicaron a la capacitación de pastores para ser interlocutores ante las autoridades gubernamentales y solicitar su intervención en el cese de las expulsiones religiosas de las comunidades indígenas.6

De la misma manera, al unísono que la Alianza Pastoral, la Confra-ternidad de Organizaciones Cristianas Evangélicas (confraternice), fundada en 1992, de índole evangélica, evidentemente, se abocó a la

5 Esta información también nos la otorgó alguien que no quiso aparecer en esta cita por razones personales.

6 Emiliano Sánchez, tsotsil pentecostal, presidente de la Alianza Ministerial Evangélica de los Altos de Chiapas (almeach) y pastor entrevistado en San Cristóbal de Las Casas, junio de 2011.

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defensa legal de grupos protestantes violentados en sus comunidades. Los principios de acción que ligan lo espiritual, lo moral y lo político en las organizaciones deben referirse a la defensa de los derechos humanos de las personas, sea cual sea su adscripción indígena o religiosa.7

Todas las organizaciones mencionadas contienen rasgos interesantes que incentivan la indagación de su participación social, a fin de com-prender cómo despliegan sus estrategias de representación en el seno municipal de San Cristóbal. Empero, debido a la viabilidad y pertinen-cia, por el esfuerzo palpable para adentrarse en la realidad municipal, la investigación recupera el trabajo de dos organismos, los cuales con-tienen un par de propiedades que es preciso mencionar para explicar su selección:

1) La adopción de la figura del cacique comunitario por los ministros de culto, ya que el poder económico y político que han conseguido es similar al que poseen en las comunidades.

2) La bonanza, el crecimiento y la prosperidad de las organizaciones con mucho ha dependido de las funciones civiles que desarrollan.

Las que cumplen las propiedades mencionadas son dos: la Organización de Pueblos Evangélicos de los Altos de Chiapas y la Comisión Evan-gélica de Derechos Humanos, cuyos líderes, como se dijo arriba, son: Manuel Collazo y Abdías Tovilla, respectivamente. A continuación se dilucida la estrategia y los criterios que se usaron para la selección de las organizaciones.

Selección de la unidad de análisis, el dilemade la construcción del objeto de estudio

Ante la inmensidad social que proporciona el campo social y religioso chiapaneco, metodológicamente, la selección de las dos organizaciones se basó en cuatro criterios:

1) En los atributos que como representantes civiles de la población indígena despliegan en el municipio. Cabe mencionar que estos organismos realizan funciones civiles que ninguna otra organiza-ción, evangélica e indígena, desarrolla.

7 Ibíd.

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2) Porque la información que por medio de testimonios orales se consiguió otorga innumerables datos sobre estos dos órganos, más que otros. Con otras organizaciones se encontraron pocos datos en comparación con la información que habla del cedeh y la opeach.

3) Además, es preciso señalar que se seleccionaron ambos organismos como unidad de análisis porque una mirada indagatoria que los contenga permite comprender una parte de la dinámica sociopo-lítica y religiosa de los credos no católicos pentecostales y presbi-terianos renovados, en Chiapas. Con esto, imaginar cómo sería la dinámica de otras congregaciones y denominaciones en contextos similares a San Cristóbal es realmente una opción.

4) También destaca porque la mayoría de sus agremiados son de origen indígena, lo cual imprime un sello de dificultad al análisis, ya que al formar parte de un grupo étnico, es menester conocer la cosmovisión, la forma de organización y la dinámica social de los pueblos tsotsiles y tseltales, lo cual enriquece el estudio.

Es de resaltar que ambos pueblos: tseltal y tsotsil, fundiéndose como uno solo, como una sola comunidad religiosa, se han organizado desde su posición como feligresía regional para formar un único pueblo her-mano, pentecostal o presbiteriano, el cual se moviliza para gestionar los recursos necesarios en la ciudad. Configuran estrategias para insertarse como actores sociales, para estatuir formas de representación, incluyendo la misma acción política como una manera de representación para la población indígena.

Sin embargo, no es fácil resaltar y dar cuenta de esto. Como podrá imaginarse, no se configuró de inmediato. Después de un par de días de reflexión y varias tazas de café se decidió tomar en cuenta estos aspectos además de una coyuntura fundamental: las organizaciones surgieron en momentos en que la población indígena en Chiapas necesitaba líderes que reivindicaran la dignidad humana y las garantías individuales, que ante el traslado a la ciudad de San Cristóbal cuidaran de establecer diá-logos eficaces con las autoridades para dotar a sus nuevos habitantes de los servicios públicos básicos. Es importante comprender esta que es una de las razones por las cuales emergieron los líderes y sus organis-mos y que a la vez da mucho valor, según se considera, a los organismos mencionados.

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De forma análoga, otro aspecto relevante fueron las diferencias en la filiación política. La opeach y la cedeh reunían los requisitos. De índoles pentecostal y presbiteriana, respectivamente, vinculadas con el Partido Revolucionario Institucional y fuertemente cargadas de simpa-tizantes indígenas, las observamos como instituciones idóneas para el examen crítico porque al compartir su esencia indígena, religiosa y par-tidista, dinamizan y complejizan la acción colectiva que, por supuesto, interesa dimensionar.

Las dudas se disiparon con la selección. Las organizaciones presen-taban el rasgo eclesial y político que se buscaba. Representantes de la población indígena, claramente asidos a un credo pentecostal o presbi-teriano, de clase priista, sobre todo hasta los noventa, y que después del año 2000 simpatizarían con el prd.8

Una vez seleccionados los organismos, o sea, delimitada la unidad de análisis, la consigna cambiaría drásticamente. En adelante sería la iden-tificación de los elementos que han constituido la estructura. Situación nada sencilla, puesto que requería un conocimiento profundo en el tema de la arquitectura institucional.

Con esto, el problema de estudio adquirió tintes teóricos. Se presentó la necesidad de construir conceptualmente la problemática, y con esto también el objeto de estudio salió a la luz, presentándose en esta inves-tigación inusitadamente.

Con base en lo anterior, el objeto de estudio para esta investigación, denotado de forma teórica, se refiere a las características que dan cuenta de la acción colectiva del actor indígena evangélico, es decir, las organiza-ciones indígenas de raigambre no católica, así como la configuración de sus estrategias para la inserción de población en la urbe

El constructo de la investigación: estructurateórica y metodológica

Ante la complejidad del objeto de estudio, y con el fin de exponerlo con la mayor claridad posible, se recurrió a una metodología cualitativa consistente en el manejo de literatura especializada y testimonios orales.

8 Martin Muñoz, tseltal pentecostal entrevistado en San Cristóbal de Las Casas, noviembre de 2011 y Romeo Muñoz, tseltal pentecostal entrevistado en San Cristóbal de Las Casas, octubre de 2011.

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Si se parte de que el actor indígena religioso es un sujeto histórico con amplias posibilidades de transformar su medio ambiente social e individual y que posee las herramientas, o al menos, día con día se va haciendo de los artilugios elementales para lograr su adaptación a la ciu-dad, es menester identificar los alcances de cada órgano a fin de señalar las transformaciones de las cuales han sido parte.

Se recurrió a testimonios orales y literatura especializada. De 2011 a 2012, en plena ciudad de San Cristóbal, y de las bibliotecas más impor-tantes de la entidad, se registraron alrededor de 300 visitas a los mercados municipales, ayuntamientos, conversaciones, además de la lectura de por lo menos siete textos de reconocidos investigadores. Ambos elementos formaron la batería para la constitución del presente manuscrito. Para la elección de la literatura, se consideraron dos puntos:

1) La profundidad en el abordaje de la temática de estudio. 2) La trayectoria de los autores en el manejo, procesamiento y análisis

de los datos.

Con estos dos aspectos se decidió que los textos más representativos para el devenir de la investigación, respectivamente, son: G. Robledo, C. Ri-vera, G. Morquecho, I. Pérez, inaremac y G. Martínez. Los títulos son:

1) Identidades femeninas en transformación: religión y género entre la población indígena urbana en el altiplano chiapaneco.

2) Los evangélicos y la política regional. La Alianza Evangélica Mi-nisterial de los Altos de Chiapas.

3) Los indios en un proceso de organización. La Organización Indí-gena de los Altos de Chiapas, oriach.

4) Expulsiones indígenas: religión y migración en tres municipios de los Altos de Chiapas.

5) Comité de Defensa de Amenazados, Perseguidos y Expulsados de Chamula.

6) Conflicto étnico y migraciones forzadas en Chiapas.

Mientras que para la selección de otras fuentes como: internet, periódi-cos y reseñas, se establecieron tres criterios fundamentales:

1) Que contuvieran datos, información o reportes concernientes a la problemática de investigación.

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2) Que los datos y la información variase respecto de la posibilidad de repetición frente a otros testimonios, a fin de que aportaran conocimiento diferente.

3) Que las fuentes ofrecieran información de las actividades de los ministros de culto y de los actores más importantes.

Para el reconocimiento y obtención de la literatura se visitaron cuatro sitios emblemáticos de la entidad: la biblioteca municipal, la biblioteca de El Colegio de la Frontera Sur (ecosur), además de recurrentes visitas a la biblioteca del Programa de Investigaciones Multidisciplinarias sobre Mesoamérica y el Sureste (proimmse), de la unam, y a la Facultad de Ciencias Sociales III, de la Universidad Autónoma de Chiapas (unach).

Los criterios de localización de los materiales están muy ligados con los parámetros de selección de las fuentes. Se tomó en cuenta la profun-didad en el manejo de la temática por parte de los autores y la variación en los textos de mayor interés, que se encontrarían en unos espacios y en otros no.

Por ejemplo, fue posible encontrar en la unach los textos de Robledo con mayor facilidad que en la biblioteca de la entidad o que en la del ecosur. Ocurrió algo semejante con los libros de Rivera, que se hallaron en el proimmse y en el propio ecosur, pero de ninguna forma en la biblioteca de la entidad y solo algunos cuantos en la unach.

En cuanto al tratamiento cualitativo, en específico, el análisis de con-tenido de la información se efectuó con ayuda de la observación parti-cipante y de la indagación sociológica en la construcción del imaginario sancristobalense y un breve análisis interpretativo, mediante el uso de testimonios orales, por poco más de año y medio: 2011-2012, de la ac-ción política de los organismos, y las distintas maneras de acercarse a sus objetivos. El contenido de la acción política permite entender que toda actividad social o política es parte de una serie de estrategias de inserción y desarrollo en la ciudad, incluso la misma acción política.

Al comprender el contenido de la acción política se clarifican dos puntos a saber:

1) La acción política es un modelo del cual se derivan otras formas de representación. Por ejemplo, deviene la forma de representación por justicia y equidad. Esto es, que la acción política es un ins-trumento que pretende mayor justicia y la distribución equitativa de los recursos municipales para la población indígena, al mismo

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nivel que para la no indígena.9 Similar a la forma de representa-ción por acompañamiento psicológico en la cual los psicólogos, presbiterianos y miembros del cedeh, diagnostican a la población indígena a la vez que enseñan lo concerniente a una vida digna sin violencia, justa y equitativa.10

2) La acción política se adapta a las necesidades de desarrollo de las organizaciones y a las expectativas de la entidad municipal, de los partidos políticos y, en parte, de la ciudadanía interesada en procesos electorales.11

Las formas de representación posibilitaron encontrar los actores centrales que proporcionaran la información pertinente para desarrollar el objeto de estudio. En un principio la selección incluyó solamente aquellos tes-timonios adscritos a las congregaciones pentecostales y nazarenas, sobre todo dos: la Iglesia Pentecostal en Restauración y la Iglesia Segunda del Nazareno.

La indagación fue fructífera hasta que días después se halló un punto de saturación. Los testimonios coincidían en ciertas informaciones, que si bien tenían un carácter esencial, se hacía recurrente encontrar, por ejemplo, el argumento de que los organismos se crearon para defender los derechos humanos de la población indígena de los Altos. Este discur-so fue uno de los que más interfirieron con la consigna de hallar nuevos aportes para la construcción de conocimiento sobre el tema.

Por esto, para encontrar información diferente se amplió el univer-so de análisis a congregaciones de tipo presbiteriano, particularmente la Iglesia Presbiteriana Renovada “Fuente de Agua Viva”. Con esto se accedió a información relevante gracias a un grupo de personajes que estuvieron dispuestos a compartir su saber. En especial tres de ellos: don Fernando Muñoz, don Abdiel Torres y doña Nínive Melgar, quie-nes participaron y atestiguaron las movilizaciones de las organizaciones durante aproximadamente 20 años.

9 Nínive Melgar, mujer no indígena presbiteriana entrevistada en San Cristóbal de las Casas, agosto de 2011.

10 María Herrera, tseltal presbiteriana entrevistada en San Cristóbal de las Casas, agosto de 2011.

11 Marta Méndez Gómez, tsotsil presbiteriana, lideresa indígena entrevistada en San Cristóbal de las Casas, julio de 2011.

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Estas personas fueron la médula espinal con la cual logramos una especie de “bola de nieve” que se formó cada vez con mayor fuerza hasta que tuvimos más informantes. Estos a su vez presentaron la opción de dialogar con más población adscrita a credos no católicos, la cual pro-porcionó una red amplia de actores religiosos que proporcionaron datos relevantes sobre las organizaciones.

Don Abdiel Torres12 y don Mario Corrales13 otorgaron los permisos respectivos para adentrarnos en las reuniones eclesiales semanales que se organizaban los viernes, a partir de las siete de la tarde, en los salones de la congregación,14 y cuyo formato es en forma de charlas referentes a la organización de la iglesia y el desenvolvimiento en torno a temas diversos entre los que destacan: la formación de grupos celulares, el crecimiento eclesial (el número de personas congregadas a las iglesias) y los montos monetarios colectados de diezmos y ofrendas.

Aunadas a lo anterior, las idesa de evangelización, de crecimiento congregacional y de servicio (ministerio) dentro del templo son aspectos que conforman la estructura temática de las congregaciones. Aunque se definen y se buscan aplicar como aspectos fundamentalmente eclesiales, los liderazgos pretenden implementarlas como parte de la organización civil.15

La inmersión del investigador en las actividades de la congregación facilitó el conocimiento de las actividades de la organización. Se com-prendió que congregación y organización civil son dos realidades que se complementan.16

12 Abdiel Torres, varón no indígena presbiteriano, entrevistado en San Cristóbal de las Casas, julio de 2011.

13 Mario Corrales, tsotsil pentecostal, entrevistado en San Cristóbal de las Casas, julio de 2011.

14 La Iglesia “Fuente de Agua Viva”, ubicada sobre el Eje 2, al norte de la ciudad de San Cristóbal de las Casas.

15 Alejandro López, tsotsil pentecostal, pastor entrevistado en San Cristóbal de Las Casas, octubre de 2011.

16 Esto según el testimonio de Fernando Muñoz, tseltal pentecostal entrevistado en San Cristóbal de Las Casas, 2012.

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Nacimiento de organizaciones indígenasde índole religiosa

El surgimiento de organizaciones indígenas de cuño evangélico se ex-plica por el encadenamiento de dos aspectos: en primer término, por el cambio religioso que afectó al sistema de fiestas y cargos comunitarios, lo cual acarreó profundas heridas en la estructura sociopolítica. En se-gundo término, por las oleadas migratorias de indígenas tsotsiles y tsel-tales quienes, ante los brotes de violencia que se tornaron en muertes, ultrajes y otros perjuicios, huyeron hacia otras confines de los estados de Chiapas y Oaxaca, siendo cerca de 30 000 personas (Morquecho, 1994; Martínez, 2005).

Tanto el cambio religioso como los procesos de expulsión tuvieron su origen en el establecimiento de nuevos credos no católicos asentados en territorio chiapaneco a partir del ocaso del siglo xix con la Iglesia Refor-mada de América y el Instituto Lingüístico de Verano. Durante la década de los cincuenta y setenta del siglo xx llegaron oleadas de grupos pen-tecostales que se asentaron en la región Sierra y Altos (Robledo, 1997).

Después del año 2000 grupos adventistas del séptimo día, testigos de Jehová y mormones se establecieron en la región ejerciendo una fuerte influencia social, comercial, cultural, religiosa y política sobre la pobla-ción (Rivera et al, 2005). El siguiente testimonio denota lo expuesto:

La relevancia de las organizaciones consiste en que se convierten en actores colectivos, quienes al ser parte fundamental de las actividades comerciales, culturales y políticas de la ciudad se han convertido en la “maquinaria principal” que posibilita la inserción de población in-dígena a la dinámica citadina. No únicamente los líderes fundadores principales han sido pieza clave para el ascenso político y económico, también los líderes surgidos posteriormente han participado de una manera importante. Sea con la movilización de la feligresía, la cap-tación de nuevos miembros o con la construcción de discursos para emplearlos ante las autoridades, han ayudado a los líderes principales a emplearse a fondo con las autoridades gubernamentales y en el posicionamiento en espacios de trabajo.17

17 Nínive Melgar, mujer no indígena presbiteriana entrevistada en San Cristóbal de las Casas, agosto de 2011.

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Frente a las comunidades de origen, el cambio religioso significó la emer-gencia de pautas de convivencia diferentes, con cosmovisiones muy dis-tintas, lo cual ha generado espacios de relaciones sociales muy complejos, precisamente caracterizados por las diferencias en la forma de palpar la vida social.

Las migraciones forzadas de población indígena dieron origen a la fundación de asentamientos urbanos en la periferia norte de San Cris-tóbal. Estas se conformaron por población indígena tsotsil y tseltal de clase económica baja y con muchas carencias en la dotación de servicios.

La fundación de nuevas colonias urbanas ha requerido la participa-ción de líderes para gestionar los servicios públicos como son: infraes-tructura eléctrica, vías carreteras fiables, drenaje, encarpetado asfáltico, agua, luz y otros.18 Para lo cual, como se dijo párrafos arriba, se con-formaron organismos con actores religiosos surgidos desde las iglesias, quienes se orientaron hacia actividades no religiosas, en especial, activi-dades políticas y comerciales.

Según el testimonio de Alejandro López:

Las formas de representación y las estrategias de negociación funcio-nan con un propósito fundamental, movilizar a los miembros ads-critos, quienes comúnmente son la feligresía que conforma las con-gregaciones pentecostales y presbiterianas situadas en el municipio. Tal movilización se verifica en espacios públicos significativos como son mercados, ayuntamiento y algunos espacios turísticos: hoteles y restaurantes principalmente. Ambas son parte de las actividades que los organismos realizan con el fin de alcanzar sus demandas. La fina-lidad es hallar empleo, vivienda, alimento, etc., para elevar su calidad de vida. Pero también, tener recursos económicos, acumular capital, invertir en negocios, tener amigos en el gobierno, en los partidos políticos para beneficiarse de prebendas y concesiones de todo tipo.19

18 Magdalena Gómez, persona no indígena pentecostal entrevistada en San Cristóbal de las Casas, noviembre de 2011.

19 Alejandro López, tsotsil pentecostal, entrevistado en San Cristóbal de las Casas, octubre de 2011.

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Según el argumento de Luis Juárez,20 uno de los objetivos principales consistió en identificar las necesidades de los habitantes para exigir a las autoridades gubernamentales el abastecimiento de los servicios pú-blicos y la creación de empleo. De acuerdo con Gerardo Flores, conocer las particularidades del entorno es importante para desplegar con co-nocimiento un arsenal de estrategias consistentes en marchas, desfiles y cultos religiosos expresados con carteles y pancartas que reflejan el apoyo hacia los evangélicos [indígenas] amenazados y expulsados de sus tierras en la región de los Altos.21

Representantes del acceso a distintos espacios públicos –se diría que de su propio acceso– han generado sus propios beneficios producto de su labor de representación, y que al ver las altas utilidades reculan sus pretensiones iniciales, que consistían en la reivindicación de los derechos humanos y la defensa de las garantías individuales, y con ello, se sitúan en otro punto de interés: la acumulación económica para sí.

Al respecto, de acuerdo con el análisis de literatura especializada (Rus y Collier, 2002), efectivamente, la formación de organizaciones indíge-nas impactó los diversos planos de la actividad social, política y urbana del municipio y del estado. Por su parte, J. P. Bastian (1983), al igual que Robledo (1997) y Rivera et al. (2005), observa que el impacto de las organizaciones en los ejes sociales y políticos de la ciudad contiene un elemento histórico, que trasciende la trayectoria temporal que data del siglo xx, cuando se registra la explosión del protestantismo en Chiapas.

Se caracteriza porque desde la década de los ochenta emergieron en la escena urbana, en la periferia norte del municipio, colonias confor-madas en su mayoría por población indígena tsotsil y tseltal (Sánchez Calvo, 1990). Las colonias carentes de servicios públicos y sus habitantes sin empleo, sin una esperanza de vida certera, sin seguridad social, ni servicios de salud, serían el bastión desde el cual la feligresía indígena, evangélica, se organizaría para demandar los satisfactores elementales para subsistir.22

20 Luis Juárez, tsotsil pentecostal, entrevistado en San Cristóbal de las Casas, julio de 201.

21 Gerardo Flores, no indígena pentecostal, entrevistado en San Cristóbal de las Casas, mayo de 2011

22 Lambert Pérez, chol pentecostal, estudiante de sociología de la unach, conocedor de la labor y la personalidad de Collazo y López Ángel, entrevistado en San Cristóbal de las Casas, noviembre de 2011.

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Con esto apareció una insólita forma de organización civil confor-mada por redes de fraternidad y solidaridad provenientes de las iglesias pentecostales y presbiterianas de la zona. Con liderazgos ahí nacidos, las organizaciones indígenas se constituyeron como actores sociales que intercedían por la población indígena, cuyo fin primordial, al principio de su operación, fue asistir a la población violentada y atender las nece-sidades en el nuevo contexto (García Aguilar, 1997).

Estos actores sociales establecieron nexos con el gobierno del mu-nicipio. Un instrumento fundamental fue la acción política, la cual ha sido una herramienta principal para demandar servicios públicos y ac-ceso a espacios municipales como: mercados, ayuntamientos, hoteles, restaurantes, partidos políticos y otros. Las organizaciones indígenas se han constituido en actores indígenas religiosos que han traspasado las estructuras comunitarias al insertarse en la dinámica sociopolítica de San Cristóbal. En la próxima sección se argumenta por qué y bajo qué presupuestos se han consolidado las organizaciones como importantes actores que transforman su entorno social.

Los conceptos de actor social, actor indígena religiosoy la dinámica de organizaciones indígenas evangélicas

La vertiente teórico-metodológica que se usa en esta investigación como medio para el análisis de organizaciones de cuño evangélico y las formas de representación que producen es la perspectiva del actor social que emerge en un espacio urbano pluriétnico y multisimbólico con una gran diversidad de actores. Se trata de un entramado de relaciones sociales extremadamente complejo, caracterizado, entre otras cosas, por una va-riedad de opciones religiosas (Robledo, 2009).

La teoría del actor social refuta y retoma el concepto central pro-veniente de la teoría crítica de la sociedad perteneciente a la escuela de Frankfurt. El concepto de estructura, muy prescindible y aún más importante, conecta las nociones de actor social con las categorías de acción colectiva, conflicto social y campo social. La teoría estructuralista desde la perspectiva de Habermas (1991) y Giddens (1995) plantea la importancia de analizar la formación de organizaciones sociales a partir de observar el desarrollo de la acción colectiva, el sentido de esta, sus líderes y su intencionalidad.

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De acuerdo con la propuesta de Philipp (1998:113), es fundamental reconocer la sucesión cronológica de la acción colectiva, para lo cual “es necesario esclarecer temporalmente los cambios en las actividades, objetivos, metas, líderes, las formas de representación, el acceso a otros campos sociales y las tendencias a aceptar o rechazar nuevos elementos”.

Las estructuras que caracterizan a las organizaciones, del tipo que sean, están en constante renovación. Con lo cual estas se ven obligadas a ampliar sus horizontes sociales para alcanzar otras metas, remplazar a sus dirigentes y llenar expectativas complementarias mayores de las que en un principio se propusieron (Gilbert, 1989).

Siguiendo a Bourdieu (1991), en una investigación como esta es fundamental observar en detalle las características de las actividades de-notando los nuevos campos de desenvolvimiento y su relación con la forma de supervivencia que ha adoptado la población indígena para comprender las estrategias de inserción en la ciudad.

En términos de la teoría crítica, la acción colectiva de los organismos es como una agencia social en la cual toda acción con sentido se produce en el transcurso de una movilización por uno o varios actores sociales (Bourdieu, 1985). La agencia social es la acción con significado cuya realización siempre entraña una intención (Giddens, 1991; Bourdieu, 1991). En el desarrollo de la acción, esta es modificada por la influencia de actores internos y externos con el propósito de conservar o imponer el orden social.

Los actores sociales son quienes ejercen la acción con sentido, orien-tada a fines, y necesariamente se confrontan en choques de fuerzas con otras lógicas de acción para imponer su visión del mundo y detentar los recursos existentes (Foucault, 2009). Para Fair (2010), los choques de fuerzas entre los sectores de la sociedad son choques de poder.

En este sentido, se reflexiona que la razón de ser de las organizaciones, del corte religioso que sean, conformadas por indígenas o no indígenas, es el poder, con lo cual se entiende que la acción colectiva –como afirma Foucault (1996, 2003)– desarrolla un cúmulo de poder importante y, por tanto, circula por toda la sociedad y no es únicamente de uso privado del Estado o de la clase capitalista.

En realidad, la postura de Foucault también se establece como una crítica a la idea de Marx en la cual destaca que el poder está concen-trado por el Estado. A este respecto, cuestiona que la estructura social concentre todo el poder que emana del cuerpo social, y que más bien

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la ciudadanía, y en realidad la sociedad en general, también contiene principios de poder que lo pueden desplegar para cambiar sus condi-ciones y la de su medio.

Las organizaciones, según se comprende, son portadoras de poder, el mismo que en Chiapas ha devenido en un fuerte empoderamiento de la clase indígena, los ministros de culto y la feligresía pentecostal y presbiteriana renovada, dentro del campo social. En este caso, al interac-cionar las posturas de Touraine, Bourdieu y Foucault, se dirá que el actor social, en este caso el actor indígena religioso, manifiesta poder en casi todas las actividades que despliega. Con su acción colectiva ha logrado transformar sus condiciones y las del medio urbano, de la periferia en que se enclavan, en San Cristóbal de las Casas.

Los actores y sus acciones son los que detonan las tensiones internas entre diferentes poderes, también entendidos como lógicas de acción (Bourdieu, 1993), las tensiones y los conflictos emanados desde el in-terior (Bourdieu, 2000). La teoría del actor social pone al descubierto la tensión entre la noción de estructura, la concepción del sujeto social y la vertiente del agente social (Bourdieu y Wacquant, 1995; Giddens, 1991, 1995; Bourdieu, 1985), sin incluir totalmente la noción de poder de Foucault.

No es la intención de este escrito abundar sobre el concepto de poder. De suyo, es un elemento teórico que sin duda puede relacionarse con otros conceptos como los de actor social y sujeto histórico. Empero, no se pretende disertar sobre el poder en los ministros de culto, aunque lo despliegan palpablemente, se empoderan en el campo social y los sub-campos, sino que va implícito al hablar de las formas de representación, porque estas mismas son poder, es decir, transforman las condiciones de vida de la población indígena. El poder transforma y las formas de representación también. Para el caso de la temática de esta investigación ambos términos son equivalentes.

Así que, continuando con la explicación teórica, al discutir sobre la teo-ría de la estructura social y la teoría del individuo parece que ninguna de estas vertientes señaladas, por sí sola, explica adecuadamente el objeto de estudio. Aunque se puede considerar la categoría de actor social como equivalente a la noción de agente de Giddens, existen diferencias que es preciso identificar brevemente.

Desde la perspectiva de Touraine (1994), mientras que el concepto sociológico de agente (Giddens, 1985; 1995) presenta al individuo más

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bien como reproductor de prácticas, el concepto de actor le amplía al individuo los márgenes de su decisión y de su acción, es decir, de su autonomía. Se le concibe como alguien capaz de convertirse en creador en el ámbito de su acción. En palabras de G. Pleyers “los actores pueden contestar la organización social en su conjunto, luchar por desafíos cul-turales, buscando transformaciones profundas de la sociedad y el control del progreso y de la sociedad” (2006:737).

El agente, de acuerdo con Bourdieu (1988), desarrolla prácticas acor-des, en buena medida, con la posición que ocupa en el espacio social. Al actor, en cambio, se le reconoce, sobre todo, por las acciones que decide realizar. La postura de Touraine es contraria a la concepción teórica de la reproducción social de Bourdieu que es afín a la idea teórica de Poulant-zas y Foucault, quienes a su vez se centraron en “la dominación presente en todos los aspectos de la vida social, en la cual la reproducción de la sociedad o la omnipresencia del poder no dejan espacio ni autonomía a los actores y niegan su capacidad de construirse como tales” (Pleyers, 2006:738).

En este sentido, se eligió la teoría del actor social en lugar de una teo-ría del sujeto o de la estructura social (Touraine, 1984; Melucci, 1996, 1999; Giménez, 2006), porque la primera postula el primado del indi-viduo como motor de toda acción y, por consiguiente, lo esencial de lo que ocurre en la sociedad se explica por fuerzas psicológicas inherentes al individuo. En contraposición, el concepto de reproducción y de estructura social defienden la posición inversa: solo cuentan las normas, reglas, pre-ceptos, principios, entre otros, que caracterizan las estructuras sociales. Estas constituirían factores poderosos que determinan la producción y reproducción de la sociedad bajo todos sus aspectos.

En el mismo sentido, los individuos y los grupos no serían más que la expresión de una reproducción social definida mediante fuerzas so-ciales estructuradas a nivel macro, prácticamente sin margen de libertad (Bourdieu, 2002). En la teoría del individuo, el grupo social no tiene parte en la construcción de la acción, es el individuo quien rige el desa-rrollo de la acción. Por lo tanto, el análisis de la acción colectiva no tiene parte sino como un análisis individual de los sujetos que la conforman.

El análisis de las organizaciones evangélicas a través de la estructura social solamente alcanzaría para revisar los efectos que tienen las partes constituyentes de la sociedad sobre la acción de los individuos y el sen-tido que a partir de esto otorgan los individuos a su acción. Tal análisis

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no posibilitaría estudiar la influencia que posee la acción de los grupos humanos sobre las determinaciones estructurales, ya que en esta teoría no existe capacidad por parte del sujeto para reconfigurar las estructuras de la sociedad.

Por lo anterior, se asume que ni la corriente estructural ni la del individuo son pertinentes para explicar la dinámica sociourbana de las organizaciones en la ciudad, indistintamente de que se refieran a orga-nismos indígenas o no, religiosos o no. La importancia de la teoría del actor social que plantea Touraine (1984, 1995b) radica en que es una propuesta conceptual que posibilita observar a las organizaciones evan-gélicas como transformadoras de la realidad urbana. Convierte a los individuos en modeladores de su realidad individual y colectiva. En casi todos los sentidos, la vida diaria se convierte en parte de la creatividad, iniciativa e imaginación de los actores. Por tanto, se concibe a los actores como hacedores de su modo de vida, presente y futuro.

En este sentido, al amalgar las vertientes de Touraine y de Foucault se dirá que las organizaciones indígenas de índole evangélica son los actores indígenas religiosos de raigambre colectiva que, mediante la ac-ción política y sus restantes formas de representación, ejercen poder como representantes de los intereses civiles de la población indígena, han transformado parte de su mundo, las circunstancias en que se mueven, y facilita, por medio de su propia intervención, conseguir los objetivos que persiguen. Por ende, se concibe a las organizaciones como actores colectivos con objetivos, misión y visión definidos.23 Asimismo, si se sigue la lógica de Giménez (1997) se pueden reconocer como grupos con estructuras organizativas que intervienen de manera activa en los procesos políticos, culturales y de desarrollo en la ciudad.

Es así que se les llama actores porque interaccionan con el medio so-cial, con la realidad, con el mundo de los significados (Touraine, 1995a, 1995b). En este sentido, se caracterizan por su condición étnica, tsotsil o

23 De acuerdo con el testimonio de Guillermo García, los objetivos, la misión y visión persiguen el desarrollo económico y social de la población indígena que habita en la ciudad. Según este entrevistado, la visión se refiere al plan de acción que plantean los líderes y cuerpos ministeriales (grupos de ministros de culto que colaboran con líderes principales en la organización del trabajo eclesial y de la organización) para lograr dicho desarrollo; los objetivos son las metas precisas que cada uno plasma en su plan de acción.

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tseltal y expresan su afiliación religiosa, mientras que algunos pertenecen al catolicismo de base y otros están adscritos a credos paracristianos.

Parte de los resultados de la investigación, los descubrimientos o ha-llazgos develados, estriban en que el actor indígena religioso construye sus estrategias de inserción a la ciudad que, como hemos mencionado, se denominan formas de representación, las cuales aluden a los dispo-sitivos que crean las organizaciones para negociar con las autoridades municipales el acceso a distintos bienes para otorgarlos a la población evangélica. Se comprende como el talento manifestado en negociaciones frente a otros actores políticos, gobernantes, comerciantes, con el fin de entablar diálogos para conquistar otros recursos.

Por su parte, cuando se habla de estrategias de negociación se hace pensando en el plan de acción que elaboran los líderes con el fin de acce-der a espacios municipales, principalmente mercados, cabildo, comercio de madera y venta de autos usados, así como de crear redes de solidaridad y fraternidad con políticos, comerciantes, entre otros.

Las estrategias de negociación se tornan en una categoría más que, junto con las formas de representación, son manifestaciones de poder que se han hecho realidad en el transcurso del tiempo. Ambas han sido instrumentos para el florecimiento de la población indígena. Incluso, se considera que son estrategias de acumulación porque la inclusión a espacios municipales produce enriquecimiento financiero y la existencia de lazos de amistad con funcionarios públicos u otros políticos.

Por su parte, y siguiendo el punto de vista de Parker (2006, 2012), se concuerda en que los principales sujetos de la acción que dan vida a las organizaciones son los líderes religiosos, quienes en conjunto con otros ministros de culto forman la categoría de cuerpos ministeriales, definidos como al agregado de personas que desarrollan una función eclesial y política.

La acción política es una forma de representación fundamental que contiene mucho poder para que la población indígena consiga sus obje-tivos. Ha permitido crear marcos de sentido que son la base para la cons-trucción de comunidades sociopolíticas evangélicas, que son entendidas como grupos de población indígena, regularmente tsotsil y tseltal, cuya adscripción a una iglesia pentecostal o presbiteriana, además de bus-car la reivindicación de los derechos humanos, persigue también otros objetivos, entre los que destacan: la inserción en espacios comerciales

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municipales y la obtención de concesiones diversas para vender autos, artesanías, madera, entre otros.

Paralelamente a la construcción de comunidades de sentido, se ha producido otra categoría denominada sectorización política y evangé-lica de los mercados públicos, definida en términos de un dominio co-mercial de los mercados populares. En este sentido, dicha sectorización está muy vinculada a la forma de representación política por justicia y equidad realizada por la opeach. Para su líder, radica en aplicar la noción de equidad para buscar los canales correctos, insertar a los evan-gélicos dentro de las actividades y los espacios municipales con el fin de socializar los mismos bienes que la población no indígena detenta.

El significado de este tipo de representación implica que los liderazgos construyen una fraternidad general donde la tentativa es socializar entre todos los adscritos los bienes conseguidos.

Por su parte, la forma de representación del cedeh se constituye de dos modos fundamentales. La primera se denomina representación jurídica mutuamente relacionada con la acción política en el entendido de que los líderes hacen el papel de mediadores ante las autoridades políticas, autoridades gubernamentales, de niveles municipales y estata-les, con el fin de solicitar primordialmente que se respeten los derechos humanos, la libertad de culto y secundariamente el otorgamiento de la misma oportunidad que los demás ciudadanos de aspirar a que se les considere en varias áreas comunes tales como: los ejes laboral, social, político y económico.

La segunda forma, muy relacionada con la anterior, es la representa-ción política por acompañamiento psicosocial. Es decir, jurídicamente apelan a la intervención del gobierno y de la sociedad civil para atender los casos de daño moral en indígenas agredidos. Ofrecen un servicio con el fin de diagnosticar cuál es su estado emocional y sicológico, y solicitan recursos humanos y económicos entre los feligreses, comerciantes y las autoridades gubernamentales, para usarlos, en teoría, a favor de las per-sonas lastimadas. El gasto comprende medicinas, medico, tratamiento psicológico, asesoría jurídica, entre otros.

Cada una de las formas de representación, como categoría de análisis, explica las estrategias de acercamiento con las autoridades municipales, de tal manera que la población indígena y los líderes religiosos se inser-tan en actividades políticas, gubernamentales y comerciales. Las formas

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de representación han funcionado como mecanismos de acceso a los espacios públicos.

No es recomendable entender las formas de organización como es-trategias religiosas para atraer creyentes hacia las congregaciones e incre-mentar el número de sus miembros. Pero sí como parte de un conjunto de mensajes que se emiten y que denotan los intereses civiles: políticos y económicos, de sus líderes religiosos.

Una cuestión interesante, en la opinión de Ana Gómez, es que, sin pretenderlo, la labor de representación que realizan los líderes incide en la atracción de creyentes a las congregaciones. Sin buscarlo así, la actividad de los organismos impacta en la manera en que la población indígena concibe la función eclesial de las congregaciones, por lo que cuando es vista en forma positiva, atrae simpatizantes para sus filas y así se adscriben.24

La actividad de inmersión en espacios públicos municipales y la ob-tención de distintos bienes se definen, según la visión de un testimonio oral, como un par de actos de amor al prójimo que los líderes religiosos hacen para sus congregados, para la población indígena.25

Por último, aparte del cobro de cuotas y el enriquecimiento de los líderes evangélicos, las organizaciones establecen sus formas de repre-sentación con otra finalidad que es también análoga a la existencia y crecimiento de las congregaciones: buscan el incremento en el número de adscritos, mayor presencia territorial y amplio poder político.26

Reflexión final

Se ha visto a lo largo de este artículo que las formas de representa-ción, incluida la acción política, son formas de poder que funcionan como instrumentos fundamentales para la inclusión a la cuidad de la población indígena y religiosa, sobre todo la evangélica.

24 Ana Gómez, tsotsil pentecostal entrevistado en San Cristóbal de las Casas, octubre de 2012.

25 Fernando Muñoz, tseltal pentecostal entrevistado en San Cristóbal de las Casas, diciembre de 2012.

26 Laura Sandra, persona no indígena presbiteriana entrevistada en San Cristóbal de las Casas, octubre de 2011.

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Empero, al principio, en la década de los ochenta, luego en los no-venta, las actividades prioritarias fueron la defensa y reivindicación de las garantías individuales y de los derechos humanos. Con el paso del tiempo se ensanchó el radio de actividades inmiscuyéndose en espacios públicos como mercados municipales para la venta de artesanías, made-ra, vestidos tradicionales, turismo y autotransportes (taxis y microbuses).

Con la presencia de las organizaciones en la ciudad hubo la oportu-nidad de visualizar primero y luego imaginar categorías que dan cuenta de la dinámica de representación de las organizaciones que, como se observó, abarca desde la representación por la forma psicosocial hasta el tipo de representación por justicia y equidad.

Asimismo, llama la atención la forma de representación en coor-dinación con la diligencia de los mercados populares del sur y con las autoridades municipales de la ciudad. Esta categoría denota la depen-dencia e interrelación entre el sector gubernamental y los liderazgos de las organizaciones, ya que es evidente en la praxis que el gobierno mu-nicipal, la administración de mercados municipales y los líderes de las organizaciones evangélicas abrieron espacios que posibilitaron la incur-sión a comercios, ayuntamientos y partidos políticos.

Esto arroja tres preguntas: ¿Qué hubiera sucedido con la población indígena en la ciudad en caso que las organizaciones indígenas no hubie-sen emergido? ¿Cuáles serían los instrumentos de acceso de la población indígena a los espacios del municipio? Entonces, ¿cuáles serían los me-canismos de captación de recursos por parte de la población indígena?

Se sostiene que las organizaciones han hecho diferencia en cuanto al nivel de vida alcanzado en la ciudad para la población tseltal y tseltal. Han mejorado en el aspecto de la captación de capital financiero, co-mercios y bienes inmuebles, frente a las condiciones francamente com-plejísimas que tenían en las comunidades indígenas.

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Formación no convencional en los cibercafés: un andamiaje conceptual

María Cristina Fuentes Zurita*

ResumenEn este artículo se presentan el desarrollo y las definiciones de un marco conceptual que se construyó para una investigación sobre jóvenes y cibercafés. Se incluye la definición de tres dimensiones o lógicas de análisis (poder, subjetividades y saberes/aprendizajes) procedentes de la propuesta foucaultiana desarrollada por Teresa Yurén para el análisis de dispositivos educativos, así como de otros conceptos que operaron como categorías e indicadores, y que nos permitieron indagar y analizar algunas aristas sobre las experiencias y vivencias (significados y subjetivaciones) de aquellos usuarios jó-venes, en su acceso a las tecnologías digitales en espacios públicos con conexión digital como los cibercafés. La investigación se realizó durante el periodo del 2002-2007 y su interés se ubicó en el pro-ceso de formación de los jóvenes que frecuentaban 17 cibercafés en Iztapalapa.Palabras clave: dispositivo foucaultiano, cibercafés populares, inves-tigación cualitativa, internet.

AbstractThis paper presents the development and definitions within a con-ceptual framework that was constructed for a research work about youngsters and cybercafes. The definition of three dimesions or ana-litical analysis are included (power, subjectivities and knowledge)

* Doctora en Educación por el Instituto de Ciencias de la Educación de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos en cotutela con la Universidad Sorbona Nueva, París III. Maestra en Sociología del conocimiento de la Universidad de Jussieu, París VII. Licenciada en psicología por la Facultad de Psicología de la unam. En 2012 publicó el libro El edén de los jóvenes: los cibercafés populares, producto de su investigación doctoral. Contacto: <[email protected]>

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that come from Foucault´s proposal developed by Teresa Yrén for the analysis of educational proposals, as well as other concepts that operated as categories and indicators that allowed us to investigate and to analyze about the experiencies and feelings (significances and subjectivities) of young users of digital technologies in public spaces such as cybercafes.This research was realized during the period 2002-2007, and its interest was pinpointed in the formation process of young people that attended cybercafes in Iztapalapa.Keywords: Foucault´s proposal, popular cybercafes, qualitative re-search, internet.

Introducción

La globalización y sus efectos a nivel local constituyeron el contexto en el cual, en el año 2000, emergió y se fue perfilando la investiga-

ción que está detrás de este artículo. En ese momento estaban en auge los grandes debates en torno a la incorporación de las tecnologías de la información y la comunicación (tic) a la educación y sus implicaciones. En ese contexto se dio este acercamiento a las tic como un problema de educación fuera de las aulas y de orden informal. Así, se desplaza analíti-camente a las tic del ámbito más frecuente de estudio, de la simple capa-citación tecnológica o el entretenimiento, al de la educación no formal.

Este reposicionamiento permitió que la investigación comenzara a dar resultados acerca de las relaciones y los procesos en torno al aprendizaje informal con la pantalla digital en el cibercafé, así como la importancia de la confianza y el juego en la exploración para este aprendizaje, guiada por el teclado. De igual forma, se presentó como un núcleo relevante la problemática de la co-formación entre usuarios, así como los diferentes tipos de acompañamiento entre estos y los operadores, y la formación no convencional que se iniciaba como apertura a una nueva existen-cia de los jóvenes acompañada de los dispositivos electrónicos. De esta investigación surgieron recomendaciones para las políticas educativas fuera y dentro del aula. Estos aspectos fueron adquiriendo relevancia en el proceso de investigación por la forma particular de construir el ob-jeto de investigación que se siguió, de manera relacional y permitiendo que surgiera lo no previsto inicialmente. En este proceso intelectual de

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construcción del objeto de estudio fue necesario reconocer la educación como un cruce de caminos en el que confluyen diferentes disciplinas, tanto de las ciencias sociales como de las humanidades (la filosofía polí-tica, la pedagogía, la psicología social, la sociología, la historia, etcétera). De igual forma, fue necesario recurrir a diversas herramientas teóricas y conceptuales particulares.

Así, el objetivo general de investigación se fue especificando en torno a la comprensión de la experiencia educativa de los jóvenes con las tic en los cibercafés. En esa misma tónica se aprovecharon también desarrollos de la cibernética y la antropología para dar cuenta del giro cultural digi-tal que se iniciaba en aquel momento. También fue necesario observar las prácticas de los jóvenes en los cibercafés y explorar qué significaban estas prácticas, cómo experimentaban este nuevo aprendizaje con bits en espacios públicos info-mediáticos.

Todo ello llevó a la demarcación de los cibercafés como estudio de caso. El análisis se inició en el momento de la instalación de internet en México en espacios públicos, y en medio de cuestionamientos sobre la potencialidad de estos espacios del mercado para logar algún tipo de formación y aprendizaje en el sujeto joven. En ese momento no se ma-nejaba la figura del cibernauta.

Cabe destacar que en aquel momento se iba obteniendo, con un auge creciente, el diseño y la aparición de nuevos territorios juveniles: el virtual, las banquetas y las calles de una ciudad metrópoli en transforma-ción, donde el sujeto se alojaba y los transformaba poco a poco en lugares de pertenencia. Por ello en este artículo se presenta, primero, la defini-ción de las lógicas que operaban en el cibercafé, en tanto dispositivo; elementos reunidos con diversas lógicas que organizaban el tipo de expe-riencias juveniles. Con ellas se jugaba un modelado de las subjetividades, las identidades. Los cibercafés eran espacios transicionales y liminares en medio de los que el sujeto joven operaba esta migración digital como un nuevo fenómeno económico, cultural, social y espacial. Experiencias tanto técnicas como subjetivas y simbólicas ya que, como se sugiere, el pensamiento con el cual se conoce es un entorno, un ambiente, aunque sea digital, mitad presencial o mitad virtual (Moscovici, 1986).

Esto permitió reconocer fragmentos y resquicios de un mundo in-formal, ahí donde no había aún convenciones, sino un gran simulacro lúdico en el que los jóvenes construían lugares de encuentro y juego. Con la investigación, estos lugares fueron concebidos como albergues

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tecnológicos que podían ser utilizados como espacios de autoformación si contaban con políticas de apoyo.

Es por ello que se considera importante dar cuenta de la manera en la que se fue construyendo el andamiaje conceptual que permitió producir información, clasificarla, construir datos, analizarlos e interpretarlos. En otros trabajos se ha presentado la metodología completa que se fue pro-duciendo en la investigación.1 En esta ocasión la finalidad es reconstruir el acompañamiento y la retroalimentación constante que se siguió entre la reflexión teórica y la metodología cualitativa implementada. Ni se partió de presupuestos teóricos previamente dados, ni de una estrategia metodológica totalmente definida. Así, en el acercamiento al fenómeno empírico fueron surgiendo hipótesis exploratorias, que permitieron pe-netrar en horizontes teóricos no contemplados inicialmente, y lo mismo fueron impulsando acercamientos metodológicos que tampoco habían sido previstos.

Antes de dar cuenta del proceso investigativo, de manera breve se comenta que el marco metodológico fue de tipo cualitativo y compre-hensivo, de carácter exploratorio. Las técnicas metodológicas fueron: un corpus iconográfico, la construcción de registros de observación y de tratamiento de relatos, narraciones, testimonios informales, pro-ducto de las entrevistas exploratorias. Se realizaron entrevistas compre-hensivas a operadores y usuarios. La observación en un principio fue directa y después flotante, y se utilizó como estrategia metodológica de la investigación urbana; se utilizó junto a varios registros conversacionales frente a la pantalla de las computadoras, con sustento etnográfico.2

Proceso investigativo

Esta es una investigación que avanza en la definición de los conceptos, dependiendo de los datos encontrados y partiendo del terreno de los usos y significados de la tecnología digital. La problemática a estudiar se ubicó en el marco de estudios de la transición hacia un nuevo orden mundial donde la expresión de lo global en lo local se presentaba ya desde las primeras salidas al campo. Muchos de los cibercafés se encontraban en

1 Véase: Fuentes, 2012.2 Véase: Fuentes, 2011b.

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zonas o nuevas avenidas comerciales de la Ciudad de México, que trans-formaban el espacio público. Desde ese momento se empezó a desarrollar una red conceptual para leer los datos que se iban recolectando.

Las primeras preguntas que se elaboraron fueron las siguientes: ¿Cómo resuelven algunos jóvenes mexicanos de un sector popular su encuentro con la globalización a través del internet de acceso público? ¿Cuáles son los cambios en su conducta y en su hacer?

La relación elegida para contestarlas se encontró en la revisión del dispositivo foucaultiano y la metodología fundamentada.

Los tres ejes en los que se centró esta investigación fueron:1. La tecnología digital, los cibercafés y el internet2. El sujeto joven y su experiencia subjetiva3. La formación y sus dimensiones técnicas y subjetivas en el espacio.

Para definir estos tres ejes se elaboró un estado de la cuestión que consis-tió en revisar las investigaciones y reflexiones existentes sobre estos temas. Se estudiaron las cadenas conceptuales donde se situaban estos tópicos como las nuevas tecnologías, internet y el cibercafé, el cambio de época y el nuevo orden global, incluyendo las transformaciones y nuevos espacios de la ciudad, la sociedad de la información, la del conocimiento y la del aprendizaje, el cambio de paradigma en la educación: de la formación, del aprendizaje y de la autoformación.3 Finalmente, también se revisó el tema sobre los jóvenes como nuevos sujetos y las transformaciones del lazo social, lleno de vínculos afectivos, producto del manejo, por parte de los jóvenes, de un nuevo alfabeto multidimensional y digital para expresarse.

Se decidió investigar entonces las diversas lógicas de uso de las he-rramientas digitales y de internet por parte de los jóvenes, fuera de las instituciones educativas, y analizar los cibercafés como dispositivos en formación, deliberando si eran realmente nuevos escenarios de aprendi-zaje. De ahí la pregunta:

¿Cómo se forman los jóvenes y qué aprenden en estos espacios del mercado, fuera de las instituciones educativas, y mediante el uso de sus aditamentos e internet? y ¿De qué dependen los límites de ese uso?

3 Véase: Fuentes, 2009.

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Interés

La investigación se interesó en el lazo social, para poder enfrentar la con-troversia planteada en el ámbito educativo y académico sobre si internet atomizaba o fragmentaba la experiencia del joven usuario o generaba la utopía de diversos mundos posibles. El debate llevó a investigar los usos y significados de la tecnología en contextos particulares, para rebasar usos individualistas de las máquinas y lograr vislumbrar usos sociales y colectivos.

La población elegida para este estudio fueron jóvenes de la delega-ción Iztapalapa, la más poblada del Distrito Federal, y con un número elevado de cibercafés (dos por cuadra en sus calles más transitadas). Su superficie es de 114 km2 y los jóvenes menores de 29 años correspondían en ese entonces a 60% de su población. Según datos de la Encuesta Nacional de la Juventud 2005, correspondiente al D. F.,4 de estos jóve-nes 97 % reportaron compartir cada vez más espacios y actividades de esparcimiento y convivencia donde se ubicó al cibercafé. 88 % decían compartir la actividad doméstica (como el cuidado de hermano, etcéte-ra), 43 % se ubicaban también en el sector educativo y 43 % en el sector trabajo. Es decir, algunos hacían las cuatro cosas: se entretenían, estaban en la escuela, trabajaban y ayudaban en casa; algunos solo una, pero casi todos coincidían en asistir a los espacios de esparcimiento y convivencia, como la calle o el cibercafé.

Problematización

El objeto de estudio se complejizó al querer indagar vivencias y expe-riencias del joven, es decir, transformaciones de la subjetividad5 por su acceso, en espacios públicos, a las tecnologías digitales: las nuevas preguntas elaboradas fueron:

• ¿Qué papel juega el cibercafé en la utilización de la tecnología y en qué medida se trata de un espacio o dispositivo de formación no convencional? ¿Qué tipo de engranaje o articulación se realiza ahí para el uso de la tecnología?

4 Fuente: Instituto Nacional de Geografía y Estadística (inegi), 2005, “Estadísticas a propósito del día internacional de la juventud”.

5 Véase: Fuentes, 2010.

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• ¿Cómo la utilización y los significados del cibercafé popular en México permite a los jóvenes constituirse en qué tipo de sujetos sociales?

Para comprender cómo se llegó a lo anterior hay que mostrar la reflexión teórica y el desarrollo de las categorías que permitirían el análisis de los datos cuyas definiciones son las que interesa exponer.

Cuadro teórico y propuesta de trabajo

Para estudiar estas transformaciones se eligieron las propuestas de in-vestigación de Arnaud, Perriault y Flichy (Arnauld y Perriault, 2002; Flichy, 2002) sobre los usos y significados de la tecnología local, ya que coinciden en que poniendo en evidencia los problemas de su instalación, la identificación de los obstáculos y la visualización de los fenómenos aún extraños para ese entonces, era como se podría situar la prime-ra contribución activa desde los usuarios, no expertos de esta técnica digital, en los procesos de producción y de difusión de estos conoci-mientos tecnológicos. Lo anterior constituía un punto de entrada a los usos y significados de la tecnología definidos por el imaginario local en construcción, partiendo del sujeto y sus prácticas. Solo a partir de ello se podría contribuir a pensar en usos educativos sociales, adecuados al contexto particular y no solo desde los diseñados por el mercado (lógica del poder imperante).

Flichy propone reconocer el imaginario local tanto en la construcción como en la instalación de la tecnología; observar la forma que toma en su arribo a lo local. En otras palabras, este autor plantea que la tecnología toma la forma del lugar al que llega ( también del tipo de sujeto). Así, la investigación pretendería con sus resultados y de acuerdo con Co-hen-Tanugi (1999), actualizar la discusión histórica entre la formación de un individuo, más individualista que antes, y la comunidad, con tendencias más globales –homogenizada y desigual– y el tipo de lazo que se producía. El marco teórico-metodológico se vio alimentado por la propuesta de Deleuze (1980), quien sostiene que una sociedad se define por el tipo de alianzas y combinaciones que realiza con y no solo por el número de sus herramientas en sí, lo cual debe guiar la acción a seguir. Las amalgamas entre herramientas tecnológicas y recursos sujetivos son

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realizadas por las acciones de los hombres que ahí viven, en combinación con sus instituciones, las cuales enmarcan estas acciones, al igual que su historia biográfica y social, su cultura y sus necesidades.

Se incorporó la óptica del rizoma de Deleuze y Guattari (1976), cuyo interés por la conexión y el tratamiento de la heterogeneidad consiste en poner en juego distintos órdenes de signos y también estratos del estado de las cosas; objetos, discursos. Este método de tipo rizoma (o nómada) solo puede analizar la amalgama que se produce al descentrarla hacia otras dimensiones y registros, para hacer mapas de salidas y entradas de trayectos, líneas diversas: subjetivas y objetivas, técnicas y simbólicas o culturales e históricas. Este método permitió vincular el tema a diversos dominios relacionados como: la experiencia en la ciudad y en los nuevos espacios de conexión tecnológica; el consumo juvenil contemporáneo y sus efectos en el papel de las instituciones donde el joven se sitúa.

También permitía realizar correspondencias con temáticas tales como las identidades juveniles, su nuevo comportamiento afectivo y la signifi-cación de la tecnología, formas de mediación en el acceso a esta tecnolo-gía, usos del nuevo lenguaje digital (lenguaje oral y de la imagen), nuevos aprendizajes informales de la tecnología en el desarrollo de habilidades sociales, aplicaciones de la tecnología en relación con las necesidades del desarrollo del joven y reflexiones sobre la gestión de las distancias reco-rridas por este durante la experiencia tecnológica: económicas, culturales y de formación, en el sentido de Honoré (1992), quien la define como apertura a la existencia, y entonces como darse forma permanentemente.

La propuesta de Deleuze y Guattari se vinculó con la metodolo-gía arqueológica de Foucault (1977) sobre el análisis de las líneas que recorren y habitan el dispositivo y que construyen los sentidos. Esta aproximación permitía investigar las diversas lógicas que subyacen a la configuración de una formación identitaria, en tanto apertura a la experiencia tecnológica, al vincularse con el proceso de edificación de dispositivos contemporáneos de poder, como las identificaciones con el consumo y su impacto en la subjetividad y los saberes, como aprender a ser y hacer con la tecnología, tal y como ahora lo discute Groys (2014) en lo referente a las transformaciones culturales sobre “volverse público”.

En resumen, esta investigación (Fuentes, 2007b) se basó en el desa-rrollo de Yurén (2005), sobre la propuesta foucaultiana para el análisis de reconstrucción de los dispositivos educativos ya dados. Lo anterior debido a la consideración de que se estaba en presencia de la configura-

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ción de un nuevo dispositivo social, en el cual se expresaba claramente la temática educativa, por los aprendizajes informales sobre la técnica y los disposicionales sobre saber ser y convivir en un mundo global, desplegados en el cibercafé. De esta propuesta se retoman tres lógicas como categorías de análisis: poder, subjetividad, saberes y aprendizajes. Finalmente se incorpora también la propuesta de Bernard (1999) y su concepto de la distancia o, más bien, de gestión de las distancias para abordar la formación (distancias de género, económicas, culturales, ge-neracionales, etcétera) en el acceso a la tecnológía.

Andamiaje conceptual: el cibercafé como dispositivoLa formación no convencional, el lazo social, usos y significados de la tecnología y el “entre-dos” del espacio transicional

Construir como objeto de estudio la configuración de la subjetividad con la tecnología, en tanto experiencia de formación, condujo a la formula-ción de una red conceptual para el análisis, que guió de manera general la recolección del corpus de datos con una aproximación multirreferencial.6 La red conceptual amplia se compone de categorías, construidas en dos fases durante la recolección de los datos:

Cuadro 1. Categorías de análisis

1. Dispositivo: arreglo de elementos en el cibercaféa) Lógica de poder: del consumo en el mercado (del análisis de la

globalización, segunda modernidad, modernidad tardía, modernidad líquida, democracia, derechos humanos, nueva sociedad del conocimiento, del aprendizaje).

b) Lógica de la subjetividad: experiencia del sujeto consigo mismo, experiencia con lo virtual para la creación de mundo propio.

c) Lógica de saberes y aprendizajes: experiencias personales y tecnológicas

2. Lazo y vínculos sociales: la interacción presencial y virtual

6 Para abordar la heterogeneidad se tomó en cuenta también los desarrollos de André de Perreti y Jaques Ardoino (1988) y Jaques Ardoino (1980).

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3. Formación no convencional: la gestión de las distancias.En un segundo momento, se sumaron los conceptos que siguen para com-pletar la hipótesis y la interpretación:4. Lo Barroco/ neobarroco: respuesta sociocultural de simulación5. El Dispositivo “espacial” transicional: el soporte afectivo del espacio, lo

lúdico, el juego para los aprendizajes informales. a) El espacio: para habitar e interactuarb) El espacio físico: lo material, la estética del escenario, la vestimentac) El espacio vivido: lo subjetivo y lo simbólico

6. El “entre-dos”: para el ensayo existencial

Para definir muchas de estas categorías, se realizó una amplia revisión teórica que permitió construir el siguiente andamiaje conceptual:1. Dispositivo. En primer lugar, el cibercafé popular fue definido como el arreglo de elementos y lógicas de diverso tipo para la construcción del acceso público tecnológico digital con base en Peraya (1999), quien analiza el dispositivo mediático con elementos diversos –tecnocultura-les, semicognitivos y relacionales–, y a Hert (1999), quien afirma que con internet se reconsidera el dispositivo como recurso y no solo como tecnología de poder. Este pone en relación el pensamiento de Foucault (no el de los dispositivos disciplinarios sino el de la heterotopía/autono-mía) gracias a De Certeau (2000), quien estudia los usos tácticos de los objetos por los sujetos. En este arreglo las lógicas puestas en común en su operación están enfocadas al análisis de la creación del dispositivo: objetivas, subjetivas, es decir, materiales e imaginarias, técnicas y sim-bólicas. De esta manera se contemplarían todos los usos y significados por parte de los usuarios, operarios y de los elementos (objetos, signos, discursos) que constituyen el cibercafé: además de su funcionamiento, sus horarios, sus ofertas, su maquinaria y el tipo de acceso con el que contaban, sus normas de utilización, su ubicación, su presentación o formato y su ambiente.

a) La lógica de poder. Fue definida desde aquellos usos o prácticas realizados en el cibercafé que tuviesen que ver con el mercado global, en tanto regulador de la economía local y de las transformaciones en la vida cotidiana contemporánea. De esta manera se analizaría el cibercafé como un (objeto) espacio de consumo: qué vende, cómo se presenta, el tipo de conocimiento que ahí se produce por parte de la oferta técnica

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y simbólica y que conecta con algún tipo de orden (global o local). Propuestas e interacciones del operario, así como usos de los jóvenes frente a páginas y portales comerciales. Usos y significados del manejo de la información ofertada. Análisis del acceso y de las capacidades de la tecnología existente (software y hardware) y el significado del acceso a la red de internet a partir del entretenimiento.

Tomar a la economía de mercado como el poder rector es analizar los efectos que tiene en la relación entre el ser humano, la naturaleza y la técnica (Rueda, 2004). Lo anterior hizo necesario realizar una revisión de la cadena de conceptos tales como: la globalización y el papel de sus herramientas tecnológicas actuales, el tipo de modernidad (segunda, tardía, líquida) en la que esta se ubica y los efectos en los procesos de individuación; el sistema político de la democracia, por los efectos de la liberalización y la gestión de los nuevos derechos y obligaciones a nivel de los particulares, la crisis del Estado y sus instituciones en la globalización frente a la desregulación del territorio nacional, al tener que enfrentar prácticas multiculturales diversas de grupos identitarios, fomentadas y fortalecidas por la economía del consumo mundial.

b) La lógica de la subjetividad. Fue definida a partir de aquellos usos de la tecnología realizados en el cibercafé, relacionados con la experien-cia del sujeto joven, determinados por su interés personal e íntimo: los asuntos existenciales que ahí los llevaban y su vivencia, que van consu-mando una nueva forma de ser. Un tema a considerar fue analizar cómo se estaba dando por parte del joven, en tanto usuario, ese derecho a la individuación en tanto biografía propia (Beck, 1997;7 Kauffman, 2004) ofrecida por el liberalismo; menos actor social, más autor y regido cada vez más por ideales autorreferenciales, transformándose al mismo tiempo en objeto de consumo “empleable” (Barbero, 2004).

A partir de la observación de una serie de cibercafés, la revisión sobre las transformaciones de la subjetividad moderna de los jóvenes usuarios lle-vó a varias reflexiones sobre la desmodernización, la multiculturalidad, la expresión de los antagonismos y la transformación de las instituciones, las identidades y la ética. La primera, tiene que ver con la propuesta de “desmodernización” de Touraine (1999), que indica que no se dirige más

7 El autor habla de la necesidad del individuo de hoy por contar con instituciones que lo soporten en la realización de su propia biografía, tendencia que también empiezan a implementar con la creación de los significados (por ejemplo, de participación) con los objetos de consumo y que se refiere a su proceso de reflexividad (acting).

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a la normatividad de una ética universal del ideal colectivo, advirtiendo que la idea de proyecto de vida tradicional se disuelve. En otras palabras, él plantea una desubjetivación y desocialización moderna y la presen-cia de subjetividades múltiples, menos monolíticas, marcadas por un sí mismo de toma de decisiones rápida y un imaginario personal, como recurso de dirección (Guiddens, 1992, 2002; Elliot, 1997). Se aprecia, según Mejía (2004), una descentración del yo laboral del capitalismo anterior y una reconversión de la manera de entenderse a sí mismo, gestando nuevas formas de ser y por lo tanto una subjetividad para la empleabilidad.

La segunda reflexión, que habla de la construcción de nuevas subje-tividades, tiene que ver con los procesos de multiculturalidad que han llevado al reconocimiento de formas de existencia singulares. Estas tam-bién amplían el mundo de lo personal y de lo propio y presentan las oposiciones que se expresan en un lenguaje no social, es decir, menos normativizado y más estético o cultural, o en términos de resistencia ét-nica o en general con un lenguaje multicultural a tomar en cuenta. Con el consumo del internet se apoya la configuración de nuevas identidades de los sujetos; por ejemplo, juegan un papel prioritario las marcas o los pasatiempos necesarios para interactuar en las comunidades digitales; la información, el lenguaje, los modos de vida y los gustos ofrecidos por el mercado y los medios de comunicación que como internet transforman a sujetos en “sobjetos” (Verdún, 2005).

Con el liberalismo, sigue comentando Mejía, se habla de la impor-tancia de la afectación de las instituciones por donde el sujeto se realiza a través de sus prácticas, lo cual transforma su subjetividad. Así, por ejem-plo, señala cómo las escuelas se transforman en espacios para encontrarse con los pares, ya que las ciudades, más bien megalópolis, son sometidas al mercado inmobiliario, están cambiando y se modifica la experiencia de los habitantes en ellas: las plazas comerciales y las calles, ahora avenidas comerciales en los barrios donde se encontraban los cibercafés.

c) La lógica de los saberes y aprendizajes. Esta categoría se definió a par-tir de los sentidos que toma el cibercafé, en relación con las habilidades y disposiciones que gestiona ahí el joven usuario: un saber hacer tec-nológico, existencial (saber ser y convivir). Los aprendizajes informales que ocurren ahí con la tecnología tenían que ver con la curiosidad.8 De

8 Véase: Fuentes, 2007d.

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acuerdo con Baudrillard (1986), el saber ser se definió como la existencia de un autor o solo un personaje;9 el saber hacer, con aprendizajes de la técnica; y aprender a aprender, con aceptar los cambios, manejar o pilo-tear la incertidumbre frente a la cual desarrollaban una red de recursos, como manejar los nuevos lenguajes de la comunicación digital. Si los saberes y aprendizajes que se ponen en marcha para navegar y lograr nuevas experiencias en inmersiones con la tecnología o para alcanzarla tienen que ver con cambios en las disposiciones. Estas hacen referencia a cambios de actitudes y conocimientos, con los cuales los jóvenes tienen que contar para entrar en un mundo global y digital. Las disposiciones exigen cambios subjetivos de ideas, valores, actitudes que demandan nuevos aprendizajes informales como habilidades sociales; por ejemplo, inventar diversos personajes desde dónde presentarse (e interactuar) en el mundo virtual, manejar la incertidumbre para “perderse en las na-vegaciones”, atreverse a hablar con desconocidos, hasta conocimientos de tipo informático, manejo de la paquetería y disposiciones para su programación.10

El aprendizaje anterior incluye el manejo de nuevos lenguajes multidi-mensionales que se aprenden al interactuar y experimentar enfrente de la máquina. Lo anterior implica conocimiento de la tecnología que fortalece formas de pensar con imágenes y un lenguaje oral-escrito que modifica el manejo lineal del lenguaje escrito. El Word y la nueva paquetería de juegos incluyen leer sonidos, imágenes a gran velocidad y desarrolla una nueva simbología expresiva gráfica como los “emoticonos”.

Las lógicas de saber también pueden ser existenciales, pues los jóve-nes, de acuerdo con Paré (1998),11 navegan por internet para desconec-tarse de lo real por momentos y ensayar respuestas en forma virtual. Al conectarse con lo global deben gestionar de alguna manera la experiencia de lo diverso, lo nuevo, lo mundial. Estos usos y aprendizajes de la tecno-logía están íntimamente relacionados con la adscripción identitaria, que convoca al joven a comunidades (de música, juegos) y el estar juntos12

9 Baudrillard propone que para que el mito de la realización del consumo se dé, la imagen del consumo, lo que ofrece, se tiene que conectar con el personaje (la máscara) creado por el sujeto.

10 Véase: Rueda, 2004.11 Este autor estudia lo virtual como un dispositivo cuyo efecto sirve para simular

lo real y después poder enfrentarlo.12 Véase: Maffesoli, 1997.

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y que se relacionó con la siguiente categoría, sobre el lazo virtual que los convoca.

Todos los elementos anteriores serían captados al estudiar los motivos de los usos y significados de la tecnología promovidos por los usuarios en los cibercafés de su elección, así como por los operarios.

2. Lazo social y vínculos. Se definieron como los elementos que ope-ran para que el joven usuario se desconecte de lo local y se conecte a internet y a la tecnología (aprendizajes, necesidades, acompañamientos, ambientes, entre otros). Al tipo de relación que logra el usuario a través de la máquina (amigos, compañeros, familiares) y que hace referencia al tipo de interacción que logra con la comunicación tecnológica; el tipo de conexión local o global a la que tiene acceso. En ambas opera la identidad individual y social del joven, ya que por medio de la identifi-cación, de preferencias, gustos, pasatiempos, lugares, logra interactuar con otros parecidos reales y virtuales, creando vínculos y un lazo social más afectivo y frágil.

Para esta definición se consideraron las reflexiones que sobre los jó-venes proponen Urteaga y Ortega (2004). Estas autoras afirman que la identidad social del joven de hoy es asociativa, con un lazo social más afectivo (socialidad = normatividad lúdica), es más actuada, representa-da, cuenta con estilo, adornos, poses y vestimentas, y es más del orden de la dramaturgia, de la representación, de la creación de personajes. También se tomó la propuesta del Yo actual de Elliot (1997), como mirada scanner. Según él, así son las reflexiones que hacen los sujetos a partir de su múltiple ser, e indica cómo la subjetividad contemporánea observa rápidamente, evalúa desde su preferencia imaginaria, desde sus fantasmas de felicidad, y toma decisiones para sentirse bien, erradicando de su horizonte una ética social con un contenido más normativo, de una época anterior, con Estados nacionales más fuertes y contexto menos global. Esta reflexión partió de datos sobre cómo el usuario frente a la pantalla tomaba resoluciones instantáneas, para abrir diversas páginas y decidir sobre la adscripción a comunidades y grupos de discusión de páginas web. Se observó si leía o no con rapidez los signos que le envia-ban a través de la máquina y a qué refería su significado. Se reconoció que la interacción que se produce tiene que ver con un fuerte peso de la dimensión de tipo estética (hedonismo, formas, colores), existencial y cultural (Bauman, 2005; Beck, 1999; Lipovetsky, 1997).

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La reflexión que dio origen a esta categoría surgió de la revisión sobre la temática de los efectos de la globalización y sus herramientas tecno-lógicas, sobre los lazos que atan a un individuo con su sociedad, con el otro y que hoy están siendo transformados. Lo frágil, lo fluido, lo cam-biante hacen su aparición, debido a la liberalización del mercado, don-de algunas de las fronteras y contenciones se desdibujan, y hay nuevas experiencias a las que se tiene acceso, y hasta las ciudades se encuentran en transformación,13 y los jóvenes, en sus trayectos, construyen sus reco-rridos pasando por los cibercafés. Las familias también se transforman y los jóvenes de hoy pasan tiempo en las calles que, según Cyrulnik (2000), se transforman en espacios de acogida y afecto para los jóvenes, ya que encuentran ahí interacciones con pares y con otros.

3. La formación no convencional. Gestión de las distancias subjetivas, técnicas y existenciales realizadas por los usuarios en el cibercafé. Forma-ción que se desarrolla a partir de la experiencia del joven con las tecno-logías encontradas en ese espacio. Experiencia subjetiva y de aprendizaje informal que se da en torno a los usos de las nuevas tecnologías y sus pro-gramas, creando una vida tecnificada, sin un marco institucional y en un tiempo libre regulado por el consumo. Formación que se procura en el encuentro cotidiano de la demanda/oferta de los usos de las tecnologías, con razones tanto subjetivas como existenciales y de aprendizaje ejecu-tadas por los operarios y los usuarios de Iztapalapa.

Se piensa que con la tecnología digital el joven aprende un manejo más veloz del tiempo, el acortamiento de los espacios en el descubri-miento de territorios virtuales, así como el tratamiento de la diversidad que genera el acercarse a otros mundos y personas.

En esta formación de la subjetividad no existe objetivo educativo en los usos de la tecnología en el cibercafé; sin embargo, implican apren-dizajes informales como la experiencia que se logra en la navegación sin acompañamiento educativo. De lo anterior se consideró que esa formación no convencional se da en la dislocación de los referentes del joven, que le permiten comprender y hacer en este nuevo mundo “glocal”14 y en un grado de confrontación con el mundo familiar y la

13 Véase: Ramírez, 2003. 14 Este concepto lo propone Ulrich Beck (1997) y sirve para desarrollar estudios

empíricos desde el enfoque de la globalización (segunda modernidad) de los impactos de lo global en lo local, y a la inversa.

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institución educativa, al hacer emerger lo personal sobre lo no social. Al ser una formación más libre, sin la confrontación de la autoridad, se da cuenta de cuáles son las nuevas normatividades sociales que se estable-cen en su lugar y en qué grado se da una autonomía (Eneau, 2005) con los otros o solo una autoorganización. En particular, este autor señala que para lograr la autonomía del sujeto en situación autoformativa, la responsabilidad pesa sobre sus espaldas y propone la reciprocidad como intercambio y cooperación para desarticular las lógicas individua-listas de rivalidad y competencia.

Se consideraron también los cibercafés como posibles dispositivos de formación hacia la identificación colectiva de los consumos, lo cual favorece la configuración de sujetos en objetos, “sobjetos” tal y como los llama Verdú (2005). Por la huida que ofrecen a la ficción a través del con-sumo: experiencias que interesa analizar, para dar cuenta de esta trans-formación identitaria del sujeto joven en consumidor (de la tecnología), como señala Augé (1998, 2001). En esta formación de la experiencia que genera el consumo tecnovirtual, supone que el joven produce (crea) o se asocia con nuevas comunidades de diversa índole desde donde puede generar un sentido (estar o parecer ser como los otros).

Las tic no son herramientas como las otras. Su desarrollo científico es de los más originales; como lo subrayan Couchot e Hilliaire (2003), quienes definen otro tipo de poder, otro tipo de instrumentalidad que implica otro soporte y eficiencia. Esta última reflexión tiene que ver con las características de la simulación de las nuevas tecnologías e internet. La simulación juega un rol creciente en las concepciones industriales, so-ciales, científicas y de aprendizaje sobre el conocimiento de nosotros y los otros. Se debe a su capacidad de variar fácilmente los parámetros y observar inmediatamente y visualmente las consecuencias de esta va-riación, lo cual constituye una ampliación de la imaginación y de una nueva formación.

La definición de esta formación no convencional hace énfasis en la experiencia y, por el peso, la simulación tecnológica y la imaginación en ella implicada. Esta formación acompañada de lo virtual y lo experien-cial genera la vivencia de la creación de un mundo propio más sensible y se ubica en un nuevo horizonte tecnocientífico, donde la acción del sujeto en lo social cambia, al cambiar lo social por la globalización y sus herramientas tecnológicas, instituyendo formas para salir y entrar a la modernidad al alcance de una tecla. Se basa en la explicación de que hoy

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la producción de mercancías se funda en la fuerza del pensamiento crea-tivo, de nuevas ideas y concepciones laicas (sociedad del conocimiento = liberalismo), sobre una lógica no de aplicación de la fuerza exterior de transformación mecánica, como antes, en la sociedad industrial, sino del conocimiento ( procesos internos y demandantes de información).

Otro ejemplo revisado sobre la percepción y evaluación del entorno nos señala que percibir es saber evaluar la distancia de la pertenencia emocional y social. Así, el modo de inserción del sujeto como individuo activo y socializado en una comunidad y espacio habitado nos parecieron elementos a tomar en cuenta al definir una formación no convencional.

4. Lo Barroco/neobarroco. Esta categoría primero se definió como la respuesta de simulación, el “como si” recurrente que se presenta en Mé-xico desde tiempos de la contrarreforma colonial, frente a las grandes modernizaciones (Echeverría, 2000 y Gruzinski, 2004). Ante estas in-tervenciones de la modernidad, en su momento, nos dice Echeverría, una de las respuestas que el ethos cultural ha dado es la forma barroca, la cual se caracteriza por simular al ofrecer un despliegue de formas cul-turales, que en este caso acompañan la mala calidad de la conexión con internet y la tecnología digital para el acceso a internet, con el color, el humor, el ambiente festivo, la música. Con esta categoría se pudo leer al “ciberbarroco”.

En estas formas barrocas se produce cierto éxtasis (seducción de las formas), que acaba por sustituir y hacer más vivible la brecha en este caso digital. Representan el fracaso del éxito de la medida modernizadora aplicada, es decir, de la instalación del internet sin apoyo y regulación alguna. Albergue identitario o válvula de escape que de ninguna manera permite la competencia mundial o acceder, construir y competir en la sociedad del conocimiento.

Al mirar el paisaje urbano que producen estas instalaciones barrocas se genera cierto ambiente. Walter Benjamin15 explica que la mirada mo-derna genera melancolía; en cambio, desde una mirada dionisiaca, de afectividad y creatividad, de acuerdo con Maffesoli (1997), se aprecia la vitalidad del origen, de formas orgánicas en movimiento, sin orden, sin líneas clásicas y formales, como el mismo desarrollo del rizoma de-luziano.

15 Cit por Echeverría, B. (2005).

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Siguiendo la reflexión con Jaqueline Rose,16 este ambiente barroco de formas estéticas cuestiona la petrificación del orden visual dominante. Así se observaron diferentes tipos de cibercafés: en la sala de una casa, en la azotea, en el garaje, en una boutique, en una lavandería, en un merca-do al lado de los taquitos, con una serie de escenografías diversas. Afirma Sarduy (1987) que lo barroco latinoamericano construye un discurso paródico en el realce a veces dramático de los elementos. Se incluye una “dimensión crítica que toda parodia conlleva”.17 La vitalidad festiva de lo heterogéneo, de lo híbrido y de lo orgánico barroco opera frente a la homogeneidad normativa, que define lo formal y que impide dar cabida a la diversidad, producida también por la exclusión, por la anomia de lo real, por lo no social y lo sensible (Maffesoli, 2004).

Lo neobarroco. Construir esta subcategoría, que ya aparecía antes, nos brindó elementos para explicar lo que ocurre actualmente en el trán-sito a la globalización. Se ubica en el discurso posmoderno de las artes, cuyo componente sensible define el régimen como la “locura de ver”, y que viene a destronar la mirada desencarnada del espectador cartesiano, del orden y la formalidad. Es Buci-Glucksmann (1986, 2003) quien considera que lo que se manifiesta en la respuesta estética social es un deseo ávido, de búsqueda de presencia, de lo todavía irrepresentable. Pero esta sensibilidad no genera más que alegorías ubicadas bajo el signo de la oscuridad y de la opacidad, que ponen en duda el orden jerárquico. Lo sublime y lo kitsch (lo grotesco) son respuestas de esta sensibilidad barroca, como propuesta para explicar lo que hoy opera, no solo en cibercafés en México, sino en todo el mundo, sobre todo en los barrios populares. De hecho, la cuestión de las nuevas tecnologías en modo alguno se desarrolla y se presenta de manera homogénea en los distintos puntos del planeta, al momento de instalar algo tan nuevo como un cambio de época. El estilo neobarroco lo manejan como ecos del pasado en el presente. Formaciones sociales provocadas por la modernidad o sus efectos, para lo cual también se revisó el aporte de Deleuze (1988) sobre los pliegues (barrocos: culturales y afectivos) donde el sujeto se aloja.

Lo anterior se vinculó con la reflexión de Bauman (2005) respecto de la aparición reciente de una ética del “estar con el otro”, donde la diver-

16 Cit. por Jay (1993), pp. 99-113.17 Cit. por Celorio en el Prólogo a la edición Lectorum, México, 2003, del libro

Concierto Barroco, de Alejo Carpentier, p. 22.

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sión evacua a otra ética más social. Reconoce que el espacio estético de hoy está “mapeado” por diversos tonos de intensidad y de diversión. Afir-ma que la cantidad de conocimiento permanece en proporción inversa a la distancia estética, ya que los objetos más conocidos tienen el valor de diversión más alto, como los de la moda, el deporte, el turismo, la gastronomía, el baile, la fotografía, etc. En esta consideración sobre una época neobarroca en México habría que contemplar el cambio que se da con las nuevas tecnologías. La interactividad y la participación del sujeto en su diseño, así como su reflexión sobre su “equipamiento”, sus recursos (sociales, técnicos, culturales, económicos, identitarios) tomarían parte en la modificación de este registro, por lo que habría que analizarlo.

5. El dispositivo “espacial” transicional. Se definió como una estructura, un lugar donde se realiza una experiencia intersubjetiva de apropia-ción y de integración; a través de cierto cuidado del medio (espacio): apropiación por medio del juego, que permite la espontaneidad y que provee al joven de confianza para probar, innovar alejándose del origen local. Es un concepto que se deriva de la teoría de la transicionalidad de Winnicotte (1993), quien propone para su práctica clínica el arreglo de mediaciones y condiciones que deben guardar los lugares/ambientes por los que pasa el sujeto, para que se dé una experiencia intersubjetiva de integración por la utilización de una transferencia que replica el lazo materno. Definida así esta categoría, se pudo analizar esa transferen-cia espacial como soporte en la construcción de territorios presenciales a virtuales, en el propio desplazamiento del joven, entre los cibercafés de la Ciudad de México. A partir de esta concepción sobre la inten-ción subjetiva que él le otorga al uso de la tecnologías en el cibercafé, se registraría si utiliza una transferencia del lazo cultural de origen en un medio ambiente-soporte facilitador. El cibercafé pópular entonces se transformaba en marco para elaboraciones simbólicas presenciales y digitales, en todo caso vinculadas con el llamado del mundo virtual/ global, quien convoca fuertemente a los jóvenes a través de su curiosidad por usar internet y significarse “conectados” o “no conectados”.

Otra reflexión a tomar en cuenta en la definición de los conceptos que comprenden esta categoría fue sobre el imaginario creativo y la función de juego en la instalación de nuevas sociedades planteada por autores como Huizinga (2004) y Rifkin (2000), para la construcción de nuevas reglas. Sin embargo, Wallian-Mahut y Vielle (2001) van más allá

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al afirmar que existe una disidencia lúdica construida por los jóvenes, (por ejemplo al explorar el universo de internet), donde la búsqueda de placer inmediato, la solidaridad lúdica y la construcción identitaria están asociadas a la fundación de una cultura juvenil singular, en esci-sión con las éticas institucionales educativas, sobredidactizadas y que se encuentran cuestionadas por esta creatividad lúdica divergente. Se comparte la reflexión de si este juego de experiencias virtuales no será el último artificio de la razón ya que la vida exige una nueva actuación en un escenario de incertidumbre del cual se desintegran fundamentos fijos y seguros. Se impone, con el mundo digital, una vía de ensayo lúdico en una sociedad en busca de nuevas reglas del juego.

a) El Espacio. Se definió el cibercafé como un espacio real para el desenvolvimiento potencial del ser humano. Se definen los espacios tran-sicionales como una invención moderna del sujeto. Es una construcción social y cultural, desde dos perspectivas, primero como un espacio físico y después como un espacio vivido.

b) Espacio físico. Espacio urbano que contiene objetos, discursos y símbolos y que influye en la interacción que ahí se da. Desde esta misma perspectiva se le define como un escenario técnico presencial y virtual en el cual se desarrollan prácticas mediadas por la tecnología y finalmente como escenografías urbanas donde los usuarios desarrollan resolucio-nes diversas, ya sea por las características del cibercafé, que permiten al usuario jugar con diversas máscaras o personajes al conectarse con la red.

c) Espacio vivido. Se definió como la transformación realizada por el usuario de cada cibercafé en un “lugar” particular de experiencias. Con-tarían más que sus formas culturales, la forma en que es habitado en ese momento el espacio por el usuario y operario. Fue la reflexión sobre la identidad de lugar la que permitió transitar al espacio vivido, cuya línea de trabajo se ubica en el terreno de la geografía humana contemporánea (Lévy y Lussault, 2003) y que permite encontrar los sentidos, a través de la experiencia existencial, de lo real y lo virtual de los nuevos nómadas de la ciudad-metrópoli.

Para definir el espacio vivido se articularon dos entradas analíticas a utilizar: los escenarios y la movilidad espacial. Los escenarios cotidia-nos, como idea pionera de Goffman (1981), incluyen la espacialidad. Introduce el “escenario”, en su metáfora dramatúrgica, como uno de los elementos centrales, aunque no toma en cuenta el lugar. Los escenarios de Goffman son un recorte espacial pero no en el sentido tradicional de

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definir un lugar. Se definen por las prácticas del sujeto, que no existen con anterioridad a las prácticas mismas.

La otra vía fue la de Relph (1976), en cuya acepción del espacio se incluye un conjunto de prácticas móviles, concentradas por distintos sujetos en un marco en el que toman sentido, como la calle o el mundo virtual para los jóvenes. Señala que hay escenarios tanto interiores como exteriores que hacen referencia a la subjetividad espacial, es decir, a la experiencia que el individuo tenga de ese lugar.

Además, se consideró la reflexión de Lindón (2006) no solo de la movilidad espacial entre escenarios, también móviles, sino de la movi-lidad de sentidos y significados espaciales que acompañan a la práctica observable externamente: las personas llevan objetos de un lugar a otro, así como ideas y esquemas de pensamiento, transformando tanto al uno como a lo otro.

Así, las subjetividades espaciales contribuyen a que el sentido que se le otorga a un lugar no proceda de un rasgo, o de varios, que son propios de ese lugar, sino que también pueden proceder de rasgos de otro lugar. Ello nos permitiría contar en esta investigación con claves esclarecedoras desde las cuales analizar cómo la persona/usuario contrasta un lugar con otros (por ejemplo: el cibercafé elegido con otros lugares desde donde los usuarios pueden conectarse). En otras palabras, qué aspectos de la realidad consideran las personas para construir pares de lugares y com-pararlos. Las construcciones sociosimbólicas, según Lindón (2007), que derivan del agrado por un lugar, casi nunca proceden del lugar en sí, sino por contraste con otros lugares vividos. Sentidos de lugar que configuran de manera topofóbica: rechazo y desagrado por el lugar; o rasgos asocia-dos con lugares queridos (topofílica). Afirman que más frecuentemente, el agrado procede de una contrastación en sentido negativo: el lugar es visto como lo opuesto a otro rechazado (¿en dónde no quieren estar los jóvenes que están en el cibercafé?).

En relación con la construcción del “espacio como lugar”, según Stokols y Shumaker (1981), todo el mundo vive en espacios que se construyen material y simbólicamente. Lo simbólico sería un conjunto de significados socioculturales relacionados con estos espacios y lo que hay ahí que, a su vez, se convierte en elementos clave con la finalidad de que se produzca una conexión entre un espacio determinado y las personas y los grupos que lo habitan.

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Hay lugares que se apropian no solo con hacer uso del espacio, sino con establecer con este una relación, incorporarlo a las propias vivencias, organizarlo de manera propia e integrarlo a experiencias cotidianas y per-sonales. También hay un sistema de relaciones sociales que se establece en el interior de los espacios pues hay valores, normas, costumbres que determinan las acciones y potencian o minimizan el sentido de apropia-ción que se tendrá hacia este.

Si existe un espacio en el que no se pueda realizar una práctica con libertad, será más difícil que se dé su apropiación, es decir, cuando las normas, costumbres o valores ahí operantes sean muy rígidos, el espacio será visto solamente como una estancia provisional. Se pudo entender por qué decidían usuarios ir a cibercafés con grafitis o con máscaras identitarias del barrio en las paredes.

6. El “entre-dos”. Ese concepto propuesto por Sibony (1991) se utilizó para explicar la postura existencial del sujeto cuando ensaya desde el cuerpo –su estancia en el cibercafé– a ser algo que todavía no es, en esta investigación, un sujeto digital y global (tal vez un migrante). Recien-temente se utilizó este concepto también en el campo de la geografía humana para hablar del espacio donde el sujeto puede experimentar ser alguien diferente de lo que es, y que muchas veces resuelve a través de un espacio arquitectónico con un ambiente propicio para “crear-se”. Sibony maneja que el cuerpo animado por su falta de ser (referido a adecuarse al lugar de llegada de una migración, en este caso al mundo digital) construye el espacio potencial, el “entre-dos” cuerpos donde existir. El cibercafé popular puede brindar el espacio para que el joven usuario ejer-cite otras identidades, como espacio “entre-dos”, con todo y el cuerpo.

Usar este concepto de “entre- dos” permitió analizar cómo el joven en el cibercafé gestiona la ambivalencia de crisis identitarias (Dubar, 2007), típicas de su edad y de la actualidad, así como saber de qué tipo son las negociaciones que realiza sobre su autonomía/intimidad dentro de la heteronomía social. De ese modo se pudo analizar si el joven hacía del cibercafé un espacio donde existir, ya que de acuerdo con las reflexiones revisadas, al acceder a un nuevo mundo global, a través del manejo de un lenguaje como el digital y virtual, el joven se encuentra resolviendo un momento existencial, oscilando entre dos orígenes (local y global). Tal y como decía Queau (1993), con internet ya no estamos más delante de la imagen, sino en la imagen. La experiencia de inmersión producida

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por la técnica de la visualización conlleva variantes múltiples, en donde lo adecuado es cambiar fundamentalmente la actitud corporal, vis a vis de la imagen, que se refleja en el cambio de las disposiciones subjetivas (éstas son reflexiones precursoras de la lógica de los selfies).

El concepto de “entre-dos” como categoría de análisis global, que caracterizó el tipo de dispositivo en el que se encontraba el joven, pudo brindar una interpretación de algunos de los sentidos planteados por los usos de las tecnologías en el cibercafé.18 Sentidos trazados por las diversas lógicas de operación del dispositivo en construcción: las del poder de la nueva economía de mercado, conformando a los individuos en con-sumidores; la lógica de la subjetividad configurada por las experiencias múltiples del sujeto con la tecnología; y las de los saberes y aprendizajes desprendidos del manejo de la tecnología digital para participar en lo global y en la inmersión digital.

Resultados

Gracias a estas categorías se realizaron indicadores para tres tipos de análisis: a. El análisis inicial: con los primeros datos hasta llegar a lo barroco; b. El análisis de los registros (usos y significados): máscaras, libertad, espacio propio; c. El análisis Atlas ti: de los datos cualitativos con computadora sobre los aprendizajes informales.19

Los resultados de esta investigación indican un mundo más complejo, señalan la respuesta de un ethos cultural local barroco (este concepto se refiere a las ideas y los valores de una comunidad) que simula y hace más “vivible” la distancia a la conexión/globalización, mas no resuelve la in-serción competitiva de la mayoría de estos jóvenes. También se develó un espacio subjetivo de “entre-dos” mundos: el presencial y el virtual, entre el juego y el estudio, entre lo local y lo global, aprendiendo a mostrarse y también a “travestirse”, quiero decir, a ponerse en otros roles, cambios de edad y hasta de género, por ejemplo.

18 Véase: Fuentes, 2012a.19 Se presentan dos tipos de análisis de los datos en artículos anteriores, véase

Fuentes, 2007a, 2008.

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Contribución

Esta investigación reconoce un nuevo campo de estudio en el ámbito de las ciencias de la educación, al situarse sobre las tecnologías digitales en el enfoque de los aprendizajes no formales, no académicos y no escolares. Destaca el rol que desempeñan los aspectos lúdicos para propiciar la in-novación en relación con el aprendizaje informal que se realiza en estos nuevos escenarios infomediáticos, al facilitar la apropiación de las nuevas tecnologías digitales y sus lenguajes. Reconoce la función que tienen estos espacios respecto de la experiencia vital de las diferentes distancias (sociales, geográficas, culturales, generacionales) ofrecidas por medio del acceso a esta tecnología desde la oferta pública. Muestra también la importancia de la creación de cartografías desde la diversidad, como faros/puertos para la navegación de los jóvenes en internet, construidos por instituciones locales reformuladas para este nuevo orden social digi-tal. Además, exhibe la necesidad de diseñar acompañamientos diversos por fuera de la escuela para el sujeto digital, como la construcción de una sociedad educativa, donde se incluya la producción de los medios de comunicación masiva. Lo anterior propiciará una interpretación y producción de imágenes más interesante con la cultura digital de la computadora e internet.

El impacto de las tic en México sin marcos legales y sin políticas públicas que las acompañen, en renglones como los de salud, consumo cultural, etcétera, así como de la necesaria formación de las audiencias, entre otros programas, no permitirá el advenimiento de una nueva so-ciedad del conocimiento, aunque se da cuenta de la sociedad del aprendizaje que se instala. Por lo anterior se observa la evanescencia del sujeto social si no se toma en cuenta la experiencia, lo colaborativo y lo personal del sujeto en la educación acompañada de la tecnología ni se manejan las diferentes distancias culturales, sociales y generacionales para su in-serción en las prácticas digitales, para no dejar todo el contenido en manos del mercado. Es necesario reconocer los cibercafés como posibles dispositivos de autoformación y ofrecerles recursos diversos por parte de las mismas instituciones del conocimiento.20

20 Después de esta investigación se desarrolló durante el 2010-2011, en la uam-i, el proyecto “La nueva mirada: del aula al ciberespacio, para la producción de imágenes

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Límites y perspectivas

Un límite importante fue que al inicio de esta investigación, a compara-ción con los tiempos actuales, no se contaba con un cuadro de reflexión ya definido sobre las tic. Además de los trabajos mencionados y los estudios pioneros de Robinson (2004), Torres (2003) sobre los cibercafés y el entretenimiento en América Latina, se tuvo poco acceso a otros re-sultados de investigaciones importantes que en ese momento se estaban corriendo sobre el tema como por ejemplo, las del equipo en España de Gil (2006). La utilización de las tic varía velozmente, de acuerdo con las características del sujeto, la edad, el contexto, la constante innovación tecnológica, y este era un estudio exploratorio –tal y como ya se dijo arriba– que se interesaba en comprender y proponer algunas hipótesis a corroborar con nuevas investigaciones, lo cual puede ser visto como una fortaleza.

Sobre las perspectivas de investigaciones y estudios por realizar que se desprendieron de esta investigación, en ese momento está el estudio de la formación de la cultura digital, los procesos de creatividad/colaboración de la transición de lo informal a lo formal, así como los usos de las imá-genes y su impacto en el sujeto.21 En el ámbito de los aprendizajes parecía interesante investigar más sobre los procesos de mediación presenciales tanto en el cibercafé como en la escuela y con la tecnología en general. Vincular la relación de lo virtual con la formación (de lazos y vínculos) a través de la simulación digital es otra área de interés a trabajar, como las investigaciones sobre los selfies de Rueda (2015), y los aprendizajes y enseñanzas digitales en la escuela de Dussel (2011).

Conclusiones

En la era de las tecnologías digitales se transforma el paradigma de la educación a la formación: del actor al autor mediado por transforma-ciones subjetivas. El joven usuario pretende transformarse en autor del

con contenido educativo (capacitación, reflexión y difusión) del conocimiento digital. Fuentes (2015) en prensa.

21 Véase Revista Iztapalapa núm. 78, sobre Imágenes y cultura digital.

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conocimiento, apoyado en la tecnología, por lo que aparece el acompa-ñamiento de este sujeto como tema sustancial.

Finalmente, la hipótesis o tesis construida con este andamiaje concep-tual era que los cibercafés populares en Iztapalapa operaban como dispo-sitivos formativos lúdicos y espacios transicionales cuya caracterización es barroca –sin café y sin conexión–, pero simula el acceso a la web a través de ciertas estrategias como la oferta de programas encarta, acompañados de la atención que los operarios les ofrecen. Lo anterior favorece una formación no convencional de gestión de distancias necesarias a recorrer, para el acceso a internet, por medio de acompañamientos técnicos, como la coformación con otros usuarios asistentes al cibercafé y verlo como un espacio de confianza, donde el operario ejecuta, muchas veces como una ayuda (como técnico, amigo o maestro). La tesis que se propuso fue la siguiente: Los cibercafés regulan ciertas distancias sociales/culturales introducidas por las tecnologías digitales. Los jóvenes que se encuentran ahí desarrollan nuevos aprendizajes que son constitutivos de una for-mación identitaria/identificación con lo global. En el cibercafé popular la convergencia de las dimensiones socioculturales, socioeconómicas y socioformativas que porta el sujeto, provoca oscilaciones ambivalentes. Las prácticas realizadas en estos cibercafés inicialmente son existenciales, subjetivas, así como técnicas y económicas y provocan una formación no convencional en los jóvenes impregnada de técnica y afectividad. El paso por el cibercafé popular impulsa a ir más allá de esta formación no convencional, y se espera un proyecto formativo de trabajo a profundidad sobre el sí mismo (self ) de los jóvenes y la producción de su subjetividad. Muchas y diversas investigaciones se han seguido desarrollando, desde diversas ópticas, y el énfasis varía entre complejidades y complicaciones por el uso de internet. Con esta se insiste en que la complejidad está en el sujeto y sus usos, y el efecto en el “diseño de yo” –las resistencias que produce el sujeto con su encuentro con la tecnología– y no solo en las complicaciones de la instalación y capacitación de la técnica, incluyendo las que se realizan en las escuelas. Se generaron muchas preguntas, pero esta es una de las características del inicio de este tipo de investigaciones frontera.

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Artículo recibido el 29 de marzo de 2015y aceptado el 13 de noviembre de 2015

Reseñas

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El necesario rediseño institucional del Distrito Federal mexicano

Armando Hernández Cruz, México, Asamblea Legislativa del Distrito Federal,

2014, 146 pp.

Miguel Rodrigo González Ibarra*

La complejidad de la estructura social, económica y política de una metrópoli como la Ciudad de México y del Distrito Federal, ha

derivado en los últimos años en la búsqueda y aplicación de un nuevo orden institucional. Dicho proceso se ha caracterizado por el tránsito de una administración pública vertical, dependiente del Gobierno Federal y de sus principios jurídicos constitucionales, hacia la conformación de órganos locales y autónomos de gobierno, y la búsqueda de nuevos mecanismos no corporativos para la participación ciudadana en la toma de decisiones y en la gestión pública.

Hasta hace poco, los habitantes del Distrito Federal vivieron por vez primera la experiencia de elegir un gobierno por la vía democrática. Este proceso, llamado por algunos autores como democratización, poco a poco ha advertido la necesidad de impulsar una nuevo rediseño institucional que tenga como finalidad no solo contar con un marco normativo más objetivo, eficaz y transparente, sino que garantice efectivamente la am-pliación de los derechos políticos de la ciudadanía y la reorganización

* Doctor en Ciencias Políticas y Sociales por la UNAM. Profesor-Investigador Titular “B” adscrito al Departamento de Sociología de la UAM-I. Especializado en actores sociales, políticas públicas y metodología de la investigación. Contacto: <[email protected]>

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Miguel Rodrigo González Ibarra

de sus órganos de representación política, dada la complejidad de los problemas públicos presentes y crisis en la capacidad de gobernar.

En este marco, el libro intitulado El necesario rediseño institucional del Distrito Federal mexicano, de Armando Hernández Cruz, constituye una aportación para comprender y explicar las bases y los fundamentos político-constitucionales del Distrito Federal y su forma de gobierno, así como generar una propuesta para la conformación de una nueva constitución en la entidad, donde se establezcan nuevos principios jurí-dicos y criterios normativos para garantizar un sistema de distribución horizontal del poder en el que se respeten y garanticen los derechos, la pluralidad y la participación política de sus habitantes en las decisiones públicas.

En el primer capítulo se define y contextualiza al Distrito Federal en el sistema federal mexicano. A este respecto es importante señalar que, desde una visión general, los fundamentos de dicho sistema advierten una lectura cuidadosa sobre la conformación del Estado de derecho; es decir, un Estado en el cual el ejercicio del poder se encuentre subordina-do al derecho; un Estado en el que gobiernen las leyes y no los hombres. En este capítulo, el lector podrá comprender de una forma precisa acerca de la discusión sobre la naturaleza jurídica del Estado federal y sobre el principio de soberanía y sus implicaciones operativas en los diferentes gobiernos estatales y municipales.

La Ciudad de México ha sido considerada por diversos estudiosos como centro político y económico principal desde la época prehispá-nica. En este tenor, vale la pena reconocer los cambios jurídicos y po-líticos de su conformación para avanzar hacia una explicación de las necesidades políticas actuales. Para el autor: “durante la mayor parte de su existencia como entidad federativa el Distrito Federal fue gobernado exclusivamente por los órganos federales; sin embargo, a partir de las reformas impulsadas por la voluntad ciudadana, con el ánimo de un mejor ejercicio de sus derechos políticos, se crearon nuevas instancias y órganos de gobierno que de manera paulatina han ido ganando mayores funciones” (p. 37).

Asimismo, establece que: “la intervención de los poderes federales en el gobierno del Distrito Federal no implica una restricción de los dere-chos políticos de los ciudadanos del Distrito Federal, ya que el sistema de distribución de competencias existente en el actual régimen de gobierno permite que la Asamblea Legislativa expida leyes cuya competencia es

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El nEcEsario rEdisEño institucional dEl distrito FEdEral mExicano

territorial es de orden local y que encierra un interés de los habitantes; mientras el Congreso de la Unión, que es un órgano federal, pude emitir leyes federales y leyes de competencia territorial local para el Distrito en busca de proteger los intereses federales dentro del territorio de su residencia” (pp. 42 y 65).

La propuesta del autor radica en establecer fórmulas –a través del acuerdo político– para revisar la distribución vertical de competencias, ya que no es adecuado establecer facultades expresas para el Congreso de la Unión y el presidente de la República, y residuales para los demás órganos de gobierno del Distrito Federal. En este sentido, conviene ana-lizar la actuación de las entidades federativas y de los municipios en el sistema mexicano. Asimismo, es posible otorgar a cada uno de los cinco órganos de gobierno locales una esfera autónoma sobre la que podrían actuar, marcando la libertad de cada uno de ellos y estableciendo límites.

El segundo capítulo de la obra se intitula “Estructura político-cons-titucional del Distrito Federal”. El autor comparte una exposición sobre la estructura político-constitucional del Distrito Federal, donde se rea-lizan ciertas consideraciones sobre el proceso de reforma política y las bases para su propuesta de rediseño institucional del D. F., desde una perspectiva centrada en el gobierno. Una vez que se describe la forma de organización política-administrativa del Gobierno del Distrito Federal, el autor aclara las discusión de volver al Distrito Federal el Estado nú-mero 32 de nuestro país. A este respecto, se afirma que: “nuestro país, en teoría, está conformado como una federación, es decir, como una unión de estados libres y soberanos”. No obstante, dice el autor que: “esta expresión está absolutamente alejada de la realidad, pues aunque intentamos imitar el sistema federal de los Estados Unidos de América, México no surge como la unión de varios estados libres y soberanos. Nuestro sistema es más bien una descentralización política en la que se otorga autonomía a cada una de las partes integrantes de la supuesta federación (federación significa unión) (pp. 65-66). La posición del au-tor es que resulta obvio, por tanto, que no tiene ninguna razón de ser la discusión sobre el Estado 32, porque México no tiene en su interior ningún estado sobre otro; en efecto, la tesis de soberanía dice que no puede haber un estado sobre otro, ni una soberanía (poder que está sobre todo) encima de otra soberanía.

Así, es necesario impulsar un proceso de reforma política en dos vertientes: 1) dotar de una mayor autonomía a las autoridades locales;

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2) generar el establecimiento de un régimen jurídico específico en las demarcaciones territoriales. Para llevar a cabo esta propuesta es impor-tante no solo integrar órganos colegiados de gobierno, como parte de una nueva estructura de la entidad, sino redefinir conceptualmente las delegaciones y visualizarlas como órganos de gobierno autónomos; es decir, que no dependan de la administración pública local, ni se subor-dinen a ella, sino que estén dotados de facultades limitadas que puedan ejercer plenamente.

Con ello se advierte: “estaríamos a favor de la integración de órganos de gobierno autónomos que representaran un tercer nivel de gobierno diferente al federal y al local” (p. 66). Lo anterior, y coincido expresa-mente con el autor, advierte desafíos importantes no solo en lograr una nueva relación entre los gobernados y las necesidades de la comunidad, sino implica una redelimitación del territorio, e incluso habría que in-ventar un nuevo gentilicio para los nacidos en la capital y sus diferentes territorios, entre otros, temas que tienen que ver con la política urbana y la prestación de servicios, tal y como lo hacen expresamente los mu-nicipios en las entidades.

Desde mi perspectiva, este capítulo permite comprender al Distrito Federal como centro político y capital del todo el país; pero se advierte que dentro de un nuevo rediseño institucional, concretamente bajo ór-ganos autónomos en cada una de sus demarcaciones, se hace indispen-sable un proceso de descentralización en temas claves relacionados con la prestación de los servicios públicos y la organización del territorio. En este sentido, es necesaria la independencia y autonomía de los órga-nos de gobierno por demarcación con los órganos de la administración pública local.

El capítulo tercero analiza la situación actual del Distrito Federal y sus procesos de reforma política, y se subraya con especial énfasis el proble-ma de la inseguridad pública. A este respecto, el autor subraya que uno de los pendientes de la agenda política nacional es la reforma política del Distrito Federal y, pese a que se ha avanzado en una democratización parcial, esta entidad sigue manteniendo estructuras político-administra-tivas insuficientes para atender y resolver los principales problemas que aquejan a los capitalinos. Ante esto, se hace necesario establecer un redi-seño o trazo que descentralice el poder interno de la capital, para que se produzcan cambios hacia formas y contenidos nuevos del marco jurídico y las instituciones existentes. Los cambios advierten modificaciones no

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solo en el ejercicio del poder, sino en las instancias y los mecanismos con-siderados para incluir la opinión y participación ciudadana en la toma de decisiones que afectan la vida cotidiana, así como en la formulación, ejecución y evaluación de políticas públicas.

Desde esta postura, el trabajo de Armando Hernández Cruz aporta una serie de iniciativas en materia de reforma política entre las que se encuentran las relacionadas con las bases de organización y funciona-miento de los órganos político-administrativos de las demarcaciones territoriales, la unificación orgánica, presupuestal, procesal y funcional de todos los órganos que ejercen funciones jurisdiccionales en el Distrito Federal. Coincido con el autor cuando señala que estos ordenamientos se encuentran dispersos y ello dificulta su aplicación, por lo que resulta ne-cesario hacer un esfuerzo de organización y sistematización de las normas aplicables para permitir su eficacia y facilitar los procesos administrativos para su ejecución por parte de las autoridades locales.

Un tema que es tratado de una forma especial es el de la inseguridad pública y las políticas públicas existentes en la entidad para frenar este problema público. Para el autor, es importante motivar la necesidad de generar acciones coordinadas entre gobierno y sociedad, entre federa-ción, estados y municipios, y entre todos los poderes y órganos de go-bierno. La finalidad es recuperar la confianza de la ciudadanía en las ins-tituciones políticas e impulsar programas que atiendan las necesidades de seguridad y abatir la corrupción e impunidad registradas en la entidad. Si bien este fenómeno rebasa los límites territoriales de las entidades fede-rativas, es importante el diseño de una serie de medidas destinadas hacia la creación de un consejo ciudadano de supervisión a los órganos poli-ciales; mejorar el sistema de coordinación entre instituciones; reforzar la cultura de la legalidad e implementar acciones preventivas y promover un acuerdo nacional para garantizar acabar con este cáncer que padece desde hace décadas la sociedad capitalina.

En el capítulo 4 se incluye un planteamiento acerca del principio dispositivo previsto en la Constitución Española, como posible meca-nismo de distribución de competencias entre la federación y el Distrito Federal mexicano. En este apartado se plantea que los paradigmas del derecho constitucional mexicano son un obstáculo en el avance de la democratización del Distrito Federal, ya que este es incapaz de resolver problemas que van más allá de aspectos normativos, así como limita la

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generación de acuerdos entre actores, instituciones y niveles de gobierno para concretar la coexistencia del estado.

Para el autor, “todos los gobiernos son responsables de la solución de problemas, independientemente del nivel de representación que os-tenten […] la solución debe partir del acuerdo político” (p. 124). Asi-mismo, infiere que “mientras los juristas mexicanos sigan preocupados únicamente por los aspectos formales del proceso de distribución com-petencial, y se siga negando al Distrito Federal la calidad de “estado de la República”, seguiremos frente a un modelo limitante de la autonomía popular y proclive a la concentración del poder en perjuicio de los ha-bitantes del D. F.

En este sentido, la propuesta del autor radica en generar un cons-titucionalismo multinivel como nuevo paradigma para la distribución democrática y la descentralización del poder. Este planteamiento ad-vierte no solo una nueva reconfiguración de las relaciones entre Estado y Sociedad; libertad y justicia; derechos y límites del poder; apertura al pluralismo social, ampliación del horizonte democrático a través de nuevas instituciones y principios de gobierno.

El constitucionalismo multinivel es una ideología de defensa de liber-tad. Si bien desde los años noventa en Europa se viene discutiendo con fuerza este paradigma, en México se han concentrado en aspectos rígidos y formales, y siguen –desde la perspectiva del autor– encerrados en el paradigma del Estado federal. Este capítulo concluye con una interesante discusión acerca del principio dispositivo y el estado de las autonomías en la constitución española. Se destaca la importancia de aprender del modelo del Estado de las autonomías con base en los principios de uni-dad, autonomía, solidaridad, igualdad y dispositivo. En este sentido, se destaca la importancia de este modelo para el caso del Distrito Federal y la formulación de un gobierno local propio a través de una nueva dis-tribución de competencias en forma horizontal y a favor de aplicar los principios del constitucionalismo multinivel.

Para finalizar esta reseña es importante considerar algunos aspectos para impulsar un debate serio y que atienda a las preocupaciones entre los actores sociales y políticos respecto de la construcción de un rediseño institucional y de un proceso de reforma política. La construcción de la democracia en el Distrito Federal es un capítulo relativamente reciente en la historia local, que se inicia de manera incipiente en los años setenta por dos vías: una a través de un proceso formal de apertura institucional

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y reconocimiento de derechos cívicos y políticos de los capitalinos; y otra extrainstitucional, que se expresa mediante el despliegue de la organi-zación y movilización social autónoma, la formación de nuevos actores y la apertura del espacio público no estatal. Este proceso no es ajeno a los cambios en el modelo de desarrollo económico y los problemas de exclusión y desigualdades registradas en la capital.

En este sentido, una primera observación al texto refiere a:1. Cuál es la relación entre la propuesta de un modelo constitucional

multinivel y los dispositivos de gobierno concretos para impulsar un nuevo pacto social y frenar el aumento de la exclusión y la desigualdad. En mi opinión, se requiere una nueva arquitectura política, radical, de naturaleza democrática para lograr valores fundamentales, reducir costos sociales, ser factible y promover –para el caso del D. F.– un nuevo orden político e institucional que atienda no solo reclamos, sino contribuya a frenar los abusos del poder central; atienda las particularidades de manera autónoma, descentralizada y genere mecanismos de inclusión y participación desde la sociedad civil, y contribuya a la disminución de la corrupción y el clientelismo institucionalizados que agobia a los capitali-nos y sus organizaciones que no comparten una afinidad exclusivamente partidista o de gobierno.

2. La gran concentración urbana de la Ciudad de México llevada hasta sus extremos es producto de masivas corrientes de población de los más diversos orígenes; en este lugar, el impacto de las políticas de ajus-te económico en los últimos años han hecho cambiar radicalmente la situación y percepción de la política por parte de un amplio grueso de los capitalinos. Si bien la Ciudad de México es considerada una de las urbes más grandes y complejas del mundo, el centralismo existente en la capital ha provocado que los procesos políticos locales se potencien por la confluencia de actores y fuerzas políticas nacionales. Por mucho tiempo se ha considerado la ciudad como el lugar donde se resuelven los problemas nacionales. El rasgo constitutivo del gobierno tuvo un origen vertical; es la capital de los mexicanos, pero hasta 1994, la Constitución le confería al presidente de la República la responsabilidad de nombrar y, en su caso, remover al jefe del Distrito Federal, además de tener la facultad para aprobar el nombramiento o la remoción del procurador de justicia y el mando de la policía. En suma, las autoridades centrales y delegacionales en el D. F. dependían directamente del presidente.

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En este tenor, vale la pena confrontar acerca de la importancia de los procesos de reforma política y cómo enfrentar los vicios, restricciones, candados y hasta el control político que impide a las diversas fuerzas políticas lograr abonar hacia un nuevo rediseño institucional. En poco más de 30 años, la reforma política arroja avances importantes donde se registra un primer gobierno electo, la primera alternancia política en la entidad, la consolidación de la vía electoral para decidir sobre la conformación de un gobierno local, entre otros temas; pero también se registra una disminución en la capacidad de gobernar, exceso y abuso en el poder, corrupción y desintegración social que afectan no solo la con-fianza y credibilidad, sino abona hacia un retroceso en la configuración del régimen político y la construcción de un gobierno representativo y de ciudadanía efectiva. A este respecto, mi punto de vista es que un lugar como el Distrito Federal requiere un diseño que permita lo que Joseph Schumpeter denominó una “destrucción creativa” en el sentido de aclarar la estructura constitucional respecto de la realidad social y política que se vive. La verticalidad y el centralismo imperantes no con-tribuyen a un cambio sustancial, sino aumentan los privilegios y agravan el conflicto social.

3. El Distrito Federal y su zona metropolitana constituyen un am-plio mosaico de pluralidad política, cultural y social. El pluralismo se expresa a partir de un conjunto de normas jurídicas que garantizan el reconocimiento de los derechos inalienables del individuo y del ciuda-dano. En este sentido, en el Estado de derecho y en una democracia, el pluralismo no solo es la consecuencia de la garantía de unos derechos o libertades, sino también puede considerarse como la garantía de un comportamiento social que reconoce la función vital que desempeñan las diversas instancias de mediación que existen entre el individuo y el Estado. En este sentido, es importante profundizar en qué medida el rediseño institucional del Distrito Federal advierte no solamente una redefinición de los principales preceptos constitucionales, sino de qué manera se generará una agenda política donde se tracen líneas comunes y se incluyan las particularidades para construir un horizonte democrá-tico más amplio ante lo diverso. A este respecto, mi opinión es que un lugar como el Distrito Federal no puede seguir apostando a reformas políticas sin una descentralización suficiente y sin considerar la defini-ción de políticas públicas que atiendan la inclusión social efectiva. El principio de subsidiaridad es crítico para preservar la democracia, la

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movilización de apoyo para medidas difíciles, la construcción de ciu-dadanía y el fortalecimiento de las capacidades del gobierno.

En este sentido, el nuevo diseño institucional advierte la importancia de llevar a la práctica las buenas ideas e impulsar capacidades cognosci-tivas y de formulación de políticas públicas con calidad. Precisamente, una de las características de un país como México, y en particular en su capital, es haber diseñado grandes políticas, pero con una incapacidad para ponerlas en marcha. La reforma política implica el establecimiento de nuevas estrategias y líneas de acción acordes con las necesidades con-cretas que padecen los capitalinos y el impulso de un nuevo perfil ético y profesional de los servidores públicos que sean capaces de resolver los problemas públicos desde una visión integral.

Concluyo señalando que si bien el libro ofrece un análisis sobre las condiciones ideales que son necesarias para impulsar un verdadero pro-ceso de rediseño institucional en la Ciudad de México, se destaca la iniciativa para llevar a cabo un proceso de discusión sobre las bases para edificar una nueva forma de gobierno, así como de la creación de instituciones que permitan modificar no solo la distribución del poder, sino la modificación de las relaciones políticas entre los actores políticos y entre estos y los ciudadanos. Por esta última razón, considero que es importante estudiar y debatir constructivamente las propuestas de esta obra con la finalidad de generar opinión pública entre la comunidad académica y el público general para validar su viabilidad y generar nuevas perspectivas que atiendan la construcción de una agenda de reforma po-lítica acorde con las necesidades y demandas concretas de los habitantes del Distrito Federal.

No está de más recordar las palabras de Karl Mannheim en Ideología y Utopía (México, Fondo de Cultura Económica, 2004), quien señala que: “cuando la imaginación no encuentra pábulo en la realidad existente, busca refugio en lugares y periodos construidos conforme a sus anhelos. Los mitos, los cuentos de hadas, las promesas religiosas del más allá, las fantasías humanas, las novelas de viajes, han sido siempre expresiones eternamente cambiantes de lo que nos hace falta en la vida real.”

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Ciudades poscoloniales en México. Transformaciones del espacio urbano

Gerardo Martínez Delgado y Mario Bassols Ricárdez (coords.), México, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla,

2013, 577 pp.

Marco Alejandro Sifuentes Solís*

De acuerdo con el historiador Carl E. Schorske,1 la ciudad “se teje” por todos los actores que intervienen en su proceso de producción,

intercambio y consumo: así “cultivadores”, “estibadores”, “cardadores” y “tejedores”, como “mercaderes” y “compradores”, si cabe esta suerte de metáfora de manufactura industrial-artesanal. Se le teje, por un lado, con fibras de sentido, es decir, con significados en las relaciones y prác-ticas sociales, que por otro lado son soportadas, al mismo tiempo, por fibras materiales: edificaciones, espacios urbanos, paisajes antropomorfi- zados, equipamientos, servicios e infraestructuras, leyes, reglamentos, sistemas de planificación y ordenamiento territoriales. Pero asimismo la ciudad es desmenuzada por quienes posan en ella su mirada experta desde estructuras de pensamiento e investigación precisas, trátese del sociólogo y el antropólogo urbanos o del historiador de la ciudad.

1 Carl E. Schorske, Pensar con la historia. Ensayos sobre la transición a la Modernidad, Taurus, Madrid, 2001, 393 págs.

* Doctor en Arquitectura por la unam, arquitecto y maestro en Sociología de la Cultura por la uaa. Profesor-investigador de tiempo completo en la uaa. SNI, Nivel I. Premio Nacional “Francisco de la Maza” inah 1998. Cuenta con varios libros publicados. Es miembro del Cuerpo Académico de Estudios Arquitectónico Urbanos, Nivel Consolidado. Especializado en Historia Cultural de la Arquitectura y la Ciudad. Contacto: <[email protected]>

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Marco Alejandro Sifuentes Solís

En el ámbito en el que me muevo son realmente contados los tra-bajos que exploran algo más que los objetos físicos, y que en cambio se interesen en las experiencias cualitativas de habitar los espacios por habitadores precisos, o en lo que se dice, se imagina, se interpreta o se lee y escribe de dichos espacios, desde una dimensión hermenéutica, que por consiguiente demandaría el uso de fuentes novedosas o poco atendidas previamente por la historiografía especializada. No es, desde luego, el caso de este importante esfuerzo editorial, según veremos adelante, pues de acuerdo con sus coordinadores, no solo fue efectivamente el resulta-do de un proyecto de largo plazo que tuvo por propósito contribuir al estudio sobre la historia urbana mexicana en el dilatado lapso del siglo xix hasta los años transcurridos del xxi, sino que busca, más allá de una simple compilación inorgánica de trabajos, montar una construcción interdisciplinar entre los participantes, derivada de un proceso de más de dos años, que además de las rutas clásicas se desarrolló atendiendo “nue-vos acercamientos que integren diferentes enfoques” y que establezcan otros puntos de mira además de los “más evidentes y «tradicionales»”; asimismo, acude a fuentes ya conocidas y a otras novedosas que dan cuenta de “renovaciones y cambios” en el quehacer de la historia urbana, así como una adecuada contextualización de las ciudades con respecto a sus entornos inmediatos y transfronterizos.

Para entrar en materia, debo señalar que en años relativamente re-cientes, la renovación historiográfica de la arquitectura y la ciudad se debatía entre las “grandes narrativas” y las microhistorias. Es decir, en el interior de una disciplina que cada vez va configurando mejor un campo de interés y de intervención analítica sobre sus objetos de estudio: la historia cultural. Y dentro de esta, de modo preciso, la correspondiente a la historia cultural de la arquitectura y la ciudad o, si se quiere, de los espacios habitados y habitables, expresiones estas últimas que poseen un matiz semántico distinto, no fácilmente apreciable a simple vista.

El debate contemporáneo sobre este último tema, recogido acertada-mente por Arturo Almandoz hace ya algunos años,2 especialmente para la cultura urbana, establece justo un desplazamiento de las narrativas generales a las microhistorias, a raíz del cual este autor encontraba una “aparente fragmentación” de los trabajos de historia urbana y urbanística.

2 Arturo Almandoz, “Notas sobre historia cultural urbana. Una perspectiva latinoamericana”, Perspectivas Urbanas, 1, 1997, pp. 29-39.

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Ciudades posColoniales en MéxiCo. TransforMaCiones del espaCio urbano

Con todo, a finales de los años noventa Nancy Stieber apostaba por la superación y síntesis de este fenómeno, y por una posible recuperación de una historia del urbanismo “en gran escala” que salvara las diferen-cias en la concepción de la microhistoria de las dos tradiciones que la cultivan con distinto sentido: la francesa de los Annales y la italiana del paradigma indiciario. Lo que fuere, los trabajos de investigación urbana desarrollados en las últimas dos décadas se acercan más a una “aproxi-mación microhistórica” de los diferentes actores citadinos, “así como sus formas de representación”, desde la perspectiva de los imaginarios urbanos.3 En esta dirección, es probable que con el libro aquí reseñado tengamos una vía que tal vez logre aportar los gérmenes metodológicos para una historia urbana o una historia global de las ciudades mexicanas sin cancelar la riqueza de las microhistorias que las pueblan.

De esta suerte, el libro Ciudades poscoloniales en México. Transfor-maciones en el espacio urbano, en el que se analizan 10 ciudades por 16 investigadores en 11 capítulos, así como el arduo trabajo de discusión detrás de él, partió de cuatro principios como premisas básicas: a) la perspectiva histórica, comprendida en el tratamiento del desarrollo de las urbes analizadas en los dos largos siglos citados, con la mira puesta en “buscar los momentos en que se generaron los rompimientos con la ciudad colonial”; b) la ciudad como sujeto de estudio propio, que trasciende su instauración como mero escenario para volverse actor; c) la inclusión y la comparación en el estudio de otras ciudades hasta ahora poco o nada privilegiadas en las investigaciones, las cuales “revelan particularidades y riquezas que solo pueden ser aquilatadas y entendidas desde una perspectiva comparativa y de conjunto”; d) la pluralidad dis-ciplinar, bajo la consigna (en su acepción más generosa) de la “apuesta por la colaboración, por el intercambio de ideas, temas, planteamientos teóricos y recursos metodológicos más fluidos y productivos”.

El capitulado que da estructura al libro me parece muy equilibra-do, más allá de que podamos discutir las razones del por qué de las ciudades que se analizan y no otras. Así, tres secciones lo conforman, denominadas –supongo que por los coordinadores–: El hilo económico

3 Arturo Almandoz, “Notas sobre historia cultural…, pp. 30-31. De Nancy Stieber se puede consultar “Microhistory of the Modern City: Urban Space, Its Use and Representation”, Journal of the Society of Architectural Historians, 58(3), 2001; y Housing Design and Society in Amsterdam: Reconfiguring Urban Order and Identity, 1900-1920, University of Chicago Press, EUA, 1998.

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(tres capítulos), Agentes, instituciones políticas y espacio urbano (cinco capítulos), e Imaginarios y proyectos urbanos (tres capítulos).

Los textos que conforman cada capítulo están llenos de estimulantes ideas, argumentos y pruebas que demuestran lo acertado de las tesis señaladas en la Introducción, y de los cuales solo me detendré abusiva-mente en unos pocos en obvio de espacio y en razón de que son más próximos a mi práctica investigativa. Me enfocaré más en las ausencias y omisiones, que sería mi particular contribución crítica, pero no porque carezcan de méritos las “presencias” e “inclusiones” de los autores de los distintos capítulos y de la obra como un todo, de ninguna manera, sino para darnos cuenta de los vacíos que futuras historias urbanas generales de duración larga tendrán que llenar.

Por ejemplo, en el texto dedicado a “Orizaba, de villa cosechera a ciu-dad industrial”, firmado por Eulalia Ribera Carbó, extrañé una mínima alusión a la denominada “primera ciudad jardín” mexicana que proyec-tó en 1925 José Luis Cuevas Pietrasanta (la ciudad industrial Colonia Ferrocarrilera), que si bien no se concretó (aunque su construcción se había iniciado, según Gerardo Sánchez),4 sí resultaba una experiencia de lo más interesante a nivel de un urbanismo orientado al proletariado, de tanto peso en Orizaba, y que merecería un estudio a nivel nacional, sumado al del conjunto de las llamadas “ciudades-agrícolas” propuestas como modelo prototípico para los Sistemas Nacionales de Riego en 1930 por el ingeniero Ignacio López Bancalari,5 en ese entonces director de la Comisión Nacional de Irrigación. Convendría que esta experiencia entraría más de lleno en el campo y los alcances de una historia urba-nística, pero para quienes tenemos interés en tales intervenciones en el territorio, así quedasen en proyecto, desencanta no encontrar un mínimo tratamiento al respecto.

4 Cfr. Gerardo Sánchez Ruiz, Planeación moderna de ciudades, Editorial Trillas, México, 2008, p. 257. La revista Planificación, en su número correspondiente a 1928, atribuía la condición de “primera ciudad-jardín de México” a la colonia Lomas de Chapultepec. Véase a este respecto Alfonso Valenzuela Aguilera, Urbanistas visionarios. La planeación de la Ciudad de México en la primera mitad del siglo XX, M. A. Porrúa/Universidad Autónoma del Estado de Morelos, México, 2014, p. 221. Véase también Manuel Sánchez de Carmona, “El trazo de Las Lomas y de la Hipódromo Condesa”, en Diseño y Sociedad, primavera-otoño de 2010, p. 19.

5 Véase el documento original de Ignacio López Bancalari, “La ciudad agrícola en los Sistemas Nacionales de Riego”, Primer Congreso Nacional de Planeación, Ed. Cultura, México, 1930, 36 págs.

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En el capítulo dedicado a “Querétaro, de la tradición a la modernidad y de la modernidad a la globalización”, firmado por Carmen Imelda González Gómez, también es de notarse la ausencia de una fuente que si bien puede no ser imprescindible, no deja de extrañarse tratándose de un estudio de historia urbana centrado mayormente en el siglo xx y parte del xxi; me refiero a uno de los capítulos relativos a la arquitectura y el urbanismo del Bajío (en donde se incrusta Querétaro),6 que precisa-mente aborda el periodo de la Revolución y la posrevolución mexicanas. No sería un ejercicio estéril contrastar también las tesis generales y los trabajos empíricos a los que llegó esta última obra coordinada por Vargas Salguero, así como la de Gerardo Sánchez Ruiz,7 con el análisis histórico de los imaginarios políticos que sobre la Ciudad de México construye-ron los gobiernos revolucionarios y posrevolucionarios, que encuentro contrastantes en el punto preciso de la opinión más bien adversa que Daniel Hiernaux advierte en dichos gobiernos en su texto “La ciudad de México en los imaginarios políticos, 1910-2010”.

Y así como los anteriores trabajos, existen otros que se están producien-do en el marco de los ya diversos doctorados que existen en el país en el ámbito arquitectónico y urbanístico, como el Programa Interinstitucional de Doctorado en Arquitectura de las universidades de la región centro-oc-cidente de la anuies, el Doctorado en Arquitectura, Diseño y Espacio Urbano de la Universidad Autónoma del Estado de México, el Doctorado en Ciencias de los Ámbitos Antrópicos de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, desde luego los Doctorados en Arquitectura y Urbanismo de la Facultad de Arquitectura de la unam, el Doctorado en Ciudad, Te-rritorio y Sustentabilidad de la Universidad de Guadalajara y otros.8 Para

6 Ramón Vargas Salguero (coord.), Historia de la Arquitectura y el Urbanismo Mexicanos, tomo I: Arquitectura de la Revolución y revolución de la arquitectura, vol. IV: El siglo xx, capítulo I: El Bajío, unam-Fondo de Cultura Económica, México, 2009, pp. 56-135.

7 Gerardo Sánchez Ruiz, Planificación y Urbanismo de la Revolución Mexicana. Los sustentos de una nueva modernidad en la Ciudad de México. 1917-1940, uam-Azcapotzalco/Asamblea Legislativa del Distrito Federal, México, 2002, 414 págs.

8 Algunas de cuyas publicaciones son, entre otras: Guadalupe Salazar González (coord.), Arquitectura y urbanismo contemporáneos en contextos históricos, Universidad Autónoma de San Luis Potosí, México, 2011, 400 págs.; Guadalupe Salazar González (coord.), Modernidad, patrimonio, tecnología y diseño. Estudios del espacio habitable, Universidad Autónoma de San Luis Potosí/Universidad de Colima, México, 2009, 686 págs.; Anuar Kasis Ariceaga (comp.), Ponencias y apuntes de la V Cátedra Nacional

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Mérida hay ya varias tesis que abordan, entre otros tópicos, el fenómeno de la gentrificación de su Centro Histórico.9

En cambio, me ha sorprendido gratamente encontrar, por ejemplo, en el texto de Carlos Lira y Danivia Calderón, “De capital estatal a parque temático Patrimonio de la Humanidad, Oaxaca, 1800-2000”, y en un tono similar en el texto de Mario Bassols denominado “Taxco de Alarcón. Transfiguraciones urbanas de un centro minero”, una posición crítica y sana contra la apuesta de los gobiernos, las instituciones cultura-les y hasta la propia ciudadanía –indígena o no– por la turistificación de Oaxaca capital y de Taxco, respectivamente, como si fuesen ciuda-des-marca que cancelan otras concepciones de ciudad y de desarrollo urbano-territorial; con ello, los autores confirman una idea propia que aunque trabajada para la producción artesanal contemporánea, mutatis mutandis, puede extrapolarse al ámbito de la urbe siempre que donde dice “artesanía” se lea “ciudad”, y que esencialmente plantea que existe una tendencia a desacralizar, desmitologizar o desancestralizar la pro-ducción artesanal como una reacción a la ideologización que el Estado ha hecho del arte popular. Si se sigue el camino marcado por el interés de los gobiernos o de la cultura hegemónica, a la “artesanía” le quedan pocas y difíciles salidas. Una de esas salidas está bloqueada o tiende a estarlo: la persistencia en su ancestralización (ideológica) equivale a su momificación, a su ensimismamiento estático, a su enclaustramiento; en fin, a su minotaurización mítica. Una posible salida podría ser su extroversión creativa, su liberación de añejas ataduras (al menos de las ideológicas), su sagacidad, su maleabilidad, adaptabilidad y transforma-bilidad; en suma, su nagualización cibernética sedicente. De este modo, las ciudades de vocación monotemática inducida, como bien se sugiere en el libro, pocas posibilidades tienen de desarrollo social comunitario, de beneficio a las mayorías pobres, aunque puedan llegar a competir en el mercado mundial de marcas.

de Arquitectura Carlos Chanfón Olmos, Primera Sesión, Universidad Autónoma de San Luis Potosí, México, 2010, 812 págs.; Anuar Kasis Ariceaga (comp.), Ponencias y apuntes de la V Cátedra Nacional de Arquitectura Carlos Chanfón Olmos, Segunda Sesión, Universidad Autónoma de San Luis Potosí, México, 2011, 563 págs.

9 Valga como ejemplo María Isabel Pérez Polanco, “La revitalización en los entornos históricos: el centro fundacional y los barrios tradicionales de la ciudad de Mérida, Yucatán, 1990-2012”, tesis doctoral inédita, pida, Aguascalientes, 2012, 528 págs.

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Por razones obvias (nuestra procedencia geográfica), me es inevitable e ineludible comentar con un poco de mayor atención el texto de Gerar-do Martínez Delgado, “Hilos, historias, ideas y proyectos. Aguascalien-tes, 1792-2010”, quien propone “una entre mil maneras de aprehender” dos siglos de desenvolvimiento de la ciudad de Aguascalientes.

Su texto, por lo demás muy acertado y excelentemente documenta-do, constituye también una sana invitación a desmitologizar asunciones historiográficas, como cuando aborda el boom industrial de los años ochenta en Aguascalientes, al que invita a cuestionar a la luz de “la frialdad de las cifras”, que lo hace aparecer “menos espectacular” de lo que nos hemos acostumbrado a considerar. Al respecto sugiero que no estaría de más contrastar las cifras con los agudos y documentados estu-dios debidos al talento investigativo de otro coterráneo, Arnoldo Romo, en particular con un trabajo sobre la competitividad urbana de Aguas-calientes y su prospección futura desde variables económicas y de riesgo y vulnerabilidad.

En este mismo tono cuestionador, convalido con Martínez Delgado que ni la industrialización ni la población agotan la explicación de la historia de las urbes, cosa por demás vista en la dirección de los estu-dios históricos urbanos desde la perspectiva del “giro hermenéutico”, y Aguascalientes no sería la excepción. Lo que tal vez pueda discutirse es una afirmación muy particularizada que desde luego en nada compro-mete la calidad del texto de Gerardo, y que es la del “relativo éxito” del Río San Pedro como barrera del crecimiento hacia el poniente, pues por lo menos de 1995 a la fecha la fuerza de la realidad impone una duda razonable a la aseveración anterior. En el apartado de la discusión de momentos, periodos y tendencias, me parece que Martínez Delgado atisba acertadamente un elemento primordial, que es el punto de vista de los modelos de habitabilidad, más incluso que el de la sucesión de tendencias arquitectónicas (hoy ya obsoletas), el cual podría ser crucial y más fecundo para identificar y caracterizar, en la larga duración, el transcurrir de la ciudad de Aguascalientes desde un enfoque histórico, punto de vista que creo no ha sido suficientemente abordado por nin-guno de los que nos dedicamos a la historia urbana en el estado. Aquí jugarían un rol fundamental las narrativas urbanas construidas desde el campo de las invenciones subjetivas de la ciudad por sus lectores in

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urbis, para usar una expresión del semiólogo urbano Rocco Mangieri,10 aunque esto supondría analizar nuevos tipos de fuentes, tanto conven-cionales (archivos) como alternas (fotografías de familia, la fotografía y la cartografía históricas como imagen que inventa el territorio, relatos, memorias, diarios personales, etcétera).

Y aquí no me refiero a las narrativas propias de los discursos sobre la ciudad por sus analistas, críticos, cronistas, literatos o intelectuales, que de cualquier manera Gerardo Martínez con atingencia señala como agentes constructores de ideas de ciudad, sino, como indica De Certeau, las de los caminantes del diario bregar.11 Desde luego otra veta generosa, atisbada por nuestro autor, es la del movimiento de la propiedad del suelo urbano al pasar de manos eclesiásticas a civiles, hilo económico y jurídico-político con enormes conexiones con la historia ambiental, a la manera como lo están desarrollando Rosalba Loreto y otros histo-riadores.12

Ahora bien, si he de señalar alguna omisión, reitero la relativa al capí-tulo sobre el Bajío en la obra de Vargas Salguero antes citada, en donde se incrusta un panorama de la arquitectura y la ciudad de Aguascalientes en el periodo 1917-1954, y acaso la referencia a la importantísima expe-riencia, aunque fallida, de la ciudad agrícola de Pabellón de Arteaga, que fue vanguardia en el plano nacional hacia 1930 como parte de un experi-mento de planificación urbana y territorial de la Revolución mexicana.13

En el libro en escrutinio encuentro de todo punto coincidentes al-gunas de las tesis a las que llegan y destacan Martínez y Bassols en la Introducción, por ejemplo cuando afirman que “Los grandes momen-tos y los cortes explicativos no funcionan para todas las ciudades, que mantienen ritmos propios dependiendo de sus actividades económicas, de su posición geográfica, de la forma en que la conducen los agentes

10 Rocco Mangieri “Lector in urbis: espacio urbano y estrategias narrativas”, en Rocco Mangieri, Las fronteras del texto: miradas semióticas y objetos significantes, Universidad de Murcia, España, 2001, pp. 85-112.

11 Michel de Certeau, “Andar en la ciudad”, Bifurcaciones [online], 7, julio, 2008, consultado en: <www.bifurcaciones.cl/007/reserva.htm>.

12 Rosalba Loreto López, “El microanálisis ambiental de una ciudad novohispana. Puebla de los Ángeles, 1777-1835”, en Historia Mexicana, LVII(3), 2008, pp. 721-774.

13 Al respecto, se puede consultar la edición facsimilar La “ciudad agrícola” en los Sistemas Nacionales de Riego. Pabellón de Arteaga, Ags., 1930. Por Ignacio López Bancalari, Universidad Autónoma de Aguascalientes, México, 2007.

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y las políticas locales, o de las rutas que pueden seguir en determinadas coyunturas nacionales e internacionales”, tesis que ya Ramón Vargas Salguero había destacado para el caso de la arquitectura y el urbanismo de la Revolución Mexicana en el libro por él coordinado, salido a la luz pública en 2009 pero a cuyas conclusiones llegamos 10 años antes.14

En cambio, una novedad que aporta el libro es la reflexión crítica de sus autores respecto a sus ciudades bajo estudio, pero desde la perspec-tiva de su propia vivencia o experiencia como ciudadanos, cosa que se agradece porque en el estado de la epistemología actual los investigadores son sujetos también de y en su propia investigación.

cd

Sin duda un examen detenido de todas y cada una de las contribuciones que integran el libro exigiría, además de trasponer la extensión preesta-blecida para textos producto de reseñas, una mayor carga analítica que no es posible emprender aquí. A lo más, se aventuran algunos nudos problemáticos generales que recorren el amplio arco de discusión que se ventila en él. Sin orden alguno que prejuzgue sobre su importancia, me parece que algunos de esos nudos son: la ausencia de un deslinde explícito entre historia urbana e historia urbanística, tópico bien delimi-tado por los colegas españoles para referirse a dos aspectos de una misma realidad. En el primer caso, que es mayormente el del libro, se trataría de una historia social de lo urbano (valga la expresión); el segundo im-plicaría hablar de la historia de las distintas intervenciones, oficiales, privadas, institucionales o espontáneas, en y sobre la ciudad, a través de mecanismos, instrumentos y documentos de planificación (modelos), y de realizaciones concretas (experiencias prácticas). Entre ambas podría discurrir la historia cultural, aquella que pone el acento en las vivencias significativas de los habitadores, desde el campo de la construcción-in-vención intersubjetiva y simbólica de relatos y narrativas urbanas. Bien vistas las cosas, el deslinde invocado no presupone la cancelación de ninguno de los polos extremos y su medio, si de una historia global de larga, media y corta duración se trata, sino tan solo de distinguir analíticamente los elementos de un necesario proceso dialógico.

14 Vargas Salguero, Historia de la Arquitectura….

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Por otro lado, quizá una de las omisiones teóricas del libro (¿o acaso de la Introducción?) es la falta de una conceptualización directa y rigu-rosa del término poscolonial, ya que éste solo aparece por contraste con su referente inmediato (el periodo “colonial”, de terminología dudosa en cierta intelectualidad) y no por su constitución o naturaleza propias. Cabría apuntar aquí que los estudios híbridos y poscoloniales, en sus acepciones temporal, discursiva y epistémica, y de entre ellos los corres-pondientes al campo de la ciudad y su arquitectura, presentan, en opi-nión de Estela Fernández, “un esfuerzo de deconstrucción del paradigma moderno-eurocéntrico de conocimiento, que busca restituir a los grupos subalternos su memoria, obliterada por las narrativas imperiales y nacio-nalistas, y su condición de sujetos de sus propias historias”. Sin embargo, Fernández aduce que “esta línea de desarrollo teórico representa un caso particular del llamado ‘giro cultural’ al interior del campo de la filosofía y el pensamiento latinoamericanos, en el que se hace visible, de un modo muy particular, la […] crisis de la filosofía, la renuncia a producir una explicación totalizante y crítica de la realidad y la dispersión del discurso en un deconstruccionismo permanente que, a pesar de una pretendida radicalidad, se resuelve en intervenciones fragmentarias y despolitizadas, con escasa capacidad explicativa y ninguna eficacia práctica”.15 Esto es, por decir lo menos, que el término poscolonial designa toda una catego-ría sociológica que trasciende su mera temporización historiográfica. Las implicaciones sobre los estudios de historia urbana que se atisban en la opinión de la filósofa Estela Fernández están abiertas a la investigación, y cuando menos requieren un ejercicio de deslinde que se extraña en este libro.

Existe un dicho atribuido a un intelectual mexicano que rezaba “hay que saberlo todo de todo”, fórmula cuya intención de fondo planteaba la imposibilidad de conocer un fenómeno sin conocer a la vez todas sus relaciones para dar cuenta cabal de él. En la actualidad es desde luego imposible estar al tanto de todo el conocimiento producido sobre una materia, incluso en estos tiempos del “océano de información” que repre-sentan las tecnologías de la información y la comunicación (tic); aun así no deja de parecerme audaz la afirmación de que la historiografía de las

15 Estela Fernández Nadal, “Los estudios poscoloniales y la agenda de la filosofía latinoamericana actual”, en Herramientas, 24, disponible en: <http://www.herramienta.com.ar/revista-herramienta-n-24/los-estudios-poscoloniales-y-la-agenda-de-la-filosofia-latinoamericana-actu>, consulta 24 de noviembre de 2014.

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ciudades mexicanas se ha enfrascado poco en los procesos del siglo xx. Al respecto, como tuve ya oportunidad de referirlo muy de pasada, puedo señalar que las excepciones que señalan Martínez y Bassols en la Intro-ducción no hacen justicia a un número ya importante de arquitectos y urbanistas historiadores, cuyos esfuerzos y avances tanto de obra publi-cada en libros y revistas, como de foros de comunicación de los avances de investigación, son de referencia ineludible, aunque podemos otorgar el beneficio de la duda a los coordinadores en razón de que ciertamente, como hemos tenido oportunidad de demostrar en un artículo publicado en la revista Historia Mexicana, los arquitectos y urbanistas historiado-res seguían atados hasta hace muy poco a tradiciones historiográficas en donde había prevalecido el enfoque positivista, que privilegiaba la historificación del espacio observado, y solo hasta hace poco tiempo han incursionado en estudios históricos sobre el espacio habitado y el espacio habitable representado, desde las perspectivas cualitativa y hermenéutica, que junto a la tendencia setentera del espacio producido de cuño marxista completan el cuadro de la reciente historiografía mexicana de la arqui-tectura y la ciudad.16

A pesar de sus inevitables y comprensibles omisiones, así como por sus muchas cualidades y sugerentes pistas metodológicas, termino afir-mando contundentemente que la lectura de Ciudades poscoloniales en México. Transformaciones en el espacio urbano constituye un hito en la historiografía urbana de México, y que a partir de ya la obra se hace de ineludible referencia para todos aquellos que buscamos aprehender la realidad compleja del habitar a través del tiempo.

16 Véase M. Alejandro Sifuentes Solís y Alejandro Acosta Collazo, “Aproximación a la reciente historiografía mexicana de arquitectura”, Historia Mexicana, LXIV(1), El Colegio de México, julio-septiembre de 2014, pp. 291-349.


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Polis, Segundo semestre 2015, vol. 11 núm. 2, se imprimió en diciembre de 2015 en los talleres de Ediciones del Lirio ubicados en Azucenas 10, col. San Juan Xalpa, del. Iztapalapa, México, D. F. C.P. 09850. Corrección de estilo: Gustavo Peñalosa. Composición tipográfica A. Patricia Reyes Fernández. La edición consta de 500 ejemplares.

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